TENENCIA VEHICULAR

Hace muchos años, a principio de la década de los sesenta del siglo pasado, el presidente Adolfo López Mateos impulsó a México como sede de las olimpiadas. También estableció el impuesto de la tenencia vehicular federal para cubrir los costos de las instalaciones deportivas, complejos habitacionales y gastos administrativos. En 1962, el presidente Díaz Ordaz lo instituyó como ley y se mantuvo durante los siguientes decenios. Para esa época, el argumento parecía simple y satisfactorio: los autos eran un verdadero lujo y sus propietarios debían pagar por ostentarlos.

Después vinieron las crisis económicas, a partir de la década de 1980. En aquellos momentos, el gobierno federal observó que el costo olímpico se había cubierto en la década de los setenta, pero el impuesto producía dinero y bastante, por cierto. Entonces lo utilizó para paliar los efectos de las crisis y, luego, para enviar parte y después la totalidad a los estados recaudadores; así podía destinar los otros rubros federales al gasto corriente. Año con año, el cobro originado para cubrir los gastos olímpicos se convirtió en parte de la recaudación tradicional; sin embargo, muchos ciudadanos y organizaciones se inconformaron. Cuarenta y cinco años después, en la pasada elección federal, casi todos los partidos hicieron eco del clamor popular y exigieron la derogación de la tenencia vehicular federal. Antes que el Congreso la hiciera efectiva, el gobierno federal se adelantó y la eliminó, pero condicionó que sería a partir de enero de 2012. Exactamente el año en que el gobierno panista dejará de gobernar.

A partir de esa decisión, muchos gobiernos estatales han dejado de cobrar el impuesto. Lo han derogado los estados de Baja California, Chihuahua, Querétaro, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala y recientemente Quintana Roo. En los estados donde el priismo ha ganado o recuperado el poder, ha derogado el impopular impuesto; pero, incluso, estados gobernados por las coaliciones raras, como Puebla, también lo han anulado.

A diferencia de ellos, en Oaxaca, desde la campaña electoral pasada, los personeros del régimen actual anunciaron que seguirían cobrándolo. Los argumentos fueron varios, desde la necesidad de recaudar más dinero, hasta los políticos, denostando al anterior gobernador por vincular el impuesto a la bursatilización de los adeudos. Lo único real es que el impuesto es el más fácil de cobrar, porque tiene una base de tributarios cautivos. En lugar de imaginar y proponer otros impuestos que no afectaran a la economía popular, los nuevos recaudadores entrantes se fueron por el camino fácil. Como el impuesto ya fue derogado a nivel federal, le propusieron a la nueva legislatura, donde tiene mayoría, que aprobaran el cobro estatal del hasta entonces impuesto federal. En una primera sesión histórica -porque los 16 diputados del PRI estuvieron ausentes- los diputados de la coalición gobernante aprobaron volver estatal el impuesto vehicular.

Hoy, muchas organizaciones están impulsando la derogación de este ilegítimo impuesto. Apoyarlas es parte de la necesidad del cambio en Oaxaca. No debe haber más impuestos sin un destino definido; no se debe afectar más la economía popular, mientras los grandes consorcios económicos sólo succionan recursos y, casi, no dejan nada para la economía oaxaqueña. Es un verdadero reto, pero creo que los oaxaqueños sabremos resolverlo.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 24 de abril de 2011.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL ILEGAL

El Instituto Estatal Electoral (IEE) que se instaló el martes pasado es a todas luces ilegal. Para los miembros del gobierno actual esto no debe ser una novedad. Están acostumbrados a actuar en esos términos. Así comenzó este gobierno y está siendo su ruta cotidiana. Si no respetaron la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que el propio actual gobernador propuso, muy poco podemos esperar de su respeto a una Constitución promulgada el siglo pasado. Para los hombres del gobierno actual, el mensaje es claro: la ley se hizo para presumirla, no para cumplirla.

El domingo pasado, en la madrugada, escondidos en la oscuridad nocturna, los diputados de la coalición gubernamental eligieron 6 consejeros propietarios, sus suplentes y un presidente del Consejo General del IEE. De última hora y viendo que podían servirse con la cuchara grande, rompieron todos los acuerdos parlamentarios y aprobaron sólo a sus militantes. Pusieron como presidente a Alberto Alonso Criollo, nominado por el gobernador, según el secretario particular, Benjamín Robles Montoya, quien operó su ascenso; con él, impusieron a dos militantes del PRD, dos del PAN, uno de Convergencia y uno del PT. Felices con la unanimidad, alcanzada en la reforma constitucional, quisieron emularla votando en bloque los 25 asistentes por los candidatos del bloque coaligado. Ése es el único problema.

La constitución local, en su artículo segundo, declara la supremacía constitucional. Todas las demás leyes o reglamento están supeditadas a ella. En su artículo 25, apartado C, fracción II, establece que los consejeros del IEE serán electos en forma escalonada, “mediante el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus integrantes”, habla de los integrantes del Congreso, es decir, por lo menos con 28 votos a favor. La Constitución no habla de mayorías simples, porque la doctrina constitucional impulsa los consensos y acuerdos parlamentarios para conformar las instituciones de la importancia del árbitro electoral. Todas las disposiciones de las leyes reglamentarias, como el Cippeo, quedan anuladas cuando entran en contradicción con las disposiciones constitucionales.

Sobre esta base, quienes aspiramos a formar parte del Consejo General, consideramos que fueron violados nuestros derechos políticos electorales, porque la integración de las autoridades electorales se efectuó violando la norma constitucional. Es decir, una minoría usurpó las funciones de la mayoría calificada del Congreso estatal, para imponer, de manera facciosa a los militantes de su partido. Nuestra denuncia la iniciamos en el Congreso, porque fue la instancia que violó nuestros derechos. Como la presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura es parte de la violación normativa, seguramente negará el hecho. Así, la resolución final vendrá de la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral.

Por su parte, la contradicción entre la Constitución y el Cippeo es otra ruta que habrá de definir el Poder Judicial de la federación. De paso, se sentará jurisprudencia para evitar los dislates legislativos.

El gran problema es que el IEE nace con un pecado original. Sus actuales integrantes priorizaron sus intereses personales y los de sus partidos, antes que el interés general de la democracia, la legalidad y la imparcialidad. Difícil trance para el sedicente presidente, porque su independencia e imparcialidad están en entredicho y su honorabilidad también.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 15 de abril de 2011.

SIMULACIÓN

Este gobierno da constantes muestras de ser pura simulación y cotilleo. El viernes pasado, la secretaria de la Contraloría, visiblemente molesta, dice el reportero Iván Castellanos, manifestó que el secretario de la SEDAFP ahora sí entregará su título profesional “en 20 días para seguir desempeñándose en ese cargo”. (Tiempo, 9/IV/2011).

Cuentan, en los correos electrónicos, que cuando allegados del gobernador le informaron al secretario que debía dimitir, porque no cumplía los requisitos de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, él manifestó que el cargo se lo había ganado en campaña y no se lo había dado nadie, mucho menos el gobernador. Haya sido verdad o no esta anécdota, lo cierto es que el secretario sigue en el cargo cuatro meses después de promulgada la ley y, a la secretaria responsable de cuidar el respeto de la legalidad, la trae a las vueltas y con promesas de que mañana sí cumplirá los requisitos legales.

Dicen que sólo quedan dos falzatis en la administración de la alternancia. Una de ellas, la secretaria general de Gobierno, ni se apena ni se acongoja, porque dice que el congreso estatal le dispensó el título profesional que exige la ley. El otro, el de la SEDAFP, argumenta haber presentado, en tiempo de competencia olímpica, su examen profesional, aunque no ha mostrado ni su acta de grado, mucho menos el título o cédula profesional. Por cierto, quienes sí hemos asistido a una universidad o tecnológico sabemos que el grado académico se obtiene mediante examen profesional; sin este requisito, el aspirante es alumno o pasante, dependiendo de la institución. También, el acta de examen es equivalente al título profesional; me imagino que en eso pensaba el redactor de la Ley Orgánica estatal, cuando estableció que podía ser un documento equivalente. Con un poco de imaginación, la secretaria de la Contraloría pudo salir del paso exigiendo este documento y “subiéndolo” a la página de Internet del gobierno estatal.

Ése es otro tema. La página de Internet del gobierno estatal ha escondido la hoja de los estudios profesionales de los miembros del gabinete. Ahora se debe efectuar una verdadera cacería por los entresijos de datos para encontrarlos. Pero no sólo eso, quizá aprendiendo del error de Alfredo Ahuja, los títulos presentados sólo muestran el anverso del documento, ahí donde aparece la fotografía, pero esconden el reverso, donde aparecen los datos del Registro Federal de Profesiones, precisamente lo que permitió descubrir el fraude del anterior secretario de Economía y Turismo. Como están, los documentos no muestran, ni son garantía de nada. Si Ahuja Pérez sólo hubiera mostrado el anverso de su supuesto título, hasta hoy seguiría ostentándose como licenciado en Psicología, aunque con un apellido afrancesado por el error de ortografía del Perèz que le endilgaron.

Lo importante del caso, incluso cuando se obtenga la renuncia de la secretaria general de Gobierno después de mayo próximo, o cuando el de SEDAFP consiga su título, es que nos mostró la verdadera cara de un gobierno que no respeta ni siquiera las propias leyes que promueve. Es un gobierno simulador. Nos muestra, también, que quienes dirigen el gobierno tienen una marcada vena autoritaria y un acendrado voluntarismo que difícilmente les llevará hacia la transición democrática, pero seguramente empujará a la alternancia electoral en las próximas elecciones.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 11 de abril de 2011.