El Instituto Estatal Electoral (IEE) que se instaló el martes pasado es a todas luces ilegal. Para los miembros del gobierno actual esto no debe ser una novedad. Están acostumbrados a actuar en esos términos. Así comenzó este gobierno y está siendo su ruta cotidiana. Si no respetaron la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que el propio actual gobernador propuso, muy poco podemos esperar de su respeto a una Constitución promulgada el siglo pasado. Para los hombres del gobierno actual, el mensaje es claro: la ley se hizo para presumirla, no para cumplirla.
El domingo pasado, en la madrugada, escondidos en la oscuridad nocturna, los diputados de la coalición gubernamental eligieron 6 consejeros propietarios, sus suplentes y un presidente del Consejo General del IEE. De última hora y viendo que podían servirse con la cuchara grande, rompieron todos los acuerdos parlamentarios y aprobaron sólo a sus militantes. Pusieron como presidente a Alberto Alonso Criollo, nominado por el gobernador, según el secretario particular, Benjamín Robles Montoya, quien operó su ascenso; con él, impusieron a dos militantes del PRD, dos del PAN, uno de Convergencia y uno del PT. Felices con la unanimidad, alcanzada en la reforma constitucional, quisieron emularla votando en bloque los 25 asistentes por los candidatos del bloque coaligado. Ése es el único problema.
La constitución local, en su artículo segundo, declara la supremacía constitucional. Todas las demás leyes o reglamento están supeditadas a ella. En su artículo 25, apartado C, fracción II, establece que los consejeros del IEE serán electos en forma escalonada, “mediante el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus integrantes”, habla de los integrantes del Congreso, es decir, por lo menos con 28 votos a favor. La Constitución no habla de mayorías simples, porque la doctrina constitucional impulsa los consensos y acuerdos parlamentarios para conformar las instituciones de la importancia del árbitro electoral. Todas las disposiciones de las leyes reglamentarias, como el Cippeo, quedan anuladas cuando entran en contradicción con las disposiciones constitucionales.
Sobre esta base, quienes aspiramos a formar parte del Consejo General, consideramos que fueron violados nuestros derechos políticos electorales, porque la integración de las autoridades electorales se efectuó violando la norma constitucional. Es decir, una minoría usurpó las funciones de la mayoría calificada del Congreso estatal, para imponer, de manera facciosa a los militantes de su partido. Nuestra denuncia la iniciamos en el Congreso, porque fue la instancia que violó nuestros derechos. Como la presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura es parte de la violación normativa, seguramente negará el hecho. Así, la resolución final vendrá de la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral.
Por su parte, la contradicción entre la Constitución y el Cippeo es otra ruta que habrá de definir el Poder Judicial de la federación. De paso, se sentará jurisprudencia para evitar los dislates legislativos.
El gran problema es que el IEE nace con un pecado original. Sus actuales integrantes priorizaron sus intereses personales y los de sus partidos, antes que el interés general de la democracia, la legalidad y la imparcialidad. Difícil trance para el sedicente presidente, porque su independencia e imparcialidad están en entredicho y su honorabilidad también.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 15 de abril de 2011.
