TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 27 de julio de 2008.


El 28 de febrero de este año, el Congreso del Estado promulgó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, el 15 de marzo fue publicada en el Periódico Oficial y entró en vigor el 21 de julio pasado.

Las fechas son muy importantes, porque la Ley establece, en sus artículos transitorios, que la información ordenada en el artículo noveno deberá completarse, a más tardar, un año después de su entrada en vigor. También manifiesta que las Unidades de Enlace debían conformarse a más tardar 30 días después su publicación y los Comités de Información 60 días después e iniciar sus funciones en el mismo plazo. Además, ordenaba la expedición del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública en los siguientes treinta días naturales después de elegidos los comisionados, donde debían regularse los plazos, términos y procedimientos concernientes al recurso de revisión ante probables incumplimientos de las dependencias públicas obligadas a proporcionar la información.

Esos transitorios establecían que solo los municipios con más de sesenta mil habitantes estarán obligados a contar con sistemas electrónicos para divulgar la información, a más tardar en un año a partir de la entrada en vigor de la ley.

Dos cosas destaco de estas consideraciones. La primera es que los sujetos obligados, es decir, las dependencias del gobierno, tienen un plazo de un año, a partir del 21 de julio, para hacer pública en la Red de la Internet toda la información sobre sus presupuestos, egresos, servicios prestados y metas alcanzadas. El plazo no los exime para que proporcionen, a partir de ahora, cualquier información que se les solicite por escrito sobre el desempeño administrativo. Además, la Ley ordena que los servidores públicos están obligados a proporcionar la información a partir de los 60 días en que es generada.

En segundo término, la Ley obliga solo a cuatro municipios a subir a la Internet su información administrativa; sin embargo, todos los municipios del estado están obligados a informar sobre su desempeño administrativo, cuando cualquier ciudadano se los requiera por escrito.

El artículo noveno de la Ley ordena a todas las dependencias del Poder Ejecutivo del gobierno estatal a informar sobre su estructura orgánica, su marco normativo, las facultades y atribuciones, el directorio de servidores públicos por área, la remuneración mensual, incluyendo el sistema de compensación; su Programa Operativo Anual, las metas y objetivos, los indicadores de gestión, los avances físico y financiero por cada una de las metas; los servicios y trámites que ofrecen, describiendo requisitos y formatos requeridos; el monto del presupuesto asignado en lo general y por programas, los informes de su ejecución y la deuda pública, si la hubiera; además de los resultados definitivos de las auditorías efectuadas.

También deberán informar sobre los contratos y convenios con sus trabajadores; el diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio; así como los padrones de beneficiarios de los programas sociales; las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgados y los datos de contratos para efectuar obra pública o servicios.
Toda la información de gobierno solo podrá negarse cuando se catalogue como reservada o sea confidencial. La primera se refiere, en el caso del estado de Oaxaca, a los datos que pudieran entorpecer la acción de la justicia, especialmente porque se estuviera integrando una averiguación previa o porque una investigación no esté concluida. La segunda son los datos personales que una persona considere que pueden vulnerar su seguridad personal, o los datos protegidos por los secretos comercial, industrial, bancario, profesional, fiduciario o fiscal, además de los protegidos por derechos de autor o propiedad intelectual.

Los ciudadanos, a partir de ahora, tenemos también la posibilidad de conocer los informes presentados por los partidos políticos al Instituto Estatal Electoral, así como las auditorias y verificaciones efectuadas. También conoceremos el monto real del dinero entregado a la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y el ejercicio que efectúen de él, junto con las actividades efectuadas por el Sistema de Universidades Estatales.

El Poder Judicial estará obligado, también, a hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, además de los datos administrativos sobre su personal y el ejercicio de su presupuesto.

Como se puede observar, la Ley de Transparencia estatal es tan amplia que solo tiene como límite el desconocimiento que los ciudadanos pudiéramos tener de sus alcances.

El gran problema de ésta y las otras leyes que vendrán, es que están inscritas en el marco de las nuevas regulaciones que impone una modernidad líquida donde todo se escurre por los resquicios de la legalidad. Esto implica que podremos conocer mucho de la administración gubernamental, pero nada tiene carácter vinculatorio para detener las tropelías administrativas de los comerciantes del poder.

Esta fue la oportunidad que perdieron los adversarios del poder en la Trifulca Política del 2006. La APPO y los liderazgos de la Sección 22, con su ceguera política y su tozudez pragmática, ahogaron las posibilidades de la oposición de ser el contrapeso político del poder. Hoy, las posibilidades de transparencia y control quedan en manos de una ciudadanía desorganizada y, desgraciadamente, sin voz ni posibilidades de acción real.

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA EN OAXACA.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 25 de julio de 2008.

Hace casi un año, el 20 de julio de 2007, se publicó la reforma al artículo sexto de la Constitución federal, para regular el derecho de acceso a la información sobre el ejercicio administrativo del gobierno federal. Ahí se establecía, también, un artículo transitorio obligando a la Federación, los estados de la República y al Distrito Federal para expedir las leyes respectivas o efectuar las modificaciones necesarias, en un plazo que no debía exceder al 21 de julio de este año.

Exactamente ese día, en nuestra entidad entró en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, para obligar a los poderes, las entidades paraestatales y ayuntamientos a informar sobre su quehacer administrativo. La ley oaxaqueña es parte de un proceso nacional para permitir un mayor acceso de la ciudadanía a la información del gobierno y se integra al proceso de transición democrática al transparentar el nombre de los beneficiarios de los recursos gubernamentales, ya sean los servidores públicos o los solicitantes de los servicios.

De la fecha de la disposición legal federal no se percató el Consejero Presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (IEAIP), cuando solicitó una prórroga de 60 días para la entrada en vigor de la ley. Como van las cosas, el problema de nuestro IEAIP va a ser el desconocimiento, la falta de profesionalismo, el descuido y la defensa del statu quo por parte de sus directivos, quienes no comprenden el sentido de la legislación y solo ven a la institución como una chamba y un compromiso político con el padrino en turno.

Por eso, muchas de las dependencias del gobierno del Estado han incumplido con las disposiciones de la ley de transparencia estatal. Casi todas las que subieron a la Internet su portal de transparencia lo hicieron solo para salir del paso. La totalidad de las disposiciones de la Ley, de las que escribiré el próximo domingo, no se han cumplido. Tal pareciera que los funcionarios públicos obligados por la Ley creen que esta disposición es una mera algarabía para cubrir las apariencias. No se han percatado que hoy la sociedad oaxaqueña ha cambiado. Los “nitos” de antaño se están convirtiendo en ciudadanos de primera.

Nuestros funcionarios públicos tampoco sienten el movimiento del sacudimiento político. Muchos están confiados en el 2009. Creen que el fuero federal va a ser un escudo impenetrable. No se dan cuenta que el tramo es aún muy largo y mucha tinta va a empapar su carrera de obstáculos. Los administrativos y políticos estatales debían tener muy presente que no es muy necesario un cambio de partido en el Ejecutivo para iniciar un proceso de transformación política estatal. Esta Ley de Transparencia es apenas el inicio del descobijo de lo que fueron los secretos de Estado de antaño. Parte de este proceso, son las filtraciones a la prensa del Distrito Federal.

La transparencia que viene no la va a parar nadie. Así que, lo mejor para el gobierno estatal es limpiar la casa, remendar los hoyos, limpiar a los sirvientes y abrir las puertas de par en par. La ley no es dádiva de nadie. Es una disposición federal y lo mejor será prepararse para ganar la confianza del público. Por cierto, para eso es fundamental una política pública de comunicación social y la profesionalización del servicio público. Dos materias en las que este gobierno no tiene las mejores calificaciones que pudiéramos esperar.

MOURIÑO, AVE DE TEMPESTADES.

(Publicado en el periódico Tiempo de Oaxaca, Oax., el 20 de julio de 2008).

Cuando Juan Camilo Mouriño asumió el cargo de Secretario de Gobernación, el mundo parecía sonreírle. No solo a él, sino también a su impulsor, padrino y probable socio y cómplice. Felipe Calderón sentía que tenía asegurada su sucesión presidencial, porque Mouriño no solo era el nuevo secretario, sino también el Delfín designado para la continuidad del panismo neoliberal en el poder.
Lo que nadie previó era que el país había cambiado. El gobierno ya no era el monolítico aparato priista de la segunda mitad del siglo XX, sino se había convertido en un queso gruyere por donde transitan intereses, opiniones, grupos de presión, opinión y multitud de grupos políticos que llevan agua a sus propios molinos. Los secretos de los políticos, en el México de hoy, pueden estar en el molde de cristal de los intereses afectados.
Así, de buenas a primeras nos amanecimos con la denuncia de que Iván el Terrible -apodo con el que también se le conoce- había ocupado sus cargos como Asesor, después Subsecretario de la Secretaría de Energía y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados federal, no para legislar a favor de los mexicanos ni para hacer más productivo a Pemex, sino para obtener contratos que hicieron de su familia, en menos de tres quinquenios, una de las más ricas del sureste del país.
Con el apalancamiento del poder, las empresas familiares pasaron de ser simples transportistas de Pemex para convertirse en verdaderos monopolistas del transporte del petróleo, pero además recibieron concesiones que los convirtieron en dueños de la mayoría de las gasolineras ubicadas en el sureste del país; ya encarrerados, brincaron a los negocios de las franquicias de empresas restauranteras y negocios afines.
Por cierto, la defensa del Secretario de Gobernación a las acusaciones de influyentismo político para obtener contratos con una empresa paraestatal, rayó en el absurdo. En un primer momento quedó anonadado y casi fulminado por el shock que implicaba pasar de ser el niño mimado de panismo, amparado en el poder del presidente y otorgador de las ínsulas de las delegaciones federales a los panistas desempleados, para convertirse en el sparring de la política real. Su siguiente paso también fue un fracaso mediático. Quiso utilizar a la mayor empresa televisiva del país para defenderse y sólo mostró el rostro de un joven político descarado, pero nervioso ante el hecho real.
A partir de ahí, su salvaguardia fue la del cinismo y la certeza de contar con el aval presidencial. Hasta hoy, Iván o Juan Camilo no niega haber obtenido los contratos al amparo del poder, su única defensa es que ya no funge como socio de las empresas beneficiarias. Ni siquiera justificó su propia falsedad de que ya no era apoderado legal de su empresa, IVANCAR S. A. de C. V., al momento de la firma de los primeros contratos conocidos.
Como siempre ocurre con estos gobiernos panistas neoliberales, vino en su defensa el aparato priista. El primero que le lanzó un salvavidas fue el ahora espiado por el CISEN de Gobernación, el senador Manlio Fabio Beltrones; después, los legisladores panistas, priistas y sus aliados se encargaron de crearle una comisión ad hoc para exculparlo de cualquier investigación legislativa, pero en ningún momento manifestaron su inocencia.
En días pasados nos enteramos, a través del periódico Tiempo, que no solo estaban en la laguna de la corrupción los 16 contratos firmados con la empresa Ivancar, S. A. de C. V., sino que también existen firmados otros 108 contratos con ESGES, otra de las empresas de la familia Mouriño Terrazos. Interesa destacar el dato de que los contratos corresponden a 37 franquicias de gasolineras, otros 37 contratos de suministro y 34 contratos más de crédito.
Ante la opinión del público queda muy clara la idea de que conforme se escarbe más sobre las empresas familiares y las del propio secretario, poco a poco iremos conociendo la cantidad de negocios que se han hecho al amparo del poder. También nos queda muy claro cuál era el proyecto económico y político que buscaba la supuesta modernización panista de Pemex y el esquema empresarial impulsado, donde los principales beneficiarios iban a ser las empresas transnacionales, porque no olvidemos que el Secretario de Gobernación tiene doble nacionalidad, aunque los más interesados en el tema del petróleo sean las empresas norteamericanas, seguidas por los inversionistas españoles.
Por cierto, en la difusión de los datos de los últimos contratos obtenidos ha jugado un importante papel el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), quien ha insistido en la necesidad de transparentar la información gubernamental y ha logrado maximizar los beneficios del criterio de la suplencia en el caso de desconocimiento de los peticionarios. Creo que estos ejemplos son los que tienen en suspenso de previsión al flamante presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información (IEAI). Su padrino y los amigos de éste se han de estar observando en las barbas del vecino, el ave de las tempestades que, a pesar de las denuncias, seguirá un tiempo más en la Secretaría de Gobernación, aunque dudo mucho que llegue a las alturas de la candidatura presidencial.

MÓDULOS DE MAQUINARIA

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ

(Publicado en el periódico Tiempo de Oaxaca, Oax., el 18 de julio de 2008).

Hace poco, el gobierno del Estado ordenó una revisión de los módulos de maquinaria entregados, al inicio del sexenio, a las autoridades municipales en toda la entidad.
Como recordamos, los módulos de maquinaria comenzaron a operar en el sexenio del gobernador Heladio Ramírez y se consolidaron con Diódoro Carrasco. Se trataba de adquirir maquinaria pesada, con recursos estatales, para ser operados por las autoridades municipales.
La mayor parte de nuestros caminos son de terracería y, en la época de lluvias, se deterioran hasta casi desaparecer. Entonces, como ahora, el negocio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes era contratar a empresas privadas para su arreglo, quintuplicando los costos, por lo que muy pocos caminos podían arreglar durante el año; pero, además, los recursos federales empezaban a ejercerse en el mes de julio, precisamente cuando arreciaban las aguas y se imposibilitaba cualquier trabajo físico en las montañas oaxaqueñas. Era un verdadero círculo vicioso: cuando se necesitaba y se podía trabajar, no había dinero; cuando llegaban los recursos, estaba lloviendo y no se podían ejecutar las obras.
Los módulos de maquinaria parecían ser la solución. Los problemas comenzaron, en el sexenio de Diódoro Carrasco, porque muchos se entregaron a las organizaciones políticas que comenzaron a reproducir el proceso de las corruptelas, pero ahora en su propio beneficio. Este proceso de perversión administrativa lo capitalizó la dirección de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) en el sexenio de José Murat, concentrando las máquinas en las oficinas centrales y, posteriormente las desaparecieron. A partir de entonces, CAO y SCT volvieron a convertirse en el centro de los negocios de los contratistas, donde se ejercían millones de pesos para mal arreglar, con un simple rastreo, los ya malos caminos de terracería.
En este sexenio el proyecto volvió a retomarse. Todos los distritos rentísticos fueron dotados con un módulo de maquinaria, integrado por un trascabo, un tractor, una motoconformadora, dos camiones de volteo y una camioneta. El Gobernador planteó que las autoridades municipales debían priorizar y ejecutar los arreglos y aperturas de caminos en el estado.
El gran problema comenzó cuando CAO se convirtió en la operadora de los módulos. Desde un principio, esa oficina comisionó a un operador técnico para dirigirlos, y, en muchos casos, a los mismos operarios de las máquinas. Así, CAO transmitió a los módulos todo el esquema de burocratismo y corrupción que impera en su estructura administrativa.
En lo personal, me tocó observar el caso de un municipio al que el módulo de su microrregión le cobraba 420 mil pesos, por arreglar 20 kilómetros de terracería. Era la misma cantidad que una empresa privada le presupuestaba por el arreglo del mismo camino. Cuando este municipio ejecutó la obra, por administración directa, resultó que el arreglo del camino costó en total 62 mil 750 pesos.
Con el esquema operativo de CAO, los módulos de maquinaria nuevamente se convirtieron en negocios empresariales hechos con recursos públicos. A eso se debe que la gran mayoría de los presidentes municipales no acudan a ellos para el arreglo de sus caminos.
Ojalá que la revisión ordenada detecte los problemas operativos de un programa loable y sirva para corregir los errores. Ojalá los informes no sean el comienzo de un nuevo negocio, pero ahora bajo el control de la Secretaría Técnica que los revisa.

DELEGADOS FEDERALES NEGLIGENTES.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.
(Publicado en el periódico TIEMPO de Oaxaca, el 13 de julio de 2008)

Espero que con la visita del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, al estado de Oaxaca, los delegados federales del gobierno panista cambien un poco su actitud de perdona vidas y se dediquen más a su trabajo.
Para nadie es desconocido que, cuando Mouriño fungía como coordinador de la Oficina de la Presidencia, una de sus funciones fue retomar el control de las delegaciones federales en los estados y designar a los encargados de esas oficinas, porque el presidente del PAN, Manuel Espino, no tenía la confianza de Los Pinos.
Por eso confío que estos administradores de último momento, puedan comprender la señal del gobierno federal al enviar aquí a la misma persona que palomeó los nombres de los aspirantes a ocupar las delegaciones federales y, en un afán de fortalecer la estructura partidista del PAN, optó por apoyar a quienes habían ocupado cargos administrativos en los gobiernos municipales.
Para la desgracia de los panistas oaxaqueños y de los habitantes de esta sufrida entidad, los aspirantes oaxaqueños con posibilidades de ocupar las delegaciones federales no siempre brillaron por su capacidad administrativa o por su visión estratégica del desarrollo, lo más que podrían aducir era su triunfo en unas elecciones municipales marcadas por el encono entre las organizaciones sociales identificadas con el PRD y el PRI, donde los votantes terminaban por marcar las boletas a favor del menos peor. Los triunfadores en las campañas electorales polarizadas, no siempre son los mejores y los más capaces, sino a veces los más perversos y sin la más mínima ética ideológica.
El resultado de estos desaguisados es la politización de los programas federales ejercidos en el estado, a partir de su centralización y la burocratización con afanes de proselitismo y la supuesta acumulación de capital político personal de quienes cobran como delegados federales.
Por eso no causa ninguna extrañeza que los supuestamente beneficiarios de los programas de asistencia social se quejen en contra del delegado de la Sedesol. Así lo hizo el presidente municipal de Sola de Vega, Alberto León Saucedo García, quien acusó a Ernesto Altamirano Lagunas de retrasar la autorización de recursos económicos para las comunidades más pobres de Oaxaca. Esta autoridad municipal se lamentó que, casi un mes después del primer semestre del ejercicio anual del presupuesto federal, la Sedesol no haya validado los proyectos de obras o programas y, a estas alturas, los burócratas de la dependencia insisten en que en unos días más darán a conocer las obras autorizadas.
La Sedesol es la dependencia federal que tiene más recursos autorizados para ejercer en un estado tan pobre como Oaxaca. Es dinero asignado para combatir la pobreza extrema y para ayudar a los más necesitados. Por eso, es absurdo que una dependencia con las mejores finalidades entorpezca su administración, sólo porque el responsable asume la equivocada posición de que a mayor retraso del ejercicio presupuestal mayor será la exasperación de los beneficiarios contra el gobierno estatal.
Con la misma actitud funciona la Gerencia Regional de la Comisión Nacional del Agua. Sin entender cuál es su función, el gerente se dedica a todo menos a resolver la problemática hídrica del estado. Por eso, el Gobernador debió dirigirse directamente a la dirección nacional de la Conagua para solicitar recursos para construir una presa en los límites de los Valles Centrales, con la finalidad de canalizar el agua retenida a los programas de abastecimiento de agua potable a la ciudad Oaxaca y los municipios conurbados. El gerente regional de la Conagua ni siquiera se dio por enterado de la solicitud estatal y mucho menos estuvo presente en la reunión de evaluación del proyecto. Lo más seguro es que estuviera en Miahuatlán resolviendo algún problema personal o familiar, en el mejor de los casos.
Este abandono de las funciones gubernamentales es la característica de los funcionarios federales panistas. Por eso a nadie nos sorprendió que en la Jornada Nacional de Reforestación, uno de los programas más publicitados del presidente Calderón, los dos delegados federales vinculados con el asunto forestal brillaron por su ausencia. Ni Esteban Ortiz Rodea, delegado de la Semarnat, ni Salvador Anta Fonseca, delegado de la Conafor, estuvieron presentes en los trabajos inaugurales del Programa Nacional de Reforestación en el estado.
Quizá su ausencia se deba a que sus dependencias no tienen ningún programa para dotar de árboles a los vecinos que quisieran participar en el proyecto calderonista. Por eso, precisamente, los pobladores de San Juan Suyaltepec, Nochixtlán, se manifestaron ante la Conafor, para exigir recursos del programa ProÁrbol. Ahí, la gente de la Mixteca, la más necesitada del programa, reclamó el hecho de que antes se les otorgaba un mayor apoyo económico, reducidos en este año en un 20 por ciento; sin embargo, manifestaron que aún sin dinero, ojalá les dieran las plantas que tanto necesitan en su región.
Estos son algunos de los ejemplos del abandono y la falta de dedicación que los delegados federales panistas. Oaxaca no se merece esta actitud de desapego y negligencia. Un bono de acuerdo al monto de los recursos retornados a la Tesorería de la Federación no debía ser el aliciente para detener el lento avance del progreso estatal. A fin de cuentas, toda esta desidia es la causa real de la imposibilidad de convertir las truculencias administrativas en votos para los candidatos panistas.

ARROGANCIA PANISTA.

ARROGANCIA PANISTA.
FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.
(Publicado en Tiempo, 11 de julio de 2008)
Tiene toda la razón, Manuel Espino, ex dirigente nacional del PAN al afirmar que los panistas son unos malagradecidos. A estas alturas, para nadie es ya un secreto que el grupo panista en el poder copió las formas más negativas del quehacer político de los tiempos del priismo dinosáurico. La corrupción aflora en todas las oficinas públicas del gobierno federal panista, los golpes bajos y los despidos pasionales son lo cotidiano en las relaciones políticas de los hombres panistas en el poder, pero sobre todo, sobresalen por su ineficacia e ineptitud administrativa.
Como Espino ha dicho y con suficiente conocimiento de causa, los panistas en el poder son los entes políticos más olvidadizos. Casi ninguno de ellos recuerda el importante papel que jugó Santiago Creel en el proceso de la negociación para identificar a la democratización del país con la alternancia en el poder. También olvidaron los intrincados vericuetos seguidos en la secretaría de Gobernación de Diódoro Carrasco Altamirano para que el gobierno priista de Ernesto Zedillo no interfiriera en el proceso electoral y se obtuviera una alternancia pacífica.
A todo este trabajo de filigrana se le dio en pago una patada en el trasero a su ejecutor. Quizá el hecho no llamara la atención, si no fuera por el descuido de las formas y su presentación como un ajuste de cuentas políticas. En mucho ayudó al hecho el perfil político del actual presidente nacional panista y sus actitudes de perdona vidas para cualquier acción que ejecuta. En lo general, toda declaración, acción política y planteamientos de Germán Martínez tienen un fuerte toque de autoritarismo, molestia, encono y vendetta.
La más reciente acción de los funcionarios panistas en el poder, al ordenar el espionaje político contra el coordinador de los senadores priistas, su familia y sus ayudantes, también muestran que el jefe del Cisen, el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, olvidó muy pronto que Manlio Fabio Beltrones fue el único priista que lo apoyó y con su respaldo impidió el proceso legislativo para investigar sus corruptelas y latrocinios al amparo de los contratos con Pemex.
La defensa de Mouriño a las actividades del Cisen, no es más que la aceptación de la intención gubernamental de recabar información susceptible de ser utilizada para inducir al investigado a aceptar los requerimientos de un proceso de chantaje. Creo que muy poca gente pone en duda que el espionaje al senador Beltrones tenía como fin último la presión para que apoyara la aprobación de la iniciativa presidencial para la privatización de Pemex. El problema del gobierno es que la supuesta víctima le resultó más inteligente y con más conocimiento de la mecánica del espionaje que los imberbes burócratas de la Secretaría de Gobernación.
Todos los días el gobierno federal panista no hace otra cosa más que remachar los clavos de su ataúd político. No hay acción, ni declaración que hagan que no conduzca al futuro tan predicho. Por eso, las próximas elecciones federales serán el primer toque de campanas del réquiem del panismo en el poder. Incluso los neófitos delegados federales panistas en el estado de Oaxaca lo han comprendido. Por eso, en lugar de dedicarse a servir a la gente, se han empeñado en contratar a sus incondicionales y familiares, además de afanarse en consolidar el patrimonio familiar, para hacer más llevadero el ostracismo económico que les espera dentro de muy poco tiempo.