FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 25 de julio de 2008.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 25 de julio de 2008.
Hace casi un año, el 20 de julio de 2007, se publicó la reforma al artículo sexto de la Constitución federal, para regular el derecho de acceso a la información sobre el ejercicio administrativo del gobierno federal. Ahí se establecía, también, un artículo transitorio obligando a la Federación, los estados de la República y al Distrito Federal para expedir las leyes respectivas o efectuar las modificaciones necesarias, en un plazo que no debía exceder al 21 de julio de este año.
Exactamente ese día, en nuestra entidad entró en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, para obligar a los poderes, las entidades paraestatales y ayuntamientos a informar sobre su quehacer administrativo. La ley oaxaqueña es parte de un proceso nacional para permitir un mayor acceso de la ciudadanía a la información del gobierno y se integra al proceso de transición democrática al transparentar el nombre de los beneficiarios de los recursos gubernamentales, ya sean los servidores públicos o los solicitantes de los servicios.
De la fecha de la disposición legal federal no se percató el Consejero Presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (IEAIP), cuando solicitó una prórroga de 60 días para la entrada en vigor de la ley. Como van las cosas, el problema de nuestro IEAIP va a ser el desconocimiento, la falta de profesionalismo, el descuido y la defensa del statu quo por parte de sus directivos, quienes no comprenden el sentido de la legislación y solo ven a la institución como una chamba y un compromiso político con el padrino en turno.
Por eso, muchas de las dependencias del gobierno del Estado han incumplido con las disposiciones de la ley de transparencia estatal. Casi todas las que subieron a la Internet su portal de transparencia lo hicieron solo para salir del paso. La totalidad de las disposiciones de la Ley, de las que escribiré el próximo domingo, no se han cumplido. Tal pareciera que los funcionarios públicos obligados por la Ley creen que esta disposición es una mera algarabía para cubrir las apariencias. No se han percatado que hoy la sociedad oaxaqueña ha cambiado. Los “nitos” de antaño se están convirtiendo en ciudadanos de primera.
Nuestros funcionarios públicos tampoco sienten el movimiento del sacudimiento político. Muchos están confiados en el 2009. Creen que el fuero federal va a ser un escudo impenetrable. No se dan cuenta que el tramo es aún muy largo y mucha tinta va a empapar su carrera de obstáculos. Los administrativos y políticos estatales debían tener muy presente que no es muy necesario un cambio de partido en el Ejecutivo para iniciar un proceso de transformación política estatal. Esta Ley de Transparencia es apenas el inicio del descobijo de lo que fueron los secretos de Estado de antaño. Parte de este proceso, son las filtraciones a la prensa del Distrito Federal.
La transparencia que viene no la va a parar nadie. Así que, lo mejor para el gobierno estatal es limpiar la casa, remendar los hoyos, limpiar a los sirvientes y abrir las puertas de par en par. La ley no es dádiva de nadie. Es una disposición federal y lo mejor será prepararse para ganar la confianza del público. Por cierto, para eso es fundamental una política pública de comunicación social y la profesionalización del servicio público. Dos materias en las que este gobierno no tiene las mejores calificaciones que pudiéramos esperar.
