FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 3 de octubre de 2008.
Nunca he creído que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sirva realmente para algo, que no sea para pagar sueldos estratosféricos a un grupo de personas que se sienten funcionarios públicos, y para enredar la convivencia político-social del país.
La Comisión nació, según el modelo europeo, para tutelar los derechos de las personas contra el autoritarismo e ilegalidad del gobierno constituido. Sin embargo, su misión se extravió, cuando su personal comprendió que sólo podía actuar contra las decisiones administrativas del Poder Ejecutivo. El camino más fácil fue tutelar a la delincuencia contra los abusos policíacos.
Por eso, hasta hoy, no hemos visto un caso trascendental, donde la CNDH haya tenido intervención decisiva, para tutelar el derecho ciudadano nacional. Independientemente de la filiación política de los gobiernos de la República, la Comisión ha brillado porque sus intervenciones buscan los reflectores de la política, pero jamás en la defensa del interés ciudadano nacional.
Esto se pudo observar notoriamente durante la Trifulca Política Oaxaqueña del 2006. Había claramente una sociedad secuestrada por un grupo de vándalos y un sindicato magisterial, dirigidos por políticos que dirimían sus conflictos de grupo; estaba un gobierno estatal atado de manos por la incapacidad de sus funcionarios; y, el gobierno nacional se solazaba dejando a los oaxaqueños despedazarse entre sí, sin dar respuesta a los llamados de intervención de los poderes legalmente constituidos.
Cuando la CNDH acudió a Oaxaca, fue para corroborar si los derechos de los vándalos y el sindicato magisterial eran respetados o no. Sin embargo, al llegar a la ciudad, se encontraron a los oaxaqueños enardecidos y solicitando ser escuchados por una instancia institucional; entonces la Comisión montó una farsa para recibir las quejas. Hasta hoy, no conozco una sola respuesta dada a las miles de quejas presentadas en el Paseo El Llano.
Hace poco, la CNDH cometió el peor desaguisado de su existencia. Impulsado por los grupos de ultraderecha, su presidente se inconformó, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la ley permitiendo el aborto en el Distrito Federal. La respuesta de la Corte fue clara y contundente. Muchos esperamos que por pudor y un mínimo de vergüenza, el presidente de la Comisión renunciara o, por lo menos, pidiera una disculpa pública.
Su última pifia es la recomendación emitida contra los resultados de las investigaciones por la muerte del norteamericano Brad Will. Es tan absurda la recomendación que, por ejemplo, reclama a la Procuraduría General de Justicia del estado su ausencia en el lugar de los hechos, inmediatamente después del asesinato. Como si el vandalismo de los APPOs hubiera permitido la presencia de una autoridad estatal, en medio de la balacera que provocaron. También establece que los disparos se efectuaron a una distancia de 50 metros, más o menos, sin ponerse a pensar que acusa a unos policías municipales de ser expertos tiradores, como para acertar con la misma arma, en dos ocasiones seguidas, casi en el mismo lugar, a una persona delgada y en constante movimiento.
Pero no se trata de resolver el caso, más bien de estar en el centro de la atención mediática, porque la mayoría de los mexicanos y de los analistas de los derechos humanos, están convencidos que la Comisión ha dejado de cumplir su papel y su presidente ha perdido la brújula de la misión originaria de esa institución.
