NEOLIBERALISMO MEXICANO.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 28 de diciembre de 2008.

El liberalismo económico nace propiamente cuando santo Tomás (1225-1274) establece en su célebre Suma teológica que la propiedad privada es un derecho natural del hombre concedido por la Divinidad para procurarle una vida feliz. A su vez, el Papa Juan XXII (1249-1334), en franca oposición a la Orden de los Franciscanos, calificaría de herética la doctrina sobre la pobreza absoluta de Cristo y sus discípulos; a partir de su tesis, la propiedad privada dejaría de ser pecaminosa y anticristiana. La idea tomaría vuelo con el médico y filósofo John Locke (1632-1704), se perfeccionaría con Adam Smith (1723-1790) y se haría modelo de desarrollo neoliberal con los californianos Howard Jarvis y Milton Friedman. Su dogma principal postula que la clave del crecimiento económico reside en la empresa privada, pues es la única capaz de activar la producción, generar riqueza, aumentar el ingreso general y garantizar el bienestar de la población.

En México, se introdujo cuando un grupo de tecnócratas, capitaneados por Carlos Salinas de Gortari, tomó como rehén al gobierno e hizo virar a la derecha al país. Con el propósito de entronizarlo, se pondría en marcha una ofensiva para borrar todo vestigio de soberanía; asegurar la preeminencia del interés transnacional; instalar en el centro de la política económica a los dueños del dinero y, simultáneamente, debilitar al sindicalismo mexicano; subordinar al PRI a las políticas prefijadas por el grupo en el poder, desnaturalizándolo, transformándolo en una mera agencia electoral legitimadora de la suplantación. Se persiguió a todo movimiento popular que opusiera resistencia; y se entronizó en el poder de la Federación y los estados a grises individuos, dóciles y complacientes.

Desmantelar al Estado y liquidar las instituciones revolucionarias de desarrollo económico y transformación social fue siempre el objetivo de los neoliberales en el país. Impulsaron el empobrecimiento del campo como nunca, cuando deliberadamente le restaron apoyos, buscando disminuir su participación en el aparato productivo y forzar la entrega de las tierras al capital privado. Provocaron la crisis de la empresa pública, mediante la táctica falaz de hacerla aparecer como irreversiblemente ineficiente. Eliminaron de golpe las políticas de protección a los pequeños y medianos industriales. Cancelaron o redujeron a extremos de inoperancia los subsidios destinados a las clases económicamente menos favorecidas. Abrieron a la participación privada la prestación de funciones esenciales del Estado, como los servicios de seguridad social. El ahorro de los trabajadores se incorporó, vía Afores, a la mesa de la especulación. Los precios de los artículos de consumo necesario fueron abandonados a su suerte en el azaroso campo de la oferta y la demanda.

Aunque se ha presentado como milagrosa panacea, el neoliberalismo no ha producido felicidad alguna entre los mexicanos y sí trajo una y mil calamidades. No logó incorporar a nuestro país al primer mundo, no trajo estabilidad económica ni la ofrecida capitalización. Expectativas y promesas se han diluido en crisis recurrentes, cada vez más profundas y acentuadas, que han golpeado y continuar golpeando con severidad al aparato productivo y a la población trabajadora, que ha visto caer el poder adquisitivo del salario a un nivel ínfimo sin precedente. En pocos años, el modelo hizo crecer la concentración de la riqueza, el desempleo, la falta de fuentes de ocupación y la pobreza.

Congruente con el propósito de otorgar primacía a la empresa particular, los gobiernos neoliberales rompieron el equilibrio finamente hilvanado por la Constitución de 1917, que hacía descansar el desarrollo nacional en el avance y la cooperación fructífera de tres tipos de propiedad: la propiedad nacional en ámbitos estratégicos, administrada por un Estado rector de los procesos económicos; la propiedad privada, sujeta a una función social; y la propiedad social de las clases trabajadoras (ejidos, sindicatos, cooperativas), pensada siempre como el factor de equilibrio entre el estatismo y el capitalismo.

El más grave efecto de las políticas neoliberales ha sido la desincorporación en masa de empresas públicas, como le llamaron a la venta y ruina del patrimonio nacional. En ese proceso, el Estado mexicano perdió gran parte del poder que la Constitución le reservó para salvaguardar su soberanía y, por eso, también ha perdido la capacidad para conducir al país por rumbos propios. El gobierno de la República es hoy un juguete manipulado por los círculos empresariales.

Desde la instauración neoliberal, a mediados de la década de los ochenta, el PRI perdió el poder, dejó de actuar conforme a los principios que le dieron origen y permanencia histórica, se alejó de las demandas populares, renunció a la lucha por la soberanía e independencia del país, dejó de ser el brazo político de la Revolución y se convirtió en una simple herramienta electoral para legitimar las atrocidades de los nuevos dueños del país.

Así se alejó a México de los fines originarios de las luchas populares. Se abandonó el ideal de ordenación social configurado por el Constituyente de 1917; el poder del Estado se puso el servicio de los capitales extranjeros; y se postergó indefinidamente la satisfacción de los derechos y la realización de los anhelos de reivindicación de los trabajadores del campo y las ciudades. Con el declive de la línea revolucionaria comenzó la debacle del pueblo, pero también la reposición de los sueños de emancipación, inspiradores de las luchas libertarias mexicanas.

PROGRAMAS RURALES.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 19 de diciembre de 2008.

Cuánta razón tiene el senador Adolfo Toledo Infanzón al solicitar que los programas que desarrollo rural, especialmente el Procampo, sean depurados y modificados. Hasta hoy, los recursos dedicados al campo no han servido más que para enriquecer a unos pocos funcionarios gubernamentales, a los muchos contratistas que pululan por las oficinas públicas y para que sobrevivan millones de campesinos pobres.

Hace unos meses, el Centro de Análisis e Investigación Fundar denunció que, en los 15 años de vigencia del Procampo, sólo 10 por ciento de los 2.4 millones de beneficiarios recibieron 16 mil pesos anuales, mientras el 80 por ciento obtuvieron menos de mil pesos al año (La Jornada, 14 de octubre de 2008). Entre los que reciben más dinero está el papá de Vicente Fox ¡después de muerto!, el mismo ex presidente y varios de los más renombrados cabecillas de las mafias del narcotráfico.

Es su origen, los programas de asistencia fueron establecidos por los gobiernos priistas para paliar la pobreza. En los regimenes panistas se han convertido en arcones de negocios familiares, donde lo mismo meten la mano los funcionarios y los delegados federales panistas, para impulsar sueños de grandeza y futuras candidaturas políticas, como también son utilizados por los pro hombres del panismo para aprovecharse del escaso recurso público. En el Procampo, los verdaderos beneficiarios son los latifundistas y los políticos metidos agricultores. Por eso, mientras un comunero oaxaqueño recibe menos de mil pesos ¡al año!, los familiares y hasta el ex presidente Vicente Fox cobran miles de pesos. Es la desvergüenza total: un supuesto rico empresario metido a político, esquilmando el presupuesto federal destinado a los más necesitados del país.

Pero no sólo es eso. Los recursos del Programa Adquisición de Activos Productivos fondeados en Oaxaca se dividen en dos. A una parte se le denomina "municipalizados" y distribuye entre 100 mil y 150 mil pesos a cada municipio de la entidad; una verdadera miseria para satisfacer las miles de solicitudes recibidas cada año en las dependencias gubernamentales. El otro monto, el mayor, denominado "federalizados”, queda en manos de los delegados federales. Con ese dinero se autorizan los proyectos de grandes montos, los que rebasan el millón de pesos para una sola persona o un pequeño grupo. Son los proyectos impulsados por los contratistas amigos de los funcionarios públicos y que, la mayor parte de las veces, tienen los costos sobrevaluados y se presupuestan entre dos o tres veces lo que realmente valen. De ahí sale el dinero para armar el supuesto "cochinito" para las próximas campañas electorales y, por qué no decirlo, también para el ahorro particular de los funcionarios públicos.

Ojalá que la demanda de la Comisión de Desarrollo Rural en el Senado de la República sea escuchada y atendida por la presidencia de la República. En realidad, a los Fox no les hará ningún daño perder la bicoca con que sangran el presupuesto federal; con los ahorros de Martita Sahagún en la Fundación Vamos México, los negocios privados de los Sahagún Bribiesca y los de Fox con los contratistas privados, la familia ex presidencial tiene lo suficiente para que vivan bien sus próximas generaciones. Pero también es necesario ordenar la operatividad de los programas, ahí se desangra más el presupuesto y es una de las causas de la persistencia de la pobreza mexicana y oaxaqueña.

PLANEACIÓN ESTATAL EQUIVOCADA.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 14 de diciembre de 2008.

Cuando asumen el cargo, todos los gobiernos estatales reiteran su voluntad de impulsar el desarrollo del estado de Oaxaca, sin embargo, desde hace por lo menos treinta años, persisten los indicadores de una planeación equivocada, que ha dado como resultado la perseverancia de los índices más bajos de desarrollo social y los peores de competitividad y productividad económica. Durante todo ese lapso, el primer punto que llama la atención son las diferentes concepciones que cada gobierno ha tenido sobre el concepto desarrollo. La mayor parte, tomaron los conceptos establecidos en los planes de desarrollo nacionales.

Para algunos de ellos, el desarrollo era el mero crecimiento económico que lograría el tan deseado efecto del desbordamiento de la copa cuando se llena con la riqueza acumulada en manos privadas, provocando que, con el incremento de la riqueza personal, los empresarios dedicaran los excedentes al mejoramiento, ampliación y creación de nuevas empresas para proporcionar más y mejores empleos a una mayor cantidad de oaxaqueños, quienes con la capacitación adquirida en las escuelas, lograrían alcanzar mejores y más altos niveles salariales que sus patronos estarían dispuestos a ofrecer, a partir del incremento de la productividad en sus empresas y de la mejor calidad de los productos producidos en ellas. Algunos otros gobiernos se definieron o al menos intentaron vincular el desarrollo social con el crecimiento económico. Para ellos, lo importante era que los más empobrecidos de la sociedad, los indígenas, los obreros, los campesinos y las capas populares pudieran acceder a los beneficios del crecimiento económico. Veían en la participación social la posibilidad de lograr la meta del desarrollo.

Sin embargo, en lo que coincidían todas las administraciones era en la necesidad de alcanzar el anhelado crecimiento económico que permitiera incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) estatal y tener una mayor participación en el PIB nacional. Identificaban el desarrollo estatal con el crecimiento económico, con el incremento de los índices económicos. Obviamente, influenciados por las políticas nacionales, identificaban a la empresa privada como la única con posibilidad de generar el crecimiento económico y, por lo mismo, de crear riqueza social.

Esta visión del constante crecimiento empresarial privado como método y medio para lograr el crecimiento económico nacional, fue el marco teórico e ideológico de todos los planteamientos y lineamientos que enmarcaron la ansiada meta del desarrollo de la sociedad oaxaqueña. Para alcanzarla, desde finales de la década de 1970, los gobiernos estatales impulsaron el proceso de la planificación propuesto por la administración del presidente López Portillo y se dieron también a la tarea de establecer sus propios programas estatales de desarrollo, para plantear su visión del desarrollo, sus objetivos y los lineamientos de políticas públicas que desarrollarían durante sus sexenios.

Durante la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, un grupo de análisis político se percató que, si bien la Constitución otorgaba el marco legal para la planificación estatal, había muchas lagunas para su concreción. Su propuesta buscaba que la planificación y la programación fueron concebidas como instrumentos para reorganizar al gobierno federal, sus relaciones con los gobiernos estatales, con los sectores de los trabajadores y de los empresarios. Consideraban que, si bien se le había dado impulso institucional en la segunda mitad de los setenta, había sido en medio de dos contradictorios procesos: el primero la veía como una técnica administrativa para modernizar la estructura y el funcionamiento de los órganos del Estado, y, el otro, buscaba convertirla en un sistema rector del Estado para, en alianza con las fuerzas motrices del cambio, transformar a las estructuras socioeconómicas, buscando construir una sociedad más democrática en lo económico, lo social, lo político y lo cultural.

Así, en cuanto asume la presidencia de la República, De la Madrid propuso modificaciones a la Constitución Política nacional, especialmente en el artículo 25 para otorgarle al Estado la rectoría del desarrollo nacional, buscando que fuera integral para fortalecer la soberanía nacional y su régimen democrático; mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, debía permitir el pleno ejercicio de la libertad individual, grupal y de las clases sociales. El Estado debía planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional. En las modificaciones constitucionales, la planeación se entendía como la ordenación racional y sistemática de acciones para transformar la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos constitucionales. Mediante la planeación se fijarían los objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarían recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, la coordinación de las acciones y se evaluarían los resultados.

En el Artículo 21, establecía que el Plan Nacional de Desarrollo debía precisar los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contener las previsiones sobre los recursos asignados a esos fines; determinar los instrumentos y responsables de su ejecución, establecer los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones debían referirse al conjunto de la actividad económica y social.

Este es el marco constitucional en el que los gobiernos estatales se enredaron, a la hora de interpretar los diagnósticos de sus planes, para plantear las políticas públicas equivocadas que nos han llevado a continuar siendo uno de los estados más atrasados entre todos los de la república mexicana.

PAN: INERCIA DERROTISTA.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 12 de diciembre de 2008.

Si el gobierno de Felipe Calderón no modifica sustancialmente la estrategia política del PAN, el año próximo sufrirá una histórica derrota y volverá a ser sólo la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados. Lugar de donde, por cierto, lo rescató Ernesto Zedillo para cumplir con los acuerdos secretos del Tratado de Libre Comercio.

El PAN vive uno de sus peores momentos. En su vigésima Asamblea Nacional, el grupo gobernante logró derrotar a la ultraderecha conservadora del yunquismo y parecía encaminarse hacia la conformación de un partido pragmático de derecha centrista; sin embargo, la falta de oficio político práctico de sus cuadros dirigentes los hizo reponer a Vicente Fox en un cargo clave, acción leída por la ultraderecha como rasgo de debilidad y catapultó el retorno de Manuel Espino a la tarea mediática, desde el Consejo Nacional panista. Es su guerrita interna.

En las próximas elecciones, el electorado calificará también el ejercicio del gobierno. Hasta hoy, la crisis económica mundial aún no desfonda el bolsillo de los mexicanos; sin embargo, el alza de la gasolina y el gas ya empezó a repercutir en el índice inflacionario que casi llega al 7% anual. El efecto será retardado y pegará exactamente en el segundo semestre de 2009, precisamente en el momento de las elecciones. Además, los panistas tampoco saben gobernar. Sus gobernadores han mostrado su incapacidad administrativa, insensibilidad social y son propensos a los desmanes y al ridículo ético; en general, la mayoría vive entre la mediocridad y el escándalo, como Emilio González Márquez, el jaliciense góber piadoso y etílico.

Mientras tanto, el PRI va posicionándose hacia una cómoda mayoría relativa. Según una encuesta de María de las Heras, la intención del voto para las próximas elecciones federales le darían al PRI el 38 por ciento de las posiciones, el PRD retornaría a su tradicional 20 por ciento y el PAN llegaría al 32 por ciento (Milenio, 8/12/2008). Sin embargo, en estos seis meses que faltan para las elecciones, al descrédito político del PRD se suma la ruptura del Frente Amplio Popular y, del lado del PAN, mantienen su incapacidad congénita para convertir sus buenas intenciones en estructura política y votos electorales.

El PAN no cuenta con una cantera de cuadros triunfadores que le permitan ser competitivo en los estados. Por ejemplo, en Oaxaca van a tener el problema de escoger entre los delegados federales, quienes han usado los fondos públicos para hacer promoción política personal o seguir en la inercia de candidatear a desconocidos, sólo para cubrir el trámite electoral. El problema es que los delegados federales ganan más que cualquiera de los secretarios del gobierno estatal y casi ninguno está dispuesto a entrar en un proceso electoral perdido de antemano. Entre ellos no hay voluntad política, porque son panistas de última hora; los mismos que se irán al PRI en cualquier hora del triunfo.

Por último, y no menor en importancia, aquí los panistas eligieron a su peor candidato para dirigirlos. Un hombre que no invirtió un solo peso propio ni hizo campaña cuando fue candidato a diputado local; ya en la curul, lo financió el presidente priista de la Gran Comisión de entonces y lo impulso a aspirar a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez. Ese mismo “Libretón” va a dirigir la campaña electoral federal panista. ¿Alguien se puede preguntar por qué van a perder los once distritos electorales federales?

POLÍTICAS ECONÓMICAS EQUIVOCADAS.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 7 de diciembre de 2008.

En Oaxaca, la persistencia de la miseria y pobreza con desigualdad ha sido impulsada por las equivocadas políticas públicas económicas. Para empezar, al menos desde 1981, ningún gobierno ha definido con claridad su concepto de desarrollo. Tampoco se pusieron de acuerdo, ni han terminado de comprender que el crecimiento económico no conduce necesariamente y unívocamente al proceso de desarrollo, en cualquiera de las últimas cuatro vertientes que han tomado carta de naturalización en la discusión teórica y práctica instaurada a nivel mundial.

Desde una perspectiva comparativa, en el estado se han repetido los viejos esquemas transitados en el país. En mucho, vivimos aún en una etapa superada a nivel nacional desde la década de los cuarenta, cuando se dejó atrás el viejo modelo agrario-exportador, para plantear la posibilidad de la industrialización bajo el esquema de la sustitución de importaciones.

Por el contrario, nuestro estado se mantiene en el primer esquema. Sus características son las de una entidad dedicada a la agricultura de subsistencia, con muy poca actividad agropecuaria y agroindustrial. En realidad, casi todo lo que producimos lo consumimos y solo una mínima parte de la producción estatal sale al mercado externo, pero fundamentalmente como materia prima y no en productos manufacturados. Quizá por esto, ha sido una constante de los gobiernos estatales la necesidad de impulsar la industrialización de la entidad, bajo las mismas premisas y con las mismas promesas que el gobierno federal impulso la industrialización a partir de 1940.

Recordemos que el modelo agrario exportador saltó en pedazos en el período de intervalo entre las dos guerras mundiales, cuando los países más desarrollados compraban las materias primas a bajo precio, sin disminuir los precios de sus productos manufacturados, a pesar del incremento de la productividad y la tecnologización de sus industrias. Era un proceso oligopólico, de intercambio desigual, según Raúl Prebisch, donde los países de la periferia transferían excedentes económicos a los centros. En ese entorno surge la Segunda Guerra Mundial. Mientras Estados Unidos y Europa se enfrascaban en el conflicto, dejando de producir los productos para su consumo interno, los países latinoamericanos encontraron su gran oportunidad para producir mercancía ligera, en un proceso conocido después como sustitución de importaciones, impulsando un modelo basado en la industrialización y en el crecimiento del mercado interno.

El círculo vicioso oaxaqueño es la repetición de este esquema, con especial énfasis a partir de la década de los 80. La burocracia estatal se percata de la existencia de un proceso económico de intercambio desigual con el resto del país y la inexistencia de un mercado interno consolidado, entonces, la respuesta planteada es la misma que experimentó –con relativo éxito- el gobierno mexicano a partir de la década de los 40: el proyecto de la industrialización, la búsqueda de la mayor productividad y la tecnología de punta. Aunque en la entidad no se le aplica el nombre de “sustitución importaciones”, sí se retoma mecánicamente el procedimiento y lo plantean como un modelo de desarrollo para el Estado de Oaxaca.

En muchos sentidos, ese esquema de desarrollo económico nacional, impulsado especialmente a partir del modelo de sustitución de importaciones, buscando la industrialización y su consiguiente resultado de crear un empresariado privado fuerte, pujante y competitivo, ha llevado a los gobiernos estatales a concentrar aquí todos los grandes males observados en la escala nacional, sin tener los pocos beneficios alcanzados allá.

Si bien es cierto que el modelo impulsó el crecimiento de la economía mexicana, colocando la industria como eje de acumulación del capital y desarrollando los servicios, elevó el empleo e incrementó los salarios reales y alteró de manera importante la estructura social y espacial del país, aumentando el peso de los trabajadores asalariados de las capas medias y de la población urbana sobre la rural, también fue incapaz de abrir un verdadero sistema productivo nacional, coherente e integrado, sobre todo porque, los países como México, tenían una incapacidad estructural para generar las divisas que reclamaba el desarrollo económico, lo que impidió mantener el impulso del esquema.

Esta es la misma situación de Oaxaca. Todos los diagnósticos de los planes estatales de desarrollo, a partir de la década de los ochenta, confirman la existencia de un escaso ahorro interno y la falta de capital para financiar la industrialización, fundamentalmente por la inexistencia de la propiedad privada en el entorno rural. Así, los campesinos, a quienes los planes de desarrollo quieren ver como rancheros agrícolas, no logran encontrar financiamiento para impulsar los procesos de infraestructura hidroagrícola y agroindustrial. A esta situación debemos agregar que el proceso de sustitución de importación nacional impulsó un paulatino abandono del sector agropecuario, focalizándolo a la producción de la materia prima de la industrialización y olvidándose de las demás ramas de la producción agrícola. Así se comenzó a perder la autosuficiencia alimentaria y crecieron las importaciones de productos agropecuarios.

Enmarcados en ese proceso, durante casi 30 años, los diferentes gobiernos estatales que han dirigido el destino del Estado de Oaxaca se han equivocado reiteradamente en el proceso para concretar el deseo de impulsar el desarrollo económico de la entidad.

ABANDONO EDUCATIVO.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 5 de diciembre de 2008.

El 15 de octubre pasado, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en el informe La ortografía de los estudiantes de educación básica, reveló que todos los niños en tercero de primaria y el 98 por ciento de los alumnos de sexto de primaria y tercero de secundaria tienen problemas para acentuar las palabras agudas y el pretérito de los verbos. Tampoco utilizan bien la transparencia grafemática: no usan correctamente la b y la v, ni la c y la s. Tienen problemas con las mayúsculas en las palabras y omiten frecuentemente la letra h.

Lo grave del caso es que los mejores resultados los obtuvieron los alumnos de escuelas primarias particulares, tanto en tercero como en sexto grados. Los estudiantes de planteles rurales de gobierno obtuvieron las calificaciones más baja, seguidos de escuelas de educación indígena.

Mientras los niños mexicanos tienen problemas educativos, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lograban que, al menos en Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca, se suspendiera la aplicación de la Alianza por la Calidad Educativa (ACE), una propuesta del gobierno federal para profesionalizar al magisterio, controlar la venta y la herencia de las plazas, evaluar los resultados académicos escolares y mejorar la infraestructura física de las escuelas. Su lucha se centra ahora en Michoacán, después de haber sido derrotados en Morelos.

En Oaxaca, los funcionarios del IEEPO y la Secretaría General de Gobierno demostraron que no saben leer las coyunturas y dejaron ir la posibilidad de acotar los desplantes del dirigente de la Sección 22. Hace unos días anunciaron que en Oaxaca no se aplicará la ACE, sino se propondrá un proyecto alterno para mejorar la educación básica, además de cerrar los módulos educativos creados cuando los profesores holgazaneaban en el zócalo de la ciudad y se establecía el compromiso de regresar 45 escuelas a manos de los líderes de la 22.

Parece clara la claudicación del gobierno para dirigir los destinos de la educación oaxaqueña, pero, eso sí, los funcionarios garantizan una precaria estabilidad política durante los primeros meses del próximo año. Lo que nadie dice, incluso la borregada magisterial de la Sección 22 lo ignora, es que las 45 escuelas devueltas son precisamente donde los módulos dejan de funcionar. No se regresan escuelas, solo dejan de trabajar las paralelas creadas con personal de la Sección 29; las escuelas donde esa Sección tiene mayoría continuarán trabajando, como hasta ahora. Eso, también, le permitirá a los radicales de la Sección 22 paralizar las clases en junio del próximo año, en medio del proceso federal electoral, para obtener las prebendas económicas anuales acostumbradas.

Nuestro problema es que al sindicato magisterial oaxaqueño no le importa la calidad educativa, ni el gobierno termina por comprender su estrategia política. El sindicato busca demostrar la ingobernabilidad en la entidad y la incapacidad administrativa de los funcionarios para aplicar las normas institucionales de convivencia, además del beneficio económico personal de sus líderes, y, de paso, obtener mejoras salariales para las masas magisteriales movilizadas. A nadie le importa la calidad de la educación oaxaqueña, porque, por su parte, nuestros funcionarios viven al día y pensando solo en el cargo político-electoral siguiente, aplicando la máxima del gobierno foxista: “¡Que se pudra Oaxaca!”.