FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 14 de diciembre de 2008.
Cuando asumen el cargo, todos los gobiernos estatales reiteran su voluntad de impulsar el desarrollo del estado de Oaxaca, sin embargo, desde hace por lo menos treinta años, persisten los indicadores de una planeación equivocada, que ha dado como resultado la perseverancia de los índices más bajos de desarrollo social y los peores de competitividad y productividad económica. Durante todo ese lapso, el primer punto que llama la atención son las diferentes concepciones que cada gobierno ha tenido sobre el concepto desarrollo. La mayor parte, tomaron los conceptos establecidos en los planes de desarrollo nacionales.
Para algunos de ellos, el desarrollo era el mero crecimiento económico que lograría el tan deseado efecto del desbordamiento de la copa cuando se llena con la riqueza acumulada en manos privadas, provocando que, con el incremento de la riqueza personal, los empresarios dedicaran los excedentes al mejoramiento, ampliación y creación de nuevas empresas para proporcionar más y mejores empleos a una mayor cantidad de oaxaqueños, quienes con la capacitación adquirida en las escuelas, lograrían alcanzar mejores y más altos niveles salariales que sus patronos estarían dispuestos a ofrecer, a partir del incremento de la productividad en sus empresas y de la mejor calidad de los productos producidos en ellas. Algunos otros gobiernos se definieron o al menos intentaron vincular el desarrollo social con el crecimiento económico. Para ellos, lo importante era que los más empobrecidos de la sociedad, los indígenas, los obreros, los campesinos y las capas populares pudieran acceder a los beneficios del crecimiento económico. Veían en la participación social la posibilidad de lograr la meta del desarrollo.
Sin embargo, en lo que coincidían todas las administraciones era en la necesidad de alcanzar el anhelado crecimiento económico que permitiera incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) estatal y tener una mayor participación en el PIB nacional. Identificaban el desarrollo estatal con el crecimiento económico, con el incremento de los índices económicos. Obviamente, influenciados por las políticas nacionales, identificaban a la empresa privada como la única con posibilidad de generar el crecimiento económico y, por lo mismo, de crear riqueza social.
Esta visión del constante crecimiento empresarial privado como método y medio para lograr el crecimiento económico nacional, fue el marco teórico e ideológico de todos los planteamientos y lineamientos que enmarcaron la ansiada meta del desarrollo de la sociedad oaxaqueña. Para alcanzarla, desde finales de la década de 1970, los gobiernos estatales impulsaron el proceso de la planificación propuesto por la administración del presidente López Portillo y se dieron también a la tarea de establecer sus propios programas estatales de desarrollo, para plantear su visión del desarrollo, sus objetivos y los lineamientos de políticas públicas que desarrollarían durante sus sexenios.
Durante la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, un grupo de análisis político se percató que, si bien la Constitución otorgaba el marco legal para la planificación estatal, había muchas lagunas para su concreción. Su propuesta buscaba que la planificación y la programación fueron concebidas como instrumentos para reorganizar al gobierno federal, sus relaciones con los gobiernos estatales, con los sectores de los trabajadores y de los empresarios. Consideraban que, si bien se le había dado impulso institucional en la segunda mitad de los setenta, había sido en medio de dos contradictorios procesos: el primero la veía como una técnica administrativa para modernizar la estructura y el funcionamiento de los órganos del Estado, y, el otro, buscaba convertirla en un sistema rector del Estado para, en alianza con las fuerzas motrices del cambio, transformar a las estructuras socioeconómicas, buscando construir una sociedad más democrática en lo económico, lo social, lo político y lo cultural.
Así, en cuanto asume la presidencia de la República, De la Madrid propuso modificaciones a la Constitución Política nacional, especialmente en el artículo 25 para otorgarle al Estado la rectoría del desarrollo nacional, buscando que fuera integral para fortalecer la soberanía nacional y su régimen democrático; mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, debía permitir el pleno ejercicio de la libertad individual, grupal y de las clases sociales. El Estado debía planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional. En las modificaciones constitucionales, la planeación se entendía como la ordenación racional y sistemática de acciones para transformar la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos constitucionales. Mediante la planeación se fijarían los objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarían recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, la coordinación de las acciones y se evaluarían los resultados.
En el Artículo 21, establecía que el Plan Nacional de Desarrollo debía precisar los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contener las previsiones sobre los recursos asignados a esos fines; determinar los instrumentos y responsables de su ejecución, establecer los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones debían referirse al conjunto de la actividad económica y social.
Este es el marco constitucional en el que los gobiernos estatales se enredaron, a la hora de interpretar los diagnósticos de sus planes, para plantear las políticas públicas equivocadas que nos han llevado a continuar siendo uno de los estados más atrasados entre todos los de la república mexicana.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 14 de diciembre de 2008.
Cuando asumen el cargo, todos los gobiernos estatales reiteran su voluntad de impulsar el desarrollo del estado de Oaxaca, sin embargo, desde hace por lo menos treinta años, persisten los indicadores de una planeación equivocada, que ha dado como resultado la perseverancia de los índices más bajos de desarrollo social y los peores de competitividad y productividad económica. Durante todo ese lapso, el primer punto que llama la atención son las diferentes concepciones que cada gobierno ha tenido sobre el concepto desarrollo. La mayor parte, tomaron los conceptos establecidos en los planes de desarrollo nacionales.
Para algunos de ellos, el desarrollo era el mero crecimiento económico que lograría el tan deseado efecto del desbordamiento de la copa cuando se llena con la riqueza acumulada en manos privadas, provocando que, con el incremento de la riqueza personal, los empresarios dedicaran los excedentes al mejoramiento, ampliación y creación de nuevas empresas para proporcionar más y mejores empleos a una mayor cantidad de oaxaqueños, quienes con la capacitación adquirida en las escuelas, lograrían alcanzar mejores y más altos niveles salariales que sus patronos estarían dispuestos a ofrecer, a partir del incremento de la productividad en sus empresas y de la mejor calidad de los productos producidos en ellas. Algunos otros gobiernos se definieron o al menos intentaron vincular el desarrollo social con el crecimiento económico. Para ellos, lo importante era que los más empobrecidos de la sociedad, los indígenas, los obreros, los campesinos y las capas populares pudieran acceder a los beneficios del crecimiento económico. Veían en la participación social la posibilidad de lograr la meta del desarrollo.
Sin embargo, en lo que coincidían todas las administraciones era en la necesidad de alcanzar el anhelado crecimiento económico que permitiera incrementar el Producto Interno Bruto (PIB) estatal y tener una mayor participación en el PIB nacional. Identificaban el desarrollo estatal con el crecimiento económico, con el incremento de los índices económicos. Obviamente, influenciados por las políticas nacionales, identificaban a la empresa privada como la única con posibilidad de generar el crecimiento económico y, por lo mismo, de crear riqueza social.
Esta visión del constante crecimiento empresarial privado como método y medio para lograr el crecimiento económico nacional, fue el marco teórico e ideológico de todos los planteamientos y lineamientos que enmarcaron la ansiada meta del desarrollo de la sociedad oaxaqueña. Para alcanzarla, desde finales de la década de 1970, los gobiernos estatales impulsaron el proceso de la planificación propuesto por la administración del presidente López Portillo y se dieron también a la tarea de establecer sus propios programas estatales de desarrollo, para plantear su visión del desarrollo, sus objetivos y los lineamientos de políticas públicas que desarrollarían durante sus sexenios.
Durante la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, un grupo de análisis político se percató que, si bien la Constitución otorgaba el marco legal para la planificación estatal, había muchas lagunas para su concreción. Su propuesta buscaba que la planificación y la programación fueron concebidas como instrumentos para reorganizar al gobierno federal, sus relaciones con los gobiernos estatales, con los sectores de los trabajadores y de los empresarios. Consideraban que, si bien se le había dado impulso institucional en la segunda mitad de los setenta, había sido en medio de dos contradictorios procesos: el primero la veía como una técnica administrativa para modernizar la estructura y el funcionamiento de los órganos del Estado, y, el otro, buscaba convertirla en un sistema rector del Estado para, en alianza con las fuerzas motrices del cambio, transformar a las estructuras socioeconómicas, buscando construir una sociedad más democrática en lo económico, lo social, lo político y lo cultural.
Así, en cuanto asume la presidencia de la República, De la Madrid propuso modificaciones a la Constitución Política nacional, especialmente en el artículo 25 para otorgarle al Estado la rectoría del desarrollo nacional, buscando que fuera integral para fortalecer la soberanía nacional y su régimen democrático; mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, debía permitir el pleno ejercicio de la libertad individual, grupal y de las clases sociales. El Estado debía planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional. En las modificaciones constitucionales, la planeación se entendía como la ordenación racional y sistemática de acciones para transformar la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos constitucionales. Mediante la planeación se fijarían los objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarían recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, la coordinación de las acciones y se evaluarían los resultados.
En el Artículo 21, establecía que el Plan Nacional de Desarrollo debía precisar los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contener las previsiones sobre los recursos asignados a esos fines; determinar los instrumentos y responsables de su ejecución, establecer los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones debían referirse al conjunto de la actividad económica y social.
Este es el marco constitucional en el que los gobiernos estatales se enredaron, a la hora de interpretar los diagnósticos de sus planes, para plantear las políticas públicas equivocadas que nos han llevado a continuar siendo uno de los estados más atrasados entre todos los de la república mexicana.
