PLANES ESTATALES Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 30 de octubre de 2010.

Desde 1981 hasta el 2004, en todos los sexenios, los gobernadores del estado han elaborado los planes de desarrollo estatal correspondientes. En todos los diagnósticos presentados hay una constante, reconociendo a la entidad como uno de los más atrasados, más pobres y con los más bajos índices de desarrollo de la nación. También, desde 1981, los planes insisten en la necesidad de impulsar el crecimiento económico para producir e incrementar la riqueza, dar empleos a los oaxaqueños y elevar los niveles de bienestar de la población. Para alcanzarlo, los documentos insisten reiteradamente en la necesidad de crear más empresas, especialmente del sector privado, porque los consideran el único medio viable para generar la mayor cantidad de empleos requeridos por la creciente población estatal.

En el Plan presentado por el gobernador José Murat se establecía como meta del gobierno estatal: “…ser buenos se deberá entender ser consistentemente competitivos, esto es: tener la habilidad para proveer estándares altos y crecientes de vida en beneficio de la población por medio de la creación de valor agregado y consecuentemente el incremento de la riqueza mediante el manejo de recursos humanos, financieros y físicos; de procesos, atractividad y agresividad; globalidad y proximidad e integración de estas relaciones con un modelo social y económico, bajo un entorno institucional que ayude a mejorar las organizaciones”. (Plan Estatal de Desarrollo. 1998-2004, pp. 14-15).

Esta visión no es privativa sólo del sector gubernamental, por ejemplo, el financiero, ex copropietario de Banamex, Alfredo Harp Helú, alguna vez manifestó, hablando de la recesión: “no se puede ir contracorriente… se tiene que promover la actividad productiva... se deben aprovechar bien los recursos y sortear lo mejor posible el mal tiempo (económico), en la cual la Iniciativa Privada debe tener una participación activa… Con el retorno de miles de connacionales por la falta de empleo en la Unión Americana, el sector empresarial tiene que seguir generando empleos.” (El Imparcial. 8/xi/2008).

Visto desde esa perspectiva, la meta fundamental ha sido la búsqueda de la industrialización del estado, especialmente la vinculada al sector manufacturero, en el entendido de que solo la industria de transformación le puede dar mayor valor agregado a la materia prima estatal.

Así, en el plan presentado por Pedro Vásquez Colmenares se establecía que buena parte de la población se dedicaba al sector agropecuario, pero tenían muy bajos ingresos, lo que impulsaba la desintegración poblacional y la creciente emigración hacia los centros urbanos y fuera del estado. Por eso, insistían en capitalizar al agro, sin embargo, lo que se buscaba era “incrementar la producción y productividad y lograr mejores términos de intercambio en la comercialización”; la visión era la de impulsar la producción de pequeños rancheros productivos, una perspectiva que manifiestamente estaba fuera de lugar en un estado donde la mayor parte de las propiedades eran minifundios y en manos de las comunidades agrarias y los ejidos. El desconocimiento de la organización social los llevaba también a plantear el impulso fundamentalmente de la productividad agropecuaria, pero en aquellos sectores donde se tuvieran “mayores perspectivas, como en la agroindustria forestal, frutícola y ganadero, el turismo, la pesca y la minería”. (Plan Estatal de Desarrollo. 1981-1986, pp. 14-15).

Por otra parte, en esos planes también ha sido una constante la identificación del concepto de desarrollo con la idea del crecimiento económico. Nadie más claro y preciso para establecer su proyecto de desarrollo que el gobernador Diódoro Carrasco Altamirano. Parte con la mayor precisión de que “los esfuerzos de mejoría serán ociosos si antes no se logran crear las condiciones materiales que permitan generar riqueza. Necesitamos crecer económicamente, con estabilidad y de manera sostenida, a un ritmo mayor al índice nacional.” Para ello se propone usar “adecuada y racionalmente los recursos naturales y humanos, aprovechar las ventajas comparativas, elevar los niveles de producción y productividad y generar más y mejores empleos en todas las regiones del estado.” (Plan Estatal de Desarrollo, 1993-1998, pp. 38-39.

Para todos los gobiernos estatales, la industrialización incrementaría la producción de artículos manufacturados, haciendo crecer el Producto Interno Bruto estatal y, obviamente, se incrementaría el producto per cápita de cada uno de los oaxaqueños. Habría riqueza social. Nunca comprendieron que el PIB es una medida estadística, que mide el crecimiento económico de manera general, pero no mide el desarrollo social ni observa la desigualdad. EL PIB se puede entender mejor con el chiste aquel que dice: si mi vecino tiene dos automóviles, un BMW y otro Mercedes Benz, y yo no tengo ninguno, pero vivimos en la misma cuadra, estadísticamente, él y yo tenemos un coche cada uno.

Así, desde 1981, los planes estatales de desarrollo no han sido más que un catálogo de buenas intenciones, sin sustento real y elaborados sólo para cubrir un requisito constitucional.

BETO PAZOS

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 27 de octubre de 2010.

Supe de Heriberto Pazos, allá por los ahora lejanos días de 1981. En ese entonces, el gobernador Pedro Vásquez Colmenares dio la orden de efectuar un plebiscito en la agencia municipal de San Juan Copala, para definir quien se hacía cargo de ella. Con esa indicación, se daba pie a la derrota de Martín Anacleto, calificado por el MULT como el principal cacique y provocador de la zona.

En ese entonces, era el principal asesor del MULT Héctor Sánchez López, quien venía de una negociación triunfante en la lejana Juchitán, donde, de común acuerdo con Pedro Vásquez Colmenares, se desconoció la elección del presidente municipal, don Julio Gómez López, y, en una segunda vuelta, amañada y manejada directamente por simpatizantes de la COCEI, lograron el triunfo del autodenominado Ayuntamiento Popular de Juchitán. La misma receta pensaban aplicar en Copala.

Contra la actitud entreguista de Vásquez Colmenares, surgió la radical oposición de lo que después conoceríamos como la UBISORT. Así comenzó una época de conflictos y enfrentamientos radicales, en donde la fiesta de las balas es la característica esencial y las discusiones políticas se resuelven con plomo, dejando una estela de sangre y muerte.

En su calidad de líder político, no volví a verlo, porque sus negociaciones se manejaron siempre en el área política del gobierno estatal. Allá donde no se requieren expedientes técnicos para recibir recursos gubernamentales, ni se comprueban y, muchas veces, ni siquiera se ejecutan las obras físicas y la dádiva económica se reparte a discreción y de acuerdo al humor de los dirigentes. Con el amigo platiqué muchas veces, pero como vecinos, como cuando yo era estudiante.

A principio de la década de los 90, los líderes de la zona triqui desconocieron la interlocución del gobierno estatal. Los del MULT acusaban al delegado de Gobierno de estar a favor de la UBISORT y, los de ésta, de apoyar al MULT. Un día, ya muy avanzada la tarde, llegué solo y de improviso a San Juan Copala, y me dirigí a casa de los principales líderes de las organizaciones. En ese entonces, vivían en la agencia municipal, uno en el lado norte y otro en el sur, casi de manera equidistante. Amparado en el privilegio indígena del visitante, tuve con ellos varios acuerdos: la remoción del delegado de Gobierno; el nombramiento del nuevo, sin nexos políticos en la zona y de mi personal confianza; y el envío de un destacamento de la policía preventiva para permanecer en la Agencia.

Nunca hablé del acuerdo con Beto Pazos, tampoco me buscó. El trato fue con los líderes locales y, el lunes siguiente, personalmente acudí a darle posesión al nuevo delegado de Gobierno. El acuerdo se respetó hasta dos sexenios después. En la administración pasada, el MULT se convirtió en partido político. Se autoamordazó la careta de la defensa indígena y pasó a formar parte del pragmatismo político.

Treinta años después de aquella noche en que supe de la existencia del MULT, mucha sangre y muchos muertos más tarde, los triquis siguen casi en la misma situación de entonces. En el nombre de la etnia se han repartido cientos de millones de pesos, pero ellos siguen siendo pobres y miserables, su pueblo se ha despoblado, apareció el MULTI y también la mano de la iglesia militante. Ahora, Heriberto Pazos está muerto. Lo más seguro es que nunca se castigue a los culpables.

Un comentario me hicieron, en aquel entonces en San Juan Copala. Nunca se me ha olvidado. Cuando les pregunté por qué utilizaban balas de calibre .22, la respuesta fue: “Porque la .22 no se detiene, Licenciado. Cuando entra, camina y camina… hasta que el paisano muere…”

PLANEACIÓN ESTATAL

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 23 de octubre de 2010.

Los antecedente de la planeación en el gobierno estatal se remontan al año de 1966, cuando se convino con la Organización de las Naciones Unidas el Plan Oaxaca, en tres etapas básicas: primero, la evaluación de los recursos naturales y potencialidades económicas del estado; segundo, el ordenamiento de las metas y objetivos del desarrollo; y, tercero, la elaboración de los proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales y humanos y los planes de inversión. En la práctica, sólo se cumplió con la primera parte, en los primeros dos años.

Como producto de ese primer intento, se estableció el Programa de Desarrollo Económico y Social para el Estado de Oaxaca, 1968-1974, donde se plantearon acciones de desarrollo socioeconómico para mejorar los niveles de vida de la población, integrándola a la economía del país. Se buscaba propiciar el incremento de la producción del sector agropecuario, aprovechando la infraestructura productiva y de apoyo existente, y, por vez primera, se determinaron polos de desarrollo en poblaciones, dependiendo de sus características y su ubicación regional. La instrumentación de las acciones se formularon en un Programa de Acción a Corto Plazo (1969-1970), y otro de Mediano Plazo (1969-1974), proponiendo acciones en regiones de mayor potencial económico.

En ese entorno se estableció el Comité Promotor de Desarrollo Socioeconómico del Estado de Oaxaca (Coprodeo), a partir del decreto presidencial de 17 de marzo de 1972, buscando la coordinación de las dependencias federales y estatales para promover la participación de las entidades gubernamentales y la población, para el fomento al desarrollo y el aprovechamiento racional de los recursos humanos y naturales de la entidad. Su estructura orgánica la constituían los representantes de las dependencias federales en el estado y estaba presidido por el representante del secretario de la Presidencia.
Una de sus primeras acciones fue el establecimiento del Programa de Inversiones Publicas para el Desarrollo Rural, PIDER, entre 1973 a 1983, orientado a canalizar recursos para promover el desarrollo autosostenido de las comunidades rurales marginadas. Para 1983, el PIDER pasó a formar parte de los Programas Estatales de Inversión (PEI) y después a los Programas de Desarrollo Regional.

En 1976 se instituyó el Plan para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, donde se establecieron las directrices generales para el desarrollo de la región, se enumeraron los proyectos productivos y de infraestructura económica y social. Las acciones más importantes para alcanzar las metas de mediano plazo eran: un Programa de Desarrollo Industrial en el área rural, la programación de obras de infraestructura económica, las políticas de fomento a la industria, agroindustrias, industrias ligeras, de regionalización, de orientación del gasto público y de promoción, coordinación, y colaboración social y privada.

Con motivo de la promulgación del Plan Global de Desarrollo nacional, en Oaxaca se estableció el Plan Integral de Desarrollo 1977-1982, cuyo objetivo central fue ordenar el uso de los recursos naturales y humanos ubicados en el sector primario, activar el desarrollo tradicional, transformando su base económica para impulsarlos a un sector agropecuario diversificado, moderno y vinculado con el sector industrial. La instrumentación del Plan se apoyó en el gasto público y en las inversiones federales, bajo la estructura institucional tanto federal como estatal y parcialmente en instituciones educativas y organizaciones privadas.

Casi dos años después, el gobierno estatal presentó el Plan Estatal de Desarrollo 1979, basado en un esquema de encuestas, donde vertió la información relativa a los recursos naturales y socioeconómicos de las regiones, para la elaboración de los diagnósticos regionales.

Posteriormente, el decreto federal de 5 de febrero de 1981 creó los Comités Estatales de Planeación para el Desarrollo (Coplade), como organismos públicos descentralizados de carácter estatal encargados de formular, actualizar, instrumentar, ejecutar y evaluar un Plan Estatal de Desarrollo, donde se compatibilizaran los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal.
En el entorno de las modificaciones nacionales del proceso de planificación, el gobierno estatal emitió su propia Ley de Planeación, donde retomaba los planteamientos de la federal y hacía suyas las indicaciones y las perspectivas abiertas por la ley nacional de planeación. Se legisló sobre las normas de la planificación estatal y la presentación de los planes estatales de desarrollo, buscando el uso racional de los recursos estatales para resolver la problemática y alcanzar la meta del desarrollo estatal.

Éstos son los antecedentes de una historia de frustraciones y sueños inalcanzables, escritos en lo que conocemos como los planes de estatales de desarrollo de todos los gobiernos oaxaqueños, a partir de la década de los ochenta. Ahora, estamos a punto de asistir a la presentación de otro más.

DESCRÉDITO POLÍTICO

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 20 de octubre de 2010.

Especialmente en Oaxaca, muy poca gente cree en los partidos políticos y están descreyendo en los políticos. La repulsa la han ganado a pulso, “golpe a golpe”, diría el poeta Antonio Machado. El PRI por los desfiguros de las últimas elecciones, donde los candidatos fueron impuestos sólo por la amistad y la fuerza del mandante. El PRD y el PAN por una alianza ideológicamente absurda, que sólo denota la ambición por el dinero y los cargos públicos. Los demás partidos, por su incapacidad de presentar posiciones coherentes y en beneficio de la gente. Todos los partidos y los políticos –incluyendo a los administradores- en activo, han caído, de una u otra forma, en la incoherencia ética o en la deshonestidad profesional.

En el ámbito nacional las cosas van por los peores caminos. Hace unas semanas, los diputados priistas anunciaron la reducción del 1% del IVA. Se dijeron engañados por el presidente Calderón con un falso hoyo fiscal. Adujeron la falta de ejercicio de lo presupuestado. Comentaron el gasto exorbitante en sueldos, viáticos y nuevas contrataciones. Como gobierno ineficiente y caro tacharon al federal. Parecía que iban por el camino del reencuentro con la militancia empobrecida del priismo popular, hasta que aparecieron los gobernadores, con su lógica pragmática. Querían más dinero y lo van a obtener. El único problema, que no meditan los priistas, es que buena parte de esos recursos serán manejados por gobernadores opuestos al PRI. Por si no lo recuerdan, en las pasadas elecciones estatales el PRI perdió el control de casi 8 millones de mexicanos, que ahora serán administrados por gobernadores variopintos. Oaxaca, Puebla y Sinaloa serán gobernados con la influencia panista, aunque con intervención pejista el primero, de Elba Esther el segundo y Manlio Fabio Beltrones el tercero.

El PRD está peor. Junto a su extraña alianza con el PAN, se han destacado por la defensa a ultranza de personas acusadas de delincuencia. Gregorio Sánchez, de Quintana Roo, está encarcelado en Nayarit acusado de tráfico de indocumentados y delincuencia organizada vinculada al narcotráfico. Jesús Ortega, presidente Nacional del PRD insiste en su inocencia, todo porque le entregó la Tesorería y la regiduría de Obras Públicas cuando fue presidente municipal de Benito Juárez-Cancún. Los perredistas también arroparon al michoacano Julio César Godoy Toscano y lo hicieron diputado federal, a pesar de estar acusado de vínculos con La Familia michoacana. Las últimas grabaciones dadas a conocer muestran a un hombre metido hasta el cuello en actividades delincuenciales. Si bien no son prueba plena, son indicios claros de la degradación de la política.

Ni que decir del PAN. Los campeones contra la corrupción mostraron el lodazal económico de sus dirigentes. Con motivo de su boda, el presidente del CEN panista compró un departamento, valuado en 22 millones de pesos, en un supuesto remate por 7 millones de pesos. Al ridículo encubrimiento del precio real del departamento, queda la duda del origen del dinero. Juan Diego decía que su sueldo anual declarado, cuando era jefe de la Oficina de la Presidencia, era de 2 millones 300 mil pesos anuales. ¿De dónde, pues, salió lo demás? Claro, cuando se recuerda que César Nava era el responsable del departamento jurídico de PEMEX, cuando Felipe Calderón fue secretario de Energía y Juan Camilo Mouriño se volvió empresario petrolero, podemos entender el origen de la riqueza del líder panista nacional

Así, ¿alguien puede creer en la política y los políticos?

LA PLANEACIÓN NACIONAL

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 16 de octubre de 2010.

La planeación del desarrollo nacional tiene una larga historia que se remonta al Plan Sexenal presentado durante el mandato del general Lázaro Cárdenas. Desde entonces, hubieron varios intentos de planificar el desarrollo económico, pero es hasta el sexenio del presidente José López Portillo cuando se da forma a un Plan Global de Desarrollo, generado en las oficinas de Miguel de la Madrid y que, muchos dicen, le sirvió para ganar la candidatura presidencial priista.

Durante la campaña de De la Madrid, un grupo de análisis político, dirigido desde el IEPES de Carlos Salinas de Gortari, comprendió la necesidad de institucionalizar la planificación gubernamental, para revitalizar el liderazgo de la función rectora del Estado. Buscaban dar el papel central a la planificación y la programación como instrumentos para reorganizar al gobierno federal, sus relaciones con los gobiernos estatales, con los sectores de los trabajadores y de los empresarios. Consideraban que, si bien se le había dado impulso institucional en la segunda mitad de los setenta, había sido en medio de dos contradictorios procesos: el primero lo consideraba una técnica administrativa para modernizar la estructura y el funcionamiento de los órganos del Estado, y, el otro, buscaba convertirla en un sistema rector del Estado y, en alianza con las fuerzas motrices del cambio, transformar a las estructuras socioeconómicas, buscando construir una sociedad más democrática en lo económico, lo social, lo político y lo cultural.

Concluían que, no obstante la ausencia de una disposición explícita en materia de planificación, el marco constitucional contaba con todos los elementos indispensables para introducir y conducir la ordenación de la actividad económica, social y política. Sin embargo, planteaba la necesidad de legislar para establecer una disposición específica y suficiente en torno a la planificación gubernamental.

Así, en cuanto asume la presidencia de la República, De la Madrid propuso modificaciones a la Constitución, especialmente en el artículo 25, para otorgarle “al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que sea integral, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta constitución. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demanden el interés general en el marco de las líneas que otorga esta constitución.”

También, de acuerdo con las modificaciones propuestas, en el Artículo 3 de la Ley de Planeación, debía entenderse como tal “la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.”

El Artículo 4 establecía la responsabilidad del Ejecutivo federal para conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de los grupos sociales y, en el Artículo 21, establecía que el Plan Nacional de Desarrollo se debía elaborar, aprobar y publicar en seis meses contados a partir de la fecha de la toma de posesión del presidente de la República, y su vigencia no debía exceder el período constitucional correspondiente, aunque podía contener consideraciones y proyecciones de más largo plazo. En su consideración, el Plan Nacional de Desarrollo debía precisar los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contener las previsiones sobre los recursos asignados a esos fines; determinar los instrumentos y responsables de su ejecución, establecer los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones debían referirse al conjunto de la actividad económica y social.

En Oaxaca, las disposiciones de planificación fueron replicadas. La ley estatal de planeación fue promulgada el día 21 de junio de 1985 y publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 17 de agosto de ese mismo año. Una de sus principales disposiciones es que el gobierno entrante contará con seis meses, a partir de la toma de posesión, para entregar a la Legislatura un plan estatal de desarrollo donde explique los fines y objetivos del desarrollo, las estrategias y políticas a seguir, además de los lineamientos específicos. Como todo plan, deja los programas de gobierno para un momento posterior. Los gobiernos entrantes cuentan, pues, con sus primeros 6 meses para organizar los foros de consulta, las encuestas y demás mecanismos de consulta popular para elaborar su plan. No debía haber prisa, la ley local tomó sus propias providencias.

REPITIENDO EQUÍVOCOS ECONÓMICOS

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 9 de octubre de 2010.

Oaxaca ha repetido los viejos esquemas económicos transitados por la nación. Nuestros gobernantes viven aún en la etapa superada por el país a partir de la década de los cuarenta, cuando dejó atrás el viejo modelo agrario exportador, para plantearse la posibilidad de la industrialización bajo el esquema de la sustitución de importaciones.

Nuestra incipiente tecnocracia se percató que somos una entidad dedicada a la agricultura de subsistencia, con algo de actividad agropecuaria y muy poca agroindustria. Producimos casi para el autoconsumo, solo una mínima parte de la producción estatal sale al mercado externo, pero fundamentalmente como materia prima y no en productos manufacturados. Por eso, ha sido una constante de los gobiernos estatales la necesidad de impulsar la industrialización de la entidad, bajo las mismas premisas y con las mismas promesas del gobierno federal para impulsar la industrialización a partir de 1940.

En el entorno nacional, el viejo modelo agrario exportador saltó en pedazos en el intervalo entre las dos guerras mundiales, cuando los países más desarrollados compraban las materias primas a bajo precio, sin disminuir los precios de sus productos manufacturados, a pesar del incremento de la productividad por la modernización tecnológica de sus industrias. Era un proceso oligopólico, de intercambio desigual, como lo documentó Raúl Prebisch, donde los países de la periferia transferían excedentes económicos a los centros. Mientras Estados Unidos y Europa se enfrascaban en la Segunda Guerra Mundial, dejando de producir los productos para su consumo interno, los países latinoamericanos encontraron su gran oportunidad para producir mercancía ligera, en un proceso conocido después como sustitución de importaciones, impulsando un modelo basado en la industrialización y en el crecimiento del mercado interno.

El círculo vicioso oaxaqueño es la repetición de este esquema, con especial énfasis a partir de la década de los 80. La burocracia estatal intuye la existencia de un proceso económico de intercambio desigual con el resto del país y la inexistencia de un mercado interno consolidado, a partir de ahí, copian la respuesta económica impulsada por el gobierno mexicano desde la década de los 40: el proyecto de la industrialización, la búsqueda de la mayor productividad y la tecnología de punta. Aunque en la entidad no se le aplica el nombre de “sustitución importaciones”, sí se retoma mecánicamente el procedimiento y lo plantean como un modelo de desarrollo para el estado de Oaxaca.

En muchos sentidos, ese esquema de desarrollo económico nacional, impulsado especialmente a partir del modelo de sustitución de importaciones, buscando la industrialización y su consiguiente resultado de crear un empresariado privado fuerte, pujante y competitivo, ha llevado a los gobiernos estatales a concentrar aquí todos los grandes males observados en la escala nacional, sin tener los pocos beneficios alcanzados allá.

El modelo impulsó el crecimiento de la economía mexicana —colocando a la industria privada como eje de acumulación del capital y desarrollando los servicios, elevó el empleo e incrementó los salarios reales y alteró de manera importante la estructura social y espacial del país, aumentando el peso de los trabajadores asalariados de las capas medias y de la población urbana sobre la rural—, pero fue incapaz de abrir un verdadero sistema productivo nacional, coherente e integrado, sobre todo porque los países como México tienen una incapacidad estructural para generar las divisas necesarias para el desarrollo económico, impidiendo, así, mantener el impulso del esquema.

El drama oaxaqueño es que aquí no tenemos grandes capitales ni empresarios privados, nuestros ricos se quedaron anclados en el comercio tradicional, donde se gana el doble de lo que se invierte y sin ningún riesgo; le tienen miedo a los retos, por eso se oponen sistemáticamente a toda innovación como la que representó hace medio siglo la posibilidad de la instalación de la Volkswagen en los Valles Centrales y ahora con su resistencia a las cadenas de supermercados. Por eso, todos los gobernadores hacen lo que recientemente hizo Gabino Cué: asistir a implorarle a 11 grandes empresarios nacionales nos hagan el favor de invertir en Oaxaca.

El resultado desde siempre, ha sido el mismo. Nadie invierte en Oaxaca porque no tenemos un mercado interno dinámico y auto sostenible; tampoco contamos con la logística (carreteras rápidas y cercanía a centros de consumo) adecuado para que vengan a arriesgar su capital. Tienen razón, los capitanes de la industria no hacen asistencia social, invierten donde aseguran ganancias sustanciosas y personales, ellos no hacen beneficencia social.

LA PLANEACIÓN PSICÓTICA OAXAQUEÑA

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 2 de octubre de 2010.

En Oaxaca, como en general en el Sureste del país, la existencia de la miseria y pobreza con desigualdad, es la diferencia con el resto de México, donde hay acumulación de riqueza con desigualdad. Los analistas han insistido en el importante papel del gobierno para mantener e incrementar esta desigualdad. Para ellos, esta situación tiene su origen en las equivocadas políticas públicas económicas. Para empezar, al menos desde 1981, cuando se comenzaron a elaborar los planes estatales de desarrollo, ningún gobierno oaxaqueño ha definido con claridad su concepto de desarrollo. Tampoco han terminado de comprender que el crecimiento económico no conduce necesariamente y unívocamente al proceso de desarrollo.

Las administraciones estatales tampoco se han percatado que sus propios diagnósticos elaborados en los planes de desarrollo estatales, en los últimos treinta años, les muestran con claridad la existencia de una sociedad mayoritaria basada en la propiedad comunal de las tierras, donde los bosques, y los recursos mineros, metálicos y no metálicos, se encuentran en su totalidad en tierras comunales y ejidales; donde 418 municipios, de 570, tienen una organización política-administrativa basada en los usos y costumbres y el sistema de cargos, y una sociedad organizada en redes solidarias y sociales, donde el dinero no siempre es el medio de pago al trabajo efectuado, sino se da en relaciones de reciprocidad como en el tequio, la gozana, la guelaguetza, el endaruchaaga, la “mano-vuelta” y otras formas de trabajo diferentes y contrarias al esquema de la acumulación privada de capital.

Esta miopía para observar lo obvio, ha llevado a los planeadores del desarrollo estatal a considerar las reminiscencias indias de organización social como una traba para el desarrollo, como lo han planteado algunos planes de desarrollo estatal, especialmente el elaborado en el sexenio de Pedro Vásquez Colmenares, donde se afirma sin titubeos, en la página 247: “Aunque el Estado cuenta con una excelente dotación de recursos naturales, en algunos casos, como los turísticos, forestales y mineros, la propiedad comunal y ejidal se han convertido en un obstáculo para su aprovechamiento”.

Uno de nuestros grandes problemas es que los “técnicos del desarrollo” se formaron en el viejo esquema de copiar lo extraño, sólo porque venía de fuera y menospreciar lo propio, sólo por ser autóctono. Además, eran burócratas que les tocó la suerte de estar en el lugar adecuado, en el momento inadecuado. Por eso adoptaron las indicaciones nacionales, como si fueran leyes naturales, imposibles de cambiar.

Así, todas las administraciones, desde esa época, identifican el desarrollo del estado con el incremento del crecimiento económico, con el incremento de los índices económicos, especialmente el Producto Interno Bruto de la entidad. Obviamente, influenciados por las políticas nacionales, identifican a la empresa privada como la única con posibilidades de generación de crecimiento económico y, por lo mismo, de riqueza social.

La visión del constante crecimiento empresarial privado como método y medio para lograr el crecimiento económico nacional, fue el marco teórico e ideológico para alcanzar la ansiada meta del desarrollo de la sociedad oaxaqueña. Para lograrlo, desde finales de la década de 1970, los gobiernos estatales impulsaron el proceso de la planificación propuesto por la administración del presidente López Portillo y se dieron también a la tarea de establecer sus propios programas estatales de desarrollo, donde establecieron las mismas metas y los mismos procedimientos.

Esa dicotomía, entre lo deseado y la realidad socioeconómica oaxaqueña, nos ha costado muy caro y nos ha dejado más miseria y más pobreza. No se trata de vilipendiar a la empresa privada, pero tampoco es la panacea para Oaxaca. Difícilmente, los pueblos regidos por lazos de solidaridad y reciprocidad van a aceptar cabalmente las relaciones basadas en la usura, el egoísmo y la avaricia, que caracterizan a la empresa privada, según el economista J. M. Keynes.

Ésa es la razón por la que los pueblos se resisten a la explotación de sus minas, sus bosques, salinas y, en general, sus recursos naturales. Por eso fue un fracaso, y lo seguirá siendo, la explotación del hierro de Zaniza, en la Sierra Sur, el conflicto en San José del Progreso y los pueblos de las sierras echaron abajo las concesiones federales de los bosques de pinos. Los famosos aéreo generadores del Istmo de Tehuantepec son un buen negocio, pero sólo para los españoles inversionistas y algunos ricos mexicanos; a los dueños de las tierras les pagan miserias, las sobras de los proyectos.

Así, Oaxaca no puede salir del círculo vicioso de la miseria y la pobreza, y repetimos el ciclo del incremento de la miseria y la pobreza con desigualdad. Es el resultado de lo que he denominado la planeación psicótica del desarrollo oaxaqueño.