Bien hace el gobernador electo, Gabino Cué, al negar cualquier pacto de impunidad con el gobierno saliente, pero muy mal se están viendo algunos de sus acompañantes, con sus prisas y propuestas equivocadas desde principio.
Hay todo un clamor entre los comunicadores y la sociedad oaxaqueña, para revisar minuciosamente el ejercicio administrativo de los funcionarios salientes. No es gratuita la demanda. Fue muy notorio el rápido enriquecimiento de los Hombres del Poder. Muchos de ellos pasaron de “carga maletas” a verdaderos potentados en bienes raíces; otros más están envueltos en líos judiciales, por su cercanía con la “delincuencia de cuello blanco”, como se conoce a quienes comenten delitos financieros. Es la jactancia de la riqueza y el cinismo de su proclamación, lo que induce a la sociedad a exigir castigo para quienes delinquieron. Por eso, la actitud del próximo gobernante está en lo correcto, al anunciar que “un gobierno no tiene porque promover la impunidad…pero sin llegar a ser faccioso porque no quiero utilizar el poder para lastimar a nadie”. (Tiempo, 23/XI/2010)
Fue una verdadera lástima que la administración saliente diera la orden de no entregar ningún documento a la nueva administración, sino hasta el día primero de diciembre, como también lo denunció Gabino Cué. La indicación, que pudo haber sido un prurito legal, deja la idea de una trampa jurídica, para tratar de esconder las tropelías cometidas. El hecho de entregar la documentación, hasta el primer día del ejercicio del nuevo gobierno, obligará a muchos de los actuales funcionarios a permanecer en Oaxaca, a la vista de la gente y al alcance de la ley. Así, la disposición “de la Superioridad” se va a convertir en una trampa, que entregará a los más débiles a las fauces de la jauría mediática.
A las buenas intenciones del gobernador entrante, comienzan a sucederse las torpezas de las prisas por la rebatinga de poder. Ayer se presentó, pomposamente, un “Programa Preliminar de Gobierno”. Por lo que pudimos leer en los boletines de prensa, se trata de un informe de lo que recopiló la Coordinación de Planeación Democrática y Participativa del gobierno electo. Ahí se trazan líneas generales, para ser consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo. Aquí comienzan los problemas. Un programa, según la Real Academia de la Lengua Española, es una “serie ordenada de operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto”, mientras que un plan es un “modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla”. En buen español, ya no digamos en el lenguaje técnico de la planificación, primero está el plan y luego los programas. Un plan establece líneas generales de acción, el programa desmenuza todos los ingredientes necesarios, en los tiempos requeridos para concretar el plan.
Así, pues, los coordinadores de la Planeación Democrática, tienen un pequeño error conceptual, para comprender qué están haciendo y qué le están proponiendo al próximo gobernador. Éste fue uno de los grandes problemas de los regímenes priistas: la improvisación en el ejercicio de la administración pública. Los resultados han sido dramáticos, en términos de resultados sociales: pobreza y marginación creciente, que propiciaron la falta de gobernanza. Ojalá que el nuevo gobierno no comience con la misma dinámica de la simulación académica y la improvisación administrativa.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 24 de noviembre de 2010.