FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 13 de noviembre de 2010.
Al revisar los planes estatales de desarrollo, elaborados a partir de 1981 a la fecha, observamos que todos sus diagnósticos coinciden fundamentalmente en cuatro aspectos.
Primero: La propiedad colectiva y social de los recursos naturales de la entidad. Los diagnósticos muestran que las tierras están en manos de las comunidades agrarias y los ejidos; los recursos minerales, metálicos y no metálicos, también son propiedad comunal; la vocación de las tierras oaxaqueñas es forestal, todos los bosques están localizados en tierras comunales o ejidales.
Segundo: La mayoría de los municipios y las localidades del estado de Oaxaca están conformadas por sociedades solidarias, son comunidades basadas en la propiedad comunal y ejidal de la tierra, integradas en redes familiares que se convierten en redes sociales y comunitarias, y, a partir de allí, conforman la administración pública municipal y local. Es la base de la perseverancia de las relaciones de apoyo mutuo, tanto en términos de procesos productivos, apoyo económico u organización social.
Tercero. Hay una mínima industrialización en el estado. El último plan de desarrollo reconoce la existencia de sólo cinco empresas grandes; de ellas, la refinería de PEMEX, en Salina Cruz, una empresa estatal y aporta casi el 75% del valor bruto de la producción estatal.
Cuarto. El nivel salarial de la entidad es de los más bajos del país. Los trabajadores mejor pagados laboran en la refinería de PEMEX y su promedio salarial era de 11,500 pesos, en 2004; por el contrario, el 53% de las unidades económicas del sector terciario de la economía, sólo alcanzan a pagar un máximo de 690 pesos mensuales a sus empleados, y se concentran fundamentalmente en la Mixteca y la Sierra Sur, regiones reconocidas como las de mayor pobreza y marginación en el estado.
La mayoría de los planes de desarrollo aceptan que los dos primeros puntos conducen a la existencia de organizaciones sociales y comunitarias, a la pervivencia de una organización comunitaria de apoyo en la producción, las festividades y para mejor solventar las necesidades individuales y familiares; la posesión comunal de los bienes patrimoniales (tierras, agua, bosque, recursos naturales, bienes municipales y comunales) induce a que las relaciones sociales y administrativas sean vistas en términos de servicios comunitarios. Las relaciones sociales se basan en mecanismos de cooperación para solventar las limitaciones económicas y tecnológicas, y son un mecanismo de distribución del excedente económico obtenido, mediante la gratuidad de la colaboración en el sistema de cargos, como también en las mayordomías de las fiestas patronales y las actividades religiosas. Todos estos procesos nos están gritando que, en la práctica, hay una apropiación colectiva de los recursos económicos públicos y los excedentes económicos generados en estas comunidades basadas en la solidaridad y la reciprocidad.
El problema comienza cuando los diagnósticos apuntan que hay una persistente y creciente pobreza, desigualdad y marginación en estas comunidades, como resultado de esos procesos y características. Insisten en la falta de sentido empresarial en las actividades económicas, porque no tienen una visión de acumulación de capital en todos los procesos donde intervienen; no hay una búsqueda de maximización de las ganancias, ni de optimización del uso del tiempo individual, buscando incrementar al máximo las ganancias, a partir de la eficacia y la eficiencia en el uso de sus recursos naturales y financieros. Insisten en que, por el hecho de ser bienes comunales o ejidales, son inembargables, por eso, los comuneros, ejidatarios y las comunidades no son sujetos de crédito, excluyéndolos de los financiamientos bancarios para apuntalar las actividades y las iniciativas económicas generadas en estas comunidades. Para los planes, estas situaciones permiten y acrecientan la indolencia individual, convertida después en indolencia social, generando un círculo vicioso de apatía y abandono de las familias a la magra producción de su entorno físico y la incapacidad “congénita” de las comunidades para mejorar su entorno de infraestructura física, ambiental y social.
También, los diagnósticos consideran que la propiedad comunal induce a una organización comunitaria basadas en asambleas colectivas, donde se complica la aprobación de los permisos para que los empresarios privados exploten los recursos naturales de esos pueblos. Estos procesos generan incertidumbre en los inversionistas privados y hace insegura cualquier inversión de capital privado en el entorno comunal.
Por eso, en lugar de acoplar el desarrollo de la entidad a las características sociales de sus comunidades, los planes plantean la reconversión de la organización social a un esquema de propiedad privada y en el trabajo individual basado en el pago económico. En lugar de impulsar procesos colectivos, cooperativas o empresas sociales, los gobiernos estatales se definen por políticas públicas basadas en la empresa privada, aquella cuya finalidad básica es, en palabras del economista Keynes, el egoísmo, la usura y la avaricia.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 13 de noviembre de 2010.
Al revisar los planes estatales de desarrollo, elaborados a partir de 1981 a la fecha, observamos que todos sus diagnósticos coinciden fundamentalmente en cuatro aspectos.
Primero: La propiedad colectiva y social de los recursos naturales de la entidad. Los diagnósticos muestran que las tierras están en manos de las comunidades agrarias y los ejidos; los recursos minerales, metálicos y no metálicos, también son propiedad comunal; la vocación de las tierras oaxaqueñas es forestal, todos los bosques están localizados en tierras comunales o ejidales.
Segundo: La mayoría de los municipios y las localidades del estado de Oaxaca están conformadas por sociedades solidarias, son comunidades basadas en la propiedad comunal y ejidal de la tierra, integradas en redes familiares que se convierten en redes sociales y comunitarias, y, a partir de allí, conforman la administración pública municipal y local. Es la base de la perseverancia de las relaciones de apoyo mutuo, tanto en términos de procesos productivos, apoyo económico u organización social.
Tercero. Hay una mínima industrialización en el estado. El último plan de desarrollo reconoce la existencia de sólo cinco empresas grandes; de ellas, la refinería de PEMEX, en Salina Cruz, una empresa estatal y aporta casi el 75% del valor bruto de la producción estatal.
Cuarto. El nivel salarial de la entidad es de los más bajos del país. Los trabajadores mejor pagados laboran en la refinería de PEMEX y su promedio salarial era de 11,500 pesos, en 2004; por el contrario, el 53% de las unidades económicas del sector terciario de la economía, sólo alcanzan a pagar un máximo de 690 pesos mensuales a sus empleados, y se concentran fundamentalmente en la Mixteca y la Sierra Sur, regiones reconocidas como las de mayor pobreza y marginación en el estado.
La mayoría de los planes de desarrollo aceptan que los dos primeros puntos conducen a la existencia de organizaciones sociales y comunitarias, a la pervivencia de una organización comunitaria de apoyo en la producción, las festividades y para mejor solventar las necesidades individuales y familiares; la posesión comunal de los bienes patrimoniales (tierras, agua, bosque, recursos naturales, bienes municipales y comunales) induce a que las relaciones sociales y administrativas sean vistas en términos de servicios comunitarios. Las relaciones sociales se basan en mecanismos de cooperación para solventar las limitaciones económicas y tecnológicas, y son un mecanismo de distribución del excedente económico obtenido, mediante la gratuidad de la colaboración en el sistema de cargos, como también en las mayordomías de las fiestas patronales y las actividades religiosas. Todos estos procesos nos están gritando que, en la práctica, hay una apropiación colectiva de los recursos económicos públicos y los excedentes económicos generados en estas comunidades basadas en la solidaridad y la reciprocidad.
El problema comienza cuando los diagnósticos apuntan que hay una persistente y creciente pobreza, desigualdad y marginación en estas comunidades, como resultado de esos procesos y características. Insisten en la falta de sentido empresarial en las actividades económicas, porque no tienen una visión de acumulación de capital en todos los procesos donde intervienen; no hay una búsqueda de maximización de las ganancias, ni de optimización del uso del tiempo individual, buscando incrementar al máximo las ganancias, a partir de la eficacia y la eficiencia en el uso de sus recursos naturales y financieros. Insisten en que, por el hecho de ser bienes comunales o ejidales, son inembargables, por eso, los comuneros, ejidatarios y las comunidades no son sujetos de crédito, excluyéndolos de los financiamientos bancarios para apuntalar las actividades y las iniciativas económicas generadas en estas comunidades. Para los planes, estas situaciones permiten y acrecientan la indolencia individual, convertida después en indolencia social, generando un círculo vicioso de apatía y abandono de las familias a la magra producción de su entorno físico y la incapacidad “congénita” de las comunidades para mejorar su entorno de infraestructura física, ambiental y social.
También, los diagnósticos consideran que la propiedad comunal induce a una organización comunitaria basadas en asambleas colectivas, donde se complica la aprobación de los permisos para que los empresarios privados exploten los recursos naturales de esos pueblos. Estos procesos generan incertidumbre en los inversionistas privados y hace insegura cualquier inversión de capital privado en el entorno comunal.
Por eso, en lugar de acoplar el desarrollo de la entidad a las características sociales de sus comunidades, los planes plantean la reconversión de la organización social a un esquema de propiedad privada y en el trabajo individual basado en el pago económico. En lugar de impulsar procesos colectivos, cooperativas o empresas sociales, los gobiernos estatales se definen por políticas públicas basadas en la empresa privada, aquella cuya finalidad básica es, en palabras del economista Keynes, el egoísmo, la usura y la avaricia.
