El golpe puede ser seco y la cabeza. De ser así, los facciosos, ilegítimos, incongruentes y desconocedores de la ley se van a ver en el banquillo de los irresponsables, acusados de desconocimiento u omisión. Los compradores de conciencias y quienes aceptaron bagatelas en el negocio del voto legislativo también están en el marasmo de la incertidumbre y en el reconocimiento de su incapacidad. Unos y otros, todos, están a la espera de lo inevitable.
En esta semana que comienza o a más tardar la siguiente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (Trife) habrá de emitir su sentencia sobre la ilegalidad en la integración del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE). Por como van las cosas, el Trife ordenará la reposición del procedimiento seguido en la Cámara de Diputados, aquellas oscuras madrugadas del 8 al 10 de abril pasado.
Como todos sabemos, la constitución oaxaqueña, acorde con la federal, establece que la totalidad de los consejeros electorales del IEE, incluyendo al presidente, deben ser nombrados por las dos terceras partes de los miembros del Congreso. Sin embargo, el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (Cippeo), una ley secundaria, establecía que, en ausencia de acuerdos, los consejeros podían ser electos por mayoría simple en una cuarta ronda de votación. Sin la fracción priista, con lo que era imposible alcanzar la mayoría calificada, los diputados de la coalición gobernante, acicateados por el asesor de la presidencia de la Mesa Directiva, votaron, de manera ilegal, la integración del actual IEEPC.
Lo que el asesor nunca les aclaró o no les recordó, es que el Cippeo, cuyos artículos adujo, ya no existía, porque unos días antes, los mismos diputados, por unanimidad, lo habían reformado para hacerlo compatible con la Constitución. El 22 de marzo, el pleno del Congreso modificó el Cippeo para establecer que tanto los consejeros electorales, como el presidente del IEE, debían ser electos por la mayoría calificada de los diputados. Ese pequeño detalle le va a costar al gobierno del estado, a los diputados coaligados y a los espurios del IEE la derrota en el Trife. En este desastre no se va a salvar nadie. Ni el presidente del consejo, ni los consejeros electos de manera ilegal.
Tan grave es el asunto, que ya la fracción perredista de los diputados están tocando las campanas del duelo y buscan salvar lo que se pueda del naufragio. En una iniciativa, presentada recientemente, los diputados perredistas quieren reformar el tercer párrafo del artículo 144 de la constitución local y los artículos 84 y 85 del Cippeo, para que sea la sociedad civil quien proponga a los consejeros y al presidente del IEEPC. Lo verdaderamente interesante del caso es el momento de la propuesta: unos días antes del fallo del Trife. Huelen el resultado.
En mucho tienen razón los diputados perredistas; los actuales consejeros y su presidente no pueden continuar en el cargo. Al aceptar su integración a este Consejo General se volvieron facciosos y cómplices del vituperio constitucional. Al levantar la mano para tomar protesta, en una madrugada de domingo, demostraron desconocer la ley que juraron respetar y defender. ¿Alguien puede asegurar que, en este IEEPC, sus votos serán para hacer respetar la ley y no para cumplir las encomiendas de los hombres del poder o para satisfacer intereses partidistas?
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 4 de julio de 2011.
