26 de enero de 2009

PLANEACIÓN ESTATAL EQUÍVOCA.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 25 de enero de 2009.

Desde 1981 hasta hoy, los gobiernos estatales han elaborado los planes de desarrollo estatal correspondientes. En todos sus diagnósticos podemos encontrar como constante el reconocimiento de la entidad como uno de los más atrasados, más pobres y con los más bajos índices de desarrollo de la nación. Desde entonces, todos los planes insisten en la necesidad de impulsar el crecimiento económico para producir e incrementar la riqueza, dar empleos a los oaxaqueños y elevar los niveles de bienestar de la población.

Para ello, los documentos insisten reiteradamente en la necesidad de crear más empresas, especialmente del sector privado, porque consideran que es el único medio que puede generar la mayor cantidad de empleos que la creciente población estatal requiere. Visto desde esa perspectiva, la meta fundamental de los gobiernos ha sido la búsqueda de la industrialización del estado, especialmente la vinculada al sector manufacturero, considerando a la industria de transformación como la única con posibilidad de dar mayor valor agregado a la materia prima local. Por ejemplo, en el plan presentado por Pedro Vásquez Colmenares, se insistían en capitalizar al agro, para "incrementar la producción y productividad y lograr mejores términos de intercambio en la comercialización", para ello planteaba impulsar la producción de pequeños rancheros productivos, una perspectiva manifiestamente fuera de lugar en un estado donde la mayor parte de las propiedades eran minifundios y estaban manos de las comunidades agrarias y los ejidos.

Por otra parte, en esos planes también ha sido una constante la identificación del concepto de desarrollo con la idea del crecimiento económico. Nadie más claro para establecer su proyecto de desarrollo que el gobernador Diódoro Carrasco Altamirano. Parte con la mayor precisión de que "los esfuerzos de mejoría serán ociosos si antes no se logran crear las condiciones materiales que permitan generar riqueza. Necesitamos crecer económicamente, con estabilidad y de manera sostenida, a un ritmo mayor al índice nacional." Para ello, se proponía usar "adecuada y racionalmente los recursos naturales y humanos, aprovechar las ventajas comparativas, elevar los niveles de producción y productividad y generar más y mejores empleos en todas las regiones del estado."

Para los gobiernos estatales, pues, la industrialización incrementaría la producción de artículos manufacturados, con lo que crecería el Producto Interno Bruto estatal y, obviamente, se incrementaría el producto per cápita de cada uno de los oaxaqueños. Sin embargo, la terca realidad era diferente.

Si bien, a Pedro Vázquez Colmenares, Gobernador de 1981 al 1986, le tocó administrar con el esquema de los tres sectores de la economía mixta -privado, social y paraestatal-, el siguiente período gobernó en medio del desmantelamiento del Estado empresario, para dar paso a las políticas neoliberales que planteaban la necesidad del Estado gendarme, vendiendo paulatinamente todas las industrias paraestatales. A partir del sexenio de Carlos Salinas, el énfasis fundamental de las políticas propuestas por el gobierno federal fue el impulso a la empresa privada, como única posibilidad viable de generar riqueza, para, supuestamente, después distribuir los excedentes entre una población que se empobrecía cada vez más.

Esta visión del desarrollo empresarial privado se manifiesta fundamentalmente en los apartados de la planificación del desarrollo de los planes estatales, porque, en el apartado del diagnóstico, todos los documentos son muy precisos en demostrar que sólo el 13% del territorio estatal se encuentra en manos de propietarios privados. La mayor parte de las tierras del estado, el 87% del total, se encuentran en manos de las comunidades y los ejidos. Además, especialmente en los tres últimos gobiernos, se establece con claridad que 418 municipios, de los 570 del total, eligen a sus autoridades con el sistema de usos y costumbres; es decir, quienes administran los municipios son electos mediante votaciones directas, a mano alzada, en una asamblea de ciudadanos, de acuerdo a un sistema de cargos que tiene rasgos precolombinos y muchas características conformadas durante la época colonial. En lo general, se puede observar una relación casi directa entre aquellos municipios que eligen a sus autoridades por el sistema de usos y costumbres y la propiedad colectiva de la tierra, a través de los bienes comunales. Estos municipios se gobiernan mediante administraciones vistas como instituciones de servicio gratuito a la comunidad y como parte de las responsabilidades que conlleva el ser miembro de la comuna y tener tierras en propiedad comunal.

En esos diagnósticos, también se puede observar la casi nula existencia de una industria mediana en el territorio estatal, pero especialmente la grande –donde laboran más de 200 personas. Por ejemplo, en el plan de Pedro Vázquez Colmenares, se reconocen 14 grandes empresas, pero 10 de ellas eran empresas paraestatales y sólo 4 eran privadas. 25 años después, Ulises Ruiz Ortiz registra sólo 5 grandes empresas, la más grande es la refinería de PEMEX en Salina Cruz, de propiedad estatal; además, muestra que, de 1981 a la fecha, sólo se habían creado 2 empresas grandes más. La mayor parte de las unidades económicas eran y son microempresas, y de ellas, casi la mitad tortillerías y panaderías.

¿De dónde, pues, sacaban los burócratas de la planeación del desarrollo oaxaqueño, la peregrina idea de que la empresa privada era y es la única solución para alcanzar el crecimiento económico estatal?

23 de enero de 2009

CULTURA DEMOCRÁTICA.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 23 de enero de 2009.

La toma de posesión de Barack Obama en Estados Unidos nos dio una muestra de civilidad política, difícil de encontrar en México. Fue impresionante ver el trato amable y diplomático a un presidente debilitado y nefasto, como George Bush; sin embargo, las deferencias fueron a la institución presidencial que él representaba en ese momento y el reconocimiento a la democracia, como cultura de transición pacífica del poder político en el país con el mayor poderío militar del mundo actual.

No estoy de acuerdo con quienes identifican la tersura de las formas políticas norteamericanas con su transparencia electoral. En mucho, la democracia estadounidense no es perfecta. Por ejemplo, los ciudadanos no son iguales al momento de depositar su voto, porque su fuerza se modifica dependiendo de la cantidad de sufragantes del estado y de donde sale el número de electores aportados al Colegio Electoral. Así, la de Estados Unidos es una democracia indirecta, donde los fraudes electorales también se observan. Fue el caso de Bush, cuando, en su primera elección, dejó serias dudas de la transparencia electoral y ganó chapuceramente en Florida, estado donde gobernaba su hermano. Pero lo importante es que los candidatos perdedores asumen la parte de su responsabilidad, por haber sido incapaces de enfrentar con éxito las chapucerías del contrario.

Por eso, fue importante la presencia del candidato perdedor, el senador McKein, en la ceremonia de asunción del Presidente Electo; pero, sobre todo, porque acudió como un miembro más de la clase política norteamericana para dar mayor legitimidad al nuevo presidente. Esa misma actitud asumió cuando reconoció su derrota y ponderó las virtudes de su rival. Ésa, es la fuerza real de la democracia norteamericana y está basada en la cultura de la competencia electoral democrática.

También la demostró la precandidata demócrata Hillary Clinton. Esa mujer tenaz y casi segura de su triunfo, porque contaba con la estructura de su partido. Ella no se dio por vencida, sino hasta el último momento. Cuando ya no había ninguna posibilidad de triunfo, entonces se detuvo para levantarle la mano al triunfador del proceso. Es decir, entre los políticos de nuestro vecino país se persigue el triunfo hasta el final, cuando se negocian las fuerzas, pero con base en los intereses de su colectividad política para enfrentar, juntos, al adversario. Ése es el sustento de la fuerza política del bipartidismo norteamericano.

La base de las formas políticas norteamericanas está en la cultura de convivencia en que se desenvuelven. Ésa que les hace respetar y proteger a los peatones en sus calles, de reconocer las derrotas electorales y respetar la ley, aún en sus más mínimas expresiones.

La cultura de la legalidad, incluida la democrática, es la que nos hace falta a los mexicanos, pero también a los oaxaqueños.

En mucho, es responsabilidad de los gobiernos que nos han mandado. Si bien la cultura de los norteamericanos está basada en sus preceptos religiosos, la nuestra debió tener como base la educación pública gubernamental. Pero si eliminaron la ética del currículo académico y la educación cívica es un remedo en la educación básica, difícilmente podemos esperar una cultura de respeto y civilidad en nuestras relaciones sociales y políticas. Ojalá, algún día, los ciudadanos retomemos en nuestras manos la parte de responsabilidad que nos corresponde y comencemos a revertir la descomposición social que hoy nos rige.

18 de enero de 2009

LA PLANEACIÓN OAXAQUEÑA.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 18 de enero de 2009.

Los antecedente de la planeación en el gobierno estatal se remontan al año de 1966, cuando se convino con la Organización de las Naciones Unidas el establecimiento del Plan Oaxaca, en tres etapas básicas: primero, la evaluación de los recursos naturales y potencialidades económicas del estado; segundo, el ordenamiento de las metas y objetivos del desarrollo; y, tercero, la elaboración de los proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales y humanos y los planes de inversión. En la práctica, solo se cumplió la primera parte, en los primeros dos años.

Producto de ese primer intento, se estableció el Programa de Desarrollo Económico y Social para el Estado de Oaxaca, 1968-1974, donde se plantearon acciones de desarrollo socioeconómico para mejorar los niveles de vida de la población, integrándola a la economía del país. Se buscaba propiciar el incremento de la producción del sector agropecuario, aprovechando la infraestructura productiva y de apoyo existente, y, por vez primera, se determinaron polos de desarrollo en poblaciones, dependiendo de sus características y su ubicación regional. La instrumentación de las acciones se formularon en un Programa de Acción a Corto Plazo (1969-1970), y otro de Mediano Plazo (1969-1974), proponiendo acciones en regiones de mayor potencial económico.

En ese entorno se estableció el Comité Promotor de Desarrollo Socioeconómico del Estado de Oaxaca (Coprodeo), a partir del decreto presidencial de 17 de marzo de 1972, buscando la coordinación de las dependencias federales y estatales para promover la participación de las entidades gubernamentales y la población, para el fomento al desarrollo y el aprovechamiento racional de los recursos humanos y naturales de la entidad. Su estructura orgánica la constituían los representantes de las dependencias federales en el estado y estaba presidido por el representante del secretario de la Presidencia.
Una de sus primeras acciones fue el establecimiento del Programa de Inversiones Publicas para el Desarrollo Rural, PIDER, entre 1973 a 1983, orientado a canalizar recursos para promover el desarrollo autosostenido de las comunidades rurales marginadas. Para 1983, el PIDER pasa a formar parte de los Programas Estatales de Inversión (PEI) y después a los Programas de Desarrollo Regional.

En 1976 se instituyó el Plan para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, donde se establecieron las directrices generales para el desarrollo de la región, se enumeraron los proyectos productivos y de infraestructura económica y social. Las acciones más importantes para alcanzar las metas de mediano plazo eran: un Programa de Desarrollo Industrial en el área rural, la programación de obras de infraestructura económica, las políticas de fomento a la industria, agroindustrias, industrias ligeras, de regionalización, de orientación del gasto público y de promoción, coordinación, y colaboración social y privada.

Con motivo de la promulgación del Plan Global de Desarrollo nacional, en Oaxaca se estableció el Plan Integral de Desarrollo 1977-1982, cuyo objetivo central fue ordenar el uso de los recursos naturales y humanos ubicados en el sector primario, activar el desarrollo tradicional, transformando su base económica para impulsarlos a un sector agropecuario diversificado, moderno y vinculado con el sector industrial. La instrumentación del Plan se apoyó en el gasto público y en las inversiones federales, bajo la estructura institucional tanto federal como estatal y parcialmente en instituciones educativas y organizaciones privadas.

Casi dos años después, el gobierno estatal presentó el Plan Estatal de Desarrollo 1979, basado en un esquema de encuestas, donde vertió la información relativa a los recursos naturales y socioeconómicos de las regiones, para la elaboración de los diagnósticos regionales.

Posteriormente, el decreto federal de 5 de febrero de 1981 estableció que los gobiernos estatales debían crear los Comités Estatales de Planeación para el Desarrollo (Coplade), como organismo público descentralizado de carácter estatal, encargado de formular, actualizar, instrumentar, ejecutar y evaluar un Plan Estatal de Desarrollo, donde se compatibilizaran los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal.

En el entorno de las modificaciones nacionales del proceso de planificación, el gobierno estatal emitió su propia Ley de Planeación, donde retomaba los planteamientos de la federal y hacía suyas las indicaciones y las perspectivas abiertas por la ley nacional de planeación. Se legisló sobre las normas de la planificación estatal y la presentación de los planes estatales de desarrollo, buscando el uso racional de los recursos estatales para resolver la problemática y alcanzar la meta del desarrollo estatal.

Poco más de treinta años después de iniciado el proceso formal de planeación en el estado, las cuentas no son nada halagüeñas. Para comenzar, el proceso de descentralización de los recursos federales fue echado por la borda por el desconocimiento de los últimos titulares del Coplade de la importancia de la dependencia; además, los índices de pobreza, marginación y desarrollo humano siguen siendo los más bajos en todo el país; por último, el gobierno estatal delega la responsabilidad de la planeación en manos inexpertas, sin terminar de entender que el cargo no es político, sino técnico. El resultado final es más pobreza y más desesperación social de los oaxaqueños.

16 de enero de 2009

JINETES AGROPECUARIOS.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 16 de enero de 2009.

Bajo la presión del Consejo Agrario Permanente, los diputados federales aprobaron la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, estableciendo dos programas fundamentales para el campo oaxaqueño. En el sexenio de Calderón, estos Programas cambiaron de nombre denominándose, uno, Programa para la Adquisición de Activos Productivos con el que se apoya a los hombres del campo para adquirir tecnología y, el otro, Programa Soporte.

En este cambio, la actividad del segundo programa se tergiversó, porque la Delegación de la SAGARPA nunca pudo conciliar sus afanes políticos y de negocios particulares, con los ordenamientos legales de acompañar a los campesinos en el proceso de transformación de sus actividades tradicionales. El otro problema es la burocratización generada. La red de corrupción e ineficiencia de los programas rurales ha conducido a su inoperancia y fracaso, como es el caso de la operación del Programa Soporte en el estado de Oaxaca.

Para empezar, la convocatoria fue emitida a destiempo, por el conflicto burocrático entre la SEDER y la SAGARPA. Aunque las Reglas de Operación indicaban el mes de junio para el arranque, la convocatoria fue expedida un mes y medio después. El proceso de selección del personal fue marcado por la miopía de la Delegación de la SAGARPA, al establecer que los contratados fueran profesionales dedicados a las actividades agropecuarias, cuando en la convocatoria se establecía que su función sería la planificación municipal. Fue el comienzo del fracaso del Programa, porque se contrastó a personal técnico calificado para otras actividades y no para el que la convocatoria solicitaba.

En todo el estado se contrató a aproximadamente 540 técnicos, distribuidos en cada uno de los municipios. En el contrato se establece que cada uno cobraría la cantidad de 8 mil pesos durante cinco meses, obligando a las autoridades municipales a cubrir dos meses más, cuando la dependencia federal debía hacerse cargo de ello. Cada uno de los técnicos tenía como compromiso la entrega de un plan municipal, pero cuya metodología nunca les fue explicada, porque la SAGARPA estableció que otra dependencia federal, el INCA-Rural debía cobrar para impartir el curso, que, cuando se dio, refería a otros temas y el contrato de los técnicos estaba por concluir.

Lo grave del caso es que, desde junio de 2008, cuando comenzó oficialmente el Programa Soporte, los técnicos no han cobrado un solo centavo, hasta el día de hoy, 16 de enero de 2009. Si hacemos cuentas, estamos hablando de aproximadamente 21 millones 600 mil pesos que están guardados en un banco, desde el mes de junio, y están “sudando” intereses en perjuicio de los trabajadores del Programa. Como van las cosas, los 540 técnicos cobrarán, si bien les va, aproximadamente en el mes de marzo de 2009. Aunque no les han dado un solo pago, las autoridades operativas del Programa les exigen que entreguen los planes municipales, pero ninguno de los burócratas del campo se pone a pensar en los gastos administrativos generados para la elaboración del documento y son desembolsados por los profesionales oaxaqueños. Además, su contrató concluyó formalmente el 15 de diciembre de 2008.

Junto con el absoluto desprecio de la ley, los sátrapas administrativos de los programas rurales exigen, mientras el dinero de todos los mexicanos “suda” intereses que irán a parar a la bolsa de quienes se jinetean el dinero destinado al desarrollo del campo oaxaqueño.

14 de enero de 2009

DESARROLLO MALENTENDIDO.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 11 de enero de 2009.

En Oaxaca, como en general en el Sureste del país, la existencia de la miseria y pobreza con desigualdad, es la diferencia con el resto de México, donde hay acumulación de riqueza con desigualdad. Esta situación ha sido provocada por las equivocadas políticas públicas económicas. Durante los últimos 30 años, los diferentes gobiernos estatales han manifestado su deseo, su inquietud y su voluntad para impulsar el desarrollo de la entidad, pero retomaron o tomaron los conceptos del gobierno federal. Por eso, inmediatamente nos llaman la atención, las diferentes concepciones que cada uno ha tenido sobre el concepto “desarrollo”.

Para algunos gobiernos, el desarrollo era el mero crecimiento económico que iba a lograr el tan deseado efecto del desbordamiento de la copa cuando se llena con la riqueza acumulada en manos privadas, provocando que con el incremento de la riqueza personal los empresarios dedicaran los excedentes al mejoramiento, ampliación y creación de nuevas empresas que proporcionaran más y mejores empleos a una mayor cantidad de oaxaqueños, quienes con la capacitación adquirida en las escuelas, lograrían alcanzar mejores y más altos niveles salariales, que sus patronos estarían dispuestos a ofrecer, a partir del incremento de la productividad en sus empresas y de la mejor calidad de los productos producidos en ellas.

Algunos otros se definieron o al menos intentaron vincular el desarrollo social con el crecimiento económico. Para ellos, lo importante era que los más empobrecidos de la sociedad, los indígenas, los obreros, los campesinos y las capas populares pudieran acceder a los beneficios del crecimiento económico. Veían en la participación social la posibilidad de lograr la meta del desarrollo.

Sin embargo, en lo que coincidían todas las administraciones era en la necesidad de alcanzar el anhelado crecimiento económico que permitiera incrementar el Producto Interno Bruto de la entidad, tener una mayor participación en el PIB nacional, identificando, todos, el desarrollo con el incremento de los índices económicos.

El problema, pues, comienza con el hecho de que ningún gobierno estatal ha definido con claridad su concepto de desarrollo. Tampoco se pusieron de acuerdo, ni han terminado de comprender que el crecimiento económico no conduce necesariamente y unívocamente al proceso de desarrollo, en cualquiera de las últimas cuatro vertientes que han tomado carta de naturalización en la discusión teórica y práctica instaurada a nivel mundial.

Mucho menos se han percatado que los propios diagnósticos elaborados en los planes de desarrollo estatales, en los casi últimos treinta años, les indican, con claridad meridiana, la existencia de una sociedad basada en la propiedad comunal de las tierras, donde los bosques, y los recursos mineros, metálicos y no metálicos, se encuentran en su totalidad en las tierras comunales y ejidales; donde 418 municipios, de 570, tienen una organización política-administrativa basada en los usos y costumbres y el sistema de cargos, y una sociedad organizada en redes solidarias y sociales, donde el dinero no siempre es el medio de pago al trabajo efectuado, como en el tequio, la gozana, la guelaguetza, el endaruchaga, la “mano-vuelta” y otras formas de trabajo que no siguen el esquema de la acumulación privada de capital.

Esta miopía para observar lo obvio, ha llevado a los planeadores del desarrollo estatal a considerar las reminiscencias indias de organización social como una traba para el desarrollo, como lo han planteado algunos planes de desarrollo estatal, especialmente el elaborado en el sexenio de Pedro Vásquez Colmenares, donde se afirma sin titubeos: “Aunque el Estado cuenta con una excelente dotación de recursos naturales, en algunos casos, como los turísticos, forestales y mineros, la propiedad comunal y ejidal se han convertido en un obstáculo para su aprovechamiento”, cuando en la realidad nos encontramos con otra visión del desarrollo, que no coincide con el esquema nacional de la apropiación privada del excedente.

Si bien es cierto que el esquema de desarrollo económico nacional, impulsó el crecimiento de la economía mexicana, colocando la industria como eje de acumulación del capital y desarrollando los servicios, elevó el empleo e incrementó los salarios reales y alteró de manera importante la estructura social y espacial del país, aumentando el peso de los trabajadores asalariados de las capas medias y de la población urbana sobre la rural, también fue incapaz de abrir un verdadero sistema productivo nacional, coherente e integrado, porque el país tiene una incapacidad estructural para generar las divisas que reclamaba el desarrollo económico para mantener el impulso del esquema.

Esta es la misma situación de Oaxaca. Todos los diagnósticos de los planes estatales de desarrollo confirman la existencia de un escaso ahorro interno y la falta de capital para financiar la industrialización, fundamentalmente por la inexistencia de la propiedad privada en el entorno rural. Así, los campesinos, a quienes los planes de desarrollo quieren ver como rancheros agrícolas, no logran encontrar financiamiento para impulsar los procesos de infraestructura hidroagrícola y agroindustrial. Además, el proceso de sustitución de importación nacional impulsó un paulatino abandono del sector agropecuario, focalizándolo a la producción de la materia prima de la industrialización, induciendo a la pérdida de la autosuficiencia alimentaria e incrementando la importación de productos agropecuarios.

La visión del constante crecimiento empresarial privado como método y medio para lograr el crecimiento económico nacional, fue el marco teórico e ideológico de todos los planteamientos y lineamientos que enmarcaron la ansiada meta del desarrollo de la sociedad oaxaqueña. Y es la base para el desastre económico social que ha perdurado en la entidad.

9 de enero de 2009

INEPTITUD POLÍTICA.


FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 9 de enero de 2009.

La semana pasada, el sacerdote Romualdo Mayrén, el Padre Ubi, tocó la flauta. Al manifestar: "La posición radicaloide del todo o nada llevó al fracaso al movimiento social gestado en Oaxaca en 2006, ya que en octubre de ese año los representantes de la Secretaría de Gobernación aceptaron resolver todas las peticiones de manera favorable" (La Jornada, 2/01/1009), dejaba en claro la incapacidad de los dirigentes de la Trifulca Política para adaptarse a las circunstancias y salir ganando.

Como lo he manifestado, el gobierno estatal tuvo la gran fortuna de enfrentar a una caterva de sindicalistas ineptos, académicos busca chambas, ambiciosos dedicados a la política y desempleados metidos a organizar grupos y comunidades sociales, pero sin ninguna capacidad política u organizativa para inducir un movimiento a escala estatal. Flavio Sosa no era el dirigente de la APPO, solo fue el títere que sirvió a otros propósitos por ser un hombre sin ideología, compromisos o capacidad política. Junto con él, quisieron destacar un grupo de académicos que cobran un tiempo completo en la UABJO, pero además ordeñan otro tiempo completo en la UPN o el IEEPO, y tienen otro sueldo en el municipio y otras oficinas estatales. Enmarañados en la necesidad de checar tarjetas, corrían de un lugar a otro y no tuvieron el tiempo suficiente para analizar el suceso político que se desarrollaba en algunas calles del centro de la ciudad de Oaxaca. Por eso se lanzaron al todo o nada, quedándose obviamente con el vacío político y administrativo.

Lo que quizá no sepa el sacerdote Mayrén, o no lo quiera decir, es que, presionado por la Secretaría de Gobernación, valga decir por el gobierno de Vicente Fox, el Gobernador de Oaxaca estuvo dispuesto a ceder a los grupos disidentes todas las secretarías y las instancias paraestatales del gobierno estatal. El Gobernador sólo quería quedarse con tres áreas de gobierno: la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Obras Públicas, las demás estuvieron puestas en la mesa de la negociación.

Los opositores de Ulises Ruiz no pudieron comprender que, con ese movimiento, no consolidaban la presencia del Gobernador, sino creaban la estructura que les permitiría, en algún momento no muy lejano, obtener el desafuero constitucional o la posibilidad de ganar las próximas elecciones para gobernador del Estado. Sin embargo, el acuerdo implicaba trabajo cotidiano y responsabilidad, a diferencia de su militancia política, donde pueden despertar tarde, ir y venir por todos lados, llegar de repente a sus sedes, presionar al gobierno para obtener recursos y gastarlos como quieran, sin ninguna responsabilidad ni supervisión de nadie.

Tiene razón Mayrén. Los dirigentes del movimiento político de esos años jugaron al todo o nada, pero además hicieron perder a la sociedad civil oaxaqueña la oportunidad de conformar una organización que realmente defendiera sus intereses.

Por eso, Flavio Sosa hoy vuelve a ser el mismo gordo, barbón y desaliñado, que busca al partido que lo postule o desde donde pueda sangrar las finanzas estatales y los académicos de las mil chambas siguen rumiando el fracaso y soñando con la entelequia de “la APPO vive, la lucha sigue”, para buscar arañar nuevamente la gran oportunidad que dejaron escapar en la mesa de negociación de la Secretaría de Gobernación, en octubre de 2006. No comprendieron que la política es el arte de lo posible y no un juego de voluntariosos. No es apta para ineptos.

3 de enero de 2009

VIALIDAD CITADINA.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 2 de enero de 2009.

Por lo visto, ningún gobierno municipal va a poder resolver el problema de los congestionamientos viales. Primero, porque eligen como directores de tránsito a personas sin capacidad técnica y sin voluntad para actuar; segundo, porque los responsables políticos, tanto del municipio como del estado, tampoco tienen idea alguna para resolver el problema de la vialidad, ni tienen voluntad política para hacerlo y están coludidos con el pulpo camionero.

He mencionado en reiteradas ocasiones y ahora lo ratifica mi amigo Juan Diego, así como los reporteros de Tiempo, que uno de los principales problemas es la desincronización de los semáforos. Los únicos aparatos más o menos sincronizados están en la calle de Juárez, de ahí hacia delante los demás los instalaron como Dios les dio a entender y pensando que su función es sólo detener el tráfico, sin comprender que deberían servir para agilizar la circulación vehicular. Este problema es producto de la incapacidad técnica de los directores y el personal administrativo de tránsito municipal, porque no cuentan con personal capacitado y las autoridades quizá no sepan de la existencia de una carrera técnica llamada ingeniería vial que se estudia en algunos tecnológicos y universidades.

Ahí se aprende, entre otras cosas, que la sincronización de los semáforos se hace mediante modelos matemáticos y no como en Oaxaca, mediante la práctica del acierto y el error. Esa nefasta idea del “ahi se va” produce el absurdo de ver que, cuando un semáforo se pone en verde, en la siguiente esquina automáticamente el otro se pone en rojo. Los aparatos están puestos para entorpecer el tráfico y no para permitir una circulación fluida, a la vez que permitieran el control del tráfico en las calles adyacentes.

El otro problema es la falta de voluntad de los directores de tránsito para poner orden en la circulación de los camiones urbanos. Es verdaderamente lamentable observar las largas filas de los destartalados camiones en las calles de la ciudad. He llegado a contar hasta 12 camiones, uno tras otro. Pero lo grave del asunto es que, como se pelean el pasaje, se rebasan en las bocacalles, haciendo verdaderos tapones y van compitiendo en las pequeñas calles de nuestra ciudad, para ganarle el pasaje al otro. En sus locas carreras han provocado una gran cantidad de muertos, pero, sobre todo, bloquean la vialidad vehicular.

En realidad, el problema del transporte urbano es fácil de solucionar, pero implica voluntad y que los directores de tránsito no tengan compromisos y no reciban dádivas de los dueños del pulpo camionero. Implica también, obviamente, una verdadera y bien meditada modificación de la ley municipal de tránsito, no una light y echa al vapor, como la anterior.

Visto así, el principal responsable de los congestionamientos viales en la ciudad es el Director de Tránsito municipal, quien debía comprender que su función no es nada más sentarse ante el escritorio, contabilizar la cantidad diaria de multas impuesta por cada agente y pensar en nuevos topes de multas. Su verdadero trabajo es diseñar un programa que haga fluida la vialidad citadina, lo que, por cierto, no implica solamente la instauración del “hoy no circula”, que en el Distrito Federal no ha dado resultado positivo alguno. Ése es el gran reto y dudo mucho que este gobierno municipal lo pueda resolver.