FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 18 de enero de 2009.
Los antecedente de la planeación en el gobierno estatal se remontan al año de 1966, cuando se convino con la Organización de las Naciones Unidas el establecimiento del Plan Oaxaca, en tres etapas básicas: primero, la evaluación de los recursos naturales y potencialidades económicas del estado; segundo, el ordenamiento de las metas y objetivos del desarrollo; y, tercero, la elaboración de los proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales y humanos y los planes de inversión. En la práctica, solo se cumplió la primera parte, en los primeros dos años.
Producto de ese primer intento, se estableció el Programa de Desarrollo Económico y Social para el Estado de Oaxaca, 1968-1974, donde se plantearon acciones de desarrollo socioeconómico para mejorar los niveles de vida de la población, integrándola a la economía del país. Se buscaba propiciar el incremento de la producción del sector agropecuario, aprovechando la infraestructura productiva y de apoyo existente, y, por vez primera, se determinaron polos de desarrollo en poblaciones, dependiendo de sus características y su ubicación regional. La instrumentación de las acciones se formularon en un Programa de Acción a Corto Plazo (1969-1970), y otro de Mediano Plazo (1969-1974), proponiendo acciones en regiones de mayor potencial económico.
En ese entorno se estableció el Comité Promotor de Desarrollo Socioeconómico del Estado de Oaxaca (Coprodeo), a partir del decreto presidencial de 17 de marzo de 1972, buscando la coordinación de las dependencias federales y estatales para promover la participación de las entidades gubernamentales y la población, para el fomento al desarrollo y el aprovechamiento racional de los recursos humanos y naturales de la entidad. Su estructura orgánica la constituían los representantes de las dependencias federales en el estado y estaba presidido por el representante del secretario de la Presidencia.
Una de sus primeras acciones fue el establecimiento del Programa de Inversiones Publicas para el Desarrollo Rural, PIDER, entre 1973 a 1983, orientado a canalizar recursos para promover el desarrollo autosostenido de las comunidades rurales marginadas. Para 1983, el PIDER pasa a formar parte de los Programas Estatales de Inversión (PEI) y después a los Programas de Desarrollo Regional.
En 1976 se instituyó el Plan para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, donde se establecieron las directrices generales para el desarrollo de la región, se enumeraron los proyectos productivos y de infraestructura económica y social. Las acciones más importantes para alcanzar las metas de mediano plazo eran: un Programa de Desarrollo Industrial en el área rural, la programación de obras de infraestructura económica, las políticas de fomento a la industria, agroindustrias, industrias ligeras, de regionalización, de orientación del gasto público y de promoción, coordinación, y colaboración social y privada.
Con motivo de la promulgación del Plan Global de Desarrollo nacional, en Oaxaca se estableció el Plan Integral de Desarrollo 1977-1982, cuyo objetivo central fue ordenar el uso de los recursos naturales y humanos ubicados en el sector primario, activar el desarrollo tradicional, transformando su base económica para impulsarlos a un sector agropecuario diversificado, moderno y vinculado con el sector industrial. La instrumentación del Plan se apoyó en el gasto público y en las inversiones federales, bajo la estructura institucional tanto federal como estatal y parcialmente en instituciones educativas y organizaciones privadas.
Casi dos años después, el gobierno estatal presentó el Plan Estatal de Desarrollo 1979, basado en un esquema de encuestas, donde vertió la información relativa a los recursos naturales y socioeconómicos de las regiones, para la elaboración de los diagnósticos regionales.
Posteriormente, el decreto federal de 5 de febrero de 1981 estableció que los gobiernos estatales debían crear los Comités Estatales de Planeación para el Desarrollo (Coplade), como organismo público descentralizado de carácter estatal, encargado de formular, actualizar, instrumentar, ejecutar y evaluar un Plan Estatal de Desarrollo, donde se compatibilizaran los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal.
En el entorno de las modificaciones nacionales del proceso de planificación, el gobierno estatal emitió su propia Ley de Planeación, donde retomaba los planteamientos de la federal y hacía suyas las indicaciones y las perspectivas abiertas por la ley nacional de planeación. Se legisló sobre las normas de la planificación estatal y la presentación de los planes estatales de desarrollo, buscando el uso racional de los recursos estatales para resolver la problemática y alcanzar la meta del desarrollo estatal.
Poco más de treinta años después de iniciado el proceso formal de planeación en el estado, las cuentas no son nada halagüeñas. Para comenzar, el proceso de descentralización de los recursos federales fue echado por la borda por el desconocimiento de los últimos titulares del Coplade de la importancia de la dependencia; además, los índices de pobreza, marginación y desarrollo humano siguen siendo los más bajos en todo el país; por último, el gobierno estatal delega la responsabilidad de la planeación en manos inexpertas, sin terminar de entender que el cargo no es político, sino técnico. El resultado final es más pobreza y más desesperación social de los oaxaqueños.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 18 de enero de 2009.
Los antecedente de la planeación en el gobierno estatal se remontan al año de 1966, cuando se convino con la Organización de las Naciones Unidas el establecimiento del Plan Oaxaca, en tres etapas básicas: primero, la evaluación de los recursos naturales y potencialidades económicas del estado; segundo, el ordenamiento de las metas y objetivos del desarrollo; y, tercero, la elaboración de los proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales y humanos y los planes de inversión. En la práctica, solo se cumplió la primera parte, en los primeros dos años.
Producto de ese primer intento, se estableció el Programa de Desarrollo Económico y Social para el Estado de Oaxaca, 1968-1974, donde se plantearon acciones de desarrollo socioeconómico para mejorar los niveles de vida de la población, integrándola a la economía del país. Se buscaba propiciar el incremento de la producción del sector agropecuario, aprovechando la infraestructura productiva y de apoyo existente, y, por vez primera, se determinaron polos de desarrollo en poblaciones, dependiendo de sus características y su ubicación regional. La instrumentación de las acciones se formularon en un Programa de Acción a Corto Plazo (1969-1970), y otro de Mediano Plazo (1969-1974), proponiendo acciones en regiones de mayor potencial económico.
En ese entorno se estableció el Comité Promotor de Desarrollo Socioeconómico del Estado de Oaxaca (Coprodeo), a partir del decreto presidencial de 17 de marzo de 1972, buscando la coordinación de las dependencias federales y estatales para promover la participación de las entidades gubernamentales y la población, para el fomento al desarrollo y el aprovechamiento racional de los recursos humanos y naturales de la entidad. Su estructura orgánica la constituían los representantes de las dependencias federales en el estado y estaba presidido por el representante del secretario de la Presidencia.
Una de sus primeras acciones fue el establecimiento del Programa de Inversiones Publicas para el Desarrollo Rural, PIDER, entre 1973 a 1983, orientado a canalizar recursos para promover el desarrollo autosostenido de las comunidades rurales marginadas. Para 1983, el PIDER pasa a formar parte de los Programas Estatales de Inversión (PEI) y después a los Programas de Desarrollo Regional.
En 1976 se instituyó el Plan para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec, donde se establecieron las directrices generales para el desarrollo de la región, se enumeraron los proyectos productivos y de infraestructura económica y social. Las acciones más importantes para alcanzar las metas de mediano plazo eran: un Programa de Desarrollo Industrial en el área rural, la programación de obras de infraestructura económica, las políticas de fomento a la industria, agroindustrias, industrias ligeras, de regionalización, de orientación del gasto público y de promoción, coordinación, y colaboración social y privada.
Con motivo de la promulgación del Plan Global de Desarrollo nacional, en Oaxaca se estableció el Plan Integral de Desarrollo 1977-1982, cuyo objetivo central fue ordenar el uso de los recursos naturales y humanos ubicados en el sector primario, activar el desarrollo tradicional, transformando su base económica para impulsarlos a un sector agropecuario diversificado, moderno y vinculado con el sector industrial. La instrumentación del Plan se apoyó en el gasto público y en las inversiones federales, bajo la estructura institucional tanto federal como estatal y parcialmente en instituciones educativas y organizaciones privadas.
Casi dos años después, el gobierno estatal presentó el Plan Estatal de Desarrollo 1979, basado en un esquema de encuestas, donde vertió la información relativa a los recursos naturales y socioeconómicos de las regiones, para la elaboración de los diagnósticos regionales.
Posteriormente, el decreto federal de 5 de febrero de 1981 estableció que los gobiernos estatales debían crear los Comités Estatales de Planeación para el Desarrollo (Coplade), como organismo público descentralizado de carácter estatal, encargado de formular, actualizar, instrumentar, ejecutar y evaluar un Plan Estatal de Desarrollo, donde se compatibilizaran los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal y municipal.
En el entorno de las modificaciones nacionales del proceso de planificación, el gobierno estatal emitió su propia Ley de Planeación, donde retomaba los planteamientos de la federal y hacía suyas las indicaciones y las perspectivas abiertas por la ley nacional de planeación. Se legisló sobre las normas de la planificación estatal y la presentación de los planes estatales de desarrollo, buscando el uso racional de los recursos estatales para resolver la problemática y alcanzar la meta del desarrollo estatal.
Poco más de treinta años después de iniciado el proceso formal de planeación en el estado, las cuentas no son nada halagüeñas. Para comenzar, el proceso de descentralización de los recursos federales fue echado por la borda por el desconocimiento de los últimos titulares del Coplade de la importancia de la dependencia; además, los índices de pobreza, marginación y desarrollo humano siguen siendo los más bajos en todo el país; por último, el gobierno estatal delega la responsabilidad de la planeación en manos inexpertas, sin terminar de entender que el cargo no es político, sino técnico. El resultado final es más pobreza y más desesperación social de los oaxaqueños.
