FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 16 de enero de 2009.
Bajo la presión del Consejo Agrario Permanente, los diputados federales aprobaron la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, estableciendo dos programas fundamentales para el campo oaxaqueño. En el sexenio de Calderón, estos Programas cambiaron de nombre denominándose, uno, Programa para la Adquisición de Activos Productivos con el que se apoya a los hombres del campo para adquirir tecnología y, el otro, Programa Soporte.
En este cambio, la actividad del segundo programa se tergiversó, porque la Delegación de la SAGARPA nunca pudo conciliar sus afanes políticos y de negocios particulares, con los ordenamientos legales de acompañar a los campesinos en el proceso de transformación de sus actividades tradicionales. El otro problema es la burocratización generada. La red de corrupción e ineficiencia de los programas rurales ha conducido a su inoperancia y fracaso, como es el caso de la operación del Programa Soporte en el estado de Oaxaca.
Para empezar, la convocatoria fue emitida a destiempo, por el conflicto burocrático entre la SEDER y la SAGARPA. Aunque las Reglas de Operación indicaban el mes de junio para el arranque, la convocatoria fue expedida un mes y medio después. El proceso de selección del personal fue marcado por la miopía de la Delegación de la SAGARPA, al establecer que los contratados fueran profesionales dedicados a las actividades agropecuarias, cuando en la convocatoria se establecía que su función sería la planificación municipal. Fue el comienzo del fracaso del Programa, porque se contrastó a personal técnico calificado para otras actividades y no para el que la convocatoria solicitaba.
En todo el estado se contrató a aproximadamente 540 técnicos, distribuidos en cada uno de los municipios. En el contrato se establece que cada uno cobraría la cantidad de 8 mil pesos durante cinco meses, obligando a las autoridades municipales a cubrir dos meses más, cuando la dependencia federal debía hacerse cargo de ello. Cada uno de los técnicos tenía como compromiso la entrega de un plan municipal, pero cuya metodología nunca les fue explicada, porque la SAGARPA estableció que otra dependencia federal, el INCA-Rural debía cobrar para impartir el curso, que, cuando se dio, refería a otros temas y el contrato de los técnicos estaba por concluir.
Lo grave del caso es que, desde junio de 2008, cuando comenzó oficialmente el Programa Soporte, los técnicos no han cobrado un solo centavo, hasta el día de hoy, 16 de enero de 2009. Si hacemos cuentas, estamos hablando de aproximadamente 21 millones 600 mil pesos que están guardados en un banco, desde el mes de junio, y están “sudando” intereses en perjuicio de los trabajadores del Programa. Como van las cosas, los 540 técnicos cobrarán, si bien les va, aproximadamente en el mes de marzo de 2009. Aunque no les han dado un solo pago, las autoridades operativas del Programa les exigen que entreguen los planes municipales, pero ninguno de los burócratas del campo se pone a pensar en los gastos administrativos generados para la elaboración del documento y son desembolsados por los profesionales oaxaqueños. Además, su contrató concluyó formalmente el 15 de diciembre de 2008.
Junto con el absoluto desprecio de la ley, los sátrapas administrativos de los programas rurales exigen, mientras el dinero de todos los mexicanos “suda” intereses que irán a parar a la bolsa de quienes se jinetean el dinero destinado al desarrollo del campo oaxaqueño.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 16 de enero de 2009.
Bajo la presión del Consejo Agrario Permanente, los diputados federales aprobaron la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, estableciendo dos programas fundamentales para el campo oaxaqueño. En el sexenio de Calderón, estos Programas cambiaron de nombre denominándose, uno, Programa para la Adquisición de Activos Productivos con el que se apoya a los hombres del campo para adquirir tecnología y, el otro, Programa Soporte.
En este cambio, la actividad del segundo programa se tergiversó, porque la Delegación de la SAGARPA nunca pudo conciliar sus afanes políticos y de negocios particulares, con los ordenamientos legales de acompañar a los campesinos en el proceso de transformación de sus actividades tradicionales. El otro problema es la burocratización generada. La red de corrupción e ineficiencia de los programas rurales ha conducido a su inoperancia y fracaso, como es el caso de la operación del Programa Soporte en el estado de Oaxaca.
Para empezar, la convocatoria fue emitida a destiempo, por el conflicto burocrático entre la SEDER y la SAGARPA. Aunque las Reglas de Operación indicaban el mes de junio para el arranque, la convocatoria fue expedida un mes y medio después. El proceso de selección del personal fue marcado por la miopía de la Delegación de la SAGARPA, al establecer que los contratados fueran profesionales dedicados a las actividades agropecuarias, cuando en la convocatoria se establecía que su función sería la planificación municipal. Fue el comienzo del fracaso del Programa, porque se contrastó a personal técnico calificado para otras actividades y no para el que la convocatoria solicitaba.
En todo el estado se contrató a aproximadamente 540 técnicos, distribuidos en cada uno de los municipios. En el contrato se establece que cada uno cobraría la cantidad de 8 mil pesos durante cinco meses, obligando a las autoridades municipales a cubrir dos meses más, cuando la dependencia federal debía hacerse cargo de ello. Cada uno de los técnicos tenía como compromiso la entrega de un plan municipal, pero cuya metodología nunca les fue explicada, porque la SAGARPA estableció que otra dependencia federal, el INCA-Rural debía cobrar para impartir el curso, que, cuando se dio, refería a otros temas y el contrato de los técnicos estaba por concluir.
Lo grave del caso es que, desde junio de 2008, cuando comenzó oficialmente el Programa Soporte, los técnicos no han cobrado un solo centavo, hasta el día de hoy, 16 de enero de 2009. Si hacemos cuentas, estamos hablando de aproximadamente 21 millones 600 mil pesos que están guardados en un banco, desde el mes de junio, y están “sudando” intereses en perjuicio de los trabajadores del Programa. Como van las cosas, los 540 técnicos cobrarán, si bien les va, aproximadamente en el mes de marzo de 2009. Aunque no les han dado un solo pago, las autoridades operativas del Programa les exigen que entreguen los planes municipales, pero ninguno de los burócratas del campo se pone a pensar en los gastos administrativos generados para la elaboración del documento y son desembolsados por los profesionales oaxaqueños. Además, su contrató concluyó formalmente el 15 de diciembre de 2008.
Junto con el absoluto desprecio de la ley, los sátrapas administrativos de los programas rurales exigen, mientras el dinero de todos los mexicanos “suda” intereses que irán a parar a la bolsa de quienes se jinetean el dinero destinado al desarrollo del campo oaxaqueño.
