FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 11 de enero de 2009.
En Oaxaca, como en general en el Sureste del país, la existencia de la miseria y pobreza con desigualdad, es la diferencia con el resto de México, donde hay acumulación de riqueza con desigualdad. Esta situación ha sido provocada por las equivocadas políticas públicas económicas. Durante los últimos 30 años, los diferentes gobiernos estatales han manifestado su deseo, su inquietud y su voluntad para impulsar el desarrollo de la entidad, pero retomaron o tomaron los conceptos del gobierno federal. Por eso, inmediatamente nos llaman la atención, las diferentes concepciones que cada uno ha tenido sobre el concepto “desarrollo”.
Para algunos gobiernos, el desarrollo era el mero crecimiento económico que iba a lograr el tan deseado efecto del desbordamiento de la copa cuando se llena con la riqueza acumulada en manos privadas, provocando que con el incremento de la riqueza personal los empresarios dedicaran los excedentes al mejoramiento, ampliación y creación de nuevas empresas que proporcionaran más y mejores empleos a una mayor cantidad de oaxaqueños, quienes con la capacitación adquirida en las escuelas, lograrían alcanzar mejores y más altos niveles salariales, que sus patronos estarían dispuestos a ofrecer, a partir del incremento de la productividad en sus empresas y de la mejor calidad de los productos producidos en ellas.
Algunos otros se definieron o al menos intentaron vincular el desarrollo social con el crecimiento económico. Para ellos, lo importante era que los más empobrecidos de la sociedad, los indígenas, los obreros, los campesinos y las capas populares pudieran acceder a los beneficios del crecimiento económico. Veían en la participación social la posibilidad de lograr la meta del desarrollo.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 11 de enero de 2009.
En Oaxaca, como en general en el Sureste del país, la existencia de la miseria y pobreza con desigualdad, es la diferencia con el resto de México, donde hay acumulación de riqueza con desigualdad. Esta situación ha sido provocada por las equivocadas políticas públicas económicas. Durante los últimos 30 años, los diferentes gobiernos estatales han manifestado su deseo, su inquietud y su voluntad para impulsar el desarrollo de la entidad, pero retomaron o tomaron los conceptos del gobierno federal. Por eso, inmediatamente nos llaman la atención, las diferentes concepciones que cada uno ha tenido sobre el concepto “desarrollo”.
Para algunos gobiernos, el desarrollo era el mero crecimiento económico que iba a lograr el tan deseado efecto del desbordamiento de la copa cuando se llena con la riqueza acumulada en manos privadas, provocando que con el incremento de la riqueza personal los empresarios dedicaran los excedentes al mejoramiento, ampliación y creación de nuevas empresas que proporcionaran más y mejores empleos a una mayor cantidad de oaxaqueños, quienes con la capacitación adquirida en las escuelas, lograrían alcanzar mejores y más altos niveles salariales, que sus patronos estarían dispuestos a ofrecer, a partir del incremento de la productividad en sus empresas y de la mejor calidad de los productos producidos en ellas.
Algunos otros se definieron o al menos intentaron vincular el desarrollo social con el crecimiento económico. Para ellos, lo importante era que los más empobrecidos de la sociedad, los indígenas, los obreros, los campesinos y las capas populares pudieran acceder a los beneficios del crecimiento económico. Veían en la participación social la posibilidad de lograr la meta del desarrollo.
Sin embargo, en lo que coincidían todas las administraciones era en la necesidad de alcanzar el anhelado crecimiento económico que permitiera incrementar el Producto Interno Bruto de la entidad, tener una mayor participación en el PIB nacional, identificando, todos, el desarrollo con el incremento de los índices económicos.
El problema, pues, comienza con el hecho de que ningún gobierno estatal ha definido con claridad su concepto de desarrollo. Tampoco se pusieron de acuerdo, ni han terminado de comprender que el crecimiento económico no conduce necesariamente y unívocamente al proceso de desarrollo, en cualquiera de las últimas cuatro vertientes que han tomado carta de naturalización en la discusión teórica y práctica instaurada a nivel mundial.
Mucho menos se han percatado que los propios diagnósticos elaborados en los planes de desarrollo estatales, en los casi últimos treinta años, les indican, con claridad meridiana, la existencia de una sociedad basada en la propiedad comunal de las tierras, donde los bosques, y los recursos mineros, metálicos y no metálicos, se encuentran en su totalidad en las tierras comunales y ejidales; donde 418 municipios, de 570, tienen una organización política-administrativa basada en los usos y costumbres y el sistema de cargos, y una sociedad organizada en redes solidarias y sociales, donde el dinero no siempre es el medio de pago al trabajo efectuado, como en el tequio, la gozana, la guelaguetza, el endaruchaga, la “mano-vuelta” y otras formas de trabajo que no siguen el esquema de la acumulación privada de capital.
Esta miopía para observar lo obvio, ha llevado a los planeadores del desarrollo estatal a considerar las reminiscencias indias de organización social como una traba para el desarrollo, como lo han planteado algunos planes de desarrollo estatal, especialmente el elaborado en el sexenio de Pedro Vásquez Colmenares, donde se afirma sin titubeos: “Aunque el Estado cuenta con una excelente dotación de recursos naturales, en algunos casos, como los turísticos, forestales y mineros, la propiedad comunal y ejidal se han convertido en un obstáculo para su aprovechamiento”, cuando en la realidad nos encontramos con otra visión del desarrollo, que no coincide con el esquema nacional de la apropiación privada del excedente.
Si bien es cierto que el esquema de desarrollo económico nacional, impulsó el crecimiento de la economía mexicana, colocando la industria como eje de acumulación del capital y desarrollando los servicios, elevó el empleo e incrementó los salarios reales y alteró de manera importante la estructura social y espacial del país, aumentando el peso de los trabajadores asalariados de las capas medias y de la población urbana sobre la rural, también fue incapaz de abrir un verdadero sistema productivo nacional, coherente e integrado, porque el país tiene una incapacidad estructural para generar las divisas que reclamaba el desarrollo económico para mantener el impulso del esquema.
Esta es la misma situación de Oaxaca. Todos los diagnósticos de los planes estatales de desarrollo confirman la existencia de un escaso ahorro interno y la falta de capital para financiar la industrialización, fundamentalmente por la inexistencia de la propiedad privada en el entorno rural. Así, los campesinos, a quienes los planes de desarrollo quieren ver como rancheros agrícolas, no logran encontrar financiamiento para impulsar los procesos de infraestructura hidroagrícola y agroindustrial. Además, el proceso de sustitución de importación nacional impulsó un paulatino abandono del sector agropecuario, focalizándolo a la producción de la materia prima de la industrialización, induciendo a la pérdida de la autosuficiencia alimentaria e incrementando la importación de productos agropecuarios.
La visión del constante crecimiento empresarial privado como método y medio para lograr el crecimiento económico nacional, fue el marco teórico e ideológico de todos los planteamientos y lineamientos que enmarcaron la ansiada meta del desarrollo de la sociedad oaxaqueña. Y es la base para el desastre económico social que ha perdurado en la entidad.
