FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 20 de febrero de 2009.
Como los coheteros de los pueblos, la reciente recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del 13 de febrero pasado, no satisfizo a nadie y sólo dejó un mar de confusiones, como acostumbra hacerlo en todas sus acciones esta infausta institución.
Para comenzar, el documento hace una banal recopilación de notas periodísticas y declaraciones de los amigos y familiares de los desaparecidos, y les da carácter de verdad absoluta. Por eso, justamente, el ministro de la Suprema Corte, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, definió a la CNDH como un “organismo que se dedica a recabar pruebas o evidencias, pero que no sigue los principios jurídicos de contradicción. Toma contacto con los hechos, anota lo que le place y llega a conclusiones no vinculativas” (Milenio, 11/02/2009).
A pesar de la falta de seriedad metodológica, la CNDH concluye dos cuestiones fundamentales. Por un lado, comprueba que en el Hotel del Árbol estuvieron hospedados cuatro agentes ministeriales de Chiapas y no los reclamados como dirigentes del EPR. Por el otro, observa que la policía preventiva municipal efectúa sus rondines habituales, después que las demás fuerzas policíacas y los militares se retiraron del lugar. Así, de una actividad cotidiana de la policía municipal, la CNDH concluye que: la policía municipal “más que acudir a ese lugar en busca de supuestas personas armadas, realizaron un operativo envolvente, a partir del cual se denunció la desaparición…” (CNDH, Recomendación 007, 13/02/2009).
Es decir, de un hecho absolutamente normal, el que elaboró el informe de la Comisión concluye un supuesto que da por verdad y, a partir de ahí, arguye que el gobierno estatal y municipal tienen la responsabilidad de informar del paradero de los desaparecidos o, en su caso, asumir la responsabilidad de compensar a los familiares, por lo que hubiera ocurrido. Ante su incapacidad para demostrar la participación estatal, la CNDH induce a la aceptación tácita estatal, lo que podría desencadenar las actuaciones legales correspondientes y posteriores. Esa es la primera pifia de la Comisión, por lo que su acción no es vinculativa y no tiene ninguna validez jurídica ante ninguna instancia legal. Tanto dinero invertido, para emitir un documento que tiene el valor legal de la tinta gastada en él.
Por otra parte, la CNDH emite sus recomendaciones al gobierno del Estado, al federal y al municipal. Se le olvidó que el ejército también participó en la acción denunciada. Este hecho, obviamente, dio pie para que los interesados en el caso, los familiares y los allegados políticos de los desaparecidos, argumentaran que la Comisión hizo caso omiso de sus propias argumentaciones, para excluir a una institución fundamental en el proceso internacional que están armando.
Así, como siempre lo hace, la CNDH sólo enredó aún más el asunto y da pie para generar suspicacias, además de sentar las bases para que las organizaciones periféricas del EPR puedan litigar a futuro, en las cortes internacionales a que son tan afectas, el caso de los desaparecidos. Pero, además, le permite a su presidente, José Luis Soberanes, estar en el centro de la atención mediática para intentar alcanzar su próxima e inmediata aspiración administrativa. Es una lástima que la Comisión no encuentre su camino en la defensa de la sociedad y se pierda en el limbo entre la justicia y la burocracia política.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 20 de febrero de 2009.
Como los coheteros de los pueblos, la reciente recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del 13 de febrero pasado, no satisfizo a nadie y sólo dejó un mar de confusiones, como acostumbra hacerlo en todas sus acciones esta infausta institución.
Para comenzar, el documento hace una banal recopilación de notas periodísticas y declaraciones de los amigos y familiares de los desaparecidos, y les da carácter de verdad absoluta. Por eso, justamente, el ministro de la Suprema Corte, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, definió a la CNDH como un “organismo que se dedica a recabar pruebas o evidencias, pero que no sigue los principios jurídicos de contradicción. Toma contacto con los hechos, anota lo que le place y llega a conclusiones no vinculativas” (Milenio, 11/02/2009).
A pesar de la falta de seriedad metodológica, la CNDH concluye dos cuestiones fundamentales. Por un lado, comprueba que en el Hotel del Árbol estuvieron hospedados cuatro agentes ministeriales de Chiapas y no los reclamados como dirigentes del EPR. Por el otro, observa que la policía preventiva municipal efectúa sus rondines habituales, después que las demás fuerzas policíacas y los militares se retiraron del lugar. Así, de una actividad cotidiana de la policía municipal, la CNDH concluye que: la policía municipal “más que acudir a ese lugar en busca de supuestas personas armadas, realizaron un operativo envolvente, a partir del cual se denunció la desaparición…” (CNDH, Recomendación 007, 13/02/2009).
Es decir, de un hecho absolutamente normal, el que elaboró el informe de la Comisión concluye un supuesto que da por verdad y, a partir de ahí, arguye que el gobierno estatal y municipal tienen la responsabilidad de informar del paradero de los desaparecidos o, en su caso, asumir la responsabilidad de compensar a los familiares, por lo que hubiera ocurrido. Ante su incapacidad para demostrar la participación estatal, la CNDH induce a la aceptación tácita estatal, lo que podría desencadenar las actuaciones legales correspondientes y posteriores. Esa es la primera pifia de la Comisión, por lo que su acción no es vinculativa y no tiene ninguna validez jurídica ante ninguna instancia legal. Tanto dinero invertido, para emitir un documento que tiene el valor legal de la tinta gastada en él.
Por otra parte, la CNDH emite sus recomendaciones al gobierno del Estado, al federal y al municipal. Se le olvidó que el ejército también participó en la acción denunciada. Este hecho, obviamente, dio pie para que los interesados en el caso, los familiares y los allegados políticos de los desaparecidos, argumentaran que la Comisión hizo caso omiso de sus propias argumentaciones, para excluir a una institución fundamental en el proceso internacional que están armando.
Así, como siempre lo hace, la CNDH sólo enredó aún más el asunto y da pie para generar suspicacias, además de sentar las bases para que las organizaciones periféricas del EPR puedan litigar a futuro, en las cortes internacionales a que son tan afectas, el caso de los desaparecidos. Pero, además, le permite a su presidente, José Luis Soberanes, estar en el centro de la atención mediática para intentar alcanzar su próxima e inmediata aspiración administrativa. Es una lástima que la Comisión no encuentre su camino en la defensa de la sociedad y se pierda en el limbo entre la justicia y la burocracia política.
