FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 11 de abril de 2009.
Uno de los grandes problemas de Oaxaca es la inaplicación de la ley. Basta con que alguien asuma una actitud de cacique pueblerino o integre una asociación civil contraria al gobierno o efectúe acciones mediáticas, para que esté fuera del alcance de las leyes oaxaqueñas. Cierto que las cárceles están llenas de delincuentes, pero es la "pelusa" delincuencial o integrantes de bandas contrarias a quienes controlan los entresijos de las policías ministeriales y preventivas del estado.
Así, no causa ninguna sorpresa que algunos delincuentes estén fuera de la cárcel y los grupos de presión se vanaglorian de su fuerza. Es el aleccionador caso de David Venegas Reyes, alias "El Alebrije”. Es una leyenda urbana que la barricada de la carretera a la salida a México, durante la Trifulca Política del 2006, era utilizada, también, para la venta de estupefacientes; incluso, cuando al final del conflicto se encontraron detonadores de explosivos en esa área, llegó a considerarse que era parte del avituallamiento de algunos involucrados en esa barricada. Por eso, cuando al ser detenido “El Alebrije”, el 13 de abril de 2007, y se le encontró en posesión de clorhidrato de cocaína y diacetilmorfina, no hubo nadie que pusiera en duda su liderazgo en esa famosa barricada.
Sin embargo, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) se convirtió en su defensora, argumentando que era un "distinguido militante político" y, bajo ese argumento, cualquier actividad ilegal a la que “El Alebrije” se dedicaba se justificó por su actividad “combativa, honesta y revolucionaria”. Ante la audiencia de vista efectuada hace unos días, la LIMEDDH, se movilizó mediáticamente para convocar a los organismos nacionales e internacionales y envió oficios al presidente de la República, al presidente de la Corte y al secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervengan en el caso y no se le finquen responsabilidades por la posesión de drogas. Mientras el caso está siendo analizado por la justicia federal, “El Alebrije” ha sido absuelto de todos los cargos del fuero común –de las leyes estatales-, por la presión de la Sección 22 del magisterio, quienes hablan también en nombre de la APPO.
Hace un año, fueron asesinadas dos locutoras de San Juan Copala. Ellas militaban en la UBISORT. Los dirigentes de su organización denunciaron a dos personas, de quienes dieron nombres y datos de ubicación, militantes del MULT. Inmediatamente, esta última organización movilizó a comunidades de apoyo y, en un acto de presión frente a la Procuraduría de Justicia del Estado, el titular de esa institución declaró públicamente que no se detendría a ninguna persona, para no interferir en el proceso de paz de la región triqui.
Por eso, ante el asesinato de Beatriz Leyva en la región de la Costa, esperemos que no aparezca ningún vínculo de alguna organización opositora al régimen. Porque ese será el pasaporte para que el crimen quede impune.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 11 de abril de 2009.
Uno de los grandes problemas de Oaxaca es la inaplicación de la ley. Basta con que alguien asuma una actitud de cacique pueblerino o integre una asociación civil contraria al gobierno o efectúe acciones mediáticas, para que esté fuera del alcance de las leyes oaxaqueñas. Cierto que las cárceles están llenas de delincuentes, pero es la "pelusa" delincuencial o integrantes de bandas contrarias a quienes controlan los entresijos de las policías ministeriales y preventivas del estado.
Así, no causa ninguna sorpresa que algunos delincuentes estén fuera de la cárcel y los grupos de presión se vanaglorian de su fuerza. Es el aleccionador caso de David Venegas Reyes, alias "El Alebrije”. Es una leyenda urbana que la barricada de la carretera a la salida a México, durante la Trifulca Política del 2006, era utilizada, también, para la venta de estupefacientes; incluso, cuando al final del conflicto se encontraron detonadores de explosivos en esa área, llegó a considerarse que era parte del avituallamiento de algunos involucrados en esa barricada. Por eso, cuando al ser detenido “El Alebrije”, el 13 de abril de 2007, y se le encontró en posesión de clorhidrato de cocaína y diacetilmorfina, no hubo nadie que pusiera en duda su liderazgo en esa famosa barricada.
Sin embargo, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) se convirtió en su defensora, argumentando que era un "distinguido militante político" y, bajo ese argumento, cualquier actividad ilegal a la que “El Alebrije” se dedicaba se justificó por su actividad “combativa, honesta y revolucionaria”. Ante la audiencia de vista efectuada hace unos días, la LIMEDDH, se movilizó mediáticamente para convocar a los organismos nacionales e internacionales y envió oficios al presidente de la República, al presidente de la Corte y al secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervengan en el caso y no se le finquen responsabilidades por la posesión de drogas. Mientras el caso está siendo analizado por la justicia federal, “El Alebrije” ha sido absuelto de todos los cargos del fuero común –de las leyes estatales-, por la presión de la Sección 22 del magisterio, quienes hablan también en nombre de la APPO.
Hace un año, fueron asesinadas dos locutoras de San Juan Copala. Ellas militaban en la UBISORT. Los dirigentes de su organización denunciaron a dos personas, de quienes dieron nombres y datos de ubicación, militantes del MULT. Inmediatamente, esta última organización movilizó a comunidades de apoyo y, en un acto de presión frente a la Procuraduría de Justicia del Estado, el titular de esa institución declaró públicamente que no se detendría a ninguna persona, para no interferir en el proceso de paz de la región triqui.
Por eso, ante el asesinato de Beatriz Leyva en la región de la Costa, esperemos que no aparezca ningún vínculo de alguna organización opositora al régimen. Porque ese será el pasaporte para que el crimen quede impune.
Ojalá, algún día, los burócratas del gobierno del Estado comprendan que su función es la aplicación de la ley. En la medida que la legalidad se respete, crearán las bases de la verdadera legitimidad del gobierno y la recuperación de la confianza de la gente en las instituciones gubernamentales. Por lo demás, no creo que ningún alto funcionario del gobierno esté interesado en resolver pequeñas diferencias al altísimo costo del derramamiento de sangre. Sólo los caciques pueblerinos son capaces de tal afrenta. Y ningún gobierno, creo, puede estar al servicio de intereses tan mezquinos.
