FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 24 de abril de 2009.
A principio de este mes, un hecho aparentemente intrascendente ocurrido en el edificio del gobierno municipal debió haber prendido las luces rojas en el área política del gobierno estatal. Un pasquín contra la regidora de Equidad y Género del ayuntamiento desató la inquina y el coraje de una red de organizaciones y opositores al régimen para publicar un desplegado, donde el término “misógino” fue el hilo conductor en defensa de la supuesta única mujer con valor en el gobierno municipal.
Dice mi estimado Juan Diego que el origen real de ese conflicto estuvo en la confrontación del esposo de la regidora, Jorge Luis Círigo Vásquez, dirigente de una de las nuevas tribus perredistas oaxaqueñas, porque la Secretaría General de Gobierno no aceptó el monto recursos económicos que exigía en el inicio del ya próximo proceso electoral federal.
Pero el documento permitió entrever dos hilos de la madeja política perredista local. El primero parte de la firma de dos diputadas federales, un diputado local del Distrito Federal y un senador de la República, todos ellos perredistas y avecindados en el Distrito Federal, pero con la característica de ser miembros de una misma familia: la encabezada por el senador René Arce Islas, esposo de la diputada federal Ruth Zavaleta, hermano del diputado local Víctor Hugo Círigo Vásquez –presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal-, hermano también de Jorge Luis Círigo Vásquez y cuñado de Bárbara García Chávez, regidora de Oaxaca. El desplegado era, pues, un asunto familiar.
El otro de hilo es la existencia de una red de organizaciones y personas puestas a la mano para firmar cualquier documento contra el gobierno estatal. Lo curioso y extraño del caso es que, entre “los y las abajo firmantes” están dos destacadas -por la cantidad de dinero que cobran mensualmente en viáticos, prestaciones y sueldos- funcionarias del gobierno oaxaqueño. En primer lugar aparece el nombre de la señora Norma Reyes Terán, directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, a quien, curiosamente, “los abajo firmantes” le pusieron el título de licenciada, que hasta donde sabemos nunca ha tenido y obviaron el de “doctora honoris causa”, que asegura haber obtenido en alguna de esas islas caribeñas tan famosas por ser paraísos fiscales donde ninguna ley regula nada. La otra funcionaria es la licenciada Iliana Araceli Hernández Gómez, Fiscal para Delitos Contra la Mujer de la Procuraduría de Justicia del estado.
Estas dos funcionarias se han caracterizado por su afán protagónico y su permanente aspiración a algún cargo de elección popular. En el caso de la directora del IMO, ya fue diputada del PRD, pero, por los problemas personales con dirigentes del partido y por su aparente traición al cobijarse en la administración de José Murat, difícilmente podrá volver a figurar en alguna lista política de ese partido. La Fiscal ha tenido como aspiración permanente una candidatura a cargo de elección popular; sin embargo, su desempeño administrativo en el gobierno la ha conducido a la paranoia de no aceptar al partido del Gobernador que la contrata, pero tampoco ser aceptada en las filas de los partidos de la oposición.
Al parecer, en la búsqueda de posiciones políticas, ambas damas han encontrado el camino de las organizaciones no gubernamentales, que pueden conducirlas a las candidaturas ciudadanas, que tan buenos resultados les ha dado a algunos suspirantes de la política local.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 24 de abril de 2009.
A principio de este mes, un hecho aparentemente intrascendente ocurrido en el edificio del gobierno municipal debió haber prendido las luces rojas en el área política del gobierno estatal. Un pasquín contra la regidora de Equidad y Género del ayuntamiento desató la inquina y el coraje de una red de organizaciones y opositores al régimen para publicar un desplegado, donde el término “misógino” fue el hilo conductor en defensa de la supuesta única mujer con valor en el gobierno municipal.
Dice mi estimado Juan Diego que el origen real de ese conflicto estuvo en la confrontación del esposo de la regidora, Jorge Luis Círigo Vásquez, dirigente de una de las nuevas tribus perredistas oaxaqueñas, porque la Secretaría General de Gobierno no aceptó el monto recursos económicos que exigía en el inicio del ya próximo proceso electoral federal.
Pero el documento permitió entrever dos hilos de la madeja política perredista local. El primero parte de la firma de dos diputadas federales, un diputado local del Distrito Federal y un senador de la República, todos ellos perredistas y avecindados en el Distrito Federal, pero con la característica de ser miembros de una misma familia: la encabezada por el senador René Arce Islas, esposo de la diputada federal Ruth Zavaleta, hermano del diputado local Víctor Hugo Círigo Vásquez –presidente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal-, hermano también de Jorge Luis Círigo Vásquez y cuñado de Bárbara García Chávez, regidora de Oaxaca. El desplegado era, pues, un asunto familiar.
El otro de hilo es la existencia de una red de organizaciones y personas puestas a la mano para firmar cualquier documento contra el gobierno estatal. Lo curioso y extraño del caso es que, entre “los y las abajo firmantes” están dos destacadas -por la cantidad de dinero que cobran mensualmente en viáticos, prestaciones y sueldos- funcionarias del gobierno oaxaqueño. En primer lugar aparece el nombre de la señora Norma Reyes Terán, directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, a quien, curiosamente, “los abajo firmantes” le pusieron el título de licenciada, que hasta donde sabemos nunca ha tenido y obviaron el de “doctora honoris causa”, que asegura haber obtenido en alguna de esas islas caribeñas tan famosas por ser paraísos fiscales donde ninguna ley regula nada. La otra funcionaria es la licenciada Iliana Araceli Hernández Gómez, Fiscal para Delitos Contra la Mujer de la Procuraduría de Justicia del estado.
Estas dos funcionarias se han caracterizado por su afán protagónico y su permanente aspiración a algún cargo de elección popular. En el caso de la directora del IMO, ya fue diputada del PRD, pero, por los problemas personales con dirigentes del partido y por su aparente traición al cobijarse en la administración de José Murat, difícilmente podrá volver a figurar en alguna lista política de ese partido. La Fiscal ha tenido como aspiración permanente una candidatura a cargo de elección popular; sin embargo, su desempeño administrativo en el gobierno la ha conducido a la paranoia de no aceptar al partido del Gobernador que la contrata, pero tampoco ser aceptada en las filas de los partidos de la oposición.
Al parecer, en la búsqueda de posiciones políticas, ambas damas han encontrado el camino de las organizaciones no gubernamentales, que pueden conducirlas a las candidaturas ciudadanas, que tan buenos resultados les ha dado a algunos suspirantes de la política local.
