FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 14 de septiembre de 2009.
Como decía la semana pasada, el grupo técnico-administrativo de las campañas partidistas influye de manera decidida en la visión de desarrollo de los posteriores gobiernos estatales. Por ejemplo, durante el sexenio de Heladio Ramírez, la estrategia general fue definida como el combate contra la desigualdad. El gobierno se percató de la existencia de las organizaciones sociales, de la comunidad como base de la organización de los pueblos del Estado; por eso, en el proyecto de desarrollo se insistía en un proceso para impulsar también la organización social en las comunidades, como forma de alcanzar el crecimiento económico buscado. Para esta concepción, fue muy importante la destacada participación de Armando Labra Manjarrez, cuya influencia continuaría en la siguiente administración.
En el sexenio siguiente, el de Diódoro Carrasco, el plan también hacía énfasis en la necesidad de buscar la participación colectiva, a partir del reconocimiento de la existencia de las organizaciones sociales y el mantenimiento de los sistemas de organización colectiva para los trabajos comunitarios; sin embargo, este sexenio retomó la propuesta anterior, pero como medio para concretar los proyectos de infraestructura social del Programa de Solidaridad. En el sexenio de Ulises Luis Ortiz, al menos en el plan estatal, se puede observar la declaratoria para apoyar a las organizaciones productivas sociales para impulsar el crecimiento económico.
En esos tres sexenios se percatan de la existencia, la fortaleza y la presencia de las organizaciones sociales en las comunidades; su diferencia estriba en el objetivo planteado para esa fuerza social: mientras el gobierno de Heladio Ramírez lo retoma como una fuerza motriz para crear y establecer una dinámica constante y creciente de crecimiento económico, Carrasco Altamirano lo planteaba como fuerza de apoyo para las obras de infraestructura social, pero no como fuerza para impulsar el crecimiento económico de la entidad; por el contrario, Ulises Ruiz habla de las organizaciones para promover el desarrollo económico.
Por su parte, en el plan de Pedro Vázquez Colmenares, hay un patente olvido de la estructura social de las comunidades. El documento solamente plantea la utilización de los recursos públicos, tanto federales como estatales, para la instalación de las empresas paraestatales y el impulso a la empresa privada, como fuerza motriz del desarrollo. En esta visión, el sector social es visto solamente como una instancia colateral, para apoyar y servir de soporte para crear industrias privadas. Esta visión es retomada en el sexenio de José Murat, donde nuevamente se desconoce la importancia de las organizaciones comunitarias y sociales, para plantear solamente la necesidad del impulso empresarial privado; en su esquema, el gobierno solo tenía como objetivo la creación de las condiciones estatales adecuadas para lograr mayor atractividad y mayor productividad en las empresas establecidas.
Como se puede ver, el papel de los técnicos es sumamente importante para definir el concepto del desarrollo y la mecánica propuesta para alcanzarlo. Sobre esas bases, cada uno de los gobiernos estatales, desde 1981 a la fecha, han establecido sus proyectos de desarrollo.
En general, los planes estatales de desarrollo buscan alcanzar un desarrollo marcado con el adjetivo de integral, en el entendido que implica mejores condiciones y el incremento de la participación política, el constante incremento de la productividad para alcanzar mayores niveles económicos, recursos suficientes para dotar de infraestructura social a las localidades y municipios, y el reconocimiento y la integración de la pluralidad cultural de todas las regiones del Estado de Oaxaca.
Cada uno de ellos coincide en la identificación del desarrollo con el crecimiento económico. Al que consideran como medio para crear la riqueza privada; cuando ésta excede las expectativas de acumulación de los empresarios, impulsa a la redistribución social mediante los incrementos salariales y las prestaciones sociales, para mejorar las condiciones de vida de las familias y de los trabajadores. Así, consideran, la riqueza individual se convierte en riqueza social. También, todos coinciden en la necesidad de impulsar a la empresa privada, como base y motor del desarrollo estatal. Si bien, en algunos planes estatales de desarrollo se identifica la importante presencia de las organizaciones sociales y comunitarias, en realidad no se valoran sus posibilidades reales como factores de crecimiento económico y desarrollo, y sólo se les deja como una instancia de apoyo a la política de desarrollo empresarial privado. Como siempre ocurre, los buenos deseos establecidos en los planes de desarrollo quedan solo como buenas intenciones, a la hora de concretar las políticas públicas del desarrollo.
Estos han sido los orígenes del círculo vicioso del subdesarrollo en Oaxaca y la cuna de la miseria y la marginación que persiste hasta hoy.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 14 de septiembre de 2009.
Como decía la semana pasada, el grupo técnico-administrativo de las campañas partidistas influye de manera decidida en la visión de desarrollo de los posteriores gobiernos estatales. Por ejemplo, durante el sexenio de Heladio Ramírez, la estrategia general fue definida como el combate contra la desigualdad. El gobierno se percató de la existencia de las organizaciones sociales, de la comunidad como base de la organización de los pueblos del Estado; por eso, en el proyecto de desarrollo se insistía en un proceso para impulsar también la organización social en las comunidades, como forma de alcanzar el crecimiento económico buscado. Para esta concepción, fue muy importante la destacada participación de Armando Labra Manjarrez, cuya influencia continuaría en la siguiente administración.
En el sexenio siguiente, el de Diódoro Carrasco, el plan también hacía énfasis en la necesidad de buscar la participación colectiva, a partir del reconocimiento de la existencia de las organizaciones sociales y el mantenimiento de los sistemas de organización colectiva para los trabajos comunitarios; sin embargo, este sexenio retomó la propuesta anterior, pero como medio para concretar los proyectos de infraestructura social del Programa de Solidaridad. En el sexenio de Ulises Luis Ortiz, al menos en el plan estatal, se puede observar la declaratoria para apoyar a las organizaciones productivas sociales para impulsar el crecimiento económico.
En esos tres sexenios se percatan de la existencia, la fortaleza y la presencia de las organizaciones sociales en las comunidades; su diferencia estriba en el objetivo planteado para esa fuerza social: mientras el gobierno de Heladio Ramírez lo retoma como una fuerza motriz para crear y establecer una dinámica constante y creciente de crecimiento económico, Carrasco Altamirano lo planteaba como fuerza de apoyo para las obras de infraestructura social, pero no como fuerza para impulsar el crecimiento económico de la entidad; por el contrario, Ulises Ruiz habla de las organizaciones para promover el desarrollo económico.
Por su parte, en el plan de Pedro Vázquez Colmenares, hay un patente olvido de la estructura social de las comunidades. El documento solamente plantea la utilización de los recursos públicos, tanto federales como estatales, para la instalación de las empresas paraestatales y el impulso a la empresa privada, como fuerza motriz del desarrollo. En esta visión, el sector social es visto solamente como una instancia colateral, para apoyar y servir de soporte para crear industrias privadas. Esta visión es retomada en el sexenio de José Murat, donde nuevamente se desconoce la importancia de las organizaciones comunitarias y sociales, para plantear solamente la necesidad del impulso empresarial privado; en su esquema, el gobierno solo tenía como objetivo la creación de las condiciones estatales adecuadas para lograr mayor atractividad y mayor productividad en las empresas establecidas.
Como se puede ver, el papel de los técnicos es sumamente importante para definir el concepto del desarrollo y la mecánica propuesta para alcanzarlo. Sobre esas bases, cada uno de los gobiernos estatales, desde 1981 a la fecha, han establecido sus proyectos de desarrollo.
En general, los planes estatales de desarrollo buscan alcanzar un desarrollo marcado con el adjetivo de integral, en el entendido que implica mejores condiciones y el incremento de la participación política, el constante incremento de la productividad para alcanzar mayores niveles económicos, recursos suficientes para dotar de infraestructura social a las localidades y municipios, y el reconocimiento y la integración de la pluralidad cultural de todas las regiones del Estado de Oaxaca.
Cada uno de ellos coincide en la identificación del desarrollo con el crecimiento económico. Al que consideran como medio para crear la riqueza privada; cuando ésta excede las expectativas de acumulación de los empresarios, impulsa a la redistribución social mediante los incrementos salariales y las prestaciones sociales, para mejorar las condiciones de vida de las familias y de los trabajadores. Así, consideran, la riqueza individual se convierte en riqueza social. También, todos coinciden en la necesidad de impulsar a la empresa privada, como base y motor del desarrollo estatal. Si bien, en algunos planes estatales de desarrollo se identifica la importante presencia de las organizaciones sociales y comunitarias, en realidad no se valoran sus posibilidades reales como factores de crecimiento económico y desarrollo, y sólo se les deja como una instancia de apoyo a la política de desarrollo empresarial privado. Como siempre ocurre, los buenos deseos establecidos en los planes de desarrollo quedan solo como buenas intenciones, a la hora de concretar las políticas públicas del desarrollo.
Estos han sido los orígenes del círculo vicioso del subdesarrollo en Oaxaca y la cuna de la miseria y la marginación que persiste hasta hoy.
