FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 24 de julio de 2010.
El modelo desarrollista se caracterizó por una identificación simplista entre crecimiento y desarrollo, entre consumo y bienestar, asumiendo también el avance tecnológico como motor principal del desarrollo. En la cosmovisión occidental predomina la idea de que cuanto más tenemos, mejor vivimos. En consecuencia, el desarrollo se encuentra ligado al crecimiento económico y al aumento sostenido del consumo, despertando permanentemente nuevas necesidades para satisfacer.
Frente a esta visión del desarrollo, amplios sectores intelectuales y sociales propugnaron por un modelo alternativo, construido a partir de la participación de todos los integrantes de la sociedad, con el objetivo de satisfacer las necesidades humanas de forma equitativa e igualitaria entre los géneros y teniendo en consideración las necesidades del resto del mundo vivo, para ser sostenible en el plano ecológico.
Estos procesos tuvieron su propia historia en América Latina. A fines de los sesenta comenzaron a surgir críticas a la idea del “efecto derrame” hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad. En esa época surge la “teoría de la dependencia”, poniendo énfasis en el carácter histórico estructural de la situación de subdesarrollo y vinculaba su surgimiento a la dinámica de desarrollo del capitalismo. Estos enfoques coincidieron con los vastos movimientos sociales y políticos para derrocar a los regímenes militares latinoamericanos. Inmersos en la clandestinidad y la persecución política, los opositores al sistema enfocaron sus pensamientos y acción al trabajo barrial, porque la organización territorial “del pueblo” era el fundamento alternativo. Estas luchas políticas y sociales condujeron a una revisión del proceso de formación de los profesionales dedicados a la acción social, a partir de las críticas al desarrollismo y la planificación. Como resultado, se comenzó a teorizar y concretar la metodología de la investigación-acción y la investigación participativa, para rescatar el saber popular acumulado, como una dimensión del conocimiento.
La década de 1980 es la del regreso paulatino a los regímenes democráticos, pero en un marco de enormes desigualdades en la distribución del ingreso, como en la participación social. La producción intelectual se centró en los movimientos sociales, privilegiando las dimensiones sociales y culturales en el análisis de los procesos de democratización. Poco a poco, los enfoques metodológicos de intervención comunitaria desarrollados en ámbitos académicos comenzaron a ser aplicados en la región. La investigación participativa se generaliza, así como también toma carta de naturalización la planificación participativa.
En el mundo se daba, también, una revuelta crítica contra la inequidad del desarrollo económico mundial, que llevó a los países en desarrollo a exigir a los más desarrollados aportar recursos para impulsar el desarrollo mundial y la defensa del entorno ecológico. Estos amplios movimientos políticos y sociales confluyeron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río en 1992, donde se aprobó un Plan de Acción o Programa para el Desarrollo Sostenible, conocido como Agenda 21, donde ciento setenta y tres Estados propusieron favorecer la cooperación en materia de medio ambiente y desarrollo.
Importa destacar que la Agenda es un llamado a los Estados, especialmente a los municipios, para que asuman los objetivos generales del Programa y elaboren su propio plan de actuación, su Agenda 21 Local, porque las autoridades locales se ocupan de la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura económica, social y económica, social y ecológica, supervisan los procesos de planificación, establecen las políticas y reglamentaciones ecológicas locales y contribuyen a la ejecución de las políticas ambientales en los planos nacional y subnacional.
La Agenda es un documento donde se recogen los fundamentos teóricos y el proceso a seguir por cada municipio para alcanzar el desarrollo, entendido como la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, en equilibrio con el medio natural y con las capacidades económicas locales. Desde esta perspectiva, fue la institucionalización internacional de una propuesta de planificación estratégica basada en lo local, en contra de los proyectos de bloques mundiales.
Hasta este momento, la visión teórica y práctica del desarrollo se desenvolvía en la idea de las soluciones macroeconómicas y también en las propuestas de las integraciones macrorregionales de integración de continentes enteros. Incluso, las ciudades adquirían características de gigantismo metropolitano, al ser habitadas por millones de personas y engullían a pueblos y ciudades enteros, proceso donde los individuos perdían el sentido comunitario para convertirse en anónimos ciudadanos desvinculados entre sí. Estas formas organizativas impiden el trato directo con las personas, haciéndolo con intermediarios, lo que limita una participación más directa y el control de personas sobre el ejercicio de sus autoridades. En contraposición, la Agenda considera al nivel local como el área donde es posible tomar las decisiones más prácticas, más participativas y más humanas. Por ser los ayuntamientos los órganos gestores y por el conocimiento real de los problemas de su entorno, debían promover las iniciativas locales y prestar los servicios públicos necesarios para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 24 de julio de 2010.
El modelo desarrollista se caracterizó por una identificación simplista entre crecimiento y desarrollo, entre consumo y bienestar, asumiendo también el avance tecnológico como motor principal del desarrollo. En la cosmovisión occidental predomina la idea de que cuanto más tenemos, mejor vivimos. En consecuencia, el desarrollo se encuentra ligado al crecimiento económico y al aumento sostenido del consumo, despertando permanentemente nuevas necesidades para satisfacer.
Frente a esta visión del desarrollo, amplios sectores intelectuales y sociales propugnaron por un modelo alternativo, construido a partir de la participación de todos los integrantes de la sociedad, con el objetivo de satisfacer las necesidades humanas de forma equitativa e igualitaria entre los géneros y teniendo en consideración las necesidades del resto del mundo vivo, para ser sostenible en el plano ecológico.
Estos procesos tuvieron su propia historia en América Latina. A fines de los sesenta comenzaron a surgir críticas a la idea del “efecto derrame” hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad. En esa época surge la “teoría de la dependencia”, poniendo énfasis en el carácter histórico estructural de la situación de subdesarrollo y vinculaba su surgimiento a la dinámica de desarrollo del capitalismo. Estos enfoques coincidieron con los vastos movimientos sociales y políticos para derrocar a los regímenes militares latinoamericanos. Inmersos en la clandestinidad y la persecución política, los opositores al sistema enfocaron sus pensamientos y acción al trabajo barrial, porque la organización territorial “del pueblo” era el fundamento alternativo. Estas luchas políticas y sociales condujeron a una revisión del proceso de formación de los profesionales dedicados a la acción social, a partir de las críticas al desarrollismo y la planificación. Como resultado, se comenzó a teorizar y concretar la metodología de la investigación-acción y la investigación participativa, para rescatar el saber popular acumulado, como una dimensión del conocimiento.
La década de 1980 es la del regreso paulatino a los regímenes democráticos, pero en un marco de enormes desigualdades en la distribución del ingreso, como en la participación social. La producción intelectual se centró en los movimientos sociales, privilegiando las dimensiones sociales y culturales en el análisis de los procesos de democratización. Poco a poco, los enfoques metodológicos de intervención comunitaria desarrollados en ámbitos académicos comenzaron a ser aplicados en la región. La investigación participativa se generaliza, así como también toma carta de naturalización la planificación participativa.
En el mundo se daba, también, una revuelta crítica contra la inequidad del desarrollo económico mundial, que llevó a los países en desarrollo a exigir a los más desarrollados aportar recursos para impulsar el desarrollo mundial y la defensa del entorno ecológico. Estos amplios movimientos políticos y sociales confluyeron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río en 1992, donde se aprobó un Plan de Acción o Programa para el Desarrollo Sostenible, conocido como Agenda 21, donde ciento setenta y tres Estados propusieron favorecer la cooperación en materia de medio ambiente y desarrollo.
Importa destacar que la Agenda es un llamado a los Estados, especialmente a los municipios, para que asuman los objetivos generales del Programa y elaboren su propio plan de actuación, su Agenda 21 Local, porque las autoridades locales se ocupan de la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de la infraestructura económica, social y económica, social y ecológica, supervisan los procesos de planificación, establecen las políticas y reglamentaciones ecológicas locales y contribuyen a la ejecución de las políticas ambientales en los planos nacional y subnacional.
La Agenda es un documento donde se recogen los fundamentos teóricos y el proceso a seguir por cada municipio para alcanzar el desarrollo, entendido como la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, en equilibrio con el medio natural y con las capacidades económicas locales. Desde esta perspectiva, fue la institucionalización internacional de una propuesta de planificación estratégica basada en lo local, en contra de los proyectos de bloques mundiales.
Hasta este momento, la visión teórica y práctica del desarrollo se desenvolvía en la idea de las soluciones macroeconómicas y también en las propuestas de las integraciones macrorregionales de integración de continentes enteros. Incluso, las ciudades adquirían características de gigantismo metropolitano, al ser habitadas por millones de personas y engullían a pueblos y ciudades enteros, proceso donde los individuos perdían el sentido comunitario para convertirse en anónimos ciudadanos desvinculados entre sí. Estas formas organizativas impiden el trato directo con las personas, haciéndolo con intermediarios, lo que limita una participación más directa y el control de personas sobre el ejercicio de sus autoridades. En contraposición, la Agenda considera al nivel local como el área donde es posible tomar las decisiones más prácticas, más participativas y más humanas. Por ser los ayuntamientos los órganos gestores y por el conocimiento real de los problemas de su entorno, debían promover las iniciativas locales y prestar los servicios públicos necesarios para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.
