Por si no nos habíamos dado cuenta, los actuales funcionarios del gobierno no “dan pie con bola”, como proclama el dicho popular. En el caso del fraude notarial, actúan reaccionando, como corresponde a todo buen burócrata inhábil, desconocedor y sin preparación. En una entrevista efectuada por nuestro excelente reportero, Misael Sánchez, el director general de Notarías, Luis Alfonso Silva Romo, quiso aclarar lo turbio explicando que actualmente hay 95 fedatarios públicos y “en el sexenio pasado sólo se otorgaron 38 patentes de notario público.” (Tiempo, 14/I/2011) Casi la mitad del total de notarios oaxaqueños “¡solo¡” fueron autorizados en ese periodo y no hubo piñatazo, según el funcionario.
Hace unos meses, cuando el gobierno de Ulises Ruiz estaba por concluir sus funciones, un grupo de notarios públicos, encabezados por distinguidos militantes panistas, acudieron a la Procuraduría General de Justicia del estado para denunciar un ilegal otorgamiento de fiats a amigas y beneficiarios del moribundo régimen. Ellos mismos dieron una lista de supuestos favorecidos y exigieron la pronta aplicación de la justicia. Me alegra que sea, ahora, el nuevo director general de Notarías del Gobierno del Cambio quien nos aclare que no hubo “piñatazo notarial” y que, todo lo hecho en aquel entonces, estuvo solamente motivado por el rencor y la propaganda política partidista.
Pero no. En realidad, los fiats del conflicto fueron elaborados, impresos y firmados; pruebas tenemos. El único problema, como lo manifesté en mi escrito anterior, fue que el gobernador saliente estaba indeciso, como durante toda su administración y no tuvieron tiempo o no pudieron cumplir el requisito de registrar los documentos ante la Secretaría General de Gobierno y depositarlos en el Archivo General de Notarías. Por eso, precisamente, existe ese vacío físico entre el fiat número 124 hasta el documento 139, que suponemos le fue entregado a Maritza Escarlet Vásquez.
Este supuesto nos lleva a la siguiente cuestión. A la solicitud expresa del reportero, el entrevistado “se negó a proporcionar los nombres de los fedatarios señalando que es información reservada que únicamente se puede proporcionar a través de una solicitud al Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública”. Hasta donde sabemos, el fiat es una fe pública, otorgada por un gobierno público, para la atención al público en general. Luego entonces, todos tenemos el derecho de saber quiénes son los fedatarios públicos. No es un secreto ministerial que deba resguardarse por cuestiones procesales, tampoco es documentación reservada, ni acciones gubernamentales en proceso, que exijan la solicitud expresa ante un organismo de transparencia como el IEAIP. Es una información que la propia Segego y la Dirección General de Notarías debían hacer pública, en bien de los usuarios y en beneficio de la cultura de la legalidad entre los oaxaqueños.
Ése es uno de los grandes problemas de esta nueva administración. Por desidia o desconocimiento, confunden la magnesia con la gimnasia. Saltan a la vista, del listado de notarios autorizados, entre mayo de 2007 a noviembre de 2008, los nombres de Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Genaro Víctor Vásquez Colmenares y Magnolia López Morales; en esos años, Procurador General de Justicia, Diputado y Subsecretaria de Planeación Presupuestal de la Secretaría de Finanzas, respectivamente. La Ley de Notarías habla de documentación, experiencia y examen para otorgar la patente notarial. Me pregunto, ¿en qué momento, estos funcionarios pudieron trabajar en una notaría pública para adquirir la experiencia exigida? Por cierto, otros notarios autorizados en esas fechas fueron Gilma Gamboa Escobar e Indira Gamboa Escobar. En esas fechas, un Gamboa era presidente de la asociación de notarios, cuya firma era fundamental para legalizar todo fiat. No dudo que los documentos sean legales, pongo en entredicho la legitimidad del hecho. Ésa es la parte que le correspondería aclarar a un gobierno de cambio, transparencia y legalidad.
Un servidor público debía aprovechar la ocasión para aclarar las situaciones, pero en beneficio de la población en general y con visión de Estado. Ante la confusión generada, el director general de Notarías debía hacer pública la lista de notarios legalmente reconocidos y el número de su fiat. Así, todo intento de legalizar cualquier documento no reconocido hasta hoy, se toparía con la transparencia de una administración moderna y profesional. Lo contrario induce al arreglo “en lo oscurito”, a los posibles arreglos entre algunos de los nuevos funcionarios y las acciones nada claras del sexenio anterior.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 15 de enero de 2011.
