Las notarías, en Oaxaca, han sido un floreciente negocio, porque a través de la patente, muchos fedatarios reviven muertos y “desfacen entuertos”, como diría El Quijote. Algunos gobernadores los han expedido como pago de favores y, también, como una especie de beca contra el desempleo para sus amigos y familiares. En el sexenio de Ulises Ruiz, las notarías fueron parte del proceso de la corrupción. Como buena parte de su equipo sigue gobernando, el proceso aún no termina y, en estos primeros meses del nuevo gobierno, muchos notarios están naciendo. Hace unos días, el Director General de Notarías denunció que hacían falta dos libros del registro de bienes catastrales del estado, pero no mencionó nada sobre el asunto de los notarios en proceso.
A principio de este mes, un grupo de notarios manifestaron su inconformidad, porque la Secretaría de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia estaba autorizando sellos a nuevos notarios, aún cuando los nombrados por Ulises Ruiz debieron concluir sus trámites los últimos días de noviembre.
El problema se suscitó, dicen quienes conocen del tema, porque el ex gobernador dejó hasta la última hora la autorización de los nuevos fiats. Por las prisas, muchos documentos no llegaron a manos de sus destinatarios y varios no fueron depositados en el Archivo General de Notarías o registrados en la Secretaría General de Gobierno. Según ha trascendido, los fiats registrados llegan hasta el número 124, de la licenciada Patricia Villanueva Abraham, existiendo un vacío hasta la patente 139, de Maritza Escarlet.
El piñatazo de fiats fue apabullante. El cálculo es que, en los últimos días del sexenio, se expidieron entre 23 y 30 fiats notariales. Enlisto los nombres de algunos de los políticos beneficiados: Evencio Nicolás Martínez Ramírez, ex secretario general de Gobierno; María de la Luz Candelaria Chiñas, ex Procuradora General de Justicia; Patricia Villanueva Abrajam, ex dirigente estatal de la CNOP; Donovan Rito; Magnolia López Morales, ex subsecretaria de Finanzas; Manuel León Sánchez, ex coordinador de Giras; Sergio Segreste, ex secretario de Protección Ciudadana; Maritza Escarlet Vásquez, ex directora de Notarías, Bernadette Rousse Mayor, ex directora de Catastro; Paulo Tapia Palacios, ex director del Registro Público de la Propiedad. Jaime Aranda Castillo, ex diputado priista; Roberto Ruiz Zaragoza, ex director jurídico; Enrique Espinoza Medina; Soledad Quintana Rojas, ex subsecretaria de la contraloría; Enrique Silva Fernández, hermano de una ex diputada local priista; José María Yáñez Gatica, ex diputado local perredista y Thelma Valdivieso Suaustegtui, abogada del despacho del notario Sánchez Santibáñez. Para tener la venia del colegio de notarios, fueron beneficiados: Martín Ricárdez, yerno del notario Amado Pérez; Lidia Victorina Velásquez, hija del notario Héctor Sánchez Santibáñez; Yari Sánchez Cortés, hijo del notario Omar Sánchez Heras.
En realidad, el procedimiento fue legal. Se cubrieron las formas, aunque ninguno de los beneficiados, salvo los hijos y familiares de los notarios establecidos, podía realmente comprobar la experiencia, el conocimiento y el tiempo de práctica en alguna notaría establecida, como lo exige la ley. Por el momento, la única posibilidad de revertir el piñatazo notarial es impedir que los notarios, sin documentos oficiales en regla, logren regularizar su situación, amparados en los nuevos acuerdos que se están estableciendo entre la gente del nuevo gobierno y los del sexenio anterior.
