Nunca Oaxaca había tenido un régimen tan corrupto, como el sexenio anterior. La deshonestidad adquirió carácter de política de gobierno y fue la guía para la acción para casi todos los funcionarios gubernamentales. Hasta parecía competencia para ver quién amasaba la fortuna más escandalosa y quién hacía más ostentosa su riqueza. Comenzaré comentando dos verdaderas tropelías del pasado reciente.
LOS PARQUÍMETROS DE LA CIUDAD DE OAXACA. Un 20 de noviembre, quienes asistieron al desfile oficial, pudieron observar la angustia en los rostros de Bulmaro Rito Salinas y Alberto Neptalí García Arango (a) El Chicharrín. Buscaban hablar, con verdadera desesperación, con el gobernador Ulises Ruiz. En un mes concluiría el trienio municipal y la autorización para el establecimiento de los parquímetros estaba estancada. Nunca se concretó el proyecto, porque hubo una franca repulsa de la ciudadanía a la estafa de pagar, a particulares, para estacionarse en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.
Cuando los regidores del siguiente trieno revisaron el asunto, se encontraron con un verdadero desorden documental. Lo único claro, en los papeles, es que una empresa de la ciudad de México se interesó en establecer un nuevo impuesto en la ciudad y promovió los parquímetros. El famoso Cicharrín, al que veíamos correr por los trámites, acompañado por el entonces presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados, jamás apareció en los documentos oficiales. Dicen, quienes conocen del tema, que al ver perdido el caso, los verdaderos e iniciales promotores traspasaron los documentos para que la empresa ficticia asumiera el fracaso. Fue una frustración para los organizadores, porque perdieron la oportunidad de tener una millonaria renta vitalicia, pero una verdadera escuela para su exitosa siguiente gestión.
EL COLOSAL FRAUDE DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL. Para cumplir un compromiso de campaña, la Secretaría de Obras Públicas del gobierno estatal elaboró y presentó a Ulises Ruiz, en febrero de 2005, un proyecto para edificar la Ciudad Administrativa, con un costo aproximado de 355 millones de pesos. Para financiar la construcción, Banobras propuso un crédito blando, tres veces más barato que los préstamos en bancos privados; el gobierno construiría y sería el dueño de los edificios y los terrenos. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas optó por el establecimiento de los PPS (Proyectos de Participación en Sociedad) y se le otorgó el contrato a una constructora creada sobre la marcha y encabezada por Alberto Neptalí García Arango (co-propietario de “Tubos y Conexiones), quien inmediatamente solicitó un crédito a Banorte, exactamente por la misma cantidad presupuestada por la SOP: 355 millones de pesos. Por no tener experiencia en la construcción, las obras tuvieron fallas constructivas; para encubrir las fisuras y resquebrajamientos, además de aditamentos no contemplados, como el enfriador central del aire acondicionado, posteriormente solicitó un crédito complementario por 185 millones más.
El contrato inicial contemplaba el financiamiento y su administración durante 15 años, a manos de la empresa del “Chicharrín”, con un pago gubernamental por poco más de un mil 300 millones de pesos. Con el cobro de los estudios y el expediente ejecutivo –que ya había elaborado la SOP-, además de los incrementos mencionados anteriormente, la empresa de García Arango aumentó proporcionalmente el costo de la contraprestación. Finalmente, el gobierno estatal –los oaxaqueños- cubrirá, en total, un mil 800 millones de pesos, pagaderos en 15 años, a partir de la fecha de entrega de la Ciudad Administrativa.
Un verdadero negocio de un mil 445 millones de diferencia con el presupuesto inicial de la SOP del gobierno estatal. Pero, para el momento de la conclusión de la obra, Bulmaro Rito Salinas era Coordinador General de Coplade y se habían efectuado todos los trámites para que la cámara de diputados emitiera un decreto autorizando al Ejecutivo “a constituir un Fideicomiso irrevocable de Administración y Fuente de Pago alterna afectando un porcentaje necesario y suficiente de los ingresos y derechos derivados de las participaciones federales presentes y futuras que le correspondan al Estado de Oaxaca…” Algo parecido operaron en la construcción de la Ciudad Judicial. La danza de los millones en renta transexenal cuajó de maravilla, para vergüenza y oprobio de los oaxaqueños.
Por cierto, don Eviel Pérez Magaña, entonces secretario de Obras Públicas, se comprometió a construir el estacionamiento que se les había olvidado proyectar en la Ciudad Administrativa. Dos años después, sigue pendiente el compromiso adquirido.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 8 de enero de 2011.
