El viernes pasado, el presidente municipal de San Francisco del Mar ordenó a su policía municipal desalojar a los ciudadanos que habían irrumpido en el palacio municipal. La orden dio por resultado tres heridos, uno de ellos al borde la muerte. El delito de los vecinos fue llegar a exigir la toma de posesión de los regidores del partido que perdió las elecciones pasadas. Ahí ganó el candidato del PUP, junto con los demás partidos coaligados.
Este tema no es privativo de los huaves de San Francisco. Lo mismo ocurre en Zaachila. Ahí, el presidente municipal y su cabildo se niegan a dar posesión a los regidores priistas que, por disposición del Cippeo les corresponde fungir como tales. Los regidores desconocidos han recorrido todos los caminos legales: el Instituto Estatal Electoral, la Cámara de Diputados, la Secretaría General de Gobierno, obtuvieron una sentencia del Tribunal Estatal Electoral y, si no me equivoco, también una del Tribunal Electoral Federal (Trife), para que se les tome proteste. El presidente y su cabildo se niegan a hacer caso a todas las instancias legales; para ellos, la ley no es más que un pedazo de papel mojado con tinta.
En Santa María Atzompa las elecciones por usos y costumbres no fueron respetadas y, hasta hoy, el pueblo no tiene autoridad municipal alguna. Hay un administrador municipal que cobra, su sueldo y las participaciones federales, pero no puede despachar en el palacio municipal. Las facciones políticas ya comprendieron que no les beneficia la división y quieren nuevas elecciones, pero nadie en el gobierno es capaz de atender el asunto y tomar una decisión adecuada.
En Santiago Choápam, las elecciones por usos y costumbres también fueron anuladas. Después de muchas vueltas, las fuerzas contendientes acordaron la convocatoria a nuevas elecciones. El problema comenzó porque el acuerdo fue tomado pocos días antes que feneciera el plazo otorgado por el Trife. Se agravó por la incompetencia del presidente del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana (IEEPC), a quien se le olvidó consensuar, con los grupos en pugna, la instalación del Consejo Municipal Electoral y no esperó el término legal para que la Secretaría de Seguridad Pública enviara a los policías solicitados. El resultado fueron 11 muertos y varios heridos más. Los habitantes de Choápam se quejan de que, ahora, el presidente del IEEPC no los recibe, con el argumento de que lo van a secuestrar.
A fines de abril pasado, el Trife emitió una amonestación pública contra de la secretaria general de Gobierno, Irma Piñeiro Arias, ordenándole que “en lo subsecuente, actúe con diligencia y apego a Derecho”. Todo se originó porque un agente municipal, en funciones, de Sola de Vega solicitó su nombramiento por escrito. Nadie le hizo caso, desde el presidente municipal hasta la secretaria general de Gobierno, salvo el Trife.
En todos estos casos, lo que se observa es la desidia y la abulia gubernamental para resolver los problemas políticos. Han transcurrido siete meses de gobierno estatal y aún persisten los conflictos poselectorales municipales. Los funcionarios estatales han olvidado que su papel es el de coadyuvar a la solución de los conflictos y, en la mayoría de los casos, hacer cumplir las leyes que nos rigen, para destrabarlos y solucionarlos. Sólo que, o no conocen las leyes o están interesado que los problemas se mantengan, para beneficiar a sus propios partidarios.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 13 de junio de 2011.
