Felicidades a don Gabino Cué. Le bajó 65 millones de pesos a la cuota que reciben los chantajistas profesionales del estado. Por esa cantidad, el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz se metió en la espiral de la ingobernabilidad en 2006.
Como muchos han de recordar, a principios de su sexenio, el “Tirano” (Appo dixit) declaró que el anterior sexenio otorgaba a las organizaciones, además de varios liderazgos fantasmas, más de 400 millones de pesos anuales. Desde el primer mes de su sexenio recortó esa sangría y dejó a todos los que cobraban en las nóminas fantasmales en la indigencia, pero también los grupos de presión quedaron en el desamparo. Sólo la Sección 22 salió triunfante, porque en su primer plantón, el entonces novel secretario general de Gobierno les llenó los bolsillos con más de lo que solicitaron y el acostón sólo duró una semana en 2005. Al año siguiente, llegaron con un listado de demandas muy por encima de lo obtenido el año anterior y el asunto se entrampó. Lo demás ya lo conocemos. Vino un desalojo mal planeado y peor ejecutado. Los grupos sociales y políticos se envalentonaron y, avalados por los profesores, crearon la APPO. Desde entonces, Ulises Ruiz y su equipo dejaron de gobernar, para dedicarse sólo a administrar el presupuesto.
Quizá viéndose en ese espejo, el gobierno de Gabino Cué se definió por soltar el dinero. A los profesores les va a dedicar nada más 1 mil 600 de pesos de manera oficial, sin contar los supuestos “cañonazos” personales. Ahora sabemos que también le va a otorgar 325 millones de pesos a los grupos sociales y políticos (Milenio, 19/06/2011).
Por lo que se ve, el dinero se va a canalizar a través de la Coordinación General de Módulos de Desarrollo Sustentable, de Gerardo Albino González, el que en los años del diodorismo cumplió el mismo papel de distribuidor de recursos, casi los mismos grupos, primero desde la delegación federal de Sedesol y, después, en la Coordinación General del Coplade.
Los millones se repartiran a 13 organizaciones. Entre ellas, el Frente Amplio de Lucha Popular (FALP), de Carlos Aguilar Castellanos, recibirá 20 millones de pesos; el Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), de Pedro Castillo, 8 millones; la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), de Carlos Beas, 3 millones y espera otros 1.8 millones más de una propuesta de 9.5 millones; el Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC), de Arturo Pimentel Salas, 7 millones y el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB), de Bernardo Ramírez, 8 millones de pesos.
Algunas otras organizaciones han encarecido el monto y se niegan a recibir lo propuesto por el gobierno. Es el caso del Frente de Organizaciones Sociales Democráticas de Izquierda (Fosdi), del senador perredista y líder de la organización Morena de Andrés Manuel López Obrador, Armando Contreras, que presentó una propuesta de 20 millones de pesos; el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Coddep), de Samuel Hernández, está en desacuerdo con el monto y, los amigos de la Sección 22, integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), capitaneados por Germán Mendoza Nube, se resisten a aceptar los 25 millones de pesos ofrecidos por el gobierno estatal.
En este mercado político no se pactan obras, se compran y se venden conciencias en números cerrados; hablan de millones de pesos, no de bagatelas.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 20 de junio de 2011.
