LA PUGNA PRIISTA OAXAQUEÑA

Hasta donde se puede observar, el conflicto entre las camarillas priistas no se da en torno a la democracia partidista, la defensa de los militantes o un proyecto alternativo de gobierno. Hasta hoy, lo que vemos es la pugna por la dirigencia, las prerrogativas económicas y, más recientemente, la disputa por las candidaturas a cargos de elección federal. En medio de todo, está también el interés del gobierno estatal para colonizar al partido opositor.

 

La disputa se da entre dos grandes camarillas, que se formaron al amparo de las dos anteriores administraciones priistas. En medio de ellos juegan y son usados dos ex dirigentes partidistas calificados, en su momento, como traidores a su partido: Jorge Franco, ex presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), acusado públicamente de haber operado a favor de la Coalición por la Paz y el Progreso gabinista en las pasadas contiendas electorales y Germán Espinosa, ex secretario general del CDE, quien trabajó abiertamente por la candidatura del actual gobernador y hoy despacha como director general de los Cobao.

Todos coinciden en que los próximos cargos federales de elección popular se decidirán a partir de la representación obtenida en el CDE. Ninguno se ha percatado que, sin gobernador priista, las barajas se repartirán en la sede del Comité Ejecutivo Nacional y ahí, quien decidirá será el próximo candidato a presidente de la república, el presidente del CEN y los dirigentes de los sectores partidistas, en ese orden.

En realidad, el encono se originó desde las propias filas del gobierno actual, porque les interesaba mostrar un partido dividido, lograr la confrontación interna y pugnar por el posible arribo de una dirigencia afín a ellos. El esquema lo han practicado los gobiernos de todo el mundo en el pasado, pero, al final, siempre la mecánica se descarrila. Así, el movimiento priista, auspiciado por el gobierno, está terminando en la confrontación de dos ex gobernadores por una o las dos senadurías de mayoría, pero también puede devenir en un amplio movimiento de democracia y participación popular.

Todos los implicados olvidan que la mayoría de los priistas ya no están de acuerdo con los viejos esquemas de imposición y sus personeros. Los priistas son una militancia que perdió su trabajo en el gobierno y sabe que no lo recuperará, a la que no le llegan ya las despensas, ni tiene con quién acudir para solucionar sus demandas de bienestar. Pensando en ellos, la dirigencia priista, los actuales y los aspirantes, debían sentarse a diseñar la mecánica para construir un nuevo partido, con estrategias claras en defensa de las demandas populares, definido como una verdadera oposición –sin apellidos, lo que implica el combate a las políticas equivocadas del gobierno actual- y la construcción  del perfil de la nueva dirigencia (ni traidores ni corruptos, por ejemplo), para generar el Oaxaca de prosperidad que los oaxaqueños anhelan. En el camino de esa construcción aparecerán los nuevos liderazgos –que no dirigentes- y desaparecerán los oportunistas del momento –los que sólo buscan chamba, prerrogativas y candidaturas.

El proceso es difícil, si sólo se piensa en términos de las elecciones federales del 2012, pero quienes estén interesados en la prosperidad de los oaxaqueños, debían pensar en el 2013 como plazo mediato y en el 2016 para concluir el nuevo proyecto de futuro para Oaxaca.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 22 de julio de 2011.

OAXACA: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO RECHAZADO

Tuvo toda la razón la bancada de los diputados priistas en rechazar el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 (PED), que hasta tres diputados panistas se les sumaron. La negativa es importante, porque muestra que no es un Plan de todos los oaxaqueños, sino sólo de los partidos coaligados que gobiernan el estado.

Los agravios contra los legisladores fueron muchos. Destaca el hecho que el proyecto fuera entregado por el secretario particular del gobernador. El documento que supuestamente va a ser rector para alcanzar el desarrollo estatal, fue entregado por un testaferro de segundo o tercer nivel, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. No dudo que don Benjamín Robles cobre lo que se le dé la gana, pero en la Ley Orgánica ni siquiera tiene funciones asignadas.

Contra todo lo dispuesto por la Ley de Planeación estatal, el documento fue entregado el último día de que disponía el Ejecutivo para que estuviera publicado. El artículo 23 de esa ley dispone que el Plan esté elaborado, aprobado y publicado en el Periódico Oficial, a más tardar seis meses después de la toma de posesión del gobernador entrante. Si Euclides no falla, ese día se cumplía el 31 de mayo pasado, pero a los diputados se les entregó un día antes, quizá esperando que en un día tuvieran la habilidad necesaria para leer un farragoso documento de trescientas ochenta seis páginas, aprobarlo y enviarlo al Periódico Oficial para que, en otro portento de velocidad, se imprimiera el extra necesario para cumplir las normas.

Desde el día que se entregó el documento a los legisladores, el gobierno inició una abusiva campaña publicitaria, anunciando que tienen un Plan. En otra palpable muestra de falta de respeto al Congreso y a las normas democráticas, dieron por hecho que el Plan ya estaba aprobado, sin que se diera la votación correspondiente.

Para cubrir las apariencias, los responsables del Plan solicitaron a los diputados sus comentarios y correcciones al documento. Después de un trabajo responsable y serio, la mayoría de las observaciones y las críticas de fondo fueron desechadas, anunciando que se contemplarán en los planes regionales, los programas sectoriales, especiales y operativos anuales. Las únicas aceptadas fueron aquellas que hacían referencia a errores gramaticales, de sintaxis o los absurdos como anunciar propuestas ya aprobadas en las reformas constitucionales pasadas.

Ése es otro de los errores metodológicos y legales del Plan. Quienes lo elaboraron no respetaron los lineamientos establecidos en la Ley de Planeación que, en su artículo 23, obliga a plantear objetivos generales, estrategias y prioridades, instrumentos y sus responsables, previsiones sobre los recursos y las políticas a seguir. El PED sólo establece objetivos, estrategias y líneas de acción. Esta violación a los ordenamientos legales se pretendió subsanarla argumentando que los otros puntos se contemplarán en los planes regionales, los programas especiales y operativos anuales. Pero la ley, en su artículo 25, establece que esos instrumentos de planeación tienen las mismas características del plan estatal, además de las metas para los programas operativos. Pretender que el Plan Estatal de Desarrollo debe ser muy genérico y los otros planes, que se derivan de él, más específicos, era un verdadero insulto a la inteligencia de los diputados y para los oaxaqueños en general. Esas fueron, entre otras, las causas del rechazo.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 18 de julio de 2011.

RESPUESTA GUBERNAMENTAL A LA MALA CALIDAD EDUCATIVA

Uno de los más graves problemas del estado, es el tema educativo. Estamos en los últimos lugares, comparados con los demás estados de la república; pero más grave aún es la actitud del gobierno actual. Todo parece indicar que se declararon vencidos, después de las jornadas de mayo y ahora son voceros de la Sección 22. Hace algunos días, los funcionarios gubernamentales entregaron a los diputados las respuestas a sus observaciones del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Entre ellas pude localizar una verdadera perla de lo que será la política gubernamental en materia educativa.

A la queja de los diputados sobre la mala calidad educativa, la respuesta fue tajante: “la prueba ENLACE ha sido calificada como discriminatoria para los pueblos indígenas, la cual es considerada en razón de la lengua materna (sic). Este grupo conforma una parte importante de la población del estado. Así mismo, esta prueba ha sido rechazada por la mayoría de los profesores de Oaxaca y otros estados, pues no se considera representativa, ya que no se toman en cuenta los contextos escolares, las condiciones de las escuelas, así como la cultura y las tradiciones de los niños y sus familias.”

Todo surgió porque en la página 239 del Plan Estatal de Desarrollo, el diagnóstico explica que, según la prueba ENLACE 2010, Oaxaca ocupa el lugar 31 en matemáticas y 30 en español, tanto en primarias como en secundarias. El 51.3% de los niños de primaria tienen una comprensión elemental de lectura del idioma español; el 8.8% calificó como bueno y sólo el 0.5% obtuvo calificaciones de excelencia. En secundaria, el 62.6%, apenas comprende lo que lee, el 33.3% califica como elemental y muy pocos obtuvieron excelente. En matemáticas, en primaria, el porcentaje de insuficiencia es de 46.9% y en secundaria alcanza un 70.2%; sólo el 1.1% y 0.1% logró calificaciones de excelencia en matemáticas, en primaria y secundaria, respectivamente.

En respuesta, los redactores del Plan plantean como solución pintar las escuelas, entregar uniformes escolares, promover las becas del programa federal Oportunidades, dar incentivos a los profesores que laboran en zonas alejadas, revisar el currículo de las normales y el reglamento interno del IEEPO. Ninguna palabra sobre los profesores que sólo trabajan de martes a jueves en los pueblos de las montañas oaxaqueñas y mucho menos sobre quienes vienen a los plantones, marchas y tomas de oficinas en lugar de cumplir los 200 días de actividades obligatorias establecidos por el calendario educativo oficial.

Así, para el gobierno la culpa de la baja calidad educativa son las condiciones de las aulas, los niños, ¡y la prueba Enlace! Como si el instrumento para medir el desbarajuste educativo fuera culpable de los resultados. Pero aún más, ahora parece que la incapacidad educativa es resultado de hablar lengua indígena. El sentido de la respuesta de los burócratas gubernamentales es que los hablantes de lengua indígena están negados para entender el español y aprender matemáticas. Así que Francisco Toledo, Andrés Henestrosa y una pléyade de brillantes oaxaqueños, siempre estuvieron destinados a la incomprensión del español ¡sólo porque hablan lengua indígena!

Por cierto, yo fui monolingüe de zapoteco hasta los seis años de edad y creo escribir con mejor sintaxis española que el redactor de la respuesta, quien, me imagino, debió ser alumno de alguno de los líderes de la Sección 22.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 11 de julio de 2011.

IEEPC: DE SENTENCIAS

El miércoles pasado, el Tribunal Electoral del poder Judicial federal (Trife) emitió su sentencia sobre la integración del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana del estado (IEEPC). Como sabemos, ratificó la actuación de la Cámara de Diputados, reconoció los nombramientos de los consejeros electorales y su presidente, salvo el caso de dos consejeras suplentes donde ordenó la reposición del procedimiento. El asunto es caso juzgado y debemos darle vuelta a la página, pero sus consecuencias nos obligan a hacer algunas reflexiones sobre el caso.

 

Primero. La sentencia del Trife sienta el precedente legal de que, para cualquier modificación constitucional, la fracción parlamentaria priista deberá permanecer en la sesión para hacer valer la mayoría calificada. El abandono de la sesión es, en automático, la aceptación tácita de lo que se pretende negar, porque la mayoría calificada se conforma con los miembros presentes en la sesión correspondiente. La permanencia de un solo diputado priista convalida la sesión, porque supuestamente tiene la obligación de informar y atraer a los demás miembros de su fracción.

Segundo. El IEEPC está hecho a la medida del gobierno actual. Es legal, pero es un árbitro parcial. Su presidente fue propuesto por el gobernador e impulsado por su secretario particular; los demás consejeros fueron propuestos, por simpatía y/o militancia, por todos  los partidos políticos integrantes de la coalición gobernante. Es obvio que responderán a los intereses de quienes los eligieron. Es, pues, un Instituto parcial, que representa a una sola fuerza política del estado. Es el representante del gobierno en el poder. Las próximas elecciones locales serán normadas, organizadas y validadas por un órgano del gobierno estatal y no por un órgano autónomo. Las reglas no van a ser imparciales e iguales para todos. Los partidos opositores al gobierno van a competir en desventaja.

Tercero. La sentencia del Trife está basada en una norma del derecho mexicano, donde se establece que sólo se juzga a partir de las pruebas presentadas y sobre los asuntos especificados. Aunque en los juicios de amparo se obliga a la suplencia de la queja, esta disposición queda sujeta al libre albedrío de los jueces. En realidad, como en este caso, sobre el demandante recae toda la responsabilidad de probar y comprobar. Ése fue nuestro error. Quien elaboró nuestra demanda no supo configurar la inconstitucionalidad de la actuación de la Cámara de Diputados, que sí la hubo y, por lo tanto, no supo demostrar que se violaron nuestros derechos electorales. La demanda estaba basada en las disposiciones del Cippeo, anteriores a la modificación constitucional del 22 de marzo. Nunca se argumentaron las nuevas disposiciones. No sé si fue omisión, desconocimiento o dolo. Lo cierto es que se le dio el marco legal al Tribunal para la sentencia emitida. Lo que sí aprendí de este hecho es que nunca se debe firmar una demanda sin antes revisarla a conciencia y, mucho menos, a unos minutos del vencimiento del plazo constitucional para presentar la inconformidad. Ojalá que los abogados comprendan que la táctica de que sólo el asesor jurídico debe saber lo que hace y cómo lo hace, sólo conduce a la pérdida de los juicios o, en el peor de los casos, a que el abogado sea quien decida el destino final de juicio legal, sin el conocimiento ni la intervención de su defendido. Con abogados así, todo juicio está perdido de antemano, para beneplácito del gobierno, como en este caso.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 8 de julio de 2011.

IEE: CAMPANAS DE DUELO

El golpe puede ser seco y la cabeza. De ser así, los facciosos, ilegítimos, incongruentes y desconocedores de la ley se van a ver en el banquillo de los irresponsables, acusados de desconocimiento u omisión. Los compradores de conciencias y quienes aceptaron bagatelas en el negocio del voto legislativo también están en el marasmo de la incertidumbre y en el reconocimiento de su incapacidad. Unos y otros, todos, están a la espera de lo inevitable.

En esta semana que comienza o a más tardar la siguiente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (Trife) habrá de emitir su sentencia sobre la ilegalidad en la integración del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE). Por como van las cosas, el Trife ordenará la reposición del procedimiento seguido en la Cámara de Diputados, aquellas oscuras madrugadas del 8 al 10 de abril pasado.

Como todos sabemos, la constitución oaxaqueña, acorde con la federal, establece que la totalidad de los consejeros electorales del IEE, incluyendo al presidente, deben ser nombrados por las dos terceras partes de los miembros del Congreso. Sin embargo, el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (Cippeo), una ley secundaria, establecía que, en ausencia de acuerdos, los consejeros podían ser electos por mayoría simple en una cuarta ronda de votación. Sin la fracción priista, con lo que era imposible alcanzar la mayoría calificada, los diputados de la coalición gobernante, acicateados por el asesor de la presidencia de la Mesa Directiva, votaron, de manera  ilegal, la integración del actual IEEPC.

Lo que el asesor nunca les aclaró o no les recordó, es que el Cippeo, cuyos artículos adujo, ya no existía, porque unos días antes, los mismos diputados, por unanimidad, lo habían reformado para hacerlo compatible con la Constitución. El 22 de marzo, el pleno del Congreso modificó el Cippeo para establecer que tanto los consejeros electorales, como el presidente del IEE, debían ser electos por la mayoría calificada de los diputados. Ese pequeño detalle le va a costar al gobierno del estado, a los diputados coaligados y a los espurios del IEE la derrota en el Trife. En este desastre no se va a salvar nadie. Ni el presidente del consejo, ni los consejeros electos de manera ilegal.

Tan grave es el asunto, que ya la fracción perredista de los diputados están tocando las campanas del duelo y buscan salvar lo que se pueda del naufragio. En una iniciativa, presentada recientemente, los diputados perredistas quieren reformar el tercer párrafo del artículo 144 de la constitución local y los artículos 84 y 85 del Cippeo, para que sea la sociedad civil quien proponga a los consejeros y al presidente del IEEPC. Lo verdaderamente interesante del caso es el momento de la propuesta: unos días antes del fallo del Trife. Huelen el resultado.

En mucho tienen razón los diputados perredistas; los actuales consejeros y su presidente no pueden continuar en el cargo. Al aceptar su integración a este Consejo General se volvieron facciosos y cómplices del vituperio constitucional. Al levantar la mano para tomar protesta, en una madrugada de domingo, demostraron desconocer la ley que juraron respetar y defender. ¿Alguien puede asegurar que, en este IEEPC, sus votos serán para hacer respetar la ley y no para cumplir las encomiendas de los hombres del poder o para satisfacer intereses partidistas?

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 4 de julio de 2011.

DEROGAN TENENCIA VEHICULAR

Nos da muchísimo gusto saber que el gobierno del Distrito Federal ha decidido derogar el pago de la tenencia vehicular. Si ahora, con todo que allá también se pagaba la tenencia, las calles de Oaxaca están inundadas de vehículos con placas del Distrito federal, a partir de este anuncio vamos a ser  otra colonia más de la capital de la república.

Como casi todos sabemos, el Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos fue un gravamen federal para pagar el costo de los juegos olímpicos. Luego se volvió permanente, a raíz de las crisis económicas de los años setenta y ochenta. A partir de los noventa, el gobierno federal se percató que, entregándoles el importe a los estados, podía contar con recursos del presupuesto federal para sus gastos administrativos o de urgencia. Todo caminó bien, pero fueron constantes las quejas y malestar de la población por tantos impuestos mal planeados y peor gastados. En los últimos años, el asunto era tan recurrente en las campañas electorales que la Cámara de Diputados federal anunció su intención de revisar el tema; ante la amenaza, el gobierno federal decidió abrogar el cobro del impuesto, pero le dejó la responsabilidad de su continuación a los gobernadores estatales.

La mayoría de ellos no mordieron el anzuelo y han adelantado la derogación del impopular impuesto. Sólo en Oaxaca, los imberbes funcionarios del nuevo gobierno se aventaron la puntada de hacerlo estatal. Mareados por el monto en millones a recaudar, no se percataron que entraban en un verdadero tobogán de descrédito público. Era una política esperada de un secretario de Finanzas que toda su vida se ha dedicado a gastar, pero no a recaudar. Sin la experiencia de vivir en el estado, sin conocer de las pobrezas y la miseria de la mayoría de los oaxaqueños, creyó que recaudar era lo mismo que administrar y se fue por el camino fácil: el mercado cautivo de los contribuyentes, especialmente el de los propietarios de vehículos.

Flojos como son los actuales funcionarios, no buscaron alternativas y se quedaron con lo existente. Esa misma actitud se observa en todas las esferas del gobierno estatal. Donde no hay falsificadores de títulos profesionales, existen buscachambas que, por fin, pudieron llegar a ocupar los más altos cargos, con todas sus atribuciones: chofer, secretaria, viáticos y uno que otro estímulo extralegal; pero de aportar para los oaxaqueños y para dar mejor calidad administrativa, no hay señal alguna.

El caso del pago de la tenencia vehicular empezó a empantanarse, casi desde su anuncio. Siguiendo el ejemplo del actual secretario particular del gobernador,  Benjamín Robles, que cuando fue diputado local en la pasada legislatura se indignó por el reemplacameinto vehicular, la CNOP encabezó la demanda de la abrogación de la tenencia vehicular estatal. No era una ocurrencia más, sino la continuación de una clara demanda popular. La proliferación de vehículos con placas foráneas es la prueba más palpable de la inconformidad de los oaxaqueños.

Ojala ahora, que en el Distrito Federal se tomó la sabia decisión de quitar el impuesto de la tenencia vehicular, también el gobernador oaxaqueño siente a su secretario de Finanzas, le lea la cartilla y lo obligue a trabajar: hay muchos rubros de dónde recaudar y sin afectar la economía de los oaxaqueños, pero para eso hace falta creatividad y dedicación, dos características de las que adolecen los actuales funcionarios estatales.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 1 de julio de 2011.