Cuarenta y nueve muertos lleva en su cuenta el actual gobierno estatal, más los que se acumulen esta semana. La cuenta macabra sólo incluye a los muertos en conflictos electorales, agrarios y ahora también de dirigentes políticos del principal partido de la oposición.
Hasta la semana pasada, los muertos se daban por la desatención de los problemas agrarios. A pesar de contar con una coordinación general encargada de atender los asuntos agrarios, los casos nunca fueron controlados por la instancia burocrática estatal. En la añoranza de los mejores tiempos, los conflictos agrarios se abandonaron a la abulia gubernamental y a la buena voluntad de los pueblos en conflicto. Lo peor vino porque los nuevos salvadores del estado se olvidaron que la ola de violencia, por problemas agrarios, se recrudece precisamente en la época de siembras. Su razón de ser es el encono que se genera al observar a una de las partes en conflicto intentar cosechar las tierras que los contrarios consideran suyas. La ausencia del gobierno estatal en el entorno conflictivo, conduce necesariamente a las balaceras, la sangre y la muerte. El pago del aprendizaje, lo cubrieron humildes labriegos oaxaqueños.
Por otra parte, a nueve meses del autonombrado “gobierno del cambio”, aún persisten varios conflictos poselectorales. En muchos municipios, son los mismos diputados de la coalición gobernante quienes azuzan al conflicto y al enfrentamiento; en algunos otros, son los funcionarios gubernamentales o sus subalternos en las organizaciones sociales y políticas quienes inducen a la confrontación. En esta situación también está involucrada el ala de la iglesia católica que entendió al conflicto como un negocio más rentable, que las limosnas de las alcancías parroquiales.
Choápam, Quetzaltepec, los triquis, entre otros, fueron sumando uno a uno sus muertos, hasta alcanzar la cifra de 47. La semana pasada se sumaron dos más, pero ahora de dirigentes del PRI.
El jueves 15, en plena mañana de Tuxtepec, fue acribillado quien fue presidente municipal del lugar en el trienio pasado, Gustavo Pacheco Villaseñor. Junto con su hermano, fue agredido; él murió y el otro está herido de gravedad. Al día siguiente, también de mañana, dos sujetos penetraron en una casa particular en San Juan Mixtepec, en la mixteca baja y ahí acribillaron a balazos a Fernando Rojas Fernández. Él era presidente del Comité Municipal del PRI, pero también era dirigente de la CNC.
En ambos casos, los asesinos huyeron tranquilamente del lugar de los hechos y hasta ahora no se sabe nada, ni de ellos, mucho menos de su paradero, salvo el hecho de que los asesinatos fueron hechos con armas de alto poder, de esos que persigue tanto el gobierno federal y se supone que nadie debía portar a plena luz del día.
Según lo ha compartido Juan Diego en este periódico Tiempo, el secretario general del Despacho, Jesús Martínez Álvarez, declaró muy ufano que “no pasaba nada, que se trataba de un hecho aislado (que no podía) ser causa de desestabilización.” La irrealidad gubernamental también se observa en San Antonio Huitepec, municipio que lleva casi 50 días de bloqueo en su camino de acceso, por conflictos internos y ninguna autoridad se acerca a escucharlos, mucho menos a tratar de solucionar sus problemas.
Para el gobierno, en Oaxaca no pasa nada, todo es paz y progreso, mientras la sangre corre y bullen los conflictos desatendidos.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 19 de septiembre de 2011.
