ASESINOS DE LA APPO.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 28 de septiembre de 2008.

Como era de esperarse, la Procuraduría General de la República (PGR), casi dos años después, ha decidido hacer pública sus conclusiones sobre la muerte del norteamericano Bradley Roland Will, ocurrida el 27 de octubre de 2006. Esos resultados no favorecen a la memoria de lo que se autodenominó Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), toda vez que la investigadora federal determinó que el primer disparo lo hizo una persona situada a escasos 50 centímetros de distancia y estaba colocado al lado derecho del camarógrafo, para que no lo pudiera filmar.

Según la PGR, después de caído lo llevaron en un improvisado camastro, aproximadamente 65 metros, rumbo a un vehículo, con placas sobrepuestas robadas en el Distrito Federal; en el trayecto le volvieron a disparar, causándole otra herida en sedal. Hace unos meses, Misael Sánchez, reportero de este periódico, adelantaba que las investigaciones encontraron que el cadáver fue lavado en un costado, para borrar las huellas de nitrato de plomo que podrían haber quedado impregnados en la piel, por la cercanía de los disparos (Tiempo, 26 de junio de 2008).

Recordemos que este asesinato se cometió durante un enfrentamiento con la policía municipal de Santa Lucía del Camino, cuando los contingentes appistas se dirigían al palacio municipal, después de bloquear avenidas y calles, y entrar violentamente en casas particulares, donde cometían destrozos y quemaban vehículos en los propios patios de sus dueños, a quienes acusaban del delito de ¡ser priistas!

En las horas inmediatas del crimen, los voceros de la Sección 22 y de la APPO denunciaron que los policías municipales habían hecho los disparos y asesinado al camarógrafo de Indymedia, un portal de Internet, que no lo tenía en su planta. En los días siguientes, la prensa del Distrito Federal y los noticieros de televisión difundieron fotografías de personas, a quienes identificaron como policías y los señalaron como responsables del crimen. Algunos policías municipales de Santa Lucía fueron detenidos y estuvieron en la cárcel varios días. Posteriormente, fueron liberados por falta de pruebas, pero los medios de comunicación, especialmente los proclives al PRD y al gobierno federal, reiteraban la culpabilidad de los policías municipales.

En esas aciagas horas, una voz solitaria lanzó otro rayo de luz sobre la oscuridad política del momento. Tres semanas después del crimen, la entonces Procuradora estatal, Lizbeth Caña Cadeza, declaró que “las evidencias y los resultados anexados a la investigación establecían que Will fue asesinado a quemarropa y quienes lo mataron eran parte del mismo grupo en el que se encontraba” (La Jornada, 17/11/06). Casi nadie le creyó, salvo la dirigencia de la Sección 22 y la APPO, quienes, a partir de ese momento, establecieron como otro punto de negociación, la renuncia de la Procuradora.

Aunque parecía difícil de creer, la hipótesis del asesinato por sus supuestos compañeros era la más creíble. Cuando leía la guerra de declaraciones que siguieron, me venía inmediatamente a la memoria aquella memorable fotografía que dio la vuelta al mundo, donde un soldado del enloquecido ejército nicaragüense de Anastasio Somoza, le dispara a un indefenso, arrodillado y con las manos en alto, periodista norteamericano. Fue la gota que derramó el vaso y la paciencia del entonces presidente, James Carter. Poco después, Somoza salía al exilio y un victorioso ejército sandinista comenzaba a tomar el poder. Nunca dudé que la experiencia la intentarían poner en práctica, alguna vez, los militantes radicalizados de los movimientos políticos.

Lo que no supieron prever, fue que la situación del país y el mundo entero, había cambiado. Como lo he reiterado, ya no gobernaba un presidente priista y la actual lógica del poder pasa por las urnas. Un crimen, inducido o no, no es causal suficiente para el derrocamiento de un gobernante. Lo más grave, para los autores del asesinato, es que su permanencia en el cargo le permite clarificar la verdad jurídica de los hechos.

El asesinato fue contraproducente, porque obligó a la intervención de la presidencia de la República para esclarecer los hechos, proceso que implicaba el retorno de la paz pública a la entidad. Los resultados ya los conocemos. Quienes iniciaron la Trifulca Política gozan de la total impunidad de los fueros legislativos y los negociantes noticiosos recuperaron la prebenda del dinero público para difundir las actividades gubernamentales.

En unos días más, veremos las caras de los directos responsables del asesinato de Brad Will, en las pantallas de televisión y las páginas de los periódicos. En realidad, fueron los autores materiales de un crimen inducido por otros. A esos no los alcanzará la justicia. Espero que, después de estos hechos, los promotores y ejecutores de la violencia comprendan el cambio de los tiempos. La toma del poder pasa necesariamente por las urnas y las campañas políticas. La violencia política conduce, más temprano que tarde, a las cárceles y al trasiego semianónimo de la gestión de las dádivas gubernamentales.

POLÍTICA COMO NEGOCIO.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 26 de septiembre de 2008

Hace unos días concluyó el último congreso nacional del PRD. El suceso no tendría ninguna importancia, porque fue solamente la ratificación de la existencia de las belicosas tribus perredistas. Grupos que no oían, ni dejaban hablar a sus contrarios y se dedicaban solamente a denostar, con los gritos y la consigna, como método de discusión y sucedáneos de la crítica racional como procedimiento para resolver controversias.

Tampoco es nueva su imposibilidad, casi congénita, para que los delegados electos llegaran a acuerdos para conducir a su partido. De hecho, los convenios alcanzados fueron tomados fuera del recinto de la asamblea y por dirigentes que nunca fueron electos para asistir al congreso formal. Fueron arreglos extra institucionales, para dirigir a un partido que no ha aprendido a acatar reglas de convivencia institucionales.

No, lo importante de este congreso perredista es su carta de reconocimiento al fin de las ideologías políticas. Lo que tanto anunciaron los teóricos de la derecha y esperaron los pragmáticos de los gobiernos, en este congreso se pudo concretar, en toda la extensión del término y con todas las letras de las palabras. El único punto donde coincidieron, todos los dirigentes de los grupos, fue en poner fin a la ideología como objetivo de campañas políticas y como meta de la búsqueda del poder.

A diferencia de los partidos de izquierda tradicionales, cuya característica fundamental fue la lucha por las mejores condiciones de vida de los obreros, los campesinos y los trabajadores, según la época o el lugar donde hicieron campaña, los perredistas se quitaron totalmente las caretas y dejaron a un lado las posiciones teóricas y políticas, para asumir el único punto claro, preciso y conciso de ese congreso: la convocatoria para la alianza con cualquier partido, independientemente de su ideología política.

Con ese acuerdo, dijeron, podrán aliarse con el PAN o con el PRI en los procesos electorales, tanto federales como locales que vienen. El mensaje era y sigue siendo claro: las ideologías y las posiciones políticas no importan, cuando la meta final es el poder y lo que conlleva. Así entendido, el fin último son las canonjías de los altos sueldos de la burocracia gerencial y el manejo indiscriminado de los presupuestos públicos de los municipios, los estados o el Distrito Federal. Para esta nueva izquierda, de esta supuesta modernidad, lo importante es la posibilidad de tener el poder de la firma, para ejercer los presupuestos públicos, sin importar cómo llegar ni el destino final de la sociedad que aspiran a dirigir.

En realidad, es verdaderamente lamentable esta nueva cara del interés político que nos muestra esta neoizquierda mexicana, donde la política es vista como negocio o trueque, como simple mecánica de adquisición de poder y, como corolario, de riqueza personal.

La primera respuesta la tuvieron del PAN. El presidente nacional de ese partido declaró la imposibilidad de cualquier alianza con el PRD, porque sus ideologías son totalmente diferentes. Es lamentable la falta de conciencia histórica de Germán Martínez, al pretender olvidar que en Oaxaca, en 2001 y 2004, el PAN se alió con el Partido Convergencia y el PRD para impulsar a Gabino Cue a la presidencia municipal y, después, en su aventura al gobierno del estado contra Ulises Ruiz Ortiz. Al menos el PRD peca de sincero, el PAN se esconde en la santería del olvido interesado.

CIUDAD DE PRIMERA.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 21 de septiembre de 2008.

Oaxaca es una ciudad de primera… pero por la gran dificultad de meter la segunda velocidad en los vehículos. Es el chiste más socorrido de nuestros visitantes al sufrir la gran cantidad de baches, topes y la desincronización de los semáforos de nuestras calles.

Año con año, conforme trascurre el período de lluvia, las calles de la ciudad se llenan de hoyancos y el desgaste natural de los pavimentos hace que se dificulte la fluidez de la vialidad. Siendo la principal ciudad del estado, es muy difícil concebir la inexistencia de un servicio eficiente de obra pública municipal, no sólo para arreglar los baches, sino para repavimentar las calles de la ciudad. Especialmente, porque, primero, Petróleos Mexicanos (Pemex), desde hace ya un buen tiempo, le dona al gobierno estatal y a los municipios que lo solicitan, el asfalto necesario para arreglar sus calles; pero, además, el municipio contaba o cuenta con una planta de asfalto propia, por lo que debía abaratarse el costo del arreglo de las calles de la ciudad.

Por otra parte, durante los meses de noviembre a febrero, la maquinaria de la Secretaría de Obras Públicas, como la de Camino y Aeropistas de Oaxaca, se encuentra inutilizada, porque las dependencias no cuentan con recursos para efectuar obra pública estatal, pero el ayuntamiento citadino sí tiene dinero y mano de obra suficientes para dedicarlos a la repavimentación de las calles de la ciudad. Si cada año se hicieran estos trabajos, difícilmente tendríamos tantos hoyos y calles descascaradas durante y después de la temporada de lluvias, como ocurre actualmente.

En segundo lugar, otra gran dificultad para la vialidad es la gran cantidad de topes que existen en las calles, fuera del Centro Histórico. Pareciera una maldición que, conforme cada ayuntamiento se dedica a pavimentar las calles de las colonias circundantes a la ciudad, los vecinos beneficiados inmediatamente ponen topes, a cada veinte metros, de ser posible. Así, no solo entorpecen el tráfico vehicular, sino también ayudan a contaminar el ambiente, por el gasto excesivo de gasolina que se genera cada vez que un vehículo reduce su velocidad y vuelve a acelerar.

Desafortunadamente, pareciera ser que, conforme menor es la preparación escolar de la gente en las colonias, mayor es la cantidad y frecuencia de los topes que ponen en las calles, porque, al no contar con vehículos, no tienen conocimiento del daño que causan las bardas que a veces se les ocurre construir. Pareciera ser que los vecinos quisieran evitar el lodo de las calles, pero, a la vez, quisieran revivir el entorno natural de sus pueblos de origen y donde sólo transitan por las calles las carretas, mulas y algunos burros. En las colonias donde no existen topes, para la desgracia de quienes ahí viven, son los profesores de las escuelas quienes pelean, a brazo partido, para poner los topes frente a las escuelas. Esto se puede observar con mayor claridad en la colonia Reforma, donde los vecinos han impedido la construcción de topes en las calles, pero se han encontrado con los profesores de las escuelas primarias, quienes repiten la cultura de los topes, como sucede en las calles de tierra de los pueblos de donde proceden.

El otro gran problema es la desincronización de los semáforos. Pareciera ser una condenación que los directores del tránsito y los regidores de Vialidad de la ciudad de Oaxaca consideren a los semáforos como un obstáculo a la fluidez del tránsito y no para agilizarlo. Hasta donde se puede observar, las únicas calles con los semáforos sincronizados son Juárez y Melchor Ocampo. Después de ellas, todos los semáforos parecieran estar ordenados para dificultar el tráfico vehicular. Por eso, cuando en las calles con cierta fluidez el gobierno municipal pone un semáforo, inmediatamente se convierten en verdaderos embudos para el tráfico vehicular. Si a eso le sumamos los autobuses urbanos, transitando en doble fila y rebasándose para ganar el pasaje, tendremos una idea más precisa de los tapones producidos por los semáforos. También, para quienes conducen en nuestras calles, es verdaderamente desesperante observar que, cuando en una cuadra un semáforo da la luz verde, en la esquina siguiente el semáforo pone la luz roja, para detener el tráfico vehicular.

Hay absurdos, como el semáforo del entronque de la avenida Niños Héroes con la calle Netzahualcóyotl, donde a falta de un semáforo más adecuado, quienes arreglaron la “vuelta inglesa” se les ocurrió poner uno que da el siga a la izquierda, viniendo sobre Niños Héroes, pero llega un momento que detiene el flujo vehicular, sin ningún tráfico proveniente de Calzada de la República. Es el ejemplo más notable de la desincronización de los semáforos.

Por eso, sí es cierto que vivimos en una ciudad de primera, pero no por la calidad de los servicios, sino por la deficiencia en la vialidad de nuestra ciudad.

EL SECUESTRO DE LA SEGURIDAD.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 19 de septiembre de 2008.

La noche del 15 de septiembre fue fatal para los habitantes de Morelia, Michoacán, pero también marcó un hito en la relación de la delincuencia con el Estado mexicano.

Ahora sabemos que el resultado del estallido de dos granadas de fragmentación son siete muertos y más un centenar de heridos. La reconstrucción de los hechos es verdaderamente escalofriante, porque nos muestra a una población civil indefensa e incrédula ante la atroz y brutal agresión de quienes, amparados en el anonimato y la seguridad de la sorpresa, perpetraron un verdadero acto de terrorismo.

¿Qué hacer ante la impunidad del anonimato? En verdad será sumamente difícil encontrar a los culpables, si no se cuenta con la confianza de una ciudadanía que diga lo que sabe, pero con la seguridad de n o recibir represalias, porque los encargados de impartir la justicia mantengan relaciones de corrupción con los delincuentes, pero también que sepa que los culpables serán castigados.

Uno de los grandes problemas del gobierno mexicano es la inexistencia de un sistema de inteligencia de Estado, que utilice todas las posibilidades tecnológicas y las capacidades humanas para obtener y procesar información para prever las grandes tendencias delictivas, tanto del crimen organizado como de las organizaciones que generen violencia al intentar desestabilizar la paz social. Cuando se contó con un aparato de investigación de ese tipo, en los años setenta y ochenta del siglo pasado, se desviaron sus funciones hacia la detención de las organizaciones de la guerrilla; ese viraje inicial condujo al desmembramiento de los servicios, en un vano intento por legitimar a los gobiernos que, desde entonces, comenzaban a ser puestos en tela de juicio por los partidos y las organizaciones contrarias al régimen imperante.

Por otra parte, los bajos salarios de los policías y su escasa preparación académica los hacen fáciles presas de las florecientes organizaciones vinculadas fundamentalmente al narcotráfico. Casi no conozco persona alguna, con relaciones cercanas a las policías del país, que no remitan a las anécdotas de algún comandante que recibe maletines retacados de dólares; tampoco conozco a jefes de la anterior policía judicial federal o antinarcóticos que vivan en la medianía republicana proclamada por Benito Juárez. Es más, en la prensa del Distrito Federal, hubo una abierta denuncia, en la época del ex presidente Zedillo, sobre una patrulla de la Policía Federal de Caminos que había introducido en Los Pinos maletas cargadas de dólares, sin que hubiera una aclaración del hecho.

Para modificar estas percepciones populares, el gobierno debe profesionalizar a las diferentes corporaciones policiacas del país, pero también debe impulsar a la sociedad a organizarse para iniciar un proceso de auto vigilancia y de denuncia ciudadana. Es imprescindible, también, la creación de un sistema de inteligencia de prevención contra la delincuencia, sin funciones operativas e integrada por profesionales universitarios.

Ya en esta dinámica, se deben endurecer las leyes, para que los servidores públicos policiacos que delincan sean castigados con las más duras penas concebibles hasta hoy y los delincuentes de los delitos mayores vivan perpetuamente en prisión. Sólo este proceso puede detener la escalada de violencia y regresar a la sociedad la tranquilidad y la paz social que hoy la delincuencia organizada ha logrado secuestrar.

COMPONENDAS ADMINISTRATIVAS PERREDISTAS.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 14 de septiembre de 2008

Hace apenas unos días, el coordinador de la diputación local perredista y el dirigente de la UCO, propusieron al gobierno estatal la firma de un pacto de civilidad para detener el avasallamiento de sus presidentes municipales, supuestamente obligados a afiliarse a las filas del PRI bajo amenazas. Manifestaron que, hasta el momento, cuatro presidentes perredistas cayeron en el engaño, aceptando la reconversión, y quienes se resisten enfrentan procedimientos de desconocimiento del cabildo municipal.

Más que la queja, estos dirigentes perredistas debían atender y capacitar a las autoridades municipales emanadas de su partido. Ninguna amenaza podría surtir efecto, si las autoridades municipales tuvieran en regla la documentación comprobatoria de los diversos ramos percibidos del gobierno federal y estatal. El gran problema de la mayoría de los ayuntamientos de la oposición es que son personas sin ninguna experiencia administrativa previa y tampoco reciben capacitación alguna cuando asumen el cargo. Si a eso le agregamos que la mayor parte de la dirigencia de estos partidos tampoco conocen los intrincados vericuetos administrativos, podremos concluir que muy poca ayuda le pueden brindar a sus dirigidos y a los militantes de su partido.

Por eso, ante la ignorancia, la oposición utiliza el chantaje y la presión política para proteger los desvíos de recursos y las tropelías de las autoridades municipales afines a ellos. En la práctica, este llamamiento al gobierno del Estado es una convocatoria para garantizar la impunidad de los presidentes, aún cuando tengan un verdadero desorden administrativo en sus municipios.

Ésta ha sido la experiencia de buena parte de las autoridades emanadas del PRD y se debe, fundamentalmente, al hecho de que muchos políticos se arropan bajo esas siglas pensando que con la presión, la amenaza y el chantaje político pueden disponer libremente de los recursos municipales, sin que autoridad alguna los someta a revisiones de las cuentas públicas municipales o les exija la comprobación de los recursos supuestamente ejercidos.

Hace algunos años fue muy sonado el caso del presidente municipal perredista de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, Leopoldo de Gyves de la Cruz. Cuando entregó la administración se supo que no había comprobado alrededor de 42 millones de pesos. Ante la exigencia de la documentación comprobatoria, este distinguido militante de la COCEI acudió a la Cámara de Diputados, pero no a aclarar el destino de los recursos, sino para iniciar una huelga de hambre, autonombrándose perseguido político, bajo el pueril argumento de que no tenía documentación comprobatoria, porque en Juchitán, una ciudad de más de sesenta mil habitantes en ese entonces, no existían profesionales de contabilidad para asesorarle.

Las autoridades estatales, en vez de exigir la comprobación, se dieron por bien servidos con una conciliación desconocida por la opinión pública hasta el día de hoy, pero me imagino que pasó por el enfriamiento de las movilizaciones de la COCEI y alguna componenda con la dirigencia estatal perredista de la época. Hasta hoy, después de dos administraciones municipales, Leopoldo de Gyves de la Cruz vive en la impunidad de la lenidad legal y es el monumento viviente de la corrupción administrativa municipal.

El mismo caso vivió el ayuntamiento del cercano municipio de Santa Cruz Xoxocotlán en el trienio pasado. El médico Roberto Molina Hernández llegó a la presidencia municipal bajo el amparo de las siglas del PRD. Desde un inicio, mostró que no le interesaba la administración municipal para buscar mejoras para sus conciudadanos, sino sólo buscaba satisfacer sus intereses personales; en lugar de arreglar las desastrosas calles de Xoxocotlán, se dio a la tarea de edificar un sanatorio de su propiedad particular. Así, a la mitad de su periodo se encontró totalmente confrontado con los integrantes de su cabildo, incluyendo a los de su partido, quienes lo acusaban de desviación de treinta y cuatro millones de pesos, viéndose obligado a renunciar. Casi tres años después, sabemos que no comprobó ningún recurso recibido.

Ese mismo camino siguió su sucesora, Sandra Eugenia Ramírez Flores, quien al término de su ejercicio tampoco había comprobado los recursos recibidos. Por los arreglo del gobierno estatal con la dirigencia estatal del PRD, se le permitió a la administración perredista casi concluir su periodo, pero envueltos en el escándalo de la corrupción y el desvío de recursos; incluso, la Tesorería municipal llegó a declarar haber sufrido un asalto, donde se llevaron dinero y documentos, por lo que se les dificultaba la comprobación de los recursos de los ramos 28 y 33 recibidos. Casi al año de haber concluido su gestión, las autoridades perredistas de Xoxocotlán engrosan los ejemplos de la impunidad política para cumplir la ley.

Estos son los casos más sonados, sin embargo, en todo el territorio estatal pululan los ejemplos de la pésima administración municipal perredista. Por eso son presas fáciles de la manipulación política.

El juego de la democracia exige capacidad y capacitación, la mecánica de la corrupción transita por la presión y el chantaje político. A fin de cuentas, los presidentes conversos argumentan desatención de sus dirigentes partidistas y el abandono de sus representantes populares. Por lo visto, las mieles de las prebendas del poder no conducen a los abandonados caminos de terracería o los hoyancos de las carreteras estatales que comunican a los misérrimos municipios gobernados por las autoridades perredistas.

DISIDENCIA MAGISTERIAL NACIONAL.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 12 de septiembre de 2008

La rebelión magisterial contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), comenzó en Morelos. Durante casi un mes, los profesores morelenses han aplicado todas las tácticas practicadas por los oaxaqueños cotidianamente. Después de dos semanas de paro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunió en ese estado, para definir sus próximas estrategias. Ahora sabemos que suspenderán sus labores durante 24 horas después del 15 de septiembre y, en días posteriores, pararán 48 y 72 horas. Los de Oaxaca, además, dejarán de dar clases el 25 y 26 de septiembre para elegir a su nueva directiva sindical.

En lo general, la disidencia magisterial se ha inconformado contra el acuerdo signado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la SEP, buscando promover un nuevo sistema de reclutamiento para otorgar plazas a los maestros de educación básica mediante exámenes de oposición, intensificar la capacitación y promover la evaluación y promoción a partir del desempeño profesional de los docentes.

El problema surgió cuando los disidentes se percataron que el ACE atacaba dos temas medulares del control corporativo de los profesores sindicalizados. Para empezar, la contratación de los nuevos profesores no quedó en manos de las comisiones magisteriales que entregaban plazas a los egresados normalistas y contrataban a nuevo personal mediante un intrincado mecanismo burocrático sujeto a la más rampante corrupción por venta de plazas, incluyendo el cohecho sexual. En segundo lugar, la mecánica del examen dejó de lado otra de las grandes tropelías de la que se vanaglorian los dirigentes sindicales magisteriales: la herencia de las plazas de los jubilados a los familiares que ellos designan, sin importar su capacidad ni la formación profesional con que cuenten los beneficiarios.

Junto con esas situaciones, se da la posibilidad de transformar las escuelas normales en instituciones de educación técnica o universitaria y detener la contratación automática de sus egresados en el sistema educativo nacional. Esta postura ha desatado una gran controversia. Los simpatizantes de la disidencia argumentan que es un golpe a las expectativas educativas de las clases más desprotegidos. En la realidad, las escuelas normales, como mecanismos de capilaridad social, dejaron de funcionar cuando se instituyó la licenciatura en ese nivel. En términos educativos y de tiempo, no hay gran diferencia entre la capacitación que otorgan las universidades en las áreas de ciencias de la educación y pedagogía, con la obtenida en las normales. El problema es que, muchas de las normales, se convirtieron en la cantera de formación para los cuadros jóvenes más radicales de la disidencia magisterial y en una masa cautiva para las movilizaciones políticas. Ésa, y no otra, es la verdadera razón de la defensa a ultranza de un normalismo que hace mucho tiempo dejó de ser la vanguardia de la escuela rural mexicana.

El gobierno federal enfrenta así la grave responsabilidad de buscar incrementar la calidad de la educación pública en México o ceder ante la presión de quienes utilizan el pretexto, para socavar las bases de legitimidad de la indefendible dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo. Creo que la decisión a tomar, pasará por la experiencia oaxaqueña. Para desgracia de la disidencia magisterial, Lino Celaya dirige la CNC estatal en Oaxaca y no despacha en el Centro Histórico de la ciudad de México, así que no habrá entrega de la administración educativa, para posicionarse como candidato a algún cargo de elección popular.

TROPELIAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 7 de septiembre de 2008.

No me queda la menor duda que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz es un hombre de buena fe, pero rodeado de un increíble grupo de descuidados y desaseados administradores. Si a eso le agregamos la mala fe de los delegados federales, tendremos el perfecto coctel para explicar el escaso desarrollo y la pobreza en el estado de Oaxaca.

El miércoles pasado se anunció, con bombos y platillos, la presencia del secretario de la Sagarpa para firmar, entre otros asuntos, el Anexo de Ejecución de los recursos a ser ejercidos por las autoridades municipales. Al menos, esa fue una de las zanahorias puestas enfrente de los presidentes municipales, para que asistieran al evento efectuado en un hotel de la ciudad. Hoy sabemos que el secretario nunca se presentó; pero, además, el acto estuvo plagado de errores de organización.

Por ejemplo, la invitación se les entregó una noche antes a las autoridades municipales, en una fotocopia simple, con las firmas del secretario de la Seder y el delegado de la Sagarpa escaneadas y fotocopiadas. Dicen, quienes intervinieron en la organización, que el delegado de la Sagarpa nunca quiso firmar la invitación, a pesar de ser uno de los principales oradores en la ceremonia. Una de dos: o el delegado sabía de la inasistencia del secretario o estaba conspirando para que ningún presidente se acercara al evento y dejar en entredicho la capacidad de convocatoria del gobierno del Estado.

Pero, lo más grave del asunto, es que jamás ha sido necesaria la firma tumultuaria de los anexos de ejecución para ejercer recursos municipalizados. Todos los años, de manera individual, los presidentes municipales firman un anexo conjunto con el delegado de la Sagarpa y el secretario de la Seder; igual que firman, solos, un convenio con el personal contratado por el programa Soporte, para que les otorguen asesoría en la elaboración de los planes municipales y en la gestión pública. Así, el acto de la firma tumultuaria de los anexos era una mera cuestión mediática, sin sentido administrativo práctico.

Por otra parte, las ventanillas para la recepción de las solicitudes del programa federal denominado Adquisición de Activos Productivos, según sus Reglas de Operación, cerraron el último día del segundo trimestre del año en curso. De fines de junio a la fecha, han transcurrido dos meses y ningún campesino sabe del destino de su solicitud. Según la convocatoria verbal, hecha a las autoridades municipales, el día del supuesto acto con el secretario de la Sagarpa se les iban a entregar los recursos de ese programa para ser ejercidos en el municipio. Esa era otra gran mentira, porque el dinero jamás se entrega a las autoridades, sino se paga directamente a los proveedores. Tampoco los beneficiarios del programa tenían la obligación de asistir, porque ellos no reciben ningún recurso económico de manera directa, sino solamente en especie.

Esta situación nos demuestra el desaseado manejo del programa de Adquisiciones, por la desorganización y el burocratismo de los empleados de la Sagarpa. Supuestamente, no pueden violar la normatividad de sus Reglas de Operación, las que establecen que las ventanillas para recepción de solicitudes se cerraron a fines de junio pasado; sin embargo, tres meses después envían a las autoridades municipales los anexos de ejecución para su firma. Eso implica que, tres meses después del cierre de las ventanillas, la Sagarpa comenzará a recibir las solicitudes hechas a través de las autoridades municipales, lo que viola flagrantemente sus famosos Reglas. Luego entonces, otra de dos: o las Reglas no sirven para nada y sólo son normas burocráticas para entretener la administración del dinero público federal o los empleados de la Sagarpa desconocen su propia normatividad.

Sabiendo de la incapacidad administrativa del actual delegado de la Sagarpa, veremos que incumplirá todas las normas que sus superiores le pongan. El problema es que, si cumplir con lo establecido le llevó tres meses, y dos meses después no hay ninguna respuesta a ningún peticionario, podemos deducir que los primeros apoyos del programa de Adquisiciones comenzarán a fluir en los últimos días de diciembre, precisamente cuando se esté cerrando el ejercicio administrativo federal correspondiente a este año. Así, la delegación de la Sagarpa podrá mantener en las arcas de la federación el dinero que tanto necesitan los campesinos oaxaqueños y podrá regresar otra buena parte a la Tesorería federal.

No está por demás recordar que, hace unos días, en el periódico Tiempo, José Ureña denunciaba que el gobierno federal les había pedido a sus funcionarios “dosificar el gasto a fin de terminar el año con ahorros equivalentes a 15 por ciento de su presupuesto total.” Pero, además, agregaba que un reporte del Grupo de Seguimiento del Gasto de la fracción priista en la Cámara de Diputados revelaba que el programa Alianza para el Campo, dentro del que se encuentran los programas Adquisiciones y Soporte, sólo había aplicado el 26% de los recursos asignados. Al menos, en Oaxaca, sabemos que el programa de Adquisiciones no ha ejercido un solo peso de lo presupuestado para el estado.

Así, el delegado de la Sagarpa, Edgar Guzmán Corral, rendirá las mejores cuentas al gobierno panista del que proviene y podrá recibir el más alto bono con el que, según dicen, el gobierno federal premia a quienes más dinero regresan a la federación.

DIÓDORO, DEFENSOR FOXISTA.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 5 de septiembre de 2008.

No me extraña que el diputado panista, Diódoro Carrasco Altamirano, se erija en protector y defensor de Vicente Fox Quesada. La noticia sería que el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados asumiera una posición neutral y permitiera una investigación real sobre las tropelías del hombre que cogobernó con Martha Sahagún y arropó las pillerías de los hijos de ambos matrimonios. A fin de cuentas, su destino personal se escribió al amparo de las oscuras negociaciones para permitir la alternancia del poder en México.

En otras ocasiones he comentado que fueron figuras fundamentales para concretar la “transición democrática” de 2000, el entonces secretario de Gobernación y quien después lo sucedería en el cargo, Santiago Creel Miranda. Así, cuando Carrasco Altamirano se vio en la estacada del cobro de la factura y los priistas solicitaron su expulsión, tuvo la mano amiga de Creel para ser candidato a diputado plurinominal, en una circunscripción totalmente alejada de su natal Oaxaca y, después, encabezar la importante Comisión de Gobernación: llave maestra en la Cámara de Diputados para impedir cualquier investigación o pronunciamiento contra los altos mandos panistas del gobierno federal. Esa es su chamba y es el pago a su buen trabajo en la transición federal del poder priista al mando panista actual.

Por eso, toda la denuncia de la diputada Claudia Cruz, integrante del grupo parlamentario federal del PRD, dando a conocer que Diódoro Carrasco ha evadido su responsabilidad y obstaculiza los trabajos de la Subcomisión de Examen Previo para dictaminar la solicitud de juicio político contra Vicente Fox, quedará como lo que es: una verdad sepultada por los intereses privados del poder y sus hombres de paja.

Lo cierto y lo que debe destacarse, es su señalamiento que, con todas estas actitudes, la Comisión de Gobernación está enfilando los trabajos legislativos para que, a partir del mes de noviembre, prescriba toda posibilidad de investigación del tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de la ex familia presidencial y se pierda toda posibilidad de emprender cualquier acción legal contra el ex presidente. Así, Diódoro Carrasco volvería a ser el hombre de la coyuntura para extenderles el mejor regalo de navidad, dejando en el limbo de la impunidad las acusaciones del tráfico de influencias para el probable enriquecimiento ilegal de los hijos de Martha Sahagún y del propio ex mandatario.

A fin de cuentas, el ahora diputado federal siempre ha soñado con volver a una nueva secretaría de Estado, ahora con el color azul como bandera. Intentó colarse al gabinete del presidente Calderón, en una jugada de muchas bandas de la CNC, pero el ardid no le funcionó. Desde Oaxaca orquestaron tres acciones para apuntalar al nefasto hombre que cobra como secretario de la Sagarpa: la asistencia del senador Adolfo Toledo para completar el quórum el día de su comparecencia; el apoyo de la Ugocep de Margarito Montes para torpedear al Consejo Agrario Permanente; y la recepción del gobernador del Estado al tambaleante secretario, en un acto con organizaciones campesinas en el ex Palacio de Gobierno.

Creo que con la exoneración de Vicente Fox, Diódoro Carrasco puede dejar tendido un puente para seguir facturando cargos políticos por sus componendas con el PAN. Así será consecuente con su historia personal: no tiene amigos, solo intereses por cobrar.