FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 14 de septiembre de 2008
Hace apenas unos días, el coordinador de la diputación local perredista y el dirigente de la UCO, propusieron al gobierno estatal la firma de un pacto de civilidad para detener el avasallamiento de sus presidentes municipales, supuestamente obligados a afiliarse a las filas del PRI bajo amenazas. Manifestaron que, hasta el momento, cuatro presidentes perredistas cayeron en el engaño, aceptando la reconversión, y quienes se resisten enfrentan procedimientos de desconocimiento del cabildo municipal.
Más que la queja, estos dirigentes perredistas debían atender y capacitar a las autoridades municipales emanadas de su partido. Ninguna amenaza podría surtir efecto, si las autoridades municipales tuvieran en regla la documentación comprobatoria de los diversos ramos percibidos del gobierno federal y estatal. El gran problema de la mayoría de los ayuntamientos de la oposición es que son personas sin ninguna experiencia administrativa previa y tampoco reciben capacitación alguna cuando asumen el cargo. Si a eso le agregamos que la mayor parte de la dirigencia de estos partidos tampoco conocen los intrincados vericuetos administrativos, podremos concluir que muy poca ayuda le pueden brindar a sus dirigidos y a los militantes de su partido.
Por eso, ante la ignorancia, la oposición utiliza el chantaje y la presión política para proteger los desvíos de recursos y las tropelías de las autoridades municipales afines a ellos. En la práctica, este llamamiento al gobierno del Estado es una convocatoria para garantizar la impunidad de los presidentes, aún cuando tengan un verdadero desorden administrativo en sus municipios.
Ésta ha sido la experiencia de buena parte de las autoridades emanadas del PRD y se debe, fundamentalmente, al hecho de que muchos políticos se arropan bajo esas siglas pensando que con la presión, la amenaza y el chantaje político pueden disponer libremente de los recursos municipales, sin que autoridad alguna los someta a revisiones de las cuentas públicas municipales o les exija la comprobación de los recursos supuestamente ejercidos.
Hace algunos años fue muy sonado el caso del presidente municipal perredista de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, Leopoldo de Gyves de la Cruz. Cuando entregó la administración se supo que no había comprobado alrededor de 42 millones de pesos. Ante la exigencia de la documentación comprobatoria, este distinguido militante de la COCEI acudió a la Cámara de Diputados, pero no a aclarar el destino de los recursos, sino para iniciar una huelga de hambre, autonombrándose perseguido político, bajo el pueril argumento de que no tenía documentación comprobatoria, porque en Juchitán, una ciudad de más de sesenta mil habitantes en ese entonces, no existían profesionales de contabilidad para asesorarle.
Las autoridades estatales, en vez de exigir la comprobación, se dieron por bien servidos con una conciliación desconocida por la opinión pública hasta el día de hoy, pero me imagino que pasó por el enfriamiento de las movilizaciones de la COCEI y alguna componenda con la dirigencia estatal perredista de la época. Hasta hoy, después de dos administraciones municipales, Leopoldo de Gyves de la Cruz vive en la impunidad de la lenidad legal y es el monumento viviente de la corrupción administrativa municipal.
El mismo caso vivió el ayuntamiento del cercano municipio de Santa Cruz Xoxocotlán en el trienio pasado. El médico Roberto Molina Hernández llegó a la presidencia municipal bajo el amparo de las siglas del PRD. Desde un inicio, mostró que no le interesaba la administración municipal para buscar mejoras para sus conciudadanos, sino sólo buscaba satisfacer sus intereses personales; en lugar de arreglar las desastrosas calles de Xoxocotlán, se dio a la tarea de edificar un sanatorio de su propiedad particular. Así, a la mitad de su periodo se encontró totalmente confrontado con los integrantes de su cabildo, incluyendo a los de su partido, quienes lo acusaban de desviación de treinta y cuatro millones de pesos, viéndose obligado a renunciar. Casi tres años después, sabemos que no comprobó ningún recurso recibido.
Ese mismo camino siguió su sucesora, Sandra Eugenia Ramírez Flores, quien al término de su ejercicio tampoco había comprobado los recursos recibidos. Por los arreglo del gobierno estatal con la dirigencia estatal del PRD, se le permitió a la administración perredista casi concluir su periodo, pero envueltos en el escándalo de la corrupción y el desvío de recursos; incluso, la Tesorería municipal llegó a declarar haber sufrido un asalto, donde se llevaron dinero y documentos, por lo que se les dificultaba la comprobación de los recursos de los ramos 28 y 33 recibidos. Casi al año de haber concluido su gestión, las autoridades perredistas de Xoxocotlán engrosan los ejemplos de la impunidad política para cumplir la ley.
Estos son los casos más sonados, sin embargo, en todo el territorio estatal pululan los ejemplos de la pésima administración municipal perredista. Por eso son presas fáciles de la manipulación política.
El juego de la democracia exige capacidad y capacitación, la mecánica de la corrupción transita por la presión y el chantaje político. A fin de cuentas, los presidentes conversos argumentan desatención de sus dirigentes partidistas y el abandono de sus representantes populares. Por lo visto, las mieles de las prebendas del poder no conducen a los abandonados caminos de terracería o los hoyancos de las carreteras estatales que comunican a los misérrimos municipios gobernados por las autoridades perredistas.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 14 de septiembre de 2008
Hace apenas unos días, el coordinador de la diputación local perredista y el dirigente de la UCO, propusieron al gobierno estatal la firma de un pacto de civilidad para detener el avasallamiento de sus presidentes municipales, supuestamente obligados a afiliarse a las filas del PRI bajo amenazas. Manifestaron que, hasta el momento, cuatro presidentes perredistas cayeron en el engaño, aceptando la reconversión, y quienes se resisten enfrentan procedimientos de desconocimiento del cabildo municipal.
Más que la queja, estos dirigentes perredistas debían atender y capacitar a las autoridades municipales emanadas de su partido. Ninguna amenaza podría surtir efecto, si las autoridades municipales tuvieran en regla la documentación comprobatoria de los diversos ramos percibidos del gobierno federal y estatal. El gran problema de la mayoría de los ayuntamientos de la oposición es que son personas sin ninguna experiencia administrativa previa y tampoco reciben capacitación alguna cuando asumen el cargo. Si a eso le agregamos que la mayor parte de la dirigencia de estos partidos tampoco conocen los intrincados vericuetos administrativos, podremos concluir que muy poca ayuda le pueden brindar a sus dirigidos y a los militantes de su partido.
Por eso, ante la ignorancia, la oposición utiliza el chantaje y la presión política para proteger los desvíos de recursos y las tropelías de las autoridades municipales afines a ellos. En la práctica, este llamamiento al gobierno del Estado es una convocatoria para garantizar la impunidad de los presidentes, aún cuando tengan un verdadero desorden administrativo en sus municipios.
Ésta ha sido la experiencia de buena parte de las autoridades emanadas del PRD y se debe, fundamentalmente, al hecho de que muchos políticos se arropan bajo esas siglas pensando que con la presión, la amenaza y el chantaje político pueden disponer libremente de los recursos municipales, sin que autoridad alguna los someta a revisiones de las cuentas públicas municipales o les exija la comprobación de los recursos supuestamente ejercidos.
Hace algunos años fue muy sonado el caso del presidente municipal perredista de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, Leopoldo de Gyves de la Cruz. Cuando entregó la administración se supo que no había comprobado alrededor de 42 millones de pesos. Ante la exigencia de la documentación comprobatoria, este distinguido militante de la COCEI acudió a la Cámara de Diputados, pero no a aclarar el destino de los recursos, sino para iniciar una huelga de hambre, autonombrándose perseguido político, bajo el pueril argumento de que no tenía documentación comprobatoria, porque en Juchitán, una ciudad de más de sesenta mil habitantes en ese entonces, no existían profesionales de contabilidad para asesorarle.
Las autoridades estatales, en vez de exigir la comprobación, se dieron por bien servidos con una conciliación desconocida por la opinión pública hasta el día de hoy, pero me imagino que pasó por el enfriamiento de las movilizaciones de la COCEI y alguna componenda con la dirigencia estatal perredista de la época. Hasta hoy, después de dos administraciones municipales, Leopoldo de Gyves de la Cruz vive en la impunidad de la lenidad legal y es el monumento viviente de la corrupción administrativa municipal.
El mismo caso vivió el ayuntamiento del cercano municipio de Santa Cruz Xoxocotlán en el trienio pasado. El médico Roberto Molina Hernández llegó a la presidencia municipal bajo el amparo de las siglas del PRD. Desde un inicio, mostró que no le interesaba la administración municipal para buscar mejoras para sus conciudadanos, sino sólo buscaba satisfacer sus intereses personales; en lugar de arreglar las desastrosas calles de Xoxocotlán, se dio a la tarea de edificar un sanatorio de su propiedad particular. Así, a la mitad de su periodo se encontró totalmente confrontado con los integrantes de su cabildo, incluyendo a los de su partido, quienes lo acusaban de desviación de treinta y cuatro millones de pesos, viéndose obligado a renunciar. Casi tres años después, sabemos que no comprobó ningún recurso recibido.
Ese mismo camino siguió su sucesora, Sandra Eugenia Ramírez Flores, quien al término de su ejercicio tampoco había comprobado los recursos recibidos. Por los arreglo del gobierno estatal con la dirigencia estatal del PRD, se le permitió a la administración perredista casi concluir su periodo, pero envueltos en el escándalo de la corrupción y el desvío de recursos; incluso, la Tesorería municipal llegó a declarar haber sufrido un asalto, donde se llevaron dinero y documentos, por lo que se les dificultaba la comprobación de los recursos de los ramos 28 y 33 recibidos. Casi al año de haber concluido su gestión, las autoridades perredistas de Xoxocotlán engrosan los ejemplos de la impunidad política para cumplir la ley.
Estos son los casos más sonados, sin embargo, en todo el territorio estatal pululan los ejemplos de la pésima administración municipal perredista. Por eso son presas fáciles de la manipulación política.
El juego de la democracia exige capacidad y capacitación, la mecánica de la corrupción transita por la presión y el chantaje político. A fin de cuentas, los presidentes conversos argumentan desatención de sus dirigentes partidistas y el abandono de sus representantes populares. Por lo visto, las mieles de las prebendas del poder no conducen a los abandonados caminos de terracería o los hoyancos de las carreteras estatales que comunican a los misérrimos municipios gobernados por las autoridades perredistas.
