FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 19 de septiembre de 2008.
La noche del 15 de septiembre fue fatal para los habitantes de Morelia, Michoacán, pero también marcó un hito en la relación de la delincuencia con el Estado mexicano.
Ahora sabemos que el resultado del estallido de dos granadas de fragmentación son siete muertos y más un centenar de heridos. La reconstrucción de los hechos es verdaderamente escalofriante, porque nos muestra a una población civil indefensa e incrédula ante la atroz y brutal agresión de quienes, amparados en el anonimato y la seguridad de la sorpresa, perpetraron un verdadero acto de terrorismo.
¿Qué hacer ante la impunidad del anonimato? En verdad será sumamente difícil encontrar a los culpables, si no se cuenta con la confianza de una ciudadanía que diga lo que sabe, pero con la seguridad de n o recibir represalias, porque los encargados de impartir la justicia mantengan relaciones de corrupción con los delincuentes, pero también que sepa que los culpables serán castigados.
Uno de los grandes problemas del gobierno mexicano es la inexistencia de un sistema de inteligencia de Estado, que utilice todas las posibilidades tecnológicas y las capacidades humanas para obtener y procesar información para prever las grandes tendencias delictivas, tanto del crimen organizado como de las organizaciones que generen violencia al intentar desestabilizar la paz social. Cuando se contó con un aparato de investigación de ese tipo, en los años setenta y ochenta del siglo pasado, se desviaron sus funciones hacia la detención de las organizaciones de la guerrilla; ese viraje inicial condujo al desmembramiento de los servicios, en un vano intento por legitimar a los gobiernos que, desde entonces, comenzaban a ser puestos en tela de juicio por los partidos y las organizaciones contrarias al régimen imperante.
Por otra parte, los bajos salarios de los policías y su escasa preparación académica los hacen fáciles presas de las florecientes organizaciones vinculadas fundamentalmente al narcotráfico. Casi no conozco persona alguna, con relaciones cercanas a las policías del país, que no remitan a las anécdotas de algún comandante que recibe maletines retacados de dólares; tampoco conozco a jefes de la anterior policía judicial federal o antinarcóticos que vivan en la medianía republicana proclamada por Benito Juárez. Es más, en la prensa del Distrito Federal, hubo una abierta denuncia, en la época del ex presidente Zedillo, sobre una patrulla de la Policía Federal de Caminos que había introducido en Los Pinos maletas cargadas de dólares, sin que hubiera una aclaración del hecho.
Para modificar estas percepciones populares, el gobierno debe profesionalizar a las diferentes corporaciones policiacas del país, pero también debe impulsar a la sociedad a organizarse para iniciar un proceso de auto vigilancia y de denuncia ciudadana. Es imprescindible, también, la creación de un sistema de inteligencia de prevención contra la delincuencia, sin funciones operativas e integrada por profesionales universitarios.
Ya en esta dinámica, se deben endurecer las leyes, para que los servidores públicos policiacos que delincan sean castigados con las más duras penas concebibles hasta hoy y los delincuentes de los delitos mayores vivan perpetuamente en prisión. Sólo este proceso puede detener la escalada de violencia y regresar a la sociedad la tranquilidad y la paz social que hoy la delincuencia organizada ha logrado secuestrar.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 19 de septiembre de 2008.
La noche del 15 de septiembre fue fatal para los habitantes de Morelia, Michoacán, pero también marcó un hito en la relación de la delincuencia con el Estado mexicano.
Ahora sabemos que el resultado del estallido de dos granadas de fragmentación son siete muertos y más un centenar de heridos. La reconstrucción de los hechos es verdaderamente escalofriante, porque nos muestra a una población civil indefensa e incrédula ante la atroz y brutal agresión de quienes, amparados en el anonimato y la seguridad de la sorpresa, perpetraron un verdadero acto de terrorismo.
¿Qué hacer ante la impunidad del anonimato? En verdad será sumamente difícil encontrar a los culpables, si no se cuenta con la confianza de una ciudadanía que diga lo que sabe, pero con la seguridad de n o recibir represalias, porque los encargados de impartir la justicia mantengan relaciones de corrupción con los delincuentes, pero también que sepa que los culpables serán castigados.
Uno de los grandes problemas del gobierno mexicano es la inexistencia de un sistema de inteligencia de Estado, que utilice todas las posibilidades tecnológicas y las capacidades humanas para obtener y procesar información para prever las grandes tendencias delictivas, tanto del crimen organizado como de las organizaciones que generen violencia al intentar desestabilizar la paz social. Cuando se contó con un aparato de investigación de ese tipo, en los años setenta y ochenta del siglo pasado, se desviaron sus funciones hacia la detención de las organizaciones de la guerrilla; ese viraje inicial condujo al desmembramiento de los servicios, en un vano intento por legitimar a los gobiernos que, desde entonces, comenzaban a ser puestos en tela de juicio por los partidos y las organizaciones contrarias al régimen imperante.
Por otra parte, los bajos salarios de los policías y su escasa preparación académica los hacen fáciles presas de las florecientes organizaciones vinculadas fundamentalmente al narcotráfico. Casi no conozco persona alguna, con relaciones cercanas a las policías del país, que no remitan a las anécdotas de algún comandante que recibe maletines retacados de dólares; tampoco conozco a jefes de la anterior policía judicial federal o antinarcóticos que vivan en la medianía republicana proclamada por Benito Juárez. Es más, en la prensa del Distrito Federal, hubo una abierta denuncia, en la época del ex presidente Zedillo, sobre una patrulla de la Policía Federal de Caminos que había introducido en Los Pinos maletas cargadas de dólares, sin que hubiera una aclaración del hecho.
Para modificar estas percepciones populares, el gobierno debe profesionalizar a las diferentes corporaciones policiacas del país, pero también debe impulsar a la sociedad a organizarse para iniciar un proceso de auto vigilancia y de denuncia ciudadana. Es imprescindible, también, la creación de un sistema de inteligencia de prevención contra la delincuencia, sin funciones operativas e integrada por profesionales universitarios.
Ya en esta dinámica, se deben endurecer las leyes, para que los servidores públicos policiacos que delincan sean castigados con las más duras penas concebibles hasta hoy y los delincuentes de los delitos mayores vivan perpetuamente en prisión. Sólo este proceso puede detener la escalada de violencia y regresar a la sociedad la tranquilidad y la paz social que hoy la delincuencia organizada ha logrado secuestrar.
