FALACIAS EMPRESARIALES.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 29 de marzo de 2009.

Uno de las máximas más repetidas sobre el mundo empresarial es que toda gran fortuna tiene como base un gran robo o una gran estafa. Esta afirmación se ha tratado de revertir, especialmente en las instituciones de educación superior. Hasta la década de los 80, en las universidades, especialmente las públicas, la enseñanza y el aprendizaje tenían un sentido claramente social. En las instituciones de educación superior se aprendía para ayudar a los demás y la noción del pueblo era el centro paradigmático de las ciencias. No en vano, se decía, eran recursos del pueblo los que financiaban a las instituciones de educación superior. Hasta en el estudio del derecho, la búsqueda de la justicia se anteponía al de los negocios en la aplicación de la ley.

Esa situación, al parecer, ha cambiado al día de hoy. En las universidades y los tecnológicos se está anteponiendo la noción empresarial privado del negocio por encima de la verdad, la ciencia y la colectividad. Mañosamente, se presenta la iniciativa individual como la única razón de ser de toda innovación; pero, sobre todo, como la base de la empresa privada capitalista, a la que se identifica como su correlato automático en la vida social. A los jóvenes de hoy se les vende la idea de que sólo la iniciativa personal los puede sacar del entorno adverso, pero se le identifica con la búsqueda del lucro, por encima del afán de servicio y de la justicia social. En síntesis, se iguala a la iniciativa individual con la iniciativa privada y a ésta se le identifica con la empresa capitalista.

En torno a esta engañosa idea hay una verdadera campaña publicitaria para identificar lo colectivo con lo fallido. Después de muchos intentos, se ha logrado asimilar a la cooperativa y la organización colectiva con el fracaso empresarial. En el peor de los extremos, algunos de los más connotados miembros de la derecha mexicana y sus intelectuales orgánicos propalan abiertamente la idea de que la propiedad social de la tierra —en el ejido y las comunidades agrarias— es un verdadero error, porque inducen a la pobreza al impedir que los campesinos sean sujetos de créditos bancarios, condición que, supuestamente, los podría convertir en empresarios exitosos. El corolario de estos publicistas de la empresa privada, es la necesaria e inmediata privatización de las tierras comunales y ejidales.

También, las disqueras y los grandes comerciantes de software financian millonarias campañas para denunciar la piratería como obstáculo de la innovación tecnológica, sin aclarar que la base social de la piratería son las inmensas ganancias que generan los estratosféricos precios de sus productos defendidos. Contra la avaricia comercial, la respuesta popular han sido las copias ilegales, pero que no contravienen con la idea social de la justa equidad.

Este proceso de adoctrinamiento ideológico se ha profundizado, especialmente con la proliferación de las universidades privadas. Ahí, pero también en las públicas, se ha generado una creciente corriente para impulsar la idea de que cualquier egresado de una institución de educación superior puede y debe convertirse, automáticamente, en un exitoso empresario capitalista. Es más, en las últimas semanas, hemos observado que tanto el gobierno estatal, en la dinámica natural del gobierno federal, ha conjuntado esfuerzos con las organizaciones empresariales privadas para impulsar foros y conferencias para enseñar a los jóvenes profesionales universitarios lo que no les resulta tan evidente: la posibilidad y la necesidad de que cada profesional recién egresado se convierta en un exitoso empresario privado.

En algunos de estos foros actúan verdaderos motivadores profesionales para inducir, con consignas y frases huecas, el irremediable éxito al convertirse en parte de la iniciativa privada o el empresariado nacional. Lo que callan es la elemental información de que, para iniciar cualquier negocio, se requiere una fuerte inversión para la compra de los activos fijos de la futura empresa; pero, además, se deberá contar con un buen capital variable para pagar salarios y para sobrevivir, por lo menos los primeros dos años de operación, cuando la tasa de retorno es insuficiente para mantener al empresario y a su familia. Tampoco les informan de la inexistencia del crédito bancario y que, para obtener alguno, se debe tener, como mínimo, una buena propiedad para garantizar el capital prestado. Se omite que el crédito, la base fundamental de cualquier empresa capitalista, está negada casi a la totalidad de los aspirantes a empresarios.

En esas condiciones, difícilmente un aspirante a empresario puede pensar en operar una empresa exitosa que le permita convertirse en un capitalista exitoso, mucho menos soñar en convertirse en émulo de Carlos Slim o Ricardo Salinas Pliego, quienes, por cierto, según cuenta la leyenda popular, sus espectaculares negocios lo hicieron tomados de la mano de los recursos políticos y financieros de Carlos y Raúl Salinas de Gortari, para apuntalar los monopolios con los que hoy acumulan esas inmensas fortunas, que los publicistas de la empresa privada ponen como ejemplo de los negocios exitosos.

No es que la iniciativa individual sea la base de la iniciativa privada, identificada como empresa capitalista; por el contrario, la iniciativa individual, en entidades como Oaxaca, debía encaminar su esfuerzo al aprovechamiento de la riqueza social en la que nuestro estado es tan pródiga y se encuentra totalmente desaprovechada por la incomprensión y la incompetencia del gobierno estatal, del abierto rechazo del gobierno federal y la ignorancia de los empresarios comerciales locales.

QUIMERAS AGROPECUARIAS.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 27 de marzo de 2009.

Anteayer nos visitó uno de los secretarios más torpes y vilipendiado del gabinete presidencial. Al menos, en esta ocasión, no cayó en la burda estafa de hace un año, cuando el delegado estatal de la Sagarpa le hizo entregar cheques sin fondo a los campesinos acarreados al evento. Lo mejor es que Alberto Cárdenas Jiménez, flamante titular de la Sagarpa, ni se inmuta, ni se acongoja. Sigue despedazando el agro nacional y con las políticas neoliberales cree estar construyendo al nuevo empresariado privado agropecuario.

El Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria cuyo banderazo dio, es un programa financiado con recursos de la FAO y, desde 2003, funciona en Oaxaca. Después de ese tiempo, sus resultados son tan inicuos que los campesinos oaxaqueños ni siquiera saben del programa. Pero, eso sí, ha servido para dar chamba a los amigos de los funcionarios encargados de su operación, tanto de la Seder, como de los operadores de la delegación estatal de la Sagarpa.

La mecánica de operación es muy sencilla: los funcionarios operadores inducen a la creación de una asociación civil o los crean directamente, a través de testaferros. Ya establecida, ellos mismos le asignan un área de desarrollo y establecen los montos a ejecutar, que no bajan de los tres millones de pesos anuales. El círculo se cierra cuando los mismos promotores de las asociaciones evalúan el avance físico y financiero en las áreas determinadas y autorizan los pagos del personal contratado y la entrega de recursos a los supuestos beneficiados. Hasta hoy, nadie sabe a cuántos ha beneficiado el programa, ni los resultados alcanzados. Es, pues, uno más de los programas de relumbrón y para beneficio de unos cuantos aprovechados.

Pero no solo eso, la Sagarpa es una de las principales inductoras de la desigualdad social en el campo. Con la absurda creencia de que sólo la empresa privada es capaz de generar riqueza, han impulsado la capitalización de la minúscula capa de la población agropecuaria con recursos económicos, dejando en el abandono a la mayoría de los campesinos oaxaqueños. En todos los programas de la Sagarpa se exige la aportación del cincuenta por ciento del costo total del proyecto por parte del beneficiario; en algunos, la Secretaría solo aporta una mínima parte. Por ejemplo, para la adquisición de un tractor, cuyo costo el año pasado era de 430 mil pesos, la Sagarpa sólo aportaba 90 mil pesos; lo demás, 340 mil pesos, debía ser aportado por el beneficiario; sin contar que el programa no apoya para la adquisición del arado ni los implementos indispensables para el manejo del tractor.

En el caso de los invernaderos, uno tipo, de 300 metros cuadrados, tenía el año pasado un costo entre 300 y 350 mil pesos. La Sagarpa sólo apoya con el 50 por ciento y, en la parte correspondiente al productor, no puede estar considerado el costo de la tierra, pues sólo incluye el dinero en efectivo para la adquisición. Además, el productor no puede construir su propio invernadero, porque debe ser hecho por un contratista privado, incluido en el catálogo de proveedores de la Sagarpa. Los cálculos de la misma Secretaría han concluido que un invernadero de ese tamaño no es un negocio rentable para una familia campesina. Se necesitan por lo menos dos, para que pueda más o menos sobrevivir. Un campesino pobre oaxaqueño no tiene 350 mil pesos y mucho menos para invertir en un negocio que apenas le alcanzaría para subsistir. Ésta es la política de inequidad que impulsa el gobierno federal en el campo oaxaqueño.

LA IGLESIA, SANCHO.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 20 de marzo de 2009.

Aunque algunos lo duden, en términos porcentuales, la Iglesia católica tiene una clara y constante declinación en las preferencias religiosas desde hace casi seis décadas; pero es a partir de los años 70 del siglo pasado, cuando el incremento de confesiones protestantes comenzó a modificar el panorama religioso mexicano.

El crecimiento de otras iglesias mexicanas ha sido vertiginoso. En 2000, eran 7 millones de mexicanos quienes profesaban creencias impensables apenas decenios atrás: 2 mil eran islámicos, 6 mil budistas o los fanáticos de ese folclórico dios vivo llamado Samuel Joaquín, dueño de la Iglesia “La Luz del Mundo” y jefe de una ciudad anexa a Guadalajara, con un templo más grande que el Auditorio Nacional. Además, en México hay cada vez más adeptos de la Santa Muerte y hasta de Malverde, el santo patrono de los narcos.

Actualmente hay 6 mil 806 asociaciones religiosas con registro oficial y 60 mil 542 ministros de culto, además de los católicos. Según las estadísticas del INEGI, el porcentaje de católicos ha disminuido cada vez más aceleradamente en las tres décadas recientes. Apenas en 1990, 90.2% de los mexicanos se declaraba católico, pero en el 2000 esa profesión de fe disminuyó a 87%. Hay estados, como Chiapas, en los que el derrumbe es estrepitoso: de 91.2% a 77% en 1980 y a 63% en 2000. Sorprendentemente, 500 mil chiapanecos se han declarado ateos. Precisamente, el estado donde la Jerarquía católica brindó su apoyo táctico a la guerrilla mediática del EZLN, es donde la religión católica tiene su mayor fracaso.

En este acelerado proceso de deterioro de la base católica, en mucho ha influido el que la cúpula clerical ha dejado de representar los valores, esperanzas e intereses de ciudadanos que, aun declarándose católicos, construyen sus opciones de vida sin los referentes doctrinales y éticos de quienes formalmente son sus líderes espirituales.

El descreimiento en los jerarcas católicos mexicanos tiene bases sociales. Ahí están los nexos presuntos, o por lo menos confusos, con el crimen organizado, ejemplificados en la dramática ejecución del cardenal Posadas o la visita de los Arellano Félix al nuncio Prigione. Los escandalosos episodios de los curas pederastas, protegidos por la Arquidiócesis de México, han significado durísimos golpes a la confiabilidad en la iglesia.

Aunque tal vez lo más demoledor en este proceso de desgaste es la erosión permanente de una supuesta institución divina, cada vez más dedicada a sus relaciones con el poder terrenal, político y económico, y distanciada de su labor pastoral con los más pobres. Cardenales y obispos se ven en exclusivos torneos de golf y en espectaculares fiestas de la “gente bonita”, pero se despreocupan totalmente de las carencias sociales y los dramas de la injusticia de un régimen basado en “la mano invisible” del mercado.

En Oaxaca, la jerarquía católica se muestra más preocupada por sus relaciones políticas con los líderes contrarios al régimen, que en el reclutamiento de nuevos sacerdotes o en la labor pastoral para los marginados y miserables. Han confundido la creencia mesiánica de un mundo mejor, envuelto en las parábolas del Señor, con la parafernalia mediática. En esa lucha política, están perdiendo a los rebaños que les fueron confiados y a los que accedieron sin esfuerzo alguno. Quizá ahí se encuentre su mayor error, en su olvido de la frase bíblica “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

MOVIMIENTOS POLÍTICOS OAXAQUEÑOS.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 15 de marzo de 2009.

En realidad, en la vida social práctica, los grandes movimientos comienzan por pequeñas cosas. Por ejemplo, la revolución bolchevique rusa comenzó cuando un oscuro sacerdote, Rasputín, se adueño de la voluntad de la Zarina y trastocó el sentido de la vida de la aristocracia rusa. La Revolución Francesa tuvo su origen en algunas acciones de la Reina, como cuando declaró que si los franceses pobres no tenían pan para comer, pues que comieran pasteles; una verdadera actitud de incomprensión social ante la negativa del tesorero del reino para comprarle las joyas que pedía y que a la postre le costaron, no solo el reino, sino también la testa coronada.

Al parecer, los dos últimos conflictos políticos que vivió el estado de Oaxaca tienen también orígenes oscuros y nimios. En el caso del movimiento universitario de 1975, comenzó cuando Manuel Zárate Aquino dio indicaciones para que retiraran las dádivas económicas a los dirigentes estudiantiles universitarios. Algo parecido dio origen a la Trifulca Política del 2006. Durante el sexenio anterior, todos los liderazgos políticos y sociales estuvieron en una nómina especial que se cubría en la Unidad Jurídica de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal. Según algunos analistas, el monto llegaba a los cuarenta millones de pesos mensuales. A la llegada del nuevo gobierno, la nómina de asesores fue suspendida. Todos los beneficiarios políticos del régimen anterior quedaron en el abandono; por eso, cuando los profesores de la Sección 22 y sus titiriteros los convocaron a formar la APPO, corrieron inmediatamente a formar el frente contra el gobernante que los dejó en la indefensión económica.

En el caso de Zárate Aquino, la decisión económica la tomó porque los grupos económicos más retardatarios -aquellos que consideraban que la función del gobierno del Estado era garantizarles a perpetuidad el esquema de explotación, basado en obligar a sus trabajadores a laborar el máximo de la jornada laboral, pagarles sueldos miserables y negarles cualquier prestación económica- lo obligaron a encarar a un grupo de jóvenes que veían en la sindicalización de los empleados universitarios y gubernamentales la posibilidad de ampliar el horizonte de su fuerza política, para avanzar en la organización sindical en las empresas privadas y la recuperación de tierras de algunas comunidades agrarias.

En términos estrictos, no estaban planteando nada ilegal. El problema era que, para los autonombrados caudillos de la iniciativa privada, como Juan José Gutiérrez, era la rebelión de la chusma contra el control de los hombres blancos y privilegiados del régimen. Junto con ellos, se levantó la voz de los dirigentes políticos que veían perder su poder caciquil: la CNC, CCI, CTM y el propio PRI, porque la gente creía más en los “agitadores” que en los salvaguardas del régimen. A decir verdad, los dirigentes del Bufete Popular Universitario no estaban atentando contra el régimen; solo querían su parte del pastel, pero bajo sus propias condiciones. Su esquema político lo concretó la COCEI en el Istmo de Tehuantepec y el gobierno estatal lo comprendió un sexenio después, con la llegada de Heladio Ramírez al gobierno estatal.

En los dos conflictos, sobresalió la incapacidad de los funcionarios públicos para reencauzar las relaciones sociales que se estaban deteriorando. En el caso de Zárate Aquino, fue la incapacidad del Secretario General de Gobierno, quien creyó seguir gobernando al Oaxaca de los años 50, lo que desencadenó el torrente social que terminó destruyendo su vida política y la de su gobernador. Cuando Enrique Pacheco Álvarez asume la responsabilidad de la represión del movimiento estudiantil y los conflictos agrarios, estaba cavando la tumba del gobernador, quizá pensando en la posibilidad de heredar el cargo.

Lo mismo ocurre en el 2006. La trifulca política se descarriló, por la incapacidad táctica de los funcionarios gubernamentales para comprender la mínima magnitud del problema, aunado a su soberbia de creer que el gobierno se consolida con la aplicación de la ley –a secas- y la fuerza pública. Si los famosos 12 millones, que Coplade negó para concluir la negociación, se les hubieran otorgado, el gobierno federal no tuviera la necesidad de desembolsar casi 32 mil millones de pesos para nivelar a nivel nacional a los profesores y el gobierno estatal tampoco estaría en el brete de su deslegitimación con tantos impuestos que ha establecido, para pagar las deudas y certificados bursátiles que contrajo a partir de ese movimiento. (Reforma, 6/03/2009)

Como en 1977, si en el 2006 los funcionarios estatales hubieran dejado de lado las cuestiones sentimentales y de vanidad, otro sería su futuro y el de Oaxaca. La desorganización administrativa y el descontrol político los llevó a un desalojo de profesores hecho a la carrera. Nunca comprendieron que la violencia es el último momento de la acción operativa y que antes hay una serie de procesos que concluyen precisamente con ese operativo. Les faltó coordinación y visión estratégica. Ese ha sido el gran problema de los gobiernos estatales y federal, precisamente porque diluyen las responsabilidades y crean instancias paralelas de control, para garantizar el predominio de las “burbujas” y camarillas, pero no se percatan que esa es una forma de administrar, pero no es el método para gobernar.

El equipo político de Zárate Aquino no tuvo tiempo de aprender, a la actual administración se le está terminando el periodo constitucional.

¿REGRESO PRIISTA?

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 13 de marzo de 2009.

Según todas las encuestas, el triunfo del PRI en las próximas elecciones federales no está a discusión. De continuar las tendencias, el PRI obtendría entre el 40 y el 42% de la votación total, por cierto, casi la misma cantidad de votos que obtuvo Roberto Madrazo en las elecciones pasadas, pero muy por arriba de lo que puede obtener el PAN y, obviamente, superará con creces la escasa votación del PRD. A partir de ahí, muchos analistas y los mismos dirigentes priistas se han vanagloriado del retorno del PRI al poder, en 2012.

Muchos comentaristas, de los que estuvieron y están a favor del PRD, se desgarran las vestiduras para argumentar que las encuestas son una fotografía momentánea, pero que todavía espera un largo trecho y una larga campaña electoral para cantar victoria; para ellos, el PRI no debe retornar al poder. Por su parte, los panistas se suelta las greñas y se echan cenizas en la cabeza, como en la antigua Roma, y se lanzan movidos por la ira y la cólera contra el molino de viento del narcotráfico, tratando de influir en la gente y evitar su voto por el PRI. Por su parte, los dirigentes priistas cantan victoria anticipadamente y comienzan el golpeteo interno, pensando que el retorno a la presidencia la República está a la vuelta de la esquina.

Tirios y troyanos no se han percatado que el triunfo en las próximas elecciones federales no es el retorno priista al poder, por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque en estas próximas elecciones solo se decidirá la composición de la Cámara de Diputados, una de las instancias legislativas, donde el PRI actualmente ocupa el tercer lugar y, de triunfar, dará el salto para posicionarse en el primer lugar. Pero el sistema político actual es presidencialista. El presidente de la República tiene todos los resortes del poder y el Poder Legislativo solo emite leyes. Así que no nos engañemos. El PRI no regresa al poder. A lo más, tendrá la primacía en la Cámara de Diputados, pero tampoco la controlará, porque el PAN le seguirá en la cantidad de diputados y el PRD se convertirá en el partido bisagra, ya no tan confrontado con el panismo de Felipe Calderón, a partir del triunfo de los pragmáticos “Chuchos” perredistas.

En segundo lugar, el PRI va a triunfar, no porque la gente lo vea regenerado o como alternativa de gobierno. El PRI va a triunfar porque en estas elecciones intermedias acude a las urnas el voto duro de los partidos. Según algunas encuestas, en estas elecciones saldrá a votar más o menos el 35%% de los votantes efectivos. Aquellos que son movidos por la publicidad y por las personalidades en las campañas presidenciales, se van a quedar guardados en sus casas e irán a las urnas electorales quienes votan por los emblemas y los colores partidistas. Esa es la ventaja priista en este momento.

Dentro de cuatro años, nuevamente la población flotante de los electores, esos que votan por las personalidades y son impulsados por la campaña mediática de las televisoras y la radio, quienes definirán el próximo proceso electoral federal, sí saldrán a las calles e impulsarán la mínima ventaja del triunfo del próximo presidente de la República. Y, ¡ay! del PRI si, en ese momento, no sabe escoger a un buen candidato y se queda en el terreno de las cofradías, por cierto, esas que hoy dominan a buena parte de la estructura priista local y federal, y manejan las relaciones políticas con el gobierno federal.

DERECHA REACCIONARIA, IZQUIERDA RADICAL.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 8 de marzo de 2009.

Treinta y dos años después, algunos de los beneficiarios del régimen de Manuel Zárate Aquino salen a la insostenible defensa de un régimen que no supo entender su momento y no pudo comprender que la política es el arte de lo posible y no el triunfo del voluntarismo.

Me llama la atención la actitud de negar lo evidente. Tanto el ex Gobernador, en su escrito póstumo, declara enfáticamente que “en ningún momento atentó contra la vida y la integridad de los oaxaqueños… y que jamás persiguió a personas o grupos por sus ideas…” (Noticias, 3-iii-09), como Raúl Canela Manzo, su Tesorero estatal negó “que la Policía Preventiva del Estado haya reprimido a estudiantes universitarios identificados con el movimiento” y después le dio la vuelta total a los hechos al afirmar: “Hubo gente ajena al movimiento que fue la que se encargó de manejar a los francotiradores (en la marcha del 2 de marzo) que atacaron a los policías, que tuvo que responder...” (Noticias, 5/iii/2009), cuando, por todos los periódicos de la época, sabemos que el 2 de marzo de 1977, la policía preventiva estatal disparó a mansalva contra una multitud indefensa, en la esquina de García Vigil y Allende, provocando cerca de cuarenta heridos. Aunque la muerte de un niño y Ricardo Pérez Hernández, fueron causados por una patrulla lanzada a toda velocidad contra la descubierta de la marcha que portaba un ataúd con la leyenda “MZA”.

Si bien es cierto que el Gobernador no disparó personalmente contra ningún oaxaqueño, nadie puede dudar que sus policías preventivos y el Secretario General de Gobierno sí fueron responsables de la muerte de Pérez Hernández en Oaxaca y varios campesinos en San Juan Lalana. Al menos, el 2 de marzo de 1977, la policía preventiva estatal no portaba sus famosas varas eléctricas, ni el equipo antimotines que tanto dinero le costó al gobierno, sino iban armados con rifles M-1, el arma policial de esa época, con las que dispararon a mansalva contra una multitud que corría calle arriba.

Para ese momento ya había trascurrido casi un año y dos meses de iniciado el conflicto estudiantil. Fiel a sus expresiones, como aquella famosa frase “lo que resiste, apoya”, el entonces secretario de Gobernación de José López Portillo le había pedido a la dirigencia estudiantil universitaria tres días para que el Gobernador presentara su licencia. Ante la duda, por la tozudez de Zárate Aquino, Reyes Heroles les anunció que una comisión de senadores se trasladaría a la ciudad de Oaxaca el 2 de marzo. El compromiso era que el 3 de marzo, el Gobernador presentaría su solicitud de licencia o, de lo contrario, el Senado de la República decretaría la desaparición de poderes en la entidad.

Con el acuerdo en la bolsa, la comisión universitaria se reunió con la dirigencia del movimiento en el Paraninfo del Edificio Central, para explicar los acuerdos. Lo que nadie previó fue que al concluir la reunión, el dirigente de una pequeña y oscura Organización Netzahualcóyotl, Arturo Cortés Gutiérrez, se encaminaría a la Escuela de Medicina, donde despachaba Felipe Martínez Soriano, para llamar a sus seguidores a una marcha, el 2 de marzo, con destino al Palacio de Gobierno, para denunciar la obcecación de Zárate Aquino por mantenerse en el cargo. El argumento de Cortés Gutiérrez fue muy sencillo: esperar la renuncia obligada de Zárate Aquino era un triunfo de la negociación con el gobierno y el Movimiento Democrático Universitario no podía aceptar una concesión gubernamental; por el contrario, debía demostrar que la renuncia se había arrancado con la movilización popular.

Era una actitud de provocación, muy de acuerdo con las tendencias duras e intransigentes de los grupos radicales. Ante la insistencia, la decisión de los demás grupos fue salir a la calle juntos, para tratar de evitar lo que parecía inevitable: el choque con la policía preventiva, porque había un acuerdo con el gobierno federal de que ninguna marcha se dirigiría al centro de la ciudad, ni pasaría frente al Palacio de Gobierno.

En ese momento confluyeron dos situaciones que nadie podía vaticinar: la intransigencia de la izquierda radical y la irracionalidad de la derecha reaccionaria. Zárate Aquino y su equipo de gobierno, sabiendo que tenía las horas contadas, tomó la desgraciada decisión de enviar a su policía a confrontar a los manifestantes con el lenguaje de las armas. Nadie me quita la idea de que también fue el momento en que decidió hacer la desafortunada declaración de que daba lo mismo perder 1 a 0, que 5 a 0, en referencia a la cantidad de muertos que había provocado.

Lo que la dirigencia estudiantil universitaria temía, había ocurrido. La renuncia negociada con la Secretaría de Gobernación, al final se obtuvo con sangre. Hasta ese momento, esa había sido la mejor experiencia del movimiento universitario: entender que la violencia de los radicales de izquierda era igual de peligrosa que la irracionalidad de la derecha reaccionaria. Sin embargo, el aprendizaje no se pudo aplicar, porque Felipe Martínez Soriano era ya el rector reconocido de la universidad y una nueva ola de violencia desatada por la “enfermedad infantil” de la ultraizquierda iba a destrozar el sendero constructivo de la Universidad.

ZÁRATE AQUINO.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 6 de marzo de 2009.

El pasado 3 de marzo, se cumplieron los primeros 32 años de la última vez que un gobernador estatal presentó su licencia al cargo por incapacidad política. En 1977, Manuel Zárate Aquino lo hizo, después de ser señalado como el responsable de la muerte de varias personas y de su notoria incapacidad para mantener la estabilidad política en la entidad.

Su renuncia fue motivada fundamentalmente por tres cuestiones. Primero, por dejar la administración en manos de su Secretario General de Gobierno y sólo escuchar a los sectores más duros de la política estatal; segundo, su propia vejez y su experiencia personal le impedían comprender que la entidad estaba cambiando y el viejo esquema de control veía su fin. Por último, pero no menos importante, fue su equivocación en el juego político de la sucesión presidencial priista, al elegir a Mario Moya Palencia, entonces secretario de Gobernación, como su precandidato presidencial.

Con ese entorno, un movimiento sin trascendencia real, como fue la sucesión en la dirección de la Escuela de Derecho de la UABJO, desencadenó un conflicto masivo que repercutió en toda la entidad. Si no mal recuerdo, en total eran nueve muchachos los que una mañana de diciembre se parapetaron y atrancaron las dos viejas puertas del Edificio Central de la universidad, con más miedo que entusiasmo. Con ese gesto, inició un movimiento que iba a unificar a todas las fuerzas contrarias al gobierno estatal e iba a terminar entronizando a los grupos periféricos de la guerrilla en la administración universitaria.

Pero el origen real del conflicto en la Escuela de Derecho estaba en la decisión del gobernador de cerrar todas las compuertas económicas a los liderazgos emergentes de la época. Dice el propio Gobernador, en una carta escrita a raíz de su renuncia, pero publicada apenas esta semana: “Habiendo quedado comprobada la existencia y actuación desquiciante de porros universitarios que recibían dinero a cargo del presupuesto estatal, dicté las medidas procedentes para que tales grupos dejaran de ser subsidiados por el gobierno del estado… El Rector Lic. Guillermo García Manzano consideró que era el momento de liberarse de los porros que organizados en diversos grupos saqueaban el presupuesto universitario y tomó medidas para nulificarlos…” (Noticias, 3/iii/2009).

Ese fue el problema real que desencadenó el conflicto universitario. Un problema que pudo haber sido conducido y controlado, si el responsable de la operatividad política de la entidad no fuera un individuo cerrado totalmente a cualquier posibilidad de entendimiento con una sociedad que estaba cambiando a pasos agigantados. Enrique Pacheco Álvarez, entonces secretario General de Gobierno, creía seguir gobernando al mismo Oaxaca de los años cincuenta, donde los mercados eran las principales fuerzas de poder y los campesinos indígenas eran representados por la Liga de Comunidades Agrarias.

A la actuación de los líderes del entonces Bufete Popular Universitario, respondió con la violencia policiaca. En lugar de sentarse, concertar y recomponer las relaciones con los dirigentes universitarios que estaban ampliando su espectro político, el secretario General de Gobierno, entonces también responsable de la Dirección de la Policía Preventiva, dio las indicaciones para que se adquiriera lo más novedoso en equipos antimotines. Así, en Oaxaca se estrenó el uso de los garrotes eléctricos, los mismos que se utilizaban para controlar al ganado en los campos norteamericanos y en Argentina.

Fue el inicio de la catástrofe y el fin de una era de control político caciquil.

IRA PRESIDENCIAL.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 27 de febrero de 2009.

Por sus actitudes, y la de sus corifeos, realmente Felipe Calderón está desesperado. Hace unos días comió con la dirigencia nacional del PRI y algunos gobernadores. Ahí, el Presidente montó en cólera, porque los priistas no aceptaron que los estados y los municipios se responsabilizaran de la lucha contra el narcotráfico.

La derrota mediática y las constantes muertes de militares en la campaña contra el narcotráfico, han de estar causando escozor entre los altos mandos del ejército y deben estar tensando las cuerdas emocionales de un Presidente que armó un operativo, pero no una estrategia, para combatir al narcotráfico. Dos años después de iniciado su gobierno, y después de legitimarse mediante el uso de la fuerza pública contra el supuesto enemigo débil, Felipe Calderón ha de estar resintiendo los primeros conflictos por una guerra que comenzó, sin saber sus alcances y consecuencias. Sin embargo, era obvia la negativa priista, porque los iban a enviar a una guerra sin fusiles ni recursos. Los estaban induciendo a la batalla, pero los recursos iban a continuar en manos del gobierno federal.

Haciéndose eco de la ira presidencial, el monaguillo de cara compungida que coordina la presidencia del PAN, aseveró que durante los gobiernos priistas surgió el narcotráfico. No fue lejos por la respuesta. El secretario general del PRI calificó de “estúpida” su declaración. El problema de Germán Martínez es que encabeza una maniquea campaña para tratar de identificar al PRI con el narcotráfico, sin entender que los resultados de las encuestas tienen como base el hartazgo de la gente ante la incapacidad de los panistas para gobernar.

Pero también la ira presidencial debe basarse en su comprensión de haber entregado la administración a una verdadera caterva de incapaces, que ni le ayudan, pero sí lo empinan ante la opinión pública. No hace mucho, el secretario de Turismo y la secretaria de Relaciones Exteriores acusaron a la prensa de magnificar la violencia del narcotráfico, cuando, según ellos, la violencia estaba localizada en no más de tres estados y estaba totalmente ausente en las zonas turísticas. Como si el asesinato de un general en Cancún se hubiera hecho en algún mundo extraterrestre.

Después, el sainete continuó con las desafortunadas declaraciones del secretario del Trabajo, Javier Lozano, demostrando insensibilidad e incapacidad argumentativa para contestarle a un Carlos Slim que abrió fuego mediático contra el deseo presidencial de ignorar el tamaño de la crisis económica que vive el país. Ni que decir del “burro prieto” que cobra como secretario de la Sagarpa, quien sólo atinó a balbucir una sarta de incoherencias, muy propias en él.

Continuó Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transporte, con la novatada de dejar grabada una declaración acusando a un ex presidente, sin fundamento legal; pero además, dejando otras constancias grabadas del conflicto entre la gente del gabinete y con los grupos de presión del poder económico que cogobierna el país. El último rebuzno lo dio el secretario de Economía, en París, al hacer una declaración pública en cuestiones de seguridad, cuando no le competen ni tiene conocimiento sobre el asunto. El pobre hombre, que no ata ni desata en el área económica donde cobra, se metió en camisa de once varas, por no conectar la lengua con el cerebro, antes de abrir la boca.

Con un equipo así, el presidente Calderón debe estar más que irascible. Su gabinete presidencial día con día confirma que se caracteriza por la mediocridad, la ineptitud y la ineficacia.