FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 6 de marzo de 2009.
El pasado 3 de marzo, se cumplieron los primeros 32 años de la última vez que un gobernador estatal presentó su licencia al cargo por incapacidad política. En 1977, Manuel Zárate Aquino lo hizo, después de ser señalado como el responsable de la muerte de varias personas y de su notoria incapacidad para mantener la estabilidad política en la entidad.
Su renuncia fue motivada fundamentalmente por tres cuestiones. Primero, por dejar la administración en manos de su Secretario General de Gobierno y sólo escuchar a los sectores más duros de la política estatal; segundo, su propia vejez y su experiencia personal le impedían comprender que la entidad estaba cambiando y el viejo esquema de control veía su fin. Por último, pero no menos importante, fue su equivocación en el juego político de la sucesión presidencial priista, al elegir a Mario Moya Palencia, entonces secretario de Gobernación, como su precandidato presidencial.
Con ese entorno, un movimiento sin trascendencia real, como fue la sucesión en la dirección de la Escuela de Derecho de la UABJO, desencadenó un conflicto masivo que repercutió en toda la entidad. Si no mal recuerdo, en total eran nueve muchachos los que una mañana de diciembre se parapetaron y atrancaron las dos viejas puertas del Edificio Central de la universidad, con más miedo que entusiasmo. Con ese gesto, inició un movimiento que iba a unificar a todas las fuerzas contrarias al gobierno estatal e iba a terminar entronizando a los grupos periféricos de la guerrilla en la administración universitaria.
Pero el origen real del conflicto en la Escuela de Derecho estaba en la decisión del gobernador de cerrar todas las compuertas económicas a los liderazgos emergentes de la época. Dice el propio Gobernador, en una carta escrita a raíz de su renuncia, pero publicada apenas esta semana: “Habiendo quedado comprobada la existencia y actuación desquiciante de porros universitarios que recibían dinero a cargo del presupuesto estatal, dicté las medidas procedentes para que tales grupos dejaran de ser subsidiados por el gobierno del estado… El Rector Lic. Guillermo García Manzano consideró que era el momento de liberarse de los porros que organizados en diversos grupos saqueaban el presupuesto universitario y tomó medidas para nulificarlos…” (Noticias, 3/iii/2009).
Ese fue el problema real que desencadenó el conflicto universitario. Un problema que pudo haber sido conducido y controlado, si el responsable de la operatividad política de la entidad no fuera un individuo cerrado totalmente a cualquier posibilidad de entendimiento con una sociedad que estaba cambiando a pasos agigantados. Enrique Pacheco Álvarez, entonces secretario General de Gobierno, creía seguir gobernando al mismo Oaxaca de los años cincuenta, donde los mercados eran las principales fuerzas de poder y los campesinos indígenas eran representados por la Liga de Comunidades Agrarias.
A la actuación de los líderes del entonces Bufete Popular Universitario, respondió con la violencia policiaca. En lugar de sentarse, concertar y recomponer las relaciones con los dirigentes universitarios que estaban ampliando su espectro político, el secretario General de Gobierno, entonces también responsable de la Dirección de la Policía Preventiva, dio las indicaciones para que se adquiriera lo más novedoso en equipos antimotines. Así, en Oaxaca se estrenó el uso de los garrotes eléctricos, los mismos que se utilizaban para controlar al ganado en los campos norteamericanos y en Argentina.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 6 de marzo de 2009.
El pasado 3 de marzo, se cumplieron los primeros 32 años de la última vez que un gobernador estatal presentó su licencia al cargo por incapacidad política. En 1977, Manuel Zárate Aquino lo hizo, después de ser señalado como el responsable de la muerte de varias personas y de su notoria incapacidad para mantener la estabilidad política en la entidad.
Su renuncia fue motivada fundamentalmente por tres cuestiones. Primero, por dejar la administración en manos de su Secretario General de Gobierno y sólo escuchar a los sectores más duros de la política estatal; segundo, su propia vejez y su experiencia personal le impedían comprender que la entidad estaba cambiando y el viejo esquema de control veía su fin. Por último, pero no menos importante, fue su equivocación en el juego político de la sucesión presidencial priista, al elegir a Mario Moya Palencia, entonces secretario de Gobernación, como su precandidato presidencial.
Con ese entorno, un movimiento sin trascendencia real, como fue la sucesión en la dirección de la Escuela de Derecho de la UABJO, desencadenó un conflicto masivo que repercutió en toda la entidad. Si no mal recuerdo, en total eran nueve muchachos los que una mañana de diciembre se parapetaron y atrancaron las dos viejas puertas del Edificio Central de la universidad, con más miedo que entusiasmo. Con ese gesto, inició un movimiento que iba a unificar a todas las fuerzas contrarias al gobierno estatal e iba a terminar entronizando a los grupos periféricos de la guerrilla en la administración universitaria.
Pero el origen real del conflicto en la Escuela de Derecho estaba en la decisión del gobernador de cerrar todas las compuertas económicas a los liderazgos emergentes de la época. Dice el propio Gobernador, en una carta escrita a raíz de su renuncia, pero publicada apenas esta semana: “Habiendo quedado comprobada la existencia y actuación desquiciante de porros universitarios que recibían dinero a cargo del presupuesto estatal, dicté las medidas procedentes para que tales grupos dejaran de ser subsidiados por el gobierno del estado… El Rector Lic. Guillermo García Manzano consideró que era el momento de liberarse de los porros que organizados en diversos grupos saqueaban el presupuesto universitario y tomó medidas para nulificarlos…” (Noticias, 3/iii/2009).
Ese fue el problema real que desencadenó el conflicto universitario. Un problema que pudo haber sido conducido y controlado, si el responsable de la operatividad política de la entidad no fuera un individuo cerrado totalmente a cualquier posibilidad de entendimiento con una sociedad que estaba cambiando a pasos agigantados. Enrique Pacheco Álvarez, entonces secretario General de Gobierno, creía seguir gobernando al mismo Oaxaca de los años cincuenta, donde los mercados eran las principales fuerzas de poder y los campesinos indígenas eran representados por la Liga de Comunidades Agrarias.
A la actuación de los líderes del entonces Bufete Popular Universitario, respondió con la violencia policiaca. En lugar de sentarse, concertar y recomponer las relaciones con los dirigentes universitarios que estaban ampliando su espectro político, el secretario General de Gobierno, entonces también responsable de la Dirección de la Policía Preventiva, dio las indicaciones para que se adquiriera lo más novedoso en equipos antimotines. Así, en Oaxaca se estrenó el uso de los garrotes eléctricos, los mismos que se utilizaban para controlar al ganado en los campos norteamericanos y en Argentina.
Fue el inicio de la catástrofe y el fin de una era de control político caciquil.
