FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 27 de marzo de 2009.
Anteayer nos visitó uno de los secretarios más torpes y vilipendiado del gabinete presidencial. Al menos, en esta ocasión, no cayó en la burda estafa de hace un año, cuando el delegado estatal de la Sagarpa le hizo entregar cheques sin fondo a los campesinos acarreados al evento. Lo mejor es que Alberto Cárdenas Jiménez, flamante titular de la Sagarpa, ni se inmuta, ni se acongoja. Sigue despedazando el agro nacional y con las políticas neoliberales cree estar construyendo al nuevo empresariado privado agropecuario.
El Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria cuyo banderazo dio, es un programa financiado con recursos de la FAO y, desde 2003, funciona en Oaxaca. Después de ese tiempo, sus resultados son tan inicuos que los campesinos oaxaqueños ni siquiera saben del programa. Pero, eso sí, ha servido para dar chamba a los amigos de los funcionarios encargados de su operación, tanto de la Seder, como de los operadores de la delegación estatal de la Sagarpa.
La mecánica de operación es muy sencilla: los funcionarios operadores inducen a la creación de una asociación civil o los crean directamente, a través de testaferros. Ya establecida, ellos mismos le asignan un área de desarrollo y establecen los montos a ejecutar, que no bajan de los tres millones de pesos anuales. El círculo se cierra cuando los mismos promotores de las asociaciones evalúan el avance físico y financiero en las áreas determinadas y autorizan los pagos del personal contratado y la entrega de recursos a los supuestos beneficiados. Hasta hoy, nadie sabe a cuántos ha beneficiado el programa, ni los resultados alcanzados. Es, pues, uno más de los programas de relumbrón y para beneficio de unos cuantos aprovechados.
Pero no solo eso, la Sagarpa es una de las principales inductoras de la desigualdad social en el campo. Con la absurda creencia de que sólo la empresa privada es capaz de generar riqueza, han impulsado la capitalización de la minúscula capa de la población agropecuaria con recursos económicos, dejando en el abandono a la mayoría de los campesinos oaxaqueños. En todos los programas de la Sagarpa se exige la aportación del cincuenta por ciento del costo total del proyecto por parte del beneficiario; en algunos, la Secretaría solo aporta una mínima parte. Por ejemplo, para la adquisición de un tractor, cuyo costo el año pasado era de 430 mil pesos, la Sagarpa sólo aportaba 90 mil pesos; lo demás, 340 mil pesos, debía ser aportado por el beneficiario; sin contar que el programa no apoya para la adquisición del arado ni los implementos indispensables para el manejo del tractor.
En el caso de los invernaderos, uno tipo, de 300 metros cuadrados, tenía el año pasado un costo entre 300 y 350 mil pesos. La Sagarpa sólo apoya con el 50 por ciento y, en la parte correspondiente al productor, no puede estar considerado el costo de la tierra, pues sólo incluye el dinero en efectivo para la adquisición. Además, el productor no puede construir su propio invernadero, porque debe ser hecho por un contratista privado, incluido en el catálogo de proveedores de la Sagarpa. Los cálculos de la misma Secretaría han concluido que un invernadero de ese tamaño no es un negocio rentable para una familia campesina. Se necesitan por lo menos dos, para que pueda más o menos sobrevivir. Un campesino pobre oaxaqueño no tiene 350 mil pesos y mucho menos para invertir en un negocio que apenas le alcanzaría para subsistir. Ésta es la política de inequidad que impulsa el gobierno federal en el campo oaxaqueño.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 27 de marzo de 2009.
Anteayer nos visitó uno de los secretarios más torpes y vilipendiado del gabinete presidencial. Al menos, en esta ocasión, no cayó en la burda estafa de hace un año, cuando el delegado estatal de la Sagarpa le hizo entregar cheques sin fondo a los campesinos acarreados al evento. Lo mejor es que Alberto Cárdenas Jiménez, flamante titular de la Sagarpa, ni se inmuta, ni se acongoja. Sigue despedazando el agro nacional y con las políticas neoliberales cree estar construyendo al nuevo empresariado privado agropecuario.
El Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria cuyo banderazo dio, es un programa financiado con recursos de la FAO y, desde 2003, funciona en Oaxaca. Después de ese tiempo, sus resultados son tan inicuos que los campesinos oaxaqueños ni siquiera saben del programa. Pero, eso sí, ha servido para dar chamba a los amigos de los funcionarios encargados de su operación, tanto de la Seder, como de los operadores de la delegación estatal de la Sagarpa.
La mecánica de operación es muy sencilla: los funcionarios operadores inducen a la creación de una asociación civil o los crean directamente, a través de testaferros. Ya establecida, ellos mismos le asignan un área de desarrollo y establecen los montos a ejecutar, que no bajan de los tres millones de pesos anuales. El círculo se cierra cuando los mismos promotores de las asociaciones evalúan el avance físico y financiero en las áreas determinadas y autorizan los pagos del personal contratado y la entrega de recursos a los supuestos beneficiados. Hasta hoy, nadie sabe a cuántos ha beneficiado el programa, ni los resultados alcanzados. Es, pues, uno más de los programas de relumbrón y para beneficio de unos cuantos aprovechados.
Pero no solo eso, la Sagarpa es una de las principales inductoras de la desigualdad social en el campo. Con la absurda creencia de que sólo la empresa privada es capaz de generar riqueza, han impulsado la capitalización de la minúscula capa de la población agropecuaria con recursos económicos, dejando en el abandono a la mayoría de los campesinos oaxaqueños. En todos los programas de la Sagarpa se exige la aportación del cincuenta por ciento del costo total del proyecto por parte del beneficiario; en algunos, la Secretaría solo aporta una mínima parte. Por ejemplo, para la adquisición de un tractor, cuyo costo el año pasado era de 430 mil pesos, la Sagarpa sólo aportaba 90 mil pesos; lo demás, 340 mil pesos, debía ser aportado por el beneficiario; sin contar que el programa no apoya para la adquisición del arado ni los implementos indispensables para el manejo del tractor.
En el caso de los invernaderos, uno tipo, de 300 metros cuadrados, tenía el año pasado un costo entre 300 y 350 mil pesos. La Sagarpa sólo apoya con el 50 por ciento y, en la parte correspondiente al productor, no puede estar considerado el costo de la tierra, pues sólo incluye el dinero en efectivo para la adquisición. Además, el productor no puede construir su propio invernadero, porque debe ser hecho por un contratista privado, incluido en el catálogo de proveedores de la Sagarpa. Los cálculos de la misma Secretaría han concluido que un invernadero de ese tamaño no es un negocio rentable para una familia campesina. Se necesitan por lo menos dos, para que pueda más o menos sobrevivir. Un campesino pobre oaxaqueño no tiene 350 mil pesos y mucho menos para invertir en un negocio que apenas le alcanzaría para subsistir. Ésta es la política de inequidad que impulsa el gobierno federal en el campo oaxaqueño.
