FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 8 de marzo de 2009.
Treinta y dos años después, algunos de los beneficiarios del régimen de Manuel Zárate Aquino salen a la insostenible defensa de un régimen que no supo entender su momento y no pudo comprender que la política es el arte de lo posible y no el triunfo del voluntarismo.
Me llama la atención la actitud de negar lo evidente. Tanto el ex Gobernador, en su escrito póstumo, declara enfáticamente que “en ningún momento atentó contra la vida y la integridad de los oaxaqueños… y que jamás persiguió a personas o grupos por sus ideas…” (Noticias, 3-iii-09), como Raúl Canela Manzo, su Tesorero estatal negó “que la Policía Preventiva del Estado haya reprimido a estudiantes universitarios identificados con el movimiento” y después le dio la vuelta total a los hechos al afirmar: “Hubo gente ajena al movimiento que fue la que se encargó de manejar a los francotiradores (en la marcha del 2 de marzo) que atacaron a los policías, que tuvo que responder...” (Noticias, 5/iii/2009), cuando, por todos los periódicos de la época, sabemos que el 2 de marzo de 1977, la policía preventiva estatal disparó a mansalva contra una multitud indefensa, en la esquina de García Vigil y Allende, provocando cerca de cuarenta heridos. Aunque la muerte de un niño y Ricardo Pérez Hernández, fueron causados por una patrulla lanzada a toda velocidad contra la descubierta de la marcha que portaba un ataúd con la leyenda “MZA”.
Si bien es cierto que el Gobernador no disparó personalmente contra ningún oaxaqueño, nadie puede dudar que sus policías preventivos y el Secretario General de Gobierno sí fueron responsables de la muerte de Pérez Hernández en Oaxaca y varios campesinos en San Juan Lalana. Al menos, el 2 de marzo de 1977, la policía preventiva estatal no portaba sus famosas varas eléctricas, ni el equipo antimotines que tanto dinero le costó al gobierno, sino iban armados con rifles M-1, el arma policial de esa época, con las que dispararon a mansalva contra una multitud que corría calle arriba.
Para ese momento ya había trascurrido casi un año y dos meses de iniciado el conflicto estudiantil. Fiel a sus expresiones, como aquella famosa frase “lo que resiste, apoya”, el entonces secretario de Gobernación de José López Portillo le había pedido a la dirigencia estudiantil universitaria tres días para que el Gobernador presentara su licencia. Ante la duda, por la tozudez de Zárate Aquino, Reyes Heroles les anunció que una comisión de senadores se trasladaría a la ciudad de Oaxaca el 2 de marzo. El compromiso era que el 3 de marzo, el Gobernador presentaría su solicitud de licencia o, de lo contrario, el Senado de la República decretaría la desaparición de poderes en la entidad.
Con el acuerdo en la bolsa, la comisión universitaria se reunió con la dirigencia del movimiento en el Paraninfo del Edificio Central, para explicar los acuerdos. Lo que nadie previó fue que al concluir la reunión, el dirigente de una pequeña y oscura Organización Netzahualcóyotl, Arturo Cortés Gutiérrez, se encaminaría a la Escuela de Medicina, donde despachaba Felipe Martínez Soriano, para llamar a sus seguidores a una marcha, el 2 de marzo, con destino al Palacio de Gobierno, para denunciar la obcecación de Zárate Aquino por mantenerse en el cargo. El argumento de Cortés Gutiérrez fue muy sencillo: esperar la renuncia obligada de Zárate Aquino era un triunfo de la negociación con el gobierno y el Movimiento Democrático Universitario no podía aceptar una concesión gubernamental; por el contrario, debía demostrar que la renuncia se había arrancado con la movilización popular.
Era una actitud de provocación, muy de acuerdo con las tendencias duras e intransigentes de los grupos radicales. Ante la insistencia, la decisión de los demás grupos fue salir a la calle juntos, para tratar de evitar lo que parecía inevitable: el choque con la policía preventiva, porque había un acuerdo con el gobierno federal de que ninguna marcha se dirigiría al centro de la ciudad, ni pasaría frente al Palacio de Gobierno.
En ese momento confluyeron dos situaciones que nadie podía vaticinar: la intransigencia de la izquierda radical y la irracionalidad de la derecha reaccionaria. Zárate Aquino y su equipo de gobierno, sabiendo que tenía las horas contadas, tomó la desgraciada decisión de enviar a su policía a confrontar a los manifestantes con el lenguaje de las armas. Nadie me quita la idea de que también fue el momento en que decidió hacer la desafortunada declaración de que daba lo mismo perder 1 a 0, que 5 a 0, en referencia a la cantidad de muertos que había provocado.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 8 de marzo de 2009.
Treinta y dos años después, algunos de los beneficiarios del régimen de Manuel Zárate Aquino salen a la insostenible defensa de un régimen que no supo entender su momento y no pudo comprender que la política es el arte de lo posible y no el triunfo del voluntarismo.
Me llama la atención la actitud de negar lo evidente. Tanto el ex Gobernador, en su escrito póstumo, declara enfáticamente que “en ningún momento atentó contra la vida y la integridad de los oaxaqueños… y que jamás persiguió a personas o grupos por sus ideas…” (Noticias, 3-iii-09), como Raúl Canela Manzo, su Tesorero estatal negó “que la Policía Preventiva del Estado haya reprimido a estudiantes universitarios identificados con el movimiento” y después le dio la vuelta total a los hechos al afirmar: “Hubo gente ajena al movimiento que fue la que se encargó de manejar a los francotiradores (en la marcha del 2 de marzo) que atacaron a los policías, que tuvo que responder...” (Noticias, 5/iii/2009), cuando, por todos los periódicos de la época, sabemos que el 2 de marzo de 1977, la policía preventiva estatal disparó a mansalva contra una multitud indefensa, en la esquina de García Vigil y Allende, provocando cerca de cuarenta heridos. Aunque la muerte de un niño y Ricardo Pérez Hernández, fueron causados por una patrulla lanzada a toda velocidad contra la descubierta de la marcha que portaba un ataúd con la leyenda “MZA”.
Si bien es cierto que el Gobernador no disparó personalmente contra ningún oaxaqueño, nadie puede dudar que sus policías preventivos y el Secretario General de Gobierno sí fueron responsables de la muerte de Pérez Hernández en Oaxaca y varios campesinos en San Juan Lalana. Al menos, el 2 de marzo de 1977, la policía preventiva estatal no portaba sus famosas varas eléctricas, ni el equipo antimotines que tanto dinero le costó al gobierno, sino iban armados con rifles M-1, el arma policial de esa época, con las que dispararon a mansalva contra una multitud que corría calle arriba.
Para ese momento ya había trascurrido casi un año y dos meses de iniciado el conflicto estudiantil. Fiel a sus expresiones, como aquella famosa frase “lo que resiste, apoya”, el entonces secretario de Gobernación de José López Portillo le había pedido a la dirigencia estudiantil universitaria tres días para que el Gobernador presentara su licencia. Ante la duda, por la tozudez de Zárate Aquino, Reyes Heroles les anunció que una comisión de senadores se trasladaría a la ciudad de Oaxaca el 2 de marzo. El compromiso era que el 3 de marzo, el Gobernador presentaría su solicitud de licencia o, de lo contrario, el Senado de la República decretaría la desaparición de poderes en la entidad.
Con el acuerdo en la bolsa, la comisión universitaria se reunió con la dirigencia del movimiento en el Paraninfo del Edificio Central, para explicar los acuerdos. Lo que nadie previó fue que al concluir la reunión, el dirigente de una pequeña y oscura Organización Netzahualcóyotl, Arturo Cortés Gutiérrez, se encaminaría a la Escuela de Medicina, donde despachaba Felipe Martínez Soriano, para llamar a sus seguidores a una marcha, el 2 de marzo, con destino al Palacio de Gobierno, para denunciar la obcecación de Zárate Aquino por mantenerse en el cargo. El argumento de Cortés Gutiérrez fue muy sencillo: esperar la renuncia obligada de Zárate Aquino era un triunfo de la negociación con el gobierno y el Movimiento Democrático Universitario no podía aceptar una concesión gubernamental; por el contrario, debía demostrar que la renuncia se había arrancado con la movilización popular.
Era una actitud de provocación, muy de acuerdo con las tendencias duras e intransigentes de los grupos radicales. Ante la insistencia, la decisión de los demás grupos fue salir a la calle juntos, para tratar de evitar lo que parecía inevitable: el choque con la policía preventiva, porque había un acuerdo con el gobierno federal de que ninguna marcha se dirigiría al centro de la ciudad, ni pasaría frente al Palacio de Gobierno.
En ese momento confluyeron dos situaciones que nadie podía vaticinar: la intransigencia de la izquierda radical y la irracionalidad de la derecha reaccionaria. Zárate Aquino y su equipo de gobierno, sabiendo que tenía las horas contadas, tomó la desgraciada decisión de enviar a su policía a confrontar a los manifestantes con el lenguaje de las armas. Nadie me quita la idea de que también fue el momento en que decidió hacer la desafortunada declaración de que daba lo mismo perder 1 a 0, que 5 a 0, en referencia a la cantidad de muertos que había provocado.
Lo que la dirigencia estudiantil universitaria temía, había ocurrido. La renuncia negociada con la Secretaría de Gobernación, al final se obtuvo con sangre. Hasta ese momento, esa había sido la mejor experiencia del movimiento universitario: entender que la violencia de los radicales de izquierda era igual de peligrosa que la irracionalidad de la derecha reaccionaria. Sin embargo, el aprendizaje no se pudo aplicar, porque Felipe Martínez Soriano era ya el rector reconocido de la universidad y una nueva ola de violencia desatada por la “enfermedad infantil” de la ultraizquierda iba a destrozar el sendero constructivo de la Universidad.
