FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 24 de agosto de 2009.
Junto con el deseo del gobierno federal de planificar el desarrollo del país, desde 1981 hasta hoy, todos los gobernadores oaxaqueños han elaborado un plan estatal de desarrollo. En todos ellos, la constante es el reconocimiento de la entidad como uno de los más pobres y con los más bajos índices de desarrollo de la nación. Desde entonces, también, los planes insisten en la necesidad de impulsar el crecimiento económico para producir e incrementar la riqueza, dar empleos a los oaxaqueños y elevar los niveles de bienestar de la población.
Para ello, los documentos insisten reiteradamente en la necesidad de crear más empresas, especialmente del sector privado, porque los consideran el único medio para generar la mayor cantidad de empleos posible. Así, la meta fundamental ha sido la industrialización del estado, especialmente la vinculada al sector manufacturero, por considerarla la mayor productora de valor agregado para la materia prima estatal. En todos los planes, también, se ha identificado el concepto de desarrollo con la idea del crecimiento económico. Para quienes los han elaborado, la industrialización incrementará la producción de artículos manufacturados, haciendo crecer el Producto Interno Bruto estatal y el producto per cápita. Con mayor industrialización, habría más empleo y más desarrollo.
El gran problema empieza cuando observan la realidad y comienzan la planificación. Si bien, a Pedro Vázquez Colmenares le tocó gobernar todavía con el esquema económico de la economía mixta, en 1987 comenzó el desmantelamiento del Estado empresario, para dar paso a las políticas neoliberales del Estado gendarme y la venta de todas las industrias paraestatales. A partir de ese sexenio, las políticas económicas del gobierno federal se encaminaron a impulsar la empresa privada, como única posibilidad viable de generar riqueza.
Toda esta dinámica planificadora se generó, a pesar de que los diagnósticos de los planes de desarrollo son muy precisos en demostrar que sólo el 13% del territorio estatal se encuentra en manos de propietarios privados. La mayor parte de las tierras del estado, el 87% del total, se encuentran en manos de las comunidades y los ejidos. También, en los tres últimos planes, se establece que 418 municipios, de los 570 del total, eligen a sus autoridades municipales con el sistema de usos y costumbres, nombrándolos en votaciones directas, a mano alzada, en una asamblea de ciudadanos con muchos rasgos precolombinos y muchas características conformadas durante la época colonial. El otro 25 por ciento de los municipios elige a sus autoridades mediante el sistema de partidos políticos.
En lo general, se puede observar una relación casi directa entre aquellos municipios que tienen en propiedad privada sus tierras, o al menos en ejidos, y el sistema de elecciones por partidos políticos; pero, donde se puede observar mejor la relación entre la forma de elección y el tipo de propiedad de la tierra, es en aquellos municipios donde eligen a sus autoridades por el sistema de usos y costumbres que se correlaciona con la propiedad colectiva de la tierra; estos municipios se gobiernan y mantienen sus relaciones sociales a partir de un sistema de cargos, donde la administración municipal es vista como un servicio gratuito a la comunidad y como parte de las responsabilidades que conlleva el ser miembro de la comuna y tener tierras en propiedad comunal.
En esos diagnósticos, también se puede observar la casi nula existencia de una industria mediana, pero especialmente la grande —aquella donde laboran más de 200 personas— en el territorio estatal. Por ejemplo, en el periodo de Pedro Vázquez Colmenares había 14 grandes empresas, 10 de ellas eran empresas paraestatales y sólo 4 eran privadas. 25 años después, el gobernador Ulises Ruiz reconoce la existencia de sólo 5 grandes empresas; la más grande es la refinería de PEMEX en Salina Cruz, de propiedad estatal; también reconocía que, de 1981 a la fecha, sólo se habían creado 2 empresas grandes: la Compañía Manufacturera de Plástico en El Tule y la Cervecera del Trópico en Tuxtepec. La mayor parte de las unidades económicas eran microempresas, casi la mitad eran tortillerías y panaderías.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 24 de agosto de 2009.
Junto con el deseo del gobierno federal de planificar el desarrollo del país, desde 1981 hasta hoy, todos los gobernadores oaxaqueños han elaborado un plan estatal de desarrollo. En todos ellos, la constante es el reconocimiento de la entidad como uno de los más pobres y con los más bajos índices de desarrollo de la nación. Desde entonces, también, los planes insisten en la necesidad de impulsar el crecimiento económico para producir e incrementar la riqueza, dar empleos a los oaxaqueños y elevar los niveles de bienestar de la población.
Para ello, los documentos insisten reiteradamente en la necesidad de crear más empresas, especialmente del sector privado, porque los consideran el único medio para generar la mayor cantidad de empleos posible. Así, la meta fundamental ha sido la industrialización del estado, especialmente la vinculada al sector manufacturero, por considerarla la mayor productora de valor agregado para la materia prima estatal. En todos los planes, también, se ha identificado el concepto de desarrollo con la idea del crecimiento económico. Para quienes los han elaborado, la industrialización incrementará la producción de artículos manufacturados, haciendo crecer el Producto Interno Bruto estatal y el producto per cápita. Con mayor industrialización, habría más empleo y más desarrollo.
El gran problema empieza cuando observan la realidad y comienzan la planificación. Si bien, a Pedro Vázquez Colmenares le tocó gobernar todavía con el esquema económico de la economía mixta, en 1987 comenzó el desmantelamiento del Estado empresario, para dar paso a las políticas neoliberales del Estado gendarme y la venta de todas las industrias paraestatales. A partir de ese sexenio, las políticas económicas del gobierno federal se encaminaron a impulsar la empresa privada, como única posibilidad viable de generar riqueza.
Toda esta dinámica planificadora se generó, a pesar de que los diagnósticos de los planes de desarrollo son muy precisos en demostrar que sólo el 13% del territorio estatal se encuentra en manos de propietarios privados. La mayor parte de las tierras del estado, el 87% del total, se encuentran en manos de las comunidades y los ejidos. También, en los tres últimos planes, se establece que 418 municipios, de los 570 del total, eligen a sus autoridades municipales con el sistema de usos y costumbres, nombrándolos en votaciones directas, a mano alzada, en una asamblea de ciudadanos con muchos rasgos precolombinos y muchas características conformadas durante la época colonial. El otro 25 por ciento de los municipios elige a sus autoridades mediante el sistema de partidos políticos.
En lo general, se puede observar una relación casi directa entre aquellos municipios que tienen en propiedad privada sus tierras, o al menos en ejidos, y el sistema de elecciones por partidos políticos; pero, donde se puede observar mejor la relación entre la forma de elección y el tipo de propiedad de la tierra, es en aquellos municipios donde eligen a sus autoridades por el sistema de usos y costumbres que se correlaciona con la propiedad colectiva de la tierra; estos municipios se gobiernan y mantienen sus relaciones sociales a partir de un sistema de cargos, donde la administración municipal es vista como un servicio gratuito a la comunidad y como parte de las responsabilidades que conlleva el ser miembro de la comuna y tener tierras en propiedad comunal.
En esos diagnósticos, también se puede observar la casi nula existencia de una industria mediana, pero especialmente la grande —aquella donde laboran más de 200 personas— en el territorio estatal. Por ejemplo, en el periodo de Pedro Vázquez Colmenares había 14 grandes empresas, 10 de ellas eran empresas paraestatales y sólo 4 eran privadas. 25 años después, el gobernador Ulises Ruiz reconoce la existencia de sólo 5 grandes empresas; la más grande es la refinería de PEMEX en Salina Cruz, de propiedad estatal; también reconocía que, de 1981 a la fecha, sólo se habían creado 2 empresas grandes: la Compañía Manufacturera de Plástico en El Tule y la Cervecera del Trópico en Tuxtepec. La mayor parte de las unidades económicas eran microempresas, casi la mitad eran tortillerías y panaderías.
Sobre esas bases reales, los gobiernos estatales planificaron un desarrollo utópico que sólo produjo más miseria y más marginación.
