Nunca había visto un gobierno tan vilipendiado, en su fase final, como el de Ulises Ruiz Ortiz. En realidad, el gobierno dejó de existir en noviembre de 2006 y, desde entonces, sus integrantes se dedicaron solamente a administrar los ingresos federales y estatales. Es más, si regresamos en el tiempo, observamos que los dos primeros años fueron, en la práctica, un cogobierno, con un secretario General de Gobierno en funciones de vice gobernador ejecutivo, mientras el titular planeaba y planeaba… la candidatura presidencial de Roberto Madrazo. Sin gobernanza, sin operadores capaces y sin voluntad personal, el final tenía que ser el actual: desprestigio, acusaciones de corrupción, indolencia, abandono, la destrucción del aparato político priista y un deseo generalizado de ¡ya!, el que venga, con tal de terminar con este horror.
La experiencia que nos deja el régimen saliente, es que el gobernador no puede transferir funciones, mientras se dedica a otros rubros, ajenos a su acción principal. Oaxaca ya no es el territorio desorganizado, que se podía gobernar a control remoto, desde la placidez del Distrito Federal; tampoco puede ser el rancho, manejado por el caporal en turno. La pobreza y la falta de empleos son generadoras de una alta inestabilidad política, que sólo puede ser controlada y conducida con ingenio, dedicación política y aplicación administrativa. Lo contrario conduce a los fracasos personales, las crisis políticas y la destrucción del control político estatal.
Fue tal la falta de gobierno, que los ciudadanos vivimos casi en estado de sitio. Era muy difícil transitar por la ciudad, por los constantes bloqueos en los principales entronques. “La Borrachita” le decimos al IEEPO y “La Cantina” a la carretera de enfrente, porque ahí llegan los profes a tomar las oficinas. Ni qué decir de las carreteras estatales, donde nunca hay de libre tránsito. Tampoco hubo previsión en la obra pública. Las calles de la ciudad de Oaxaca y los municipios colindantes son ejemplo de la desatención urbana. Pero eso sí, las obras que podían ser infladas, recibieron prioridad para ser otorgadas, en contratos hechos por invitación, a los amigos, parientes, socios y prestanombres.
El que termina, sí fue, como dijera Vicente Fox, un gobierno de empresarios y para empresarios. La cereza del gran pastel sexenal fueron los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS). Una excelente forma de endeudar al gobierno estatal, sin que aparezca como tal en los libros contables. Es, también, una forma legal de seguir “ordeñando” las finanzas oaxaqueñas, durante varios lustros más. El modelito es simple. El gobierno oaxaqueño contrató con un empresario la construcción de la Ciudad Administrativa y, con otros, la Ciudad Judicial. Los terrenos son del gobierno, pero los edificios de los empresarios. Mensualmente, el gobierno les paga millonarias sumas. El problema radica en que, al parecer, algunos funcionarios del gobierno saliente son socios o dueños, a trasmano, de las empresas a quienes les paga el gobierno y les seguirán pagando los dos próximos gobiernos que sigan. Un verdadero atraco, pero legal. Con esto ratifico lo que siempre manifesté en mis escritos: fue un mal gobierno, con pésimos administradores, pero excelentes empresarios y negociantes.
Al final, nos quedamos con la impresión de que el gobierno produjo una camada de nuevos ricos, muy ricos, pero la mayoría de los oaxaqueños siguen siendo pobres, muy pobres y muchos de ellos viviendo en la miseria.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 1 de diciembre de 2010.
