OAXACA: PLANEACIÓN DESORGANIZADA

Durante los gobiernos priistas observamos que existía una planeación psicótica del desarrollo. Sobre una base de sociedades mayoritariamente solidarias y de reciprocidad, planteaban una economía basada en la usura, el interés y el egoísmo como forma de acumulación de capital. El nuevo gobierno nos está dando una verdadera sorpresa: están instaurando la era de la planeación esquizofrénica. En menos de un año, han anunciado tres procesos de planeación y no han concretado una sola propuesta seria, organizada y oficial.

Durante la pasada campaña para gobernador del estado, un equipo, supuestamente muy profesional, se dedicó a organizar los foros de consulta para conocer la demanda de las comunidades y los sectores sociales. Fueron muy publicitados, sobre todo porque acudían allá las organizaciones no gubernamentales y los estudiosos universitarios opositores al gobierno priista. Incluso, uno de los coordinadores publicaba frecuentemente en el periódico vocero de la campaña los resultados obtenidos y los compromisos asumidos por el entonces candidato opositor. Parecía ser un buen proceso para integrar después el Plan Estatal de Desarrollo que la ley exige, ya con los datos oficiales que proporcionan las oficinas públicas para efectuar el diagnóstico requerido.

Con el triunfo de la Coalición por la Paz y el Progreso, se dio un caso desconocido para los especialistas en planeación gubernamental. A alguien del gobierno electo se le ocurrió que debían continuar los foros de consulta popular, me imagino que con el pretexto de mantener cierta presencia mediática ante el conflicto suscitado entre el gobierno saliente y el entrante. El hecho es que, al parecer, uno de los primeros acuerdos entre ambos gobiernos fue precisamente el financiamiento de estos eventos y la presencia de algunos funcionarios gubernamentales para legitimar las reuniones. Fueron foros amplios, muy publicitados y con buena concurrencia. Quienes se resistieron a acudir a los foros de campaña, ahora, materialmente se disputaban la invitación. No era para menos, los encabezaba el próximo gobernador y todos pensaban que los coordinaban los futuros responsables del proceso de planeación del desarrollo estatal en los siguientes seis años. Parecía una buena llave para ingresar al gobierno entrante.

Unos días antes de la toma de posesión, un pequeño portal electrónico de noticias dio la primicia de la presentación de un Programa Preliminar de Gobierno, basado en dos temas fundamentales. Primero, la necesidad de una Reforma de Estado para garantizar la gobernabilidad política. Segundo, sobre la consideración de la existencia de un déficit de gobernabilidad, a partir de una metodología del Banco Mundial, consideraban necesario evaluar el desempeño gubernamental por medio de indicadores que impactan en la vida cotidiana del ciudadano, dando incluso el nombre en inglés del método: Worldwide Governance Indicators, y los seis grandes rubros a atender eran: voz y rendición de cuentas, eficacia gubernamental, estabilidad política, Estado de Derecho, calidad del marco regulatorio y combate a la corrupción. Sobre el tipo de desarrollo requerido por el estado y las demandas centrales recogidas en los foros, no se decía ninguna palabra.

Tres días después, el gobernador electo recibió de manos de los coordinadores de Planeación Democrática y Participativa del gobierno electo, Fausto Díaz Montes y Víctor Raúl Martínez Vázquez, el Programa Preliminar de Gobierno. Entonces supimos que se efectuaron 10 foros regionales y más de 70 mesas de trabajo “donde se dio amplia participación a la sociedad en general, con la intención de que esos resultados sean integrados en el Plan Estatal de Desarrollo del gobierno estatal”. Ahí, el gobernador electo aseguró que serviría “como instrumento guía del Plan Estatal de Desarrollo y el plan para los primeros 111 días de gobierno que culminarán el 2 de marzo” (Tiempo, 2010-11-23).

Dos problemas observamos en ese momento: primero, que no podía ser un programa, porque no existía un plan y ni siquiera un avance aceptado; segundo, un programa exige un listado de acciones a concretar y el presentado era solamente un catálogo de buenas intenciones que ni definía un plan ni se concretaba en un programa de acción inmediata. Nunca más se volvió a hablar del tema y los responsables fueron ubicados en áreas totalmente diferentes a la planeación del desarrollo.

Hace unos días, conocimos una nueva oficina gubernamental, la Coordinación de Planeación, que presentó a los diputados locales una propuesta de nuevos foros y mesas de trabajo, para recabar los requerimientos y las propuestas de la sociedad oaxaqueña para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo. A través de los medios de comunicación masiva, han invitado a todos los oaxaqueños a participar en los actos. Una de dos: o los responsables de este nuevo proceso desconocen lo hecho anteriormente o los trabajos precedentes fueron efectuados por irresponsables desconocedores del tema y sus resultados fueron irrelevantes. Lo cierto es que vivimos en un verdadero desconcierto en la planeación gubernamental oaxaqueña.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 29 de enero de 2011.

FRAUDES GUBERNAMENTALES OAXAQUEÑOS

Los fraudes del sexenio anterior son colosales. Hoy sabemos que la consigna era enriquecerse; no servir al pueblo de Oaxaca. Los discursos gubernamentales eran frases huecas, dichas solamente para justificar el mando administrativo, porque gobernar sólo pudieron hasta mayo del 2006; después, sólo fue el negocio y el cínico saqueo de las arcas públicas.

Por el momento, al menos en dos grandes obras se puede documentar la mecánica de la corrupción. En la construcción de la Ciudad Administrativa y el techado del Auditorio Guelaguetza nos queda claro que el objetivo era inflar los costos, para obtener inmensas ganancias ilícitas. En los complejos administrativos, además, nos mostraron que la perversión llegó a grado de lo extraordinario, porque encadenaron al pueblo de Oaxaca a un pago obligatorio durante los siguientes 15 años. El problema, para los oaxaqueños, es que, siendo tan lucrativo el negocio, da para que nuevos socios entren al esquema.

La Ciudad Administrativa tenía un presupuesto inicial de no más de 355 millones de pesos, incluyendo los beneficios para una posible empresa constructora privada. Quizá por la ambición o por la necesidad de dinero fresco, el contratista, Alberto Neptalí García Arango, solicitó otro crédito por 185 millones de pesos. Eso implicaría que la obra quizá haya costado alrededor de 540 millones de pesos. Sin embargo, el último dato oficial que conocemos nos habla de un contrato basado en un costo final de la obra por 1 mil 800 millones de pesos, pagaderos en 15 años. Si sumamos los intereses que se generarán en ese tiempo, el costo total puede llegar a los 3 mil 400 millones de pesos. Un verdadero negocio para los beneficiarios del régimen anterior, pero un verdadero atraco en despoblado para Oaxaca, donde casi el 80% de su población vive en la miseria y la pobreza.

Otro gran filón, lo dio el techado del Auditorio Guelaguetza. Según lo ha reportado el periódico Tiempo, la obra fue inflada al triple de su costo real. Lázaro García Saavedra, dirigente de la Agrupación de Profesionales del Desarrollo Urbano del Estado, estima que su costo es de aproximadamente 35 millones de pesos, pero fue contratada en casi 106 millones de pesos. Los datos son claros y contundentes. Ahí podemos ver montadas 450 toneladas de acero; al precio actual de 14 mil pesos por tonelada, la estructura observable valdría 6.3 millones de pesos. A ello hay que agregarle el costo de la velaria, que terminó siendo una lona común y corriente, cuando originalmente se había anunciado como una “membrana sintética de alta resistencia, capaz de tolerar cualquier inclemencia del tiempo”. El fraude del techado del auditorio habría reportado una ganancia aproximada de 131 millones de pesos.

Estas son las obras observables y documentadas, pero quedan en la penumbra los negocios de la Ciudad Judicial –más grande aún que la Ciudad Administrativa-; las carreteras y caminos pagados, pero nunca ejecutados o hechos con dinero de los municipios; las obras de infraestructura básica que aparecen en los informes gubernamentales, pero que los periódicos denunciaron como inexistentes el año pasado.

Tela donde cortar, hay más que suficiente. Por el bien de Oaxaca, esperemos que el nuevo sastre, que se ganó el cargo denunciando la corrupción, la opacidad y el cinismo, tenga la voluntad política y la honradez necesaria para castigar a los culpables de tantos delitos administrativos.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 26 de enero de 2011.

Techado del Auditorio Guelaguetza: monumento a la corrupción

Pudo haber sido la obra magna del sexenio anterior, pero terminó siendo un verdadero monumento a la corrupción. Sólo los necios y costumbristas pueden negar la necesidad de una techumbre para el Auditorio Guelaguetza; sobre esa base, el gobierno anterior abrió otra veta más para el dinero mal habido.

Como no era la especialidad del hermano cómodo, debieron contratar a una empresa internacional para construirla. Para no variar en la nacionalidad, contrataron a la empresa española Isolux Corsan Construcción S.A. de C.V, para levantar la “Cubierta Velaría”. El proyecto original estimaba un costo aproximado de 40 millones de pesos, pero, con los estiras y aflojes acostumbrados en las obras públicas, el contrato se fijó en 65 millones 932 mil 950 pesos, para cubrir 4 palcos semicirculares y el escenario del auditorio, un total de 12 mil 500 metros cuadrados.

Siendo un auditorio al aire libre, el plan inicial contempló el armado y la cubierta sostenidos desde el exterior, para que las columnas no impidieran la visibilidad del escenario. En la maqueta original el techado es impecable, armonioso, práctico, útil. Hasta ahí, las cosas iban bien, pero el perverso interés trastocó la arquitectura por el chorro de dinero dirigido a las campañas políticas y los bolsillos de los beneficiarios del régimen. Entonces se percataron que habían materiales susceptibles de ser sustituidos por otros de menor calidad, pero cobrados como los mejores; encontraron, también, conceptos no planeados y, como en todo el sexenio anterior, se revisó el contrató hasta en tres ocasiones; en la última, el gobierno se comprometió a pagar otros 40 millones de pesos más. Así, la techumbre tendría una cubierta a base de membrana sintética de alta resistencia, capaz de tolerar cualquier inclemencia del tiempo.

La nueva versión, a un costo de 106 millones de pesos, es verdaderamente abominable. Con un blanco “destrúyeme las pupilas”, como decimos coloquialmente, es un verdadero adefesio, no por falta de majestuosidad, sino por el material utilizado. El director de la empresa constructora, Octavio Pastrana, culpó a la empresa Toldomatic de la mala calidad del material con que fueron confeccionadas las lonas (velarías). Aquella “membrana sintética de alta resistencia”, terminó siendo una lona común que se rasgó con los primeros aires de fines del otoño pasado. Ahí comenzó la mala suerte de la empresa constructora.

Si hubieran terminado los trabajos en los periodos establecidos, el tiempo y la utilidad encubrirían las maldades de la obra, pero la desidia gubernamental alargó la firma contractual, después, la Sección 22 tomó el auditorio y destruyeron la grúa. Entre hoyos y estructuras a medio construir, la última guelaguetza sexenal se efectuó en el estadio “Benito Juárez”. A nadie le importaba la conclusión de la techumbre. Su finalidad principal se había cumplido: dinero frasco para lo que se ofreciera.

Llegó el nuevo gobierno y las caras largas, pero el nuevo secretario de las Infraestructuras sabe de negocios, financiamiento, construcciones y motivaciones ocultas. En lugar de revisar las tropelías contractuales, como habían sido los compromisos de campaña, ahora hace política. La techumbre del Auditorio Guelaguetza esperará a que la primera consulta popular se haga realidad. Apostándole al olvido o dando tiempo para el acomodo de los nuevos intereses, tendremos monumento a la corrupción durante un buen tiempo por delante.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 19 de enero de 2011.

DE NOTARIOS Y DIRECTIVOS

Por si no nos habíamos dado cuenta, los actuales funcionarios del gobierno no “dan pie con bola”, como proclama el dicho popular. En el caso del fraude notarial, actúan reaccionando, como corresponde a todo buen burócrata inhábil, desconocedor y sin preparación. En una entrevista efectuada por nuestro excelente reportero, Misael Sánchez, el director general de Notarías, Luis Alfonso Silva Romo, quiso aclarar lo turbio explicando que actualmente hay 95 fedatarios públicos y “en el sexenio pasado sólo se otorgaron 38 patentes de notario público.” (Tiempo, 14/I/2011) Casi la mitad del total de notarios oaxaqueños “¡solo¡” fueron autorizados en ese periodo y no hubo piñatazo, según el funcionario.

Hace unos meses, cuando el gobierno de Ulises Ruiz estaba por concluir sus funciones, un grupo de notarios públicos, encabezados por distinguidos militantes panistas, acudieron a la Procuraduría General de Justicia del estado para denunciar un ilegal otorgamiento de fiats a amigas y beneficiarios del moribundo régimen. Ellos mismos dieron una lista de supuestos favorecidos y exigieron la pronta aplicación de la justicia. Me alegra que sea, ahora, el nuevo director general de Notarías del Gobierno del Cambio quien nos aclare que no hubo “piñatazo notarial” y que, todo lo hecho en aquel entonces, estuvo solamente motivado por el rencor y la propaganda política partidista.

Pero no. En realidad, los fiats del conflicto fueron elaborados, impresos y firmados; pruebas tenemos. El único problema, como lo manifesté en mi escrito anterior, fue que el gobernador saliente estaba indeciso, como durante toda su administración y no tuvieron tiempo o no pudieron cumplir el requisito de registrar los documentos ante la Secretaría General de Gobierno y depositarlos en el Archivo General de Notarías. Por eso, precisamente, existe ese vacío físico entre el fiat número 124 hasta el documento 139, que suponemos le fue entregado a Maritza Escarlet Vásquez.

Este supuesto nos lleva a la siguiente cuestión. A la solicitud expresa del reportero, el entrevistado “se negó a proporcionar los nombres de los fedatarios señalando que es información reservada que únicamente se puede proporcionar a través de una solicitud al Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública”. Hasta donde sabemos, el fiat es una fe pública, otorgada por un gobierno público, para la atención al público en general. Luego entonces, todos tenemos el derecho de saber quiénes son los fedatarios públicos. No es un secreto ministerial que deba resguardarse por cuestiones procesales, tampoco es documentación reservada, ni acciones gubernamentales en proceso, que exijan la solicitud expresa ante un organismo de transparencia como el IEAIP. Es una información que la propia Segego y la Dirección General de Notarías debían hacer pública, en bien de los usuarios y en beneficio de la cultura de la legalidad entre los oaxaqueños.

Ése es uno de los grandes problemas de esta nueva administración. Por desidia o desconocimiento, confunden la magnesia con la gimnasia. Saltan a la vista, del listado de notarios autorizados, entre mayo de 2007 a noviembre de 2008, los nombres de Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Genaro Víctor Vásquez Colmenares y Magnolia López Morales; en esos años, Procurador General de Justicia, Diputado y Subsecretaria de Planeación Presupuestal de la Secretaría de Finanzas, respectivamente. La Ley de Notarías habla de documentación, experiencia y examen para otorgar la patente notarial. Me pregunto, ¿en qué momento, estos funcionarios pudieron trabajar en una notaría pública para adquirir la experiencia exigida? Por cierto, otros notarios autorizados en esas fechas fueron Gilma Gamboa Escobar e Indira Gamboa Escobar. En esas fechas, un Gamboa era presidente de la asociación de notarios, cuya firma era fundamental para legalizar todo fiat. No dudo que los documentos sean legales, pongo en entredicho la legitimidad del hecho. Ésa es la parte que le correspondería aclarar a un gobierno de cambio, transparencia y legalidad.

Un servidor público debía aprovechar la ocasión para aclarar las situaciones, pero en beneficio de la población en general y con visión de Estado. Ante la confusión generada, el director general de Notarías debía hacer pública la lista de notarios legalmente reconocidos y el número de su fiat. Así, todo intento de legalizar cualquier documento no reconocido hasta hoy, se toparía con la transparencia de una administración moderna y profesional. Lo contrario induce al arreglo “en lo oscurito”, a los posibles arreglos entre algunos de los nuevos funcionarios y las acciones nada claras del sexenio anterior.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 15 de enero de 2011.

OAXACA: NOTARÍAS FRAUDULENTAS

Las notarías, en Oaxaca, han sido un floreciente negocio, porque a través de la patente, muchos fedatarios reviven muertos y “desfacen entuertos”, como diría El Quijote. Algunos gobernadores los han expedido como pago de favores y, también, como una especie de beca contra el desempleo para sus amigos y familiares. En el sexenio de Ulises Ruiz, las notarías fueron parte del proceso de la corrupción. Como buena parte de su equipo sigue gobernando, el proceso aún no termina y, en estos primeros meses del nuevo gobierno, muchos notarios están naciendo. Hace unos días, el Director General de Notarías denunció que hacían falta dos libros del registro de bienes catastrales del estado, pero no mencionó nada sobre el asunto de los notarios en proceso.

A principio de este mes, un grupo de notarios manifestaron su inconformidad, porque la Secretaría de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia estaba autorizando sellos a nuevos notarios, aún cuando los nombrados por Ulises Ruiz debieron concluir sus trámites los últimos días de noviembre.

El problema se suscitó, dicen quienes conocen del tema, porque el ex gobernador dejó hasta la última hora la autorización de los nuevos fiats. Por las prisas, muchos documentos no llegaron a manos de sus destinatarios y varios no fueron depositados en el Archivo General de Notarías o registrados en la Secretaría General de Gobierno. Según ha trascendido, los fiats registrados llegan hasta el número 124, de la licenciada Patricia Villanueva Abraham, existiendo un vacío hasta la patente 139, de Maritza Escarlet.

El piñatazo de fiats fue apabullante. El cálculo es que, en los últimos días del sexenio, se expidieron entre 23 y 30 fiats notariales. Enlisto los nombres de algunos de los políticos beneficiados: Evencio Nicolás Martínez Ramírez, ex secretario general de Gobierno; María de la Luz Candelaria Chiñas, ex Procuradora General de Justicia; Patricia Villanueva Abrajam, ex dirigente estatal de la CNOP; Donovan Rito; Magnolia López Morales, ex subsecretaria de Finanzas; Manuel León Sánchez, ex coordinador de Giras; Sergio Segreste, ex secretario de Protección Ciudadana; Maritza Escarlet Vásquez, ex directora de Notarías, Bernadette Rousse Mayor, ex directora de Catastro; Paulo Tapia Palacios, ex director del Registro Público de la Propiedad. Jaime Aranda Castillo, ex diputado priista; Roberto Ruiz Zaragoza, ex director jurídico; Enrique Espinoza Medina; Soledad Quintana Rojas, ex subsecretaria de la contraloría; Enrique Silva Fernández, hermano de una ex diputada local priista; José María Yáñez Gatica, ex diputado local perredista y Thelma Valdivieso Suaustegtui, abogada del despacho del notario Sánchez Santibáñez. Para tener la venia del colegio de notarios, fueron beneficiados: Martín Ricárdez, yerno del notario Amado Pérez; Lidia Victorina Velásquez, hija del notario Héctor Sánchez Santibáñez; Yari Sánchez Cortés, hijo del notario Omar Sánchez Heras.

En realidad, el procedimiento fue legal. Se cubrieron las formas, aunque ninguno de los beneficiados, salvo los hijos y familiares de los notarios establecidos, podía realmente comprobar la experiencia, el conocimiento y el tiempo de práctica en alguna notaría establecida, como lo exige la ley. Por el momento, la única posibilidad de revertir el piñatazo notarial es impedir que los notarios, sin documentos oficiales en regla, logren regularizar su situación, amparados en los nuevos acuerdos que se están estableciendo entre la gente del nuevo gobierno y los del sexenio anterior.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 12 de enero de 2011.

FRAUDES GUBERNAMENTALES

Nunca Oaxaca había tenido un régimen tan corrupto, como el sexenio anterior. La deshonestidad adquirió carácter de política de gobierno y fue la guía para la acción para casi todos los funcionarios gubernamentales. Hasta parecía competencia para ver quién amasaba la fortuna más escandalosa y quién hacía más ostentosa su riqueza. Comenzaré comentando dos verdaderas tropelías del pasado reciente.

LOS PARQUÍMETROS DE LA CIUDAD DE OAXACA. Un 20 de noviembre, quienes asistieron al desfile oficial, pudieron observar la angustia en los rostros de Bulmaro Rito Salinas y Alberto Neptalí García Arango (a) El Chicharrín. Buscaban hablar, con verdadera desesperación, con el gobernador Ulises Ruiz. En un mes concluiría el trienio municipal y la autorización para el establecimiento de los parquímetros estaba estancada. Nunca se concretó el proyecto, porque hubo una franca repulsa de la ciudadanía a la estafa de pagar, a particulares, para estacionarse en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca.

Cuando los regidores del siguiente trieno revisaron el asunto, se encontraron con un verdadero desorden documental. Lo único claro, en los papeles, es que una empresa de la ciudad de México se interesó en establecer un nuevo impuesto en la ciudad y promovió los parquímetros. El famoso Cicharrín, al que veíamos correr por los trámites, acompañado por el entonces presidente de la Gran Comisión de la H. Cámara de Diputados, jamás apareció en los documentos oficiales. Dicen, quienes conocen del tema, que al ver perdido el caso, los verdaderos e iniciales promotores traspasaron los documentos para que la empresa ficticia asumiera el fracaso. Fue una frustración para los organizadores, porque perdieron la oportunidad de tener una millonaria renta vitalicia, pero una verdadera escuela para su exitosa siguiente gestión.

EL COLOSAL FRAUDE DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL. Para cumplir un compromiso de campaña, la Secretaría de Obras Públicas del gobierno estatal elaboró y presentó a Ulises Ruiz, en febrero de 2005, un proyecto para edificar la Ciudad Administrativa, con un costo aproximado de 355 millones de pesos. Para financiar la construcción, Banobras propuso un crédito blando, tres veces más barato que los préstamos en bancos privados; el gobierno construiría y sería el dueño de los edificios y los terrenos. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas optó por el establecimiento de los PPS (Proyectos de Participación en Sociedad) y se le otorgó el contrato a una constructora creada sobre la marcha y encabezada por Alberto Neptalí García Arango (co-propietario de “Tubos y Conexiones), quien inmediatamente solicitó un crédito a Banorte, exactamente por la misma cantidad presupuestada por la SOP: 355 millones de pesos. Por no tener experiencia en la construcción, las obras tuvieron fallas constructivas; para encubrir las fisuras y resquebrajamientos, además de aditamentos no contemplados, como el enfriador central del aire acondicionado, posteriormente solicitó un crédito complementario por 185 millones más.

El contrato inicial contemplaba el financiamiento y su administración durante 15 años, a manos de la empresa del “Chicharrín”, con un pago gubernamental por poco más de un mil 300 millones de pesos. Con el cobro de los estudios y el expediente ejecutivo –que ya había elaborado la SOP-, además de los incrementos mencionados anteriormente, la empresa de García Arango aumentó proporcionalmente el costo de la contraprestación. Finalmente, el gobierno estatal –los oaxaqueños- cubrirá, en total, un mil 800 millones de pesos, pagaderos en 15 años, a partir de la fecha de entrega de la Ciudad Administrativa.

Un verdadero negocio de un mil 445 millones de diferencia con el presupuesto inicial de la SOP del gobierno estatal. Pero, para el momento de la conclusión de la obra, Bulmaro Rito Salinas era Coordinador General de Coplade y se habían efectuado todos los trámites para que la cámara de diputados emitiera un decreto autorizando al Ejecutivo “a constituir un Fideicomiso irrevocable de Administración y Fuente de Pago alterna afectando un porcentaje necesario y suficiente de los ingresos y derechos derivados de las participaciones federales presentes y futuras que le correspondan al Estado de Oaxaca…” Algo parecido operaron en la construcción de la Ciudad Judicial. La danza de los millones en renta transexenal cuajó de maravilla, para vergüenza y oprobio de los oaxaqueños.

Por cierto, don Eviel Pérez Magaña, entonces secretario de Obras Públicas, se comprometió a construir el estacionamiento que se les había olvidado proyectar en la Ciudad Administrativa. Dos años después, sigue pendiente el compromiso adquirido.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 8 de enero de 2011.

CONTINUISMO GUBERNAMENTAL

A principio del segundo mes de gobierno, el de Oaxaca pinta para ser igual al de todos los tiempos. Cambiar un poco, para que todo siga igual, recomendaba el Gatopardo para sobrellevar los vaivenes de las épocas. Parece ser la consigna del momento. Tocaré dos vicios de los gobiernos anteriores y, al parecer, también del actual.

Cinismo: La buena voluntad del gobernador del estado, para profesionalizar la administración pública, se ha estrellado contra el cinismo de los falzatis oaxaqueños. No se trataba solo de títulos y cédulas, sino de concretar la propuesta de contar con los más capaces y capacitados en la administración pública. El título implicaba voluntad, conocimiento y un pensamiento lógico formal. La realidad nos está demostrando que no fueron los mejores quienes abrazaron la política opositora al PRI, sino los taimados y los astutos, quienes hicieron de la oposición una forma de vida.

Ahora se entiende su esquema mental cuando exigían “voluntad política”, como argumento para torcer la ley. Para ellos, la ley no existe para normar la vida cotidiana, sino para ser trastocada a voluntad de los más audaces. La falta de un pensamiento lógico formal lo suplen con el voluntarismo y la transgresión, como normas de convivencia diaria. Viven en el momento y con base en las emociones, menospreciando la existencia ordenada, planificada con metas objetivas y predominio del raciocinio sobre los sentimientos. Los falzatis le apuestan al cansancio y al olvido, para legitimar la ilegalidad de su permanencia en los cargos públicos.

Por otra parte, no hay gran diferencia entre el amiguismo y las cuotas para las camarillas políticas de los gobiernos priistas, en el reparto de los cargos públicos, con el amiguismo y las cuotas para los partidos coaligados, para integrar el gabinete del “gobierno del cambio”. Quitaron a un partido, para mantener los mismos vicios, pero ahora para beneficio de otros partidos. En ese sentido, la alternancia se ha concretado en el cambio de siglas, partidos y personas, pero manteniendo los mismos esquemas de control, abuso de la credibilidad ciudadana y menosprecio del deseo de cambio de los votantes.

Encubrimiento. Como en los viejos tiempos, la corrupción y el desvío de recursos se enmascaran tras las declaraciones rimbombantes, pero sin ningún sustento para ejercer acciones legales. Los grandes fraudes del pasado inmediato quedarán sin dilucidar, porque la nueva administración no parece tener voluntad, ni capacidad, para desenredar el embrollo; pero, también, porque las tropelías fueron encubiertas con una pátina de legalidad. La Ciudad Administrativa y Judicial son estafas amparadas en contratos legales, para otorgarles una renta permanente a los malhechores, durante 15 años. Los fiats notariales, otorgados a discreción a amigos, cómplices y compradores también tuvieron el contubernio de notarios establecidos y de la dirigencia de su asociación; por eso, el escándalo poco a poco va cayendo en el olvido. Ni qué decir de los negocios en caminos, carreteras y obras, con su dádiva del 10 por ciento, la adjudicación a empresas de prestanombres o familiares de los titulares del ramo. Tampoco se ven visos de revisión a las obras fantasmas, denunciadas en medios nacionales. Mucho menos se plantean auditorías a los administradores municipales, que eran hombres de paja de los funcionarios gubernamentales.

Sin voluntad de cambio, las cosas van a continuar igual, pero con nombres nuevos, y a veces reciclados, en los cargos públicos. No hay cambio, sino el viejo ciclo del eterno retorno.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 5 de enero de 2011.