Cuatro años después, una inocente es liberada, después del periplo de su acusadora, que pasó de los apapachos de la derecha oaxaqueña a las manos de un abogado acusado de pertenecer a grupos subversivos en la década de los setenta. Es el caso más notorio de la tergiversación de las normas legales y la incongruencia personal, para acaparar la atención mediática y cumplir intereses políticos y personales, a partir de un hecho familiar.
El martes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó liberar de inmediato a la profesora Magdalena García Soto, sentenciada originalmente a 10 años de prisión por participar en la violación de un menor en el Instituto San Felipe. Después de varios años de litigar por su inocencia, hoy recibe la orden de libertad, pero sin siquiera un “usted disculpe”, por el largo tiempo pasado en prisión, a pesar de que la lógica y el sentido común gritaban su inocencia.
Como muchos recordaremos, en 2007, la señora Leticia Valdés presentó una denuncia contra la presunta violación de su hijo por dos profesores del Instituto San Felipe y a la profesora García se le acusaba de conducir al menor al lugar de los hechos. Según la denunciante, los actos ocurrieron un año atrás y, supuestamente, sólo después de comprender la gravedad del caso, acudía ante la justicia. Lo cierto es que llegó acompañada del ahora extinto diputado panista Guillermo Zavaleta y de su primer abogado, para exigirle al entonces Procurador de Justicia del Estado, Evencio Nicolás Martínez, un trato preferencial, la rápida integración de la averiguación, pero sin que el menor se presentara a declarar. Ahí comenzaron los errores y las contradicciones de la madre. Siguió insistiendo que el menor no se presentara y, después, exigió que el personal de la Procuraduría hiciera rapport, para ganar la confianza del niño. Pasaron dos meses y, según ella, el infante no estaba preparado para rendir la declaración. Cuando aceptó, no permitió que se le practicaran las pruebas de laboratorio necesarias para comprobar los hechos.
Ya distanciada de su segundo abogado defensor, entró al círculo de las organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos, enfrentados con el gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Lo que estaba encaminado como proceso judicial, se convirtió en una lucha política para denunciar a la Fiscalía de Delitos Contra la Mujer por no consignar la averiguación previa, cuando la propia acusadora había detenido el proceso en varia ocasiones. El día que el juez de distrito obsequiaba las órdenes de aprehensión, Leticia Valdés y las organizaciones feministas de la ciudad de Oaxaca organizaron una marcha que terminó en la Fiscalía y denostó a la Fiscal, acusándola de complicidad con los presuntos culpables. Ese mismo día, la policía judicial detuvo a la profesora García, porque los otros dos implicados se dieron a la fuga.
Lo que continuó después fue litigar en los medios de comunicación social la complicidad del gobierno estatal con los acusados. En el camino, Leticia Valdés pasó por la Cámara de Diputados federal y la de senadores. Su último triunfo fue cuando los diputados de la Coalición por la Paz y el Progreso le otorgaron una medalla como campeona en la defensa de los derechos humanos. Hoy sabemos que fue una verdadera incongruencia y motivado por los humos de la euforia, porque la señora Valdés se hizo famosa, a partir de tener a una inocente purgando una injusta condena.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 20 de mayo de 2010.
