No sólo la profesora Magdalena García Soto ha salido libre de la infamia que organizó Leticia Valdés y sus amigos, también los otros dos acusados pueden librarse de las condenas. La acusación de la violación agravada de un menor en el Instituto San Felipe fue, en realidad, una gran campaña mediática que utilizaron la derecha y las radicales feministas oaxaqueñas para denostar al anterior gobierno. En ese proceso, la acusadora se convirtió en campeona de los derechos humanos, mientras una inocente y otros dos acusados, Hugo Constantino García y Adán Pérez Ramírez, eran linchados en los medios de comunicación.
Hoy sabemos que Magdalena García es inocente y que no hubo pruebas suficientes para acusarla. Ésa fue la conclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nos recalca que el juicio, en realidad, fue un asunto mediático y las instituciones de justicia estatales actuaron bajo presión y no cuidaron las formas legales para declarar culpables a personas probablemente inocentes.
Para quienes han leído el expediente del caso, es claro que no hay delito por perseguir, al menos en la forma de violación agravada. Dice Sergio Sarmiento, un prestigiado columnista: “Nunca se determinó que el niño hubiese sufrido los desgarres de tejidos distintivos de una violación. La madre afirma haber encontrado líquido seminal en el ano, pero los estudios de laboratorio que se llevaron a cabo 14 horas después no demostraron que fuera semen: sólo describen un líquido viscoso blanco sin espermatozoides y señalan su pH. El mismo estudio señala que el líquido tenía olor de semen, pero el médico que lo firma reconoce que nunca lo olió y que ni siquiera estaba en Oaxaca cuando se hizo el estudio. No hay certeza, por otra parte, de que el líquido procediera realmente del pequeño.” Hasta donde sabemos, el niño sólo presentó una leve hipocoloración de un milímetro y medio en el ano, pero los peritos de la Procuraduría estatal argumentaron que podía ser resultado de estreñimiento del menor, por lo que ordenaron pruebas periciales para determinar la profundidad de la lesión, con lo que se comprobaría o rechazaría la probable violación. La madre nunca permitió la aplicación de los exámenes.
La averiguación previa se integró en medio de las declaraciones de prensa de Leticia Valdés, entre marchas y tomas de oficinas gubernamentales por las organizaciones radicales feministas, con la presión del diputado panista –ya fallecido- Guillermo Zavaleta a los funcionarios judiciales y con la constante descalificación de los sucesivos abogados de la denunciante. El resultado fue la consignación de un documento endeble y sin pruebas fehacientes a un juez de distrito que cedió a la presión mediática y condenó a los inculpados.
El gran problema de los acusados fue que contaron con una defensa ineficiente, desconocedora y confiada en su autodeclarada fuerza política. La defensa, encabezada por Jorge Franco Jiménez, nunca exigió un perito tercero en discordia; el caso sólo contó con el perito privado de la querellante y el de la Procuraduría estatal. Tampoco exigieron las pruebas médicas propuestas por los peritos de la Procuraduría para aceptar o rechazar el delito de violación; y nunca demandaron un peritaje del perfil psicológico de la denunciante, Leticia Valdés.
Con una mala defensa jurídica, más la presión mediática y la investigación concentrada en manos del entonces Procurador General del Estado, Evencio Martínez Ramírez, el destino de los acusados fue ser declarados culpables. Un error de la justicia oaxaqueña que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está enmendando lentamente.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 24 de mayo de 2011.
