FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 9 de octubre de 2009.
El resultado de la investigación efectuada por una comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la Trifulca Política del 2006, es muy claro: no hubo capacidad intelectual, ni organizativa. Quien quiera leer la conclusión del ministro Mariano Azuela como falta de capacidad técnica o cantidades suficientes de la fuerza policíaca, estará cometiendo un craso error, muy semejante al que cometieron los operadores gubernamentales en esos aciagos días. En realidad, ninguna fuerza policíaca está lo suficientemente capacitada o es lo suficientemente grande para contener un motín o un conflicto popular. La única fuerza que lo puede hacer, es el ejército.
Cuando sólo se cuenta con la policía estatal, es muy difícil controlar un movimiento social generalizado, mucho más cuando está penetrado e inducido por la guerrilla y sus organismos periféricos, además de dirigido y conducido por organizaciones y liderazgos radicalizados. Lo que ahí faltó fue visión estratégica y organización táctica para descabezar el movimiento, junto con el acalambramiento del cuerpo movilizado. Ése es el mensaje de la Comisión, cuando afirma reiteradamente: “… el uso de la fuerza pública fue precipitado y, por ende, no se planeó adecuadamente… la falta de eficiencia en el operativo denota que su preparación y oportunidad no fueron idóneas…” (http://www.scjn.gob.mx/MediosPub/Paginas/CasoOaxaca.aspx, p. 267)
Si quien operó el desalojo policiaco hubiera tenido un mínimo sentido organizativo y hubiera sabido que no hay movimiento sin liderazgos, otro gallo le hubiera cantado al Estado de Oaxaca y otro sería el futuro político del organizador de ese terrible desaguisado del 14 de junio de 2006.
No dudo que los actuales directivos de los cuerpos policiacos y quienes condujeron el fallido desalojo, intentarán distorsionar los resultados presentados por la Comisión de la Corte, para justificar los errores y obtener más recursos económicos para la compra de más y mejor armamento, incrementar las fuerzas policiacas y hasta los salarios. Si así lo hicieran, estarán echando al cesto de la basura todas las enseñanzas de los movimientos sociales en Oaxaca. No debemos olvidar que, durante el movimiento estudiantil de 1977, el gobierno estatal compró, por primera vez, equipos antimotines, rifles de gas lacrimógeno y hasta bastones eléctricos, en un vano intento por controlar el conflicto universitario; de nada sirvieron, porque ningún movimiento popular se puede contener con la mera fuerza policiaca. Cualquier intento por detener un movimiento social mediante la violencia termina generando mártires, derramamiento de sangre y la agonía de esa administración.
Todo gobierno cuenta con los recursos legales para contener un movimiento social, pero requiere inteligencia investigativa, capacidad operativa y decisión política para aplicarlos. Detener a cada cual y al conjunto, en el momento preciso y el lugar adecuado, es el secreto que nunca entendió el operador gubernamental de 2006.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 9 de octubre de 2009.
El resultado de la investigación efectuada por una comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la Trifulca Política del 2006, es muy claro: no hubo capacidad intelectual, ni organizativa. Quien quiera leer la conclusión del ministro Mariano Azuela como falta de capacidad técnica o cantidades suficientes de la fuerza policíaca, estará cometiendo un craso error, muy semejante al que cometieron los operadores gubernamentales en esos aciagos días. En realidad, ninguna fuerza policíaca está lo suficientemente capacitada o es lo suficientemente grande para contener un motín o un conflicto popular. La única fuerza que lo puede hacer, es el ejército.
Cuando sólo se cuenta con la policía estatal, es muy difícil controlar un movimiento social generalizado, mucho más cuando está penetrado e inducido por la guerrilla y sus organismos periféricos, además de dirigido y conducido por organizaciones y liderazgos radicalizados. Lo que ahí faltó fue visión estratégica y organización táctica para descabezar el movimiento, junto con el acalambramiento del cuerpo movilizado. Ése es el mensaje de la Comisión, cuando afirma reiteradamente: “… el uso de la fuerza pública fue precipitado y, por ende, no se planeó adecuadamente… la falta de eficiencia en el operativo denota que su preparación y oportunidad no fueron idóneas…” (http://www.scjn.gob.mx/MediosPub/Paginas/CasoOaxaca.aspx, p. 267)
Si quien operó el desalojo policiaco hubiera tenido un mínimo sentido organizativo y hubiera sabido que no hay movimiento sin liderazgos, otro gallo le hubiera cantado al Estado de Oaxaca y otro sería el futuro político del organizador de ese terrible desaguisado del 14 de junio de 2006.
No dudo que los actuales directivos de los cuerpos policiacos y quienes condujeron el fallido desalojo, intentarán distorsionar los resultados presentados por la Comisión de la Corte, para justificar los errores y obtener más recursos económicos para la compra de más y mejor armamento, incrementar las fuerzas policiacas y hasta los salarios. Si así lo hicieran, estarán echando al cesto de la basura todas las enseñanzas de los movimientos sociales en Oaxaca. No debemos olvidar que, durante el movimiento estudiantil de 1977, el gobierno estatal compró, por primera vez, equipos antimotines, rifles de gas lacrimógeno y hasta bastones eléctricos, en un vano intento por controlar el conflicto universitario; de nada sirvieron, porque ningún movimiento popular se puede contener con la mera fuerza policiaca. Cualquier intento por detener un movimiento social mediante la violencia termina generando mártires, derramamiento de sangre y la agonía de esa administración.
Todo gobierno cuenta con los recursos legales para contener un movimiento social, pero requiere inteligencia investigativa, capacidad operativa y decisión política para aplicarlos. Detener a cada cual y al conjunto, en el momento preciso y el lugar adecuado, es el secreto que nunca entendió el operador gubernamental de 2006.
La Ley está con el Gobierno, siempre y cuando la respeten, parece ser el corolario que oiremos el martes próximo, cuando la Corte comience a discutir estos resultados. No habrá juicios, ni acusados, como tampoco culpables definidos. Solo sentencias, para normar los criterios de las próximas acciones gubernamentales. Era una resolución ya esperada, porque, además, el asunto del 2006 ya es solo historia, oaxaqueña y nacional.
