FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 19 de octubre de 2009.
Para desgracia de muchos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí cumplió su papel: aparentar hacer, para no hacer nada. El mandato constitucional de la Corte es investigar si el Gobierno incumplió en la aplicación de las leyes, en un determinado momento y en un lugar específico. Los particulares no aplican, no deben aplicar las leyes, por eso la Corte no puede pronunciarse sobre ellos; cuando los ciudadanos trasgreden las leyes, es el Ministerio Público local el encargado de castigar a los infractores.
Ahí reside el problema de Oaxaca. La Corte determinó, en la revisión de la Trifulca Política del 2006, que el Gobierno del Estado fue incapaz de contener el conflicto, por la desidia y el abandono del Poder Ejecutivo estatal; es la culpabilidad por omisión. Por su parte, quienes debían ser castigados por violar la ley, fueron exonerados ¡por parte de quienes debieron castigarlos! La propia Procuraduría General de Justicia del Estado se encargó de presentar pruebas a su favor o enredar las averiguaciones previas, para que los indiciados pudieran alcanzar la libertad. En muchos casos, el gobierno estatal pagó las fianzas para sacarlos de las cárceles.
En estricto sentido, la Corte cumplió. Emitió su opinión en el caso analizado. Nadie le pidió su parecer sobre la participación federal, tampoco está obligada a emitir –de oficio- una opinión no solicitada (por cierto, otro de los graves problemas de nuestros gobernantes es utilizar los servicios de abogados, solo por el hecho de ser sus amigos y, quienes asesoraron el caso, solo se han caracterizado por sus pifias judiciales y ganar casos, cuando el asunto está “maiceado” por la Superioridad).
La Corte tiene toda la razón: el asunto oaxaqueño pudo solucionarse en dos momentos. Primero, cuando la Sección 22 había alcanzado todas sus demandas políticas y salariales, solo faltaban 12 millones de pesos para cubrir los asuntos varios: horas clase y apoyos políticos; entonces vino la cerrazón de Coplade, argumentando que ya no había más dinero para un asunto resuelto y se rompieron las negociaciones. Segundo: entrampados en sus terquedades, la Secretaría General de Gobierno orquestó y ordenó el desalojo policiaco del Centro de la ciudad, sólo se enteraron los mandos policiacos y a última hora; incluso, la entonces Procuradora de Justicia se enteró casi conjuntamente con el inicio del operativo. No hubo inclusión, organización, ni inteligencia informativa, sólo autoridad: Sun Tsu se quedó arrumbado en las librerías.
Por cierto, el Gobernador no debe, no puede estar en las negociaciones. Sería un desgaste innecesario de la investidura. Sin embargo, su presencia es necesaria en el cierre final de las negociaciones o para enderezar el rumbo, cuando se pierde, como en este caso. El problema comenzó, porque los negociadores del asunto nunca supieron cuál era el meollo del asunto. Sólo hasta fines de año se enteraron que, en abril, un mes antes del inició formal del movimiento sindical, la Sección 22 se había pronunciado por la renuncia del Secretario General de Gobierno y del Gobernador, argumentando que el movimiento ya no era sindical, sino ahora iban por el poder. Condujeron un movimiento, sin información vital.
Sin embargo y a pesar de todo, el conflicto está resuelto. Fue una suerte para el gobierno estatal que lo encabezaran esos dirigentes y no otros más capaces. La reciente declaratoria de la Corte tampoco conduce a ninguna parte. Sin mayoría en el Congreso, el gobierno federal tiene atadas las manos. La declaratoria sólo podía surtir sus efectos cuando el presidencialismo priista contaba con las cámaras. Con la simple amenaza de una declaratoria como ésta, no solo hacía renunciar a gobernadores, sino los ponía en el quicio de la cárcel. El último espantado fue el de Guerrero, aquel de la masacre de Aguas Blancas.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 19 de octubre de 2009.
Para desgracia de muchos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí cumplió su papel: aparentar hacer, para no hacer nada. El mandato constitucional de la Corte es investigar si el Gobierno incumplió en la aplicación de las leyes, en un determinado momento y en un lugar específico. Los particulares no aplican, no deben aplicar las leyes, por eso la Corte no puede pronunciarse sobre ellos; cuando los ciudadanos trasgreden las leyes, es el Ministerio Público local el encargado de castigar a los infractores.
Ahí reside el problema de Oaxaca. La Corte determinó, en la revisión de la Trifulca Política del 2006, que el Gobierno del Estado fue incapaz de contener el conflicto, por la desidia y el abandono del Poder Ejecutivo estatal; es la culpabilidad por omisión. Por su parte, quienes debían ser castigados por violar la ley, fueron exonerados ¡por parte de quienes debieron castigarlos! La propia Procuraduría General de Justicia del Estado se encargó de presentar pruebas a su favor o enredar las averiguaciones previas, para que los indiciados pudieran alcanzar la libertad. En muchos casos, el gobierno estatal pagó las fianzas para sacarlos de las cárceles.
En estricto sentido, la Corte cumplió. Emitió su opinión en el caso analizado. Nadie le pidió su parecer sobre la participación federal, tampoco está obligada a emitir –de oficio- una opinión no solicitada (por cierto, otro de los graves problemas de nuestros gobernantes es utilizar los servicios de abogados, solo por el hecho de ser sus amigos y, quienes asesoraron el caso, solo se han caracterizado por sus pifias judiciales y ganar casos, cuando el asunto está “maiceado” por la Superioridad).
La Corte tiene toda la razón: el asunto oaxaqueño pudo solucionarse en dos momentos. Primero, cuando la Sección 22 había alcanzado todas sus demandas políticas y salariales, solo faltaban 12 millones de pesos para cubrir los asuntos varios: horas clase y apoyos políticos; entonces vino la cerrazón de Coplade, argumentando que ya no había más dinero para un asunto resuelto y se rompieron las negociaciones. Segundo: entrampados en sus terquedades, la Secretaría General de Gobierno orquestó y ordenó el desalojo policiaco del Centro de la ciudad, sólo se enteraron los mandos policiacos y a última hora; incluso, la entonces Procuradora de Justicia se enteró casi conjuntamente con el inicio del operativo. No hubo inclusión, organización, ni inteligencia informativa, sólo autoridad: Sun Tsu se quedó arrumbado en las librerías.
Por cierto, el Gobernador no debe, no puede estar en las negociaciones. Sería un desgaste innecesario de la investidura. Sin embargo, su presencia es necesaria en el cierre final de las negociaciones o para enderezar el rumbo, cuando se pierde, como en este caso. El problema comenzó, porque los negociadores del asunto nunca supieron cuál era el meollo del asunto. Sólo hasta fines de año se enteraron que, en abril, un mes antes del inició formal del movimiento sindical, la Sección 22 se había pronunciado por la renuncia del Secretario General de Gobierno y del Gobernador, argumentando que el movimiento ya no era sindical, sino ahora iban por el poder. Condujeron un movimiento, sin información vital.
Sin embargo y a pesar de todo, el conflicto está resuelto. Fue una suerte para el gobierno estatal que lo encabezaran esos dirigentes y no otros más capaces. La reciente declaratoria de la Corte tampoco conduce a ninguna parte. Sin mayoría en el Congreso, el gobierno federal tiene atadas las manos. La declaratoria sólo podía surtir sus efectos cuando el presidencialismo priista contaba con las cámaras. Con la simple amenaza de una declaratoria como ésta, no solo hacía renunciar a gobernadores, sino los ponía en el quicio de la cárcel. El último espantado fue el de Guerrero, aquel de la masacre de Aguas Blancas.
En Oaxaca, muchos discutirán del caso. Pero, como he insistido: el Gobernador no se va por este asunto. Su permanencia también se la debe a la Sección 22 y a la APPO. Si en 2006 hubieran sabido hacer política y no jugar a la revolución, otro gallo le cantaría a los oaxaqueños.
