FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 1 de mayo de 2010.
El martes pasado, un grupo de activistas intentaron darle un poco de oxigeno al alicaído grupo triqui autonomista, vinculado a la sección 22, que disputan el control de San Juan Copala a la Ubisort y al MULT. La provocación montada obtuvo lo que quería: muertos, heridos y una bandera para enarbolar en el inicio de las campañas políticas. La acción nos confirmó también quiénes forman parte del radicalismo oaxaqueño.
Uno de ellos tiene una larga historia vinculado a hechos de sangre y a la confrontación social. El sacerdote Wilfrido Mayrén Peláez, Uvi, ha dejado, por los curatos donde ha pasado, una estela de sangre. En lugar de paz espiritual, su derrotero avivaba los conflictos agrarios, generando confrontaciones y violencia. Sus parroquias se llenaron de huérfanos, viudas y muertos. Curiosamente, con su ausencia, la mayoría de los conflictos agrarios se han encausado hacia procesos de pacificación, de conciliación y reencuentro entre las comunidades. Como en política las coincidencias no existen, creo que el padre Uvi es factor desencadenante de la violencia. Por eso, no tiene nada raro que haya salido de su parroquia de Xochimilco, Oaxaca, para ir a oficiar la misa de muerto en la Mixteca, después de los hechos sangrientos en la Zona Triqui.
El otro vector son los grupos radicales vinculados a la sección 22. Por un lado, el Frente Popular Revolucionario, grupo periférico de los proclives a la lucha armada, cuya representación llevó Florentino López Martínez y, junto a él se encontraba el “Alebrije”, el representante de los anárquicos jóvenes grafiteros y punks oaxaqueños de la APPO. Por último, iban los activistas de la Sección 22. Todos ellos condujeron, alegre e irresponsablemente, a un grupo de extranjeros y a algunos periodistas de la revista Contralínea, a su encuentro con la muerte.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 1 de mayo de 2010.
El martes pasado, un grupo de activistas intentaron darle un poco de oxigeno al alicaído grupo triqui autonomista, vinculado a la sección 22, que disputan el control de San Juan Copala a la Ubisort y al MULT. La provocación montada obtuvo lo que quería: muertos, heridos y una bandera para enarbolar en el inicio de las campañas políticas. La acción nos confirmó también quiénes forman parte del radicalismo oaxaqueño.
Uno de ellos tiene una larga historia vinculado a hechos de sangre y a la confrontación social. El sacerdote Wilfrido Mayrén Peláez, Uvi, ha dejado, por los curatos donde ha pasado, una estela de sangre. En lugar de paz espiritual, su derrotero avivaba los conflictos agrarios, generando confrontaciones y violencia. Sus parroquias se llenaron de huérfanos, viudas y muertos. Curiosamente, con su ausencia, la mayoría de los conflictos agrarios se han encausado hacia procesos de pacificación, de conciliación y reencuentro entre las comunidades. Como en política las coincidencias no existen, creo que el padre Uvi es factor desencadenante de la violencia. Por eso, no tiene nada raro que haya salido de su parroquia de Xochimilco, Oaxaca, para ir a oficiar la misa de muerto en la Mixteca, después de los hechos sangrientos en la Zona Triqui.
El otro vector son los grupos radicales vinculados a la sección 22. Por un lado, el Frente Popular Revolucionario, grupo periférico de los proclives a la lucha armada, cuya representación llevó Florentino López Martínez y, junto a él se encontraba el “Alebrije”, el representante de los anárquicos jóvenes grafiteros y punks oaxaqueños de la APPO. Por último, iban los activistas de la Sección 22. Todos ellos condujeron, alegre e irresponsablemente, a un grupo de extranjeros y a algunos periodistas de la revista Contralínea, a su encuentro con la muerte.
La estrategia era clara: provocar, para generar la violencia. Es, por otra parte, una política muy socorrida por los grupos extremistas. La sangre derramada les genera publicidad mediática y simpatía internacional.
Por la otra parte, el gobierno estatal nos demostró, de nueva cuenta, que no tiene el menor sentido de lo que es la administración pública. Las declaraciones del Secretario General de Gobierno, manifestando su desconocimiento sobre las actividades de este extraño grupo, integrado por dirigentes políticos de los Valles Centrales, un grupo de extranjeros y algunos reporteros del Distrito Federal, deben mover a la reflexión y la corrección.
Desde días antes, los grupos involucrados anunciaron sus intenciones. El día de la marcha, se organizaron, anunciaron y publicitaron su caravana en el centro de Huajuápam de León, frente al Palacio Municipal y a pocas cuadras de la Delegación de Gobierno. El descuido y la negligencia nos dice que las delegaciones de gobierno dejaron de cumplir la función de crear gobernabilidad para las regiones. Los delegados de gobierno, según la Ley Orgánica del gobierno estatal, tienen, como una de sus funciones, la de servir como correa de transmisión para recabar información y transmitirlas al gobierno central, para que actúe con conocimiento de causa.
No puedo concebir que el delegado en Huajuápam de León no se haya enterado de los propósitos de las organizaciones y no haya informado a sus superiores jerárquicos, el Coordinador de Delegados de Gobierno y al Gobernador, que se estaban concentrando, en la plaza pública, un grupo de activistas para dirigirse a la altamente conflictiva Zona Triqui. ¿A qué se dedica, entonces, el Delegado de Gobierno? ¿Cuáles son sus nuevas responsabilidades y por qué no se comunicó con su Coordinador General, para informarle de lo que estaba ocurriendo y lo que era de presumirse habría de ocurrir? Se estaba montando una provocación y nadie tomó previsiones para impedirla.
El hecho es grave, porque, aunque muchos funcionarios estén dedicados a las cuestiones electorales, eso no justifica que abandonen la gestión gubernamental. De continuar el gobierno como hasta hoy, las acciones de provocación, como la pasada en la Zona Triqui, serán la constante en estos dos meses de campaña electoral y pueden generar una situación de ingobernabilidad tal, que llegue a entrampar el proceso electoral de gobernador, el verdadero interés de los grupos políticos involucrados en los hechos.
