FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 25 de septiembre de 2010.
Enrique Peña Nieto ha entendido que el poder es para ejercerlo a plenitud, si se quiere trascender; cuando no, se puede dejar en manos de segundones o se dilapida en la irresponsabilidad de actividades de otra índole. Con una pequeña reforma electoral, de sólo 25 palabras, puso en jaque a los supuestos triunfadores de las pasadas contiendas electorales estatales.
El receptor del mensaje lo entendió y puso a funcionar frenéticamente los mecanismos de difusión del gobierno mexicano. Felipe Calderón, en su calidad de dirigente de facción panista debió dictar la consigna: “Regresión antidemocrática en el Estado de México” y a ella se han ceñido los periódicos y muchos de los voceros del régimen, empezando por Héctor Aguilar Camín y Ciro Gómez Leyva. Los perredistas, desde Jesús Ortega hasta Denise Dresser y Granados Chapa, sólo son el eco de una voz que viene desde Los Pinos.
Es una campaña desproporcionada, a la realidad de los hechos. En voz de César Nava, el PAN anunció una controversia constitucional. No tendrá mayor efecto, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya desahogó otra controversia en el mismo tenor. En 2009, la Legislatura del estado de Guanajuato, con un gobierno panista, eliminó la figura de las candidaturas comunes. Los opositores se inconformaron y fueron a la Corte. El resultado fue que, en la Acción de Inconstitucionalidad 601/2009 y su acumulada 61/2009, sentenció: “Candidaturas comunes, su expulsión del marco jurídico estatal no infringe el derecho de asociación política”. Así que, las elecciones estatales del 2011 en el Estado de México se harán con las reformas promulgadas el 21 de septiembre de este año, con la simple frase: “Artículo 12.- En los procesos electorales los partidos políticos tendrán derecho a postular candidatos, fórmulas, planillas o listas, por sí mismos o en coalición con otros partidos”.
En realidad, la reforma sólo prevé la equidad en la campaña electoral. Elimina la figura de la “candidatura común”, porque la observa inequitativa. En primer lugar, en ese esquema, el candidato suma financiamiento público y privado de acuerdo al número de partidos que lo postulan; también obtiene publicidad según la cantidad de partidos que lo apoyan. Pero además, el día de las elecciones, ve reproducido su nombre en la boleta electoral, tantas veces como el número de partidos que lo proponen. De igual forma, en la casilla electoral puede tener mayor número de representantes personales y de partidos que el de cualquier partido o coalición contendiente. En los institutos electorales, fácilmente puede tener mayoría de votos, porque la suma de los votos de los representantes partidistas puede superar a la suma de los votos institucionales de la entidad electoral.
Esto lo pudimos observar en Oaxaca, especialmente en la radio oficial: mientras Eviel Pérez Magaña tenía dos anuncios publicitarios, el candidato de la coalición opositora sumaba cuatro, uno por cada partido que lo postulaba. La suma del financiamiento superó con creces al del PRI-PVEM y, en el Instituto Estatal Electoral, la voz de mando fue la de Javier Corral, no por mejor conocimiento jurídico, sino por la mayoría simple que representaban los votos de sus partidos y el de los consejeros propuestos por ellos, desde la cámara de diputados local, en la conformación de la directiva del IEE.
En contraposición, el Congreso del Estado de México reformó la constitución para que solamente se permita la figura de las coaliciones electorales, en el argumento de que impulsarán una identificación ideológica clara, al amarrar a los candidatos a una plataforma común. Pero, quizá lo más importante, los partidos contendientes y las coaliciones sólo tendrán una mención en la boleta electoral y un solo representante común en la casillas y en los institutos electorales; también el financiamiento será unitario.
La ahora conocida como Ley Peña Nieto no prohíbe las coaliciones, pero sí expulsa las candidaturas comunes de su legislación electoral. Lo más seguro es que el PAN y el PRD chuchista irán coaligados allá, en la próxima campaña electoral (tengo dudas del PT y creo que Dante Delgado tampoco se va a jugar su futuro en el próximo sexenio federal al albur panista). La diferencia es que contenderán con reglas claras y límites definidos. En equidad de condiciones.
Ésa es la diferencia entre un equipo gubernamental con visión de futuro y una caterva de prepotentes que llegaron a la mesa puesta y nunca se preocuparon de las condiciones de futuro. Para empezar, en Oaxaca nunca se debieron empatar las elecciones municipales y las estatales; para continuar, las elecciones se ganan con reglas claras, justas y una estructura electoral que compite para ganar las elecciones y no sólo para ganar dinero de las elecciones.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 25 de septiembre de 2010.
Enrique Peña Nieto ha entendido que el poder es para ejercerlo a plenitud, si se quiere trascender; cuando no, se puede dejar en manos de segundones o se dilapida en la irresponsabilidad de actividades de otra índole. Con una pequeña reforma electoral, de sólo 25 palabras, puso en jaque a los supuestos triunfadores de las pasadas contiendas electorales estatales.
El receptor del mensaje lo entendió y puso a funcionar frenéticamente los mecanismos de difusión del gobierno mexicano. Felipe Calderón, en su calidad de dirigente de facción panista debió dictar la consigna: “Regresión antidemocrática en el Estado de México” y a ella se han ceñido los periódicos y muchos de los voceros del régimen, empezando por Héctor Aguilar Camín y Ciro Gómez Leyva. Los perredistas, desde Jesús Ortega hasta Denise Dresser y Granados Chapa, sólo son el eco de una voz que viene desde Los Pinos.
Es una campaña desproporcionada, a la realidad de los hechos. En voz de César Nava, el PAN anunció una controversia constitucional. No tendrá mayor efecto, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya desahogó otra controversia en el mismo tenor. En 2009, la Legislatura del estado de Guanajuato, con un gobierno panista, eliminó la figura de las candidaturas comunes. Los opositores se inconformaron y fueron a la Corte. El resultado fue que, en la Acción de Inconstitucionalidad 601/2009 y su acumulada 61/2009, sentenció: “Candidaturas comunes, su expulsión del marco jurídico estatal no infringe el derecho de asociación política”. Así que, las elecciones estatales del 2011 en el Estado de México se harán con las reformas promulgadas el 21 de septiembre de este año, con la simple frase: “Artículo 12.- En los procesos electorales los partidos políticos tendrán derecho a postular candidatos, fórmulas, planillas o listas, por sí mismos o en coalición con otros partidos”.
En realidad, la reforma sólo prevé la equidad en la campaña electoral. Elimina la figura de la “candidatura común”, porque la observa inequitativa. En primer lugar, en ese esquema, el candidato suma financiamiento público y privado de acuerdo al número de partidos que lo postulan; también obtiene publicidad según la cantidad de partidos que lo apoyan. Pero además, el día de las elecciones, ve reproducido su nombre en la boleta electoral, tantas veces como el número de partidos que lo proponen. De igual forma, en la casilla electoral puede tener mayor número de representantes personales y de partidos que el de cualquier partido o coalición contendiente. En los institutos electorales, fácilmente puede tener mayoría de votos, porque la suma de los votos de los representantes partidistas puede superar a la suma de los votos institucionales de la entidad electoral.
Esto lo pudimos observar en Oaxaca, especialmente en la radio oficial: mientras Eviel Pérez Magaña tenía dos anuncios publicitarios, el candidato de la coalición opositora sumaba cuatro, uno por cada partido que lo postulaba. La suma del financiamiento superó con creces al del PRI-PVEM y, en el Instituto Estatal Electoral, la voz de mando fue la de Javier Corral, no por mejor conocimiento jurídico, sino por la mayoría simple que representaban los votos de sus partidos y el de los consejeros propuestos por ellos, desde la cámara de diputados local, en la conformación de la directiva del IEE.
En contraposición, el Congreso del Estado de México reformó la constitución para que solamente se permita la figura de las coaliciones electorales, en el argumento de que impulsarán una identificación ideológica clara, al amarrar a los candidatos a una plataforma común. Pero, quizá lo más importante, los partidos contendientes y las coaliciones sólo tendrán una mención en la boleta electoral y un solo representante común en la casillas y en los institutos electorales; también el financiamiento será unitario.
La ahora conocida como Ley Peña Nieto no prohíbe las coaliciones, pero sí expulsa las candidaturas comunes de su legislación electoral. Lo más seguro es que el PAN y el PRD chuchista irán coaligados allá, en la próxima campaña electoral (tengo dudas del PT y creo que Dante Delgado tampoco se va a jugar su futuro en el próximo sexenio federal al albur panista). La diferencia es que contenderán con reglas claras y límites definidos. En equidad de condiciones.
Ésa es la diferencia entre un equipo gubernamental con visión de futuro y una caterva de prepotentes que llegaron a la mesa puesta y nunca se preocuparon de las condiciones de futuro. Para empezar, en Oaxaca nunca se debieron empatar las elecciones municipales y las estatales; para continuar, las elecciones se ganan con reglas claras, justas y una estructura electoral que compite para ganar las elecciones y no sólo para ganar dinero de las elecciones.
