FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 24 de octubre de 2008.
Te extrañamos, Lizbeth.
El miércoles pasado, el Juez Cuarto de lo Penal, dictó auto de formal prisión contra Juan Manuel Martínez Moreno, por el delito de homicidio calificado contra Bradley Roland Will, el 27 de octubre de 2006. También lo hizo contra Octavio Pérez Pérez, por encubrir el asesinato. Con este hecho, se cierra la primera etapa del controvertido caso y dejan de tener razón los dimes y diretes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).
Para dos, de tres poderes de la Federación, el caso es muy claro: el asesino de Brad Will se encontraba a dos metros de distancia, le disparó una bala en el centro del pecho y, más tarde, volvió a dispararle otra bala, en sedal, en uno de sus costados. Quienes trasladaron al camarógrafo de Indy Media a la Cruz Roja, no sólo encubrieron al delincuente, sino también ayudaron a borrar las huellas del crimen.
En este caso, como en otros, el prestigio de la CNDH queda en calidad de trapeador para las burocracias sin sentido. Como lo he manifestado, salvo en el mandato de su primer presidente, esta Comisión ha navegado entre las inmundicias de la defensa de las delincuencias profesionales, el olvido de la defensa de los derechos inalienables del ser humano -como en el caso de la muchacha bajacaliforniana obligada a procrear un hijo, producto de una violación- y la parafernalia de la mediatización de su actuación, para obtener el olvido ciudadano de las constantes pifias de su actual presidente, José Luis Soberanes, como su actuación al responder al llamado de los radicales de la ultraderecha, para convalidar la controversia constitucional contra la ley del aborto antes de las 12 semanas, emitida por la Cámara de Representantes del Distrito Federal.
A pesar de los pataleos de los familiares de Brad Will y de las concertadas acusaciones de las organizaciones no gubernamentales, extranjeras y locales, caracterizadas por denostar al Estado mexicano, el Poder Judicial ha dado la razón a las investigaciones de la PGR. De paso, ratificó lo que, desde un principio, la entonces Procuradora de Justicia del Estado, Lizbeth Caña Cadeza, había denunciado públicamente y le valió la demanda de su destitución por parte de la Sección 22, para entrar a un proceso de negociación con el gobierno estatal.
Por cierto, no es extraño el silencio de la dirigencia magisterial sobre la detención del asesino material, tampoco el silencio real del líder mediático de la APPO, Flavio Sosa. Ellos sí tienen conocimiento de la verdad del caso. Para desgracia de los familiares de los implicados, en este caso, como diría Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo. Las negociaciones con el IEEPO, para obtener el dinero de las fianzas, se asemejan en mucho a las treinta monedas de plata que Judas recibió al entregar a su Maestro.
Para fortuna de los oaxaqueños, el caso Brad Will está en manos de los juzgados federales. No quiero imaginar este asunto en manos de los actuales ministerios públicos y jueces estatales. Si fueron capaces de liberar a una mujer que acuchilló a su esposo y lo vio desangrar durante dos horas, sólo por la presión mediática de la organizaciones feministas; si retiraron pruebas contra los detenidos por los delitos durante la Trifulca Política del 2006, no tengo ninguna duda que, en sus manos, los implicados en el asesinato de Brad Will no sólo estarían libres a estas horas, sino incluso serían reconocidos como los pro hombres de la ilusa “Primera Revolución del Siglo XXI”.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 24 de octubre de 2008.
Te extrañamos, Lizbeth.
El miércoles pasado, el Juez Cuarto de lo Penal, dictó auto de formal prisión contra Juan Manuel Martínez Moreno, por el delito de homicidio calificado contra Bradley Roland Will, el 27 de octubre de 2006. También lo hizo contra Octavio Pérez Pérez, por encubrir el asesinato. Con este hecho, se cierra la primera etapa del controvertido caso y dejan de tener razón los dimes y diretes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).
Para dos, de tres poderes de la Federación, el caso es muy claro: el asesino de Brad Will se encontraba a dos metros de distancia, le disparó una bala en el centro del pecho y, más tarde, volvió a dispararle otra bala, en sedal, en uno de sus costados. Quienes trasladaron al camarógrafo de Indy Media a la Cruz Roja, no sólo encubrieron al delincuente, sino también ayudaron a borrar las huellas del crimen.
En este caso, como en otros, el prestigio de la CNDH queda en calidad de trapeador para las burocracias sin sentido. Como lo he manifestado, salvo en el mandato de su primer presidente, esta Comisión ha navegado entre las inmundicias de la defensa de las delincuencias profesionales, el olvido de la defensa de los derechos inalienables del ser humano -como en el caso de la muchacha bajacaliforniana obligada a procrear un hijo, producto de una violación- y la parafernalia de la mediatización de su actuación, para obtener el olvido ciudadano de las constantes pifias de su actual presidente, José Luis Soberanes, como su actuación al responder al llamado de los radicales de la ultraderecha, para convalidar la controversia constitucional contra la ley del aborto antes de las 12 semanas, emitida por la Cámara de Representantes del Distrito Federal.
A pesar de los pataleos de los familiares de Brad Will y de las concertadas acusaciones de las organizaciones no gubernamentales, extranjeras y locales, caracterizadas por denostar al Estado mexicano, el Poder Judicial ha dado la razón a las investigaciones de la PGR. De paso, ratificó lo que, desde un principio, la entonces Procuradora de Justicia del Estado, Lizbeth Caña Cadeza, había denunciado públicamente y le valió la demanda de su destitución por parte de la Sección 22, para entrar a un proceso de negociación con el gobierno estatal.
Por cierto, no es extraño el silencio de la dirigencia magisterial sobre la detención del asesino material, tampoco el silencio real del líder mediático de la APPO, Flavio Sosa. Ellos sí tienen conocimiento de la verdad del caso. Para desgracia de los familiares de los implicados, en este caso, como diría Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo. Las negociaciones con el IEEPO, para obtener el dinero de las fianzas, se asemejan en mucho a las treinta monedas de plata que Judas recibió al entregar a su Maestro.
Para fortuna de los oaxaqueños, el caso Brad Will está en manos de los juzgados federales. No quiero imaginar este asunto en manos de los actuales ministerios públicos y jueces estatales. Si fueron capaces de liberar a una mujer que acuchilló a su esposo y lo vio desangrar durante dos horas, sólo por la presión mediática de la organizaciones feministas; si retiraron pruebas contra los detenidos por los delitos durante la Trifulca Política del 2006, no tengo ninguna duda que, en sus manos, los implicados en el asesinato de Brad Will no sólo estarían libres a estas horas, sino incluso serían reconocidos como los pro hombres de la ilusa “Primera Revolución del Siglo XXI”.
