FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 31 de octubre de 2008.
Es de todos conocido que el panismo, como gobierno, se ha caracterizado por la corrupción entre sus filas y la ineficacia para dirigir los destinos del país. En nuestra entidad, los delegados panistas se han distinguido por su incapacidad administrativa y el manejo faccioso de los recursos públicos federales. Han impulsado una verdadera campaña para cooptar organizaciones, atraer presidentes municipales y financiar asociaciones civiles que, piensan, pueden ser sus próximos aliados electorales. También hay toda una política para impedir la ejecución estatal de los recursos federales. Donde han podido, los delegados han boicoteado y aplazado la ejecución de los programas, además de impulsar los proyectos de sus más allegados o, quizá, donde ven la supuesta oportunidad para engordar al cochinito electoral.
Este es el caso de la Sagarpa, donde retrasaron la ejecución del Programa Soporte, hasta el cierre de las ventanillas para recibir documentación del Programa Adquisición de Activos Productivos, buscando que los productores y los municipios no tuvieran ninguna asesoría para la presentación de proyectos y, al final del año, hubiera una buena bolsa de recursos económicos para transferir al próximo año o para que los allegados y socios de la delegación de Sagarpa tengan prioridad en la asignación de los recursos.
A un mes y medio del cierre del ejercicio fiscal federal, la Sagarpa no ha iniciado aún la revisión y aprobación de los pocos proyectos presentados. Además, después de diez meses de su apertura, no ha autorizado un solo pago de los Programas Soporte y Adquisición de Activos Productivos. Uno de los programas graves es que la SEDER contrató a un buen números de profesionales que se desempeñan como Asesores de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, quienes iniciaron labores desde el mes de junio y hoy, 31 de octubre, cinco meses después, aún no cobran un solo centavo del dinero que, al parecer, la Tesorería federal ya depositó para la delegación de la Sagarpa. Entre trámites burocráticos interminables y el abierto deseo de postergar los pagos, la Sagarpa juega con el hambre de los profesionales del campo oaxaqueño.
Pero no solo eso. Por disposiciones de la delegación de la Sagarpa, se prohibió financiar proyectos de servicios en el Programa Adquisición de Activos Productivos. Así han actuado las ventanillas de la SEDER; sin embargo, la delegación de la Sagarpa ha resuelto apoyar, entre otros más, cuatro proyectos de servicios. El matiz de su criterio quizá esté basado en los montos propuestos a asignar. Cada uno de los proyectos ecoturísticos tiene un costo promedio de tres y medio millones de pesos. El problema estriba en que las adquisiciones y los trabajos a efectuar están sobrevaluados. En realidad, ninguno de los proyectos cuesta la cantidad presupuestada y aprobada, en primera instancia, por la delegación de la Sagarpa.
Además, hay una clara triangulación entre un contratista privado, la Fundación Comunitaria que dirige Jaime Bolaños y el delegado de la Sagarpa, Edgar Guzmán Corral, para establecer una red de coyotaje, buscando sus propios beneficios personales.
Así, mientras los municipios que participan en los programas rurales, amparados por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tienen asignado un promedio de cien mil pesos para ejercer, a cuatro organizaciones privadas les van a entregar casi 16 millones de pesos, en proyectos sobrevaluados y que solo servirán para enriquecer a unos pocos vivillos del sistema.
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 31 de octubre de 2008.
Es de todos conocido que el panismo, como gobierno, se ha caracterizado por la corrupción entre sus filas y la ineficacia para dirigir los destinos del país. En nuestra entidad, los delegados panistas se han distinguido por su incapacidad administrativa y el manejo faccioso de los recursos públicos federales. Han impulsado una verdadera campaña para cooptar organizaciones, atraer presidentes municipales y financiar asociaciones civiles que, piensan, pueden ser sus próximos aliados electorales. También hay toda una política para impedir la ejecución estatal de los recursos federales. Donde han podido, los delegados han boicoteado y aplazado la ejecución de los programas, además de impulsar los proyectos de sus más allegados o, quizá, donde ven la supuesta oportunidad para engordar al cochinito electoral.
Este es el caso de la Sagarpa, donde retrasaron la ejecución del Programa Soporte, hasta el cierre de las ventanillas para recibir documentación del Programa Adquisición de Activos Productivos, buscando que los productores y los municipios no tuvieran ninguna asesoría para la presentación de proyectos y, al final del año, hubiera una buena bolsa de recursos económicos para transferir al próximo año o para que los allegados y socios de la delegación de Sagarpa tengan prioridad en la asignación de los recursos.
A un mes y medio del cierre del ejercicio fiscal federal, la Sagarpa no ha iniciado aún la revisión y aprobación de los pocos proyectos presentados. Además, después de diez meses de su apertura, no ha autorizado un solo pago de los Programas Soporte y Adquisición de Activos Productivos. Uno de los programas graves es que la SEDER contrató a un buen números de profesionales que se desempeñan como Asesores de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, quienes iniciaron labores desde el mes de junio y hoy, 31 de octubre, cinco meses después, aún no cobran un solo centavo del dinero que, al parecer, la Tesorería federal ya depositó para la delegación de la Sagarpa. Entre trámites burocráticos interminables y el abierto deseo de postergar los pagos, la Sagarpa juega con el hambre de los profesionales del campo oaxaqueño.
Pero no solo eso. Por disposiciones de la delegación de la Sagarpa, se prohibió financiar proyectos de servicios en el Programa Adquisición de Activos Productivos. Así han actuado las ventanillas de la SEDER; sin embargo, la delegación de la Sagarpa ha resuelto apoyar, entre otros más, cuatro proyectos de servicios. El matiz de su criterio quizá esté basado en los montos propuestos a asignar. Cada uno de los proyectos ecoturísticos tiene un costo promedio de tres y medio millones de pesos. El problema estriba en que las adquisiciones y los trabajos a efectuar están sobrevaluados. En realidad, ninguno de los proyectos cuesta la cantidad presupuestada y aprobada, en primera instancia, por la delegación de la Sagarpa.
Además, hay una clara triangulación entre un contratista privado, la Fundación Comunitaria que dirige Jaime Bolaños y el delegado de la Sagarpa, Edgar Guzmán Corral, para establecer una red de coyotaje, buscando sus propios beneficios personales.
Así, mientras los municipios que participan en los programas rurales, amparados por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tienen asignado un promedio de cien mil pesos para ejercer, a cuatro organizaciones privadas les van a entregar casi 16 millones de pesos, en proyectos sobrevaluados y que solo servirán para enriquecer a unos pocos vivillos del sistema.
