Publicado en el periódico Tiempo de Oaxaca, el 4 de agosto de 2010.
En realidad, no hay nada raro en la declaración del presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Cámara de Diputados local, al anunciar que solamente 33 presidentes municipales, de los 152 con regímenes de partidos políticos, han comprobado los recursos que les fueron asignados.
La mayoría de los municipios tienen fundamentalmente cuatro fuentes de ingresos. Los ingresos propios, generados por los impuestos, multas y servicios municipales. Los Fondos 3 y 4 del Ramo 33, dedicados a la construcción de infraestructura física básica y para los servicios de la policía municipal y los servicios financieros. Por último, el Ramo 28, para los gastos de la administración municipal. Los más difíciles de comprobar son los Fondos del Ramo 33, porque son recursos asignados por la federación, con apertura programática y un esquema técnico de comprobación claramente establecidos. Esto genera que los municipios más pequeños y aquellos sin una estructura administrativa profesional, tengan muchas dificultades para su comprobación. En muchos de los casos, el atraso se debe al engaño a que sometidos por las empresas contratistas privadas, que llegan a los municipios al cobijo de alguna recomendación, cobran el anticipo y no vuelven a regresar al lugar.
Por otra parte, las disposiciones administrativas de los últimos gobiernos para controlar y transparentar el gasto municipal, se han vuelto un verdadero cuello de botella para la comprobación de los recursos, especialmente en los municipios de usos y costumbres, donde no cuentan con una estructura administrativa profesional. Muchos presidentes municipales no comprueban en tiempo y forma, porque no cuentan con asesoría y seguimiento puntual por parte del gobierno estatal. En la mayoría de los casos, el apoyo gubernamental es suplido por la recomendación de los funcionarios encargados del proceso, para que las autoridades municipales contraten a empresas privadas, especializadas –y amañadas con ellos- en las comprobaciones.
En general, la mayoría de las autoridades municipales, especialmente los de usos y costumbres, hacen buen uso de los recursos recibidos. El gran problema reside en los municipios con competencia de partidos políticos. Primero, por la cantidad que se les asignan y, segundo, porque han aprendido que, cuando politizan el asunto de la comprobación, logran evitar este trámite. Ésa ha sido la experiencia en el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde, al menos dos ex presidentes municipales emanados del PRD-COCEI, han hecho huelgas de hambre y los gobiernos estatales los han eximido de la comprobación. Y no hablamos de minucias, sino de aproximadamente 100 millones de pesos entre los dos.
Estoy seguro que, a principios del próximo año, la mayoría de las autoridades municipales, especialmente los de usos y costumbres, habrán de comprobar los recursos administrados. Quedarán pendientes fundamentalmente algunos de los municipios donde se eligen por el régimen de partidos políticos; pero, como muchos de ellos serán afines a la filiación política del nuevo régimen, tampoco llegará la sangre al río. Cuando mucho llamarán a cuentas a los del PRI, pero será a los más desobligados o a aquellos que creyeron en el canto de las sirenas de invertir los recursos públicos en campañas políticas, apostando a recompensas futuras que, ahora, nunca llegarán, pero dejan vacíos administrativos por comprobar.
