FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 18 de agosto de 2010.
No hay nada peor, que el servicio de transporte urbano oaxaqueño. Tienen malos conductores, pésimas unidades y las más altas tarifas del país. Ayer se estrenaron con una nueva característica: brincarse la ley, para convertirse en grupo de presión de facto.
Como lo ha documentado Misael Sánchez, reportero de este diario, los concesionarios han exigido un incremento de 55.5%, pasando de cobrar $4.50 a $7.00. Sus argumentos son muchos, desde el incremento del costo de las gasolinas, hasta un supuesto acuerdo con el ex candidato priista, de intercambiar apoyo en especie en la campaña pasada por la aceptación del incremento propuesto. Hasta ayer, el gobierno no había aceptado ningún incremento. Los dueños de los camiones se fueron, como se dice en el argot popular, “por la libre”. Indicaron a sus choferes cobrar los siete pesos propuestos, violando toda la norma legal vigente; pero, además, los instruyeron con una estrategia de los taxistas oaxaqueños: en caso de ser detenidas las unidades por las autoridades de tránsito, deben juntarse todos e impedir el traslado o en su caso, ir a su rescate en grupo y por los medios que fueran necesarios.
En la práctica, los camioneros se han puesto fuera de la ley. No es una actitud nueva. La han tomado de la vida cotidiana oaxaqueña. Le ha funcionado a los grupos de presión de la ahora “izquierda institucionalizada”, también a los radicales del magisterio que la llevaron a su máxima expresión en 2006. Desde entonces, en Oaxaca no hay ley que valga, cuando hay una presión política de un grupo movilizado. Dicho de otra manera, el gobierno estatal dejó de cumplir la función de hacer cumplir la ley, para dedicarse sólo a la aplicación del presupuesto económico estatal.
El problema estriba en que los empresarios del transporte no han cumplido ninguna de las condiciones establecidas para aprobar el pasado incremento. Si se recuerda, entonces prometieron cambiar las unidades y capacitar a sus choferes para prestar un mejor servicio. Hasta hoy, el servicio de transporte urbano está infestado de unidades viejas. Los choferes son unos verdaderos barbajanes que han cambiado la carreta y el machete, por un autobús y la impunidad de ser parte de un gremio todopoderoso. Cada semana nos enteramos de un muerto por un autobús del transporte urbano. Dice la conseja popular que los choferes tienen la indicación de no dejar viva a la víctima; si observan que se mueve, deben regresar para rematarla, porque es más caro enviar a una persona al hospital y pagar de por vida sus discapacidades, que cubrir los costos legales por un asesinato imprudencial.
En realidad, nadie puede negarse el posible incremento del transporte, sin embargo, hasta donde sabemos, la secretaria de Hacienda federal ha establecido el incremento de la inflación anual en menos del 5%. Por otra parte, por poner un ejemplo, en el Distrito Federal, la concentración urbana más grande del país y donde millones de personas se mueven en el transporte público, en las negociaciones del incremento del año pasado, el gobierno les autorizó un incremento de 25%, pasando las tarifas de $2.00 a $2.50. ¿De dónde, entonces, los empresarios del transporte toman el dato para plantear el bárbaro incremento propuesto? o ¿éste será el nuevo frente de lucha, para cobrar venganzas y tensar el trato político entre las autoridades salientes y las entrantes?
Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 18 de agosto de 2010.
No hay nada peor, que el servicio de transporte urbano oaxaqueño. Tienen malos conductores, pésimas unidades y las más altas tarifas del país. Ayer se estrenaron con una nueva característica: brincarse la ley, para convertirse en grupo de presión de facto.
Como lo ha documentado Misael Sánchez, reportero de este diario, los concesionarios han exigido un incremento de 55.5%, pasando de cobrar $4.50 a $7.00. Sus argumentos son muchos, desde el incremento del costo de las gasolinas, hasta un supuesto acuerdo con el ex candidato priista, de intercambiar apoyo en especie en la campaña pasada por la aceptación del incremento propuesto. Hasta ayer, el gobierno no había aceptado ningún incremento. Los dueños de los camiones se fueron, como se dice en el argot popular, “por la libre”. Indicaron a sus choferes cobrar los siete pesos propuestos, violando toda la norma legal vigente; pero, además, los instruyeron con una estrategia de los taxistas oaxaqueños: en caso de ser detenidas las unidades por las autoridades de tránsito, deben juntarse todos e impedir el traslado o en su caso, ir a su rescate en grupo y por los medios que fueran necesarios.
En la práctica, los camioneros se han puesto fuera de la ley. No es una actitud nueva. La han tomado de la vida cotidiana oaxaqueña. Le ha funcionado a los grupos de presión de la ahora “izquierda institucionalizada”, también a los radicales del magisterio que la llevaron a su máxima expresión en 2006. Desde entonces, en Oaxaca no hay ley que valga, cuando hay una presión política de un grupo movilizado. Dicho de otra manera, el gobierno estatal dejó de cumplir la función de hacer cumplir la ley, para dedicarse sólo a la aplicación del presupuesto económico estatal.
El problema estriba en que los empresarios del transporte no han cumplido ninguna de las condiciones establecidas para aprobar el pasado incremento. Si se recuerda, entonces prometieron cambiar las unidades y capacitar a sus choferes para prestar un mejor servicio. Hasta hoy, el servicio de transporte urbano está infestado de unidades viejas. Los choferes son unos verdaderos barbajanes que han cambiado la carreta y el machete, por un autobús y la impunidad de ser parte de un gremio todopoderoso. Cada semana nos enteramos de un muerto por un autobús del transporte urbano. Dice la conseja popular que los choferes tienen la indicación de no dejar viva a la víctima; si observan que se mueve, deben regresar para rematarla, porque es más caro enviar a una persona al hospital y pagar de por vida sus discapacidades, que cubrir los costos legales por un asesinato imprudencial.
En realidad, nadie puede negarse el posible incremento del transporte, sin embargo, hasta donde sabemos, la secretaria de Hacienda federal ha establecido el incremento de la inflación anual en menos del 5%. Por otra parte, por poner un ejemplo, en el Distrito Federal, la concentración urbana más grande del país y donde millones de personas se mueven en el transporte público, en las negociaciones del incremento del año pasado, el gobierno les autorizó un incremento de 25%, pasando las tarifas de $2.00 a $2.50. ¿De dónde, entonces, los empresarios del transporte toman el dato para plantear el bárbaro incremento propuesto? o ¿éste será el nuevo frente de lucha, para cobrar venganzas y tensar el trato político entre las autoridades salientes y las entrantes?
