EL SECUESTRO DE LA SEGURIDAD.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 19 de septiembre de 2008.

La noche del 15 de septiembre fue fatal para los habitantes de Morelia, Michoacán, pero también marcó un hito en la relación de la delincuencia con el Estado mexicano.

Ahora sabemos que el resultado del estallido de dos granadas de fragmentación son siete muertos y más un centenar de heridos. La reconstrucción de los hechos es verdaderamente escalofriante, porque nos muestra a una población civil indefensa e incrédula ante la atroz y brutal agresión de quienes, amparados en el anonimato y la seguridad de la sorpresa, perpetraron un verdadero acto de terrorismo.

¿Qué hacer ante la impunidad del anonimato? En verdad será sumamente difícil encontrar a los culpables, si no se cuenta con la confianza de una ciudadanía que diga lo que sabe, pero con la seguridad de n o recibir represalias, porque los encargados de impartir la justicia mantengan relaciones de corrupción con los delincuentes, pero también que sepa que los culpables serán castigados.

Uno de los grandes problemas del gobierno mexicano es la inexistencia de un sistema de inteligencia de Estado, que utilice todas las posibilidades tecnológicas y las capacidades humanas para obtener y procesar información para prever las grandes tendencias delictivas, tanto del crimen organizado como de las organizaciones que generen violencia al intentar desestabilizar la paz social. Cuando se contó con un aparato de investigación de ese tipo, en los años setenta y ochenta del siglo pasado, se desviaron sus funciones hacia la detención de las organizaciones de la guerrilla; ese viraje inicial condujo al desmembramiento de los servicios, en un vano intento por legitimar a los gobiernos que, desde entonces, comenzaban a ser puestos en tela de juicio por los partidos y las organizaciones contrarias al régimen imperante.

Por otra parte, los bajos salarios de los policías y su escasa preparación académica los hacen fáciles presas de las florecientes organizaciones vinculadas fundamentalmente al narcotráfico. Casi no conozco persona alguna, con relaciones cercanas a las policías del país, que no remitan a las anécdotas de algún comandante que recibe maletines retacados de dólares; tampoco conozco a jefes de la anterior policía judicial federal o antinarcóticos que vivan en la medianía republicana proclamada por Benito Juárez. Es más, en la prensa del Distrito Federal, hubo una abierta denuncia, en la época del ex presidente Zedillo, sobre una patrulla de la Policía Federal de Caminos que había introducido en Los Pinos maletas cargadas de dólares, sin que hubiera una aclaración del hecho.

Para modificar estas percepciones populares, el gobierno debe profesionalizar a las diferentes corporaciones policiacas del país, pero también debe impulsar a la sociedad a organizarse para iniciar un proceso de auto vigilancia y de denuncia ciudadana. Es imprescindible, también, la creación de un sistema de inteligencia de prevención contra la delincuencia, sin funciones operativas e integrada por profesionales universitarios.

Ya en esta dinámica, se deben endurecer las leyes, para que los servidores públicos policiacos que delincan sean castigados con las más duras penas concebibles hasta hoy y los delincuentes de los delitos mayores vivan perpetuamente en prisión. Sólo este proceso puede detener la escalada de violencia y regresar a la sociedad la tranquilidad y la paz social que hoy la delincuencia organizada ha logrado secuestrar.

COMPONENDAS ADMINISTRATIVAS PERREDISTAS.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 14 de septiembre de 2008

Hace apenas unos días, el coordinador de la diputación local perredista y el dirigente de la UCO, propusieron al gobierno estatal la firma de un pacto de civilidad para detener el avasallamiento de sus presidentes municipales, supuestamente obligados a afiliarse a las filas del PRI bajo amenazas. Manifestaron que, hasta el momento, cuatro presidentes perredistas cayeron en el engaño, aceptando la reconversión, y quienes se resisten enfrentan procedimientos de desconocimiento del cabildo municipal.

Más que la queja, estos dirigentes perredistas debían atender y capacitar a las autoridades municipales emanadas de su partido. Ninguna amenaza podría surtir efecto, si las autoridades municipales tuvieran en regla la documentación comprobatoria de los diversos ramos percibidos del gobierno federal y estatal. El gran problema de la mayoría de los ayuntamientos de la oposición es que son personas sin ninguna experiencia administrativa previa y tampoco reciben capacitación alguna cuando asumen el cargo. Si a eso le agregamos que la mayor parte de la dirigencia de estos partidos tampoco conocen los intrincados vericuetos administrativos, podremos concluir que muy poca ayuda le pueden brindar a sus dirigidos y a los militantes de su partido.

Por eso, ante la ignorancia, la oposición utiliza el chantaje y la presión política para proteger los desvíos de recursos y las tropelías de las autoridades municipales afines a ellos. En la práctica, este llamamiento al gobierno del Estado es una convocatoria para garantizar la impunidad de los presidentes, aún cuando tengan un verdadero desorden administrativo en sus municipios.

Ésta ha sido la experiencia de buena parte de las autoridades emanadas del PRD y se debe, fundamentalmente, al hecho de que muchos políticos se arropan bajo esas siglas pensando que con la presión, la amenaza y el chantaje político pueden disponer libremente de los recursos municipales, sin que autoridad alguna los someta a revisiones de las cuentas públicas municipales o les exija la comprobación de los recursos supuestamente ejercidos.

Hace algunos años fue muy sonado el caso del presidente municipal perredista de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, Leopoldo de Gyves de la Cruz. Cuando entregó la administración se supo que no había comprobado alrededor de 42 millones de pesos. Ante la exigencia de la documentación comprobatoria, este distinguido militante de la COCEI acudió a la Cámara de Diputados, pero no a aclarar el destino de los recursos, sino para iniciar una huelga de hambre, autonombrándose perseguido político, bajo el pueril argumento de que no tenía documentación comprobatoria, porque en Juchitán, una ciudad de más de sesenta mil habitantes en ese entonces, no existían profesionales de contabilidad para asesorarle.

Las autoridades estatales, en vez de exigir la comprobación, se dieron por bien servidos con una conciliación desconocida por la opinión pública hasta el día de hoy, pero me imagino que pasó por el enfriamiento de las movilizaciones de la COCEI y alguna componenda con la dirigencia estatal perredista de la época. Hasta hoy, después de dos administraciones municipales, Leopoldo de Gyves de la Cruz vive en la impunidad de la lenidad legal y es el monumento viviente de la corrupción administrativa municipal.

El mismo caso vivió el ayuntamiento del cercano municipio de Santa Cruz Xoxocotlán en el trienio pasado. El médico Roberto Molina Hernández llegó a la presidencia municipal bajo el amparo de las siglas del PRD. Desde un inicio, mostró que no le interesaba la administración municipal para buscar mejoras para sus conciudadanos, sino sólo buscaba satisfacer sus intereses personales; en lugar de arreglar las desastrosas calles de Xoxocotlán, se dio a la tarea de edificar un sanatorio de su propiedad particular. Así, a la mitad de su periodo se encontró totalmente confrontado con los integrantes de su cabildo, incluyendo a los de su partido, quienes lo acusaban de desviación de treinta y cuatro millones de pesos, viéndose obligado a renunciar. Casi tres años después, sabemos que no comprobó ningún recurso recibido.

Ese mismo camino siguió su sucesora, Sandra Eugenia Ramírez Flores, quien al término de su ejercicio tampoco había comprobado los recursos recibidos. Por los arreglo del gobierno estatal con la dirigencia estatal del PRD, se le permitió a la administración perredista casi concluir su periodo, pero envueltos en el escándalo de la corrupción y el desvío de recursos; incluso, la Tesorería municipal llegó a declarar haber sufrido un asalto, donde se llevaron dinero y documentos, por lo que se les dificultaba la comprobación de los recursos de los ramos 28 y 33 recibidos. Casi al año de haber concluido su gestión, las autoridades perredistas de Xoxocotlán engrosan los ejemplos de la impunidad política para cumplir la ley.

Estos son los casos más sonados, sin embargo, en todo el territorio estatal pululan los ejemplos de la pésima administración municipal perredista. Por eso son presas fáciles de la manipulación política.

El juego de la democracia exige capacidad y capacitación, la mecánica de la corrupción transita por la presión y el chantaje político. A fin de cuentas, los presidentes conversos argumentan desatención de sus dirigentes partidistas y el abandono de sus representantes populares. Por lo visto, las mieles de las prebendas del poder no conducen a los abandonados caminos de terracería o los hoyancos de las carreteras estatales que comunican a los misérrimos municipios gobernados por las autoridades perredistas.

DISIDENCIA MAGISTERIAL NACIONAL.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 12 de septiembre de 2008

La rebelión magisterial contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), comenzó en Morelos. Durante casi un mes, los profesores morelenses han aplicado todas las tácticas practicadas por los oaxaqueños cotidianamente. Después de dos semanas de paro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reunió en ese estado, para definir sus próximas estrategias. Ahora sabemos que suspenderán sus labores durante 24 horas después del 15 de septiembre y, en días posteriores, pararán 48 y 72 horas. Los de Oaxaca, además, dejarán de dar clases el 25 y 26 de septiembre para elegir a su nueva directiva sindical.

En lo general, la disidencia magisterial se ha inconformado contra el acuerdo signado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la SEP, buscando promover un nuevo sistema de reclutamiento para otorgar plazas a los maestros de educación básica mediante exámenes de oposición, intensificar la capacitación y promover la evaluación y promoción a partir del desempeño profesional de los docentes.

El problema surgió cuando los disidentes se percataron que el ACE atacaba dos temas medulares del control corporativo de los profesores sindicalizados. Para empezar, la contratación de los nuevos profesores no quedó en manos de las comisiones magisteriales que entregaban plazas a los egresados normalistas y contrataban a nuevo personal mediante un intrincado mecanismo burocrático sujeto a la más rampante corrupción por venta de plazas, incluyendo el cohecho sexual. En segundo lugar, la mecánica del examen dejó de lado otra de las grandes tropelías de la que se vanaglorian los dirigentes sindicales magisteriales: la herencia de las plazas de los jubilados a los familiares que ellos designan, sin importar su capacidad ni la formación profesional con que cuenten los beneficiarios.

Junto con esas situaciones, se da la posibilidad de transformar las escuelas normales en instituciones de educación técnica o universitaria y detener la contratación automática de sus egresados en el sistema educativo nacional. Esta postura ha desatado una gran controversia. Los simpatizantes de la disidencia argumentan que es un golpe a las expectativas educativas de las clases más desprotegidos. En la realidad, las escuelas normales, como mecanismos de capilaridad social, dejaron de funcionar cuando se instituyó la licenciatura en ese nivel. En términos educativos y de tiempo, no hay gran diferencia entre la capacitación que otorgan las universidades en las áreas de ciencias de la educación y pedagogía, con la obtenida en las normales. El problema es que, muchas de las normales, se convirtieron en la cantera de formación para los cuadros jóvenes más radicales de la disidencia magisterial y en una masa cautiva para las movilizaciones políticas. Ésa, y no otra, es la verdadera razón de la defensa a ultranza de un normalismo que hace mucho tiempo dejó de ser la vanguardia de la escuela rural mexicana.

El gobierno federal enfrenta así la grave responsabilidad de buscar incrementar la calidad de la educación pública en México o ceder ante la presión de quienes utilizan el pretexto, para socavar las bases de legitimidad de la indefendible dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo. Creo que la decisión a tomar, pasará por la experiencia oaxaqueña. Para desgracia de la disidencia magisterial, Lino Celaya dirige la CNC estatal en Oaxaca y no despacha en el Centro Histórico de la ciudad de México, así que no habrá entrega de la administración educativa, para posicionarse como candidato a algún cargo de elección popular.

TROPELIAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 7 de septiembre de 2008.

No me queda la menor duda que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz es un hombre de buena fe, pero rodeado de un increíble grupo de descuidados y desaseados administradores. Si a eso le agregamos la mala fe de los delegados federales, tendremos el perfecto coctel para explicar el escaso desarrollo y la pobreza en el estado de Oaxaca.

El miércoles pasado se anunció, con bombos y platillos, la presencia del secretario de la Sagarpa para firmar, entre otros asuntos, el Anexo de Ejecución de los recursos a ser ejercidos por las autoridades municipales. Al menos, esa fue una de las zanahorias puestas enfrente de los presidentes municipales, para que asistieran al evento efectuado en un hotel de la ciudad. Hoy sabemos que el secretario nunca se presentó; pero, además, el acto estuvo plagado de errores de organización.

Por ejemplo, la invitación se les entregó una noche antes a las autoridades municipales, en una fotocopia simple, con las firmas del secretario de la Seder y el delegado de la Sagarpa escaneadas y fotocopiadas. Dicen, quienes intervinieron en la organización, que el delegado de la Sagarpa nunca quiso firmar la invitación, a pesar de ser uno de los principales oradores en la ceremonia. Una de dos: o el delegado sabía de la inasistencia del secretario o estaba conspirando para que ningún presidente se acercara al evento y dejar en entredicho la capacidad de convocatoria del gobierno del Estado.

Pero, lo más grave del asunto, es que jamás ha sido necesaria la firma tumultuaria de los anexos de ejecución para ejercer recursos municipalizados. Todos los años, de manera individual, los presidentes municipales firman un anexo conjunto con el delegado de la Sagarpa y el secretario de la Seder; igual que firman, solos, un convenio con el personal contratado por el programa Soporte, para que les otorguen asesoría en la elaboración de los planes municipales y en la gestión pública. Así, el acto de la firma tumultuaria de los anexos era una mera cuestión mediática, sin sentido administrativo práctico.

Por otra parte, las ventanillas para la recepción de las solicitudes del programa federal denominado Adquisición de Activos Productivos, según sus Reglas de Operación, cerraron el último día del segundo trimestre del año en curso. De fines de junio a la fecha, han transcurrido dos meses y ningún campesino sabe del destino de su solicitud. Según la convocatoria verbal, hecha a las autoridades municipales, el día del supuesto acto con el secretario de la Sagarpa se les iban a entregar los recursos de ese programa para ser ejercidos en el municipio. Esa era otra gran mentira, porque el dinero jamás se entrega a las autoridades, sino se paga directamente a los proveedores. Tampoco los beneficiarios del programa tenían la obligación de asistir, porque ellos no reciben ningún recurso económico de manera directa, sino solamente en especie.

Esta situación nos demuestra el desaseado manejo del programa de Adquisiciones, por la desorganización y el burocratismo de los empleados de la Sagarpa. Supuestamente, no pueden violar la normatividad de sus Reglas de Operación, las que establecen que las ventanillas para recepción de solicitudes se cerraron a fines de junio pasado; sin embargo, tres meses después envían a las autoridades municipales los anexos de ejecución para su firma. Eso implica que, tres meses después del cierre de las ventanillas, la Sagarpa comenzará a recibir las solicitudes hechas a través de las autoridades municipales, lo que viola flagrantemente sus famosos Reglas. Luego entonces, otra de dos: o las Reglas no sirven para nada y sólo son normas burocráticas para entretener la administración del dinero público federal o los empleados de la Sagarpa desconocen su propia normatividad.

Sabiendo de la incapacidad administrativa del actual delegado de la Sagarpa, veremos que incumplirá todas las normas que sus superiores le pongan. El problema es que, si cumplir con lo establecido le llevó tres meses, y dos meses después no hay ninguna respuesta a ningún peticionario, podemos deducir que los primeros apoyos del programa de Adquisiciones comenzarán a fluir en los últimos días de diciembre, precisamente cuando se esté cerrando el ejercicio administrativo federal correspondiente a este año. Así, la delegación de la Sagarpa podrá mantener en las arcas de la federación el dinero que tanto necesitan los campesinos oaxaqueños y podrá regresar otra buena parte a la Tesorería federal.

No está por demás recordar que, hace unos días, en el periódico Tiempo, José Ureña denunciaba que el gobierno federal les había pedido a sus funcionarios “dosificar el gasto a fin de terminar el año con ahorros equivalentes a 15 por ciento de su presupuesto total.” Pero, además, agregaba que un reporte del Grupo de Seguimiento del Gasto de la fracción priista en la Cámara de Diputados revelaba que el programa Alianza para el Campo, dentro del que se encuentran los programas Adquisiciones y Soporte, sólo había aplicado el 26% de los recursos asignados. Al menos, en Oaxaca, sabemos que el programa de Adquisiciones no ha ejercido un solo peso de lo presupuestado para el estado.

Así, el delegado de la Sagarpa, Edgar Guzmán Corral, rendirá las mejores cuentas al gobierno panista del que proviene y podrá recibir el más alto bono con el que, según dicen, el gobierno federal premia a quienes más dinero regresan a la federación.

DIÓDORO, DEFENSOR FOXISTA.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 5 de septiembre de 2008.

No me extraña que el diputado panista, Diódoro Carrasco Altamirano, se erija en protector y defensor de Vicente Fox Quesada. La noticia sería que el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados asumiera una posición neutral y permitiera una investigación real sobre las tropelías del hombre que cogobernó con Martha Sahagún y arropó las pillerías de los hijos de ambos matrimonios. A fin de cuentas, su destino personal se escribió al amparo de las oscuras negociaciones para permitir la alternancia del poder en México.

En otras ocasiones he comentado que fueron figuras fundamentales para concretar la “transición democrática” de 2000, el entonces secretario de Gobernación y quien después lo sucedería en el cargo, Santiago Creel Miranda. Así, cuando Carrasco Altamirano se vio en la estacada del cobro de la factura y los priistas solicitaron su expulsión, tuvo la mano amiga de Creel para ser candidato a diputado plurinominal, en una circunscripción totalmente alejada de su natal Oaxaca y, después, encabezar la importante Comisión de Gobernación: llave maestra en la Cámara de Diputados para impedir cualquier investigación o pronunciamiento contra los altos mandos panistas del gobierno federal. Esa es su chamba y es el pago a su buen trabajo en la transición federal del poder priista al mando panista actual.

Por eso, toda la denuncia de la diputada Claudia Cruz, integrante del grupo parlamentario federal del PRD, dando a conocer que Diódoro Carrasco ha evadido su responsabilidad y obstaculiza los trabajos de la Subcomisión de Examen Previo para dictaminar la solicitud de juicio político contra Vicente Fox, quedará como lo que es: una verdad sepultada por los intereses privados del poder y sus hombres de paja.

Lo cierto y lo que debe destacarse, es su señalamiento que, con todas estas actitudes, la Comisión de Gobernación está enfilando los trabajos legislativos para que, a partir del mes de noviembre, prescriba toda posibilidad de investigación del tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de la ex familia presidencial y se pierda toda posibilidad de emprender cualquier acción legal contra el ex presidente. Así, Diódoro Carrasco volvería a ser el hombre de la coyuntura para extenderles el mejor regalo de navidad, dejando en el limbo de la impunidad las acusaciones del tráfico de influencias para el probable enriquecimiento ilegal de los hijos de Martha Sahagún y del propio ex mandatario.

A fin de cuentas, el ahora diputado federal siempre ha soñado con volver a una nueva secretaría de Estado, ahora con el color azul como bandera. Intentó colarse al gabinete del presidente Calderón, en una jugada de muchas bandas de la CNC, pero el ardid no le funcionó. Desde Oaxaca orquestaron tres acciones para apuntalar al nefasto hombre que cobra como secretario de la Sagarpa: la asistencia del senador Adolfo Toledo para completar el quórum el día de su comparecencia; el apoyo de la Ugocep de Margarito Montes para torpedear al Consejo Agrario Permanente; y la recepción del gobernador del Estado al tambaleante secretario, en un acto con organizaciones campesinas en el ex Palacio de Gobierno.

Creo que con la exoneración de Vicente Fox, Diódoro Carrasco puede dejar tendido un puente para seguir facturando cargos políticos por sus componendas con el PAN. Así será consecuente con su historia personal: no tiene amigos, solo intereses por cobrar.

DECRECIMIENTO ESCOLAR.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 31 de agosto de 2008.

De nueva cuenta, los profesores oaxaqueños y los normalistas vuelven a ser la nota negativa. A partir del jueves y hasta el martes próximo, los profes se tomarán un inmerecido asueto, supuestamente para asistir a unos cursos de capacitación profesional. Por otra parte, el jueves pasado, los alumnos de las normales de la ciudad salieron a las calles para protestar contra la firma de un convenio que busca incrementar la calidad educativa en la nación.

Los profesores oaxaqueños comienzan sus paros de labores y habrán de continuar el próximo mes, cuando elijan a su nueva dirigencia sindical, más aquellos días que los líderes políticos de la Sección 22 decidan, con el argumento de combatir la ley del ISSSTE, misma que, por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya avaló, por lo que no hay manera alguna de combatirla. Los paros y manifestaciones contra la ley son sólo pretextos para incumplir la obligación de estar en las aulas enseñando a los niños oaxaqueños.

Según todas las disposiciones administrativas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), todos los cursos para los profesores debían ser en los periodos vacacionales y durante los fines de semana; porque, a fin de cuentas, quienes tienen periodos vacacionales son los niños y jóvenes estudiantes, no los profesores. Al menos así era cuando el sindicato no controlaba la estructura educativa estatal.

A partir de que el ingeniero Lino Celaya Luria entregó el IEEPO a la dirigencia sindical, las cosas cambiaron. Por eso, ahora, no solo dejan a los niños sin clases, sino, incluso, hacen un pequeño puente, pudiendo asistir al curso de jueves a sábado, como cualquier persona normal lo hubiera planteado. Pero no se trata de asistir a curso alguno, sino demostrar el control y la presión en el área educativa y dejar a un lado cualquier disposición gubernamental. Se busca manifestar a la sociedad y al gobierno que el derecho corporativo está por encima de los intereses de la gente.

Junto con ellos, los alumnos de las normales tomaron las calles, denunciando la falta de recursos para mejorar la infraestructura educativa y para rechazar el examen de oposición para acceder a las plazas magisteriales. Con su acción y sus declaraciones, estos pobres muchachos demuestran su incongruencia y su desconocimiento.

Precisamente, la Alianza por la Calidad Educativa fue pensada para vincular la modernización de los centros escolares con la profesionalización de la planta de profesores y alcanzar mejores niveles de aprovechamiento de los educandos. Fue resultado de las evaluaciones de la OCDE y ENLACE, quienes demostraron la insuficiencia de la educación pública impartida en México. Por eso, la negativa de la Sección 22 para entrar al proceso del examen de oposición, ya le representó al estado la disminución del recurso federal para mejorar la infraestructura educativa en este año; además, las plazas y las horas destinadas a la educación básica disminuyeron en un 90% de lo que el IEEPO planteaba. Al menos así lo declaró Abel Trejo González, director de ese instituto.

Es verdaderamente lamentable que un estado tan pobre como Oaxaca tenga que destinar recursos propios para pagar los elevadísimos sueldos y prestaciones de una planta magisterial que no cumplen con sus funciones educativas. Por eso, la Sección 22 también debía estar preocupada por el cada vez más decreciente número de alumnos que asisten a las escuelas públicas.

En el ciclo escolar 2003-2004 acudían a las escuelas primarias 624 mil 595 alumnos, mientras que en el ciclo 2006-2007 sólo lo hicieron 567 mil 801 alumnos. En cuatro años, la población escolar de primarias disminuyó en 2 mil 327 niños; sin embargo, el número de profesores de primarias sólo disminuyó 190 plazas. Menos del 1 por ciento de profesores tuvo que salir, mientras que la población a la que atienden disminuyó en un 10 por ciento. Esta desigual distribución es producto de las presiones sindicales y la ineficiencia operativa de quienes debían dirigir la administración educativa estatal.

Por cierto, estadísticamente, para el período 2006-2007, cada profesor de educación primaria atendía, en promedio, a 21 alumnos por escuela. Menos alumnos que los estándares de los países más desarrollados del mundo.

El otro problema aparejado es que los alumnos de las normales han tenido un crecimiento de poco más de 22 por ciento en el mismo periodo en que decreció la población de las primarias. En 2003 habían inscritos 5 mil 962 alumnos en las normales y, para 2007, ascendían a 7 mil 303. El dilema resolver es: ¿cómo hacer para contratar a tantos egresados de las normales, cuando hay un evidente retroceso en la cantidad de niños que requieren educación? Pero, además, ¿cómo hacerlo, cuando la Sección 22 ha logrado que todo profesor jubilado deje en su plaza a un familiar suyo, sin importar su preparación profesional?

Independientemente de nuestra opinión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de quienes operan en la SEP, éstos son los verdaderos problemas a resolver.

LECCIONES DE POLÍTICA.

FELIPE MARTÍNEZ LÓPEZ.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 29 de agosto de 2008.

Desde hace unos días, los norteamericanos nos están dando una lección de convivencia política. Hillary Clinton, ex precandidata del Partido Demócrata llegó a su convención anunciando: "Estoy aquí, como una orgullosa defensora de Barack Obama”.

Unos meses antes, ella misma defenestraba a su contrincante por su escasa experiencia administrativa y su desconocimiento del entorno internacional. Aseguraba que era el pasaporte seguro para la derrota de su partido en las elecciones presidenciales. Parecían perros y gatos, dispuestos a despedazarse en cuanto se encontraran una frente al otro. A pesar de todo, jamás utilizó algún argumento de tipo racial, personal o religioso contra su contrincante.

La senadora Clinton nunca renunció a sus pretensiones. Sólo se retiró de la precampaña, cuando los números le demostraron la imposibilidad de alcanzar la cantidad de delegados necesarios para la nominación de su partido. Sin embargo, después de su largo periplo por la geografía norteamericana, llegó a Denver con un mensaje muy claro: "Es tiempo de unirnos como un solo partido, con un solo propósito.”

Atrás dejó las diatribas y los enconos. Por eso, en su discurso, Barack Obama es una especie de salvador que "revitalizará la economía, defenderá al pueblo trabajador y enfrentará los desafíos globales de nuestro tiempo”, y concluyó afirmando: "Es mi candidato y debe ser nuestro presidente".

Qué gran diferencia con nuestro entorno político. Hace apenas unos días, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, armó todo un teatro para no darle la mano ni saludar al jefe del Estado mexicano y, sólo acudió a la Reunión de Seguridad Nacional, porque su ausencia se hubiera interpretado como un apoyo tácito a los secuestradores y a la delincuencia organizada que asolan al Distrito Federal.

Y todo porque Ebrard se empeña en desconocer al presidente de la República que financia a su gobierno y lo reconoce institucionalmente, sólo porque su jefe político, Andrés Manuel López Obrador, se empecina en repudiar las elecciones, donde supuestamente lo trampearon para dejarlo como el presidente patito de sus seguidores.

No quiero imaginar la terrible algarabía que armarán estos dos políticos, cuando se enfrenten por la candidatura presidencial del PRD en el cercano 2012. Es más, casi estoy convencido que van a dividir a su partido y llegarán a esas elecciones, con dos organizaciones diferentes.

Es el mismo caso que vamos a observar en el PRI. Carita contra trinquetes, Peña Nieto contra Beltrones, va a ser una pelea, a trasmano, de antología. El gran problema de los priistas es que no harán públicas sus diferencias; sin embargo, jamás el perdedor aceptará apoyar al triunfador. Labastida y Madrazo lo saben mejor que nadie. En el PRI, la barbarie política es la escuela cotidiana.

Ni hablemos del PAN. Primero, porque no tienen precandidato. El Delfín se ahogó en la bañera. Pero sí vemos al ex presidente de su partido bombardear las acciones del hombre que él mismo acompañó a la presidencia de la República.

Mientras los norteamericanos se unen en la defensa de sus instituciones, sus partidos y su Presidente, los mexicanos nos hacemos trizas y nunca reconocemos a nuestros contrincantes. Mientras aquellos consolidan una nación, para muchos, un imperio, nosotros nos desvivimos por destrozarnos. Ojalá que la próxima elección norteamericana nos sirva para aprender que el espejo humeante de Tezcatlipoca no es el verdadero camino de la nación.