INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL ILEGAL

El Instituto Estatal Electoral (IEE) que se instaló el martes pasado es a todas luces ilegal. Para los miembros del gobierno actual esto no debe ser una novedad. Están acostumbrados a actuar en esos términos. Así comenzó este gobierno y está siendo su ruta cotidiana. Si no respetaron la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que el propio actual gobernador propuso, muy poco podemos esperar de su respeto a una Constitución promulgada el siglo pasado. Para los hombres del gobierno actual, el mensaje es claro: la ley se hizo para presumirla, no para cumplirla.

El domingo pasado, en la madrugada, escondidos en la oscuridad nocturna, los diputados de la coalición gubernamental eligieron 6 consejeros propietarios, sus suplentes y un presidente del Consejo General del IEE. De última hora y viendo que podían servirse con la cuchara grande, rompieron todos los acuerdos parlamentarios y aprobaron sólo a sus militantes. Pusieron como presidente a Alberto Alonso Criollo, nominado por el gobernador, según el secretario particular, Benjamín Robles Montoya, quien operó su ascenso; con él, impusieron a dos militantes del PRD, dos del PAN, uno de Convergencia y uno del PT. Felices con la unanimidad, alcanzada en la reforma constitucional, quisieron emularla votando en bloque los 25 asistentes por los candidatos del bloque coaligado. Ése es el único problema.

La constitución local, en su artículo segundo, declara la supremacía constitucional. Todas las demás leyes o reglamento están supeditadas a ella. En su artículo 25, apartado C, fracción II, establece que los consejeros del IEE serán electos en forma escalonada, “mediante el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus integrantes”, habla de los integrantes del Congreso, es decir, por lo menos con 28 votos a favor. La Constitución no habla de mayorías simples, porque la doctrina constitucional impulsa los consensos y acuerdos parlamentarios para conformar las instituciones de la importancia del árbitro electoral. Todas las disposiciones de las leyes reglamentarias, como el Cippeo, quedan anuladas cuando entran en contradicción con las disposiciones constitucionales.

Sobre esta base, quienes aspiramos a formar parte del Consejo General, consideramos que fueron violados nuestros derechos políticos electorales, porque la integración de las autoridades electorales se efectuó violando la norma constitucional. Es decir, una minoría usurpó las funciones de la mayoría calificada del Congreso estatal, para imponer, de manera facciosa a los militantes de su partido. Nuestra denuncia la iniciamos en el Congreso, porque fue la instancia que violó nuestros derechos. Como la presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura es parte de la violación normativa, seguramente negará el hecho. Así, la resolución final vendrá de la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral.

Por su parte, la contradicción entre la Constitución y el Cippeo es otra ruta que habrá de definir el Poder Judicial de la federación. De paso, se sentará jurisprudencia para evitar los dislates legislativos.

El gran problema es que el IEE nace con un pecado original. Sus actuales integrantes priorizaron sus intereses personales y los de sus partidos, antes que el interés general de la democracia, la legalidad y la imparcialidad. Difícil trance para el sedicente presidente, porque su independencia e imparcialidad están en entredicho y su honorabilidad también.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 15 de abril de 2011.

SIMULACIÓN

Este gobierno da constantes muestras de ser pura simulación y cotilleo. El viernes pasado, la secretaria de la Contraloría, visiblemente molesta, dice el reportero Iván Castellanos, manifestó que el secretario de la SEDAFP ahora sí entregará su título profesional “en 20 días para seguir desempeñándose en ese cargo”. (Tiempo, 9/IV/2011).

Cuentan, en los correos electrónicos, que cuando allegados del gobernador le informaron al secretario que debía dimitir, porque no cumplía los requisitos de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, él manifestó que el cargo se lo había ganado en campaña y no se lo había dado nadie, mucho menos el gobernador. Haya sido verdad o no esta anécdota, lo cierto es que el secretario sigue en el cargo cuatro meses después de promulgada la ley y, a la secretaria responsable de cuidar el respeto de la legalidad, la trae a las vueltas y con promesas de que mañana sí cumplirá los requisitos legales.

Dicen que sólo quedan dos falzatis en la administración de la alternancia. Una de ellas, la secretaria general de Gobierno, ni se apena ni se acongoja, porque dice que el congreso estatal le dispensó el título profesional que exige la ley. El otro, el de la SEDAFP, argumenta haber presentado, en tiempo de competencia olímpica, su examen profesional, aunque no ha mostrado ni su acta de grado, mucho menos el título o cédula profesional. Por cierto, quienes sí hemos asistido a una universidad o tecnológico sabemos que el grado académico se obtiene mediante examen profesional; sin este requisito, el aspirante es alumno o pasante, dependiendo de la institución. También, el acta de examen es equivalente al título profesional; me imagino que en eso pensaba el redactor de la Ley Orgánica estatal, cuando estableció que podía ser un documento equivalente. Con un poco de imaginación, la secretaria de la Contraloría pudo salir del paso exigiendo este documento y “subiéndolo” a la página de Internet del gobierno estatal.

Ése es otro tema. La página de Internet del gobierno estatal ha escondido la hoja de los estudios profesionales de los miembros del gabinete. Ahora se debe efectuar una verdadera cacería por los entresijos de datos para encontrarlos. Pero no sólo eso, quizá aprendiendo del error de Alfredo Ahuja, los títulos presentados sólo muestran el anverso del documento, ahí donde aparece la fotografía, pero esconden el reverso, donde aparecen los datos del Registro Federal de Profesiones, precisamente lo que permitió descubrir el fraude del anterior secretario de Economía y Turismo. Como están, los documentos no muestran, ni son garantía de nada. Si Ahuja Pérez sólo hubiera mostrado el anverso de su supuesto título, hasta hoy seguiría ostentándose como licenciado en Psicología, aunque con un apellido afrancesado por el error de ortografía del Perèz que le endilgaron.

Lo importante del caso, incluso cuando se obtenga la renuncia de la secretaria general de Gobierno después de mayo próximo, o cuando el de SEDAFP consiga su título, es que nos mostró la verdadera cara de un gobierno que no respeta ni siquiera las propias leyes que promueve. Es un gobierno simulador. Nos muestra, también, que quienes dirigen el gobierno tienen una marcada vena autoritaria y un acendrado voluntarismo que difícilmente les llevará hacia la transición democrática, pero seguramente empujará a la alternancia electoral en las próximas elecciones.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 11 de abril de 2011.

CAMPAÑA NEGRA

Tres hechos nos muestran, de cuerpo entero, lo que ha sido el gobierno del estado en estos primeros tres meses de administración. Primero, el asunto del “piñatazo” notarial; segundo, el techado del Auditorio Guelaguetza y, tercero, el caos magisterial. En los tres, hay una constante: durante el proceso electoral se efectuó una campaña negra para denunciar actos ilegales e incapacidad del gobierno saliente. Concluido el proceso y triunfante la coalición opositora, ellos mismos se han encargado de aclarar las infamias, aprender las mañas para aplicarlas y volver a repetir los mismos errores del gobierno anterior. Desglosaré los temas en éste y los siguientes artículos.

El mejor ejemplo es el famoso “piñatazo” notarial. Desde mediados del año pasado, encabezados por un grupo de militantes panistas, los simpatizantes de la Coalición por la Paz y el Progreso denunciaron fraudes en el otorgamiento de los fíats. Durante muchos meses, mediante correos electrónicos y comentarios periodísticos, se insistió en procesos fuera de la ley. Se mencionaron muchos nombres, especialmente de funcionarios gubernamentales. Incluso, varios militantes del PAN, incluido el actual Director General de Notarías, acudieron a la Procuraduría General de Justicia del estado para iniciar una averiguación previa, contra probables acciones delictivas originadas por este hecho.

Fue una campaña bien orquestada, donde intervinieron muchos simpatizantes de la Coalición para generar una opinión pública adversa al gobierno saliente, a su partido –el PRI– y a su candidato a gobernador. Muchos les creímos, fundamentalmente porque el gobierno priista no tuvo la capacidad para transparentar el proceso notarial y mucho menos se animó a dar la lista completa de los beneficiarios. Con la política del secreto asumida por el gobierno, el rumor cobró visos de realidad y se convirtió en una verdad mediática.

Ya instalados en el nuevo gobierno, a uno de los principales promotores de la campaña contra el supuesto fraude notarial, le tocó dirigir la Dirección General de Notarías, nos imaginamos que para investigar los hechos y denunciar a los culpables; sin embargo, aquellos combativos militantes cambiaron radicalmente de actitud. Para comenzar, iniciaron negando cualquier información relacionada con el tema. A los reporteros, los remitían al Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública; cuando lo hacían, respondían aduciendo enredos burocráticos, para concluir finalmente en que era información confidencial. Así, nadie sabe realmente cuántos notarios están asignados en el estado, cuántos cuentan con fíat, quiénes tienen licencia y mucho menos sabemos sus nombres y el municipio al que fueron asignados legalmente.

Después de varios amagos periodísticos, por fin, el propio Director General de Notarías actual, Luis Alfonso Silva Romo, declaró, según la nota periodística, que “… no existen acuerdos del ex mandatario (Ulises Ruiz) para que, como se rumoró, ejerzan funciones…” y dio la lista de las personas que se publicitó habían adquirido fíats, cuando ni siquiera tenían título de abogado. (Tiempo, 14/I/2011).

Así, el famosos “piñatazo” notarial terminó reducido a una bola de humo, lanzada al calor de la campaña electoral para beneficio del candidato opositor y le rindió muy buenos beneficios a uno de sus principales exponentes. Eso se llama campaña negra, en la publicidad comercial y electoral.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 26 de marzo de 2011.

OAXACA: RADICALIZACIÓN MAGISTERIAL

Los anuncios de la asamblea estatal de la Sección 22 no anuncian nada bueno. Al contrario, parecen ser los nubarrones de la tormenta que se avecina en mayo. Serán más días sin clases, marchas, bloqueos carreteros y plantones en las oficinas públicas. Nada nuevo, sólo más de la lucha por el poder, al que se están encarrilando los radicales enquistados en el sindicalismo magisterial.

En febrero pasado, después de la zarandeada propinada al gobierno estatal, anunciaron un plan básico de movilización para exigir la destitución de la secretaria General de Gobierno, el director del IEEPO y el secretario de Protección Ciudadana. Cumplieron con la suspensión de labores el 25 de febrero, para efectuar reuniones internas; concretaron el paro de actividades el 8 de marzo y efectuaron su marcha en la ciudad de Oaxaca; el 10 lo hicieron en el Istmo de Tehuantepec, justo cuando se cumplían los primeros cien días de la administración gubernamental.

Mientras radicalizaban sus posiciones por los vaivenes y desmentidos del gobierno estatal, desapareció el profesor Carlos René Román Salazar, un activo militante de la organización magisterial. El aparente secuestro tuvo todos los visos de un aviso mafioso: su vehiculo apareció aparcado en una calle de San Jacinto Amilpas, con el motor encendido y todas sus pertenencias intocadas, incluyendo laptop, Ipad y celular. Parecía un claro mensaje de El Padrino de Mario Puzo y, afortunadamente por el momento, no una amenaza de un cártel de la droga.

Como en el enfrentamiento del Martes Negro, el gobierno se perdió por la tangente y nos dio otra muestra de su inoperancia e incapacidad administrativa. Si después de la gresca acusaron al PRI de los hechos, ahora sólo atinaron a balbucir el clásico “Yo no fui” y nos demostraron que en Oaxaca no hay “inteligencia” policial o gubernamental y, rememorando las películas del Oeste, anunciaron una ridícula recompensa de 500 mil pesos para quienes proporcionen información del paradero de profesor.

Cuando inició la asamblea previa a la estatal magisterial, no se sabía nada del profesor, pero, en la noche, a alguien se le ocurrió quemar un autobús de la Escuela Normal de Educación Preescolar y dejar el mensaje: “Chepi: bájale a los huevos”. El resultado es que habrá marcha masiva en Guelatao para conmemorar el natalicio del Benemérito de las Ameritas y los nuevos funcionarios público, tanto de la “izquierda institucionalizada”, la derecha panista y los acomodaticios de siempre, habrán de escuchar las viejas consignas: “Ésos son, los que van al paredón” o el clásico: “burgueses, ‘eggones’, por eso están panzones”.

Nos esperan una serie de movilizaciones del 21 de marzo al 2 de abril. El 22 de marzo, los 37 sectores magisteriales instalarán foros de denuncia y fortalecerán el campamento del zócalo capitalino; el 23 suspenderán las clases y bloquearán las carreteras; en los días subsiguientes, protestas en dependencias gubernamentales y una movilización representativa en la Ciudad de México. El 10 de abril tampoco habrá clases, de acuerdo al calendario de febrero pasado.

No hay nada nuevo en el asunto magisterial: por un lado, radicalización de las posturas y, por el otro, incompetencia y desorganización en las filas gubernamentales. Mientras tanto, la educación de calidad duerme el sueño de los justos, y se ahonda la brecha entre los educandos que acuden a las escuelas privadas y quienes mendigan educación en las escuelas públicas.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 21 de marzo de 2011.

CIEN DÍAS DE GOBIERNO

El 10 de marzo pasado, el gobierno estatal cumplió sus primeros 100 días de ejercicio administrativo. En ese periodo, han perdido el tiempo en una concatenación de declaraciones contradictorias y acciones sin objetivos precisos. Con esas bases, muchos comentaristas lo han calificado como un gobierno de ocurrencias y simulaciones. Las características fundamentales han sido los anuncios mediáticos, marcados por el encono y la frustración; las propuestas demagógicas, que esconden un autoritarismo ramplón; programas asistenciales y electoreros; y una verdadera pérdida de tiempo en integrar un gabinete donde nunca han estado las mejores personas que Oaxaca ha producido. Es, verdaderamente, el gobierno de la inexperiencia, la ineficacia, la ilegalidad, la ineptitud y la incapacidad.

Comenzó con la baladronada de la iniciativa de Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que concluyó en el show de los falzatis y un delincuente que cambio de posición para seguir cobrando en la misma secretaría: don Alfredo Ahuja Pérez, supuesto psicólogo que compró un título universitario y una cédula falsos; en lugar de encarcelarlo y multarlo, el gobierno lo envió como subsecretario de Turismo. Luego siguió Benjamín Robles, al que rotaron de la Jefatura de la Oficina del Gobernador a la Secretaría Particular, desde donde cobra el mismo sueldo y opera las mismas funciones. La secretaria General de Gobierno y Salomón Jara, de SEDAFP, con cinismo sonríen y siguen enredando al gobierno en la ilegalidad oficial. Sólo el de Asuntos Indígenas está enfrascado en el proceso de su titulación.

Después enviaron una iniciativa de reformas constitucionales, hecha en el Distrito Federal y por una persona que conoce Oaxaca sólo por sus visitas a la tesorería estatal. La ley propuesta es un remedo de autoritarismo y entrampa procesos ya establecidos en la Constitución estatal.

A la inexperiencia se sumó la incapacidad, que condujo al enfrentamiento con el magisterio estatal, aquel martes negro pasado. Sin interlocutor aceptado, el gobierno se confió en la buena voluntad de los liderazgos magisteriales y el resultado fueron los gases lacrimógenos, los heridos, descalabrados, las mujeres policías secuestradas, y la patiza física y moral propinada al ¡secretario de Protección Ciudadana! Sin aceptar sus culpas, el gobierno intentó culpar a ¡los priistas!, como si fueran ángeles de la devoción magisterial. Los comentarios periodísticos defeños se encargaron de echar abajo el sueño goebbeliano de la comunicación social gubernamental.

Luego presentaron el Programa Bienestar. Un programa asistencial, que beneficia a algunos oaxaqueños con dádivas gubernamentales, y con fines claramente electorales, donde sólo el componente de uniformes y útiles escolares es universal, pero responde a una demanda del magisterio y no a una política pública estatal.

La semana pasada concluyó la ¡tercera ronda! de las consultas públicas para el Plan Estatal de Desarrollo, donde oyeron a las mismas personas, sobre el mismo tema. El último foro sólo se destacó por la presencia del ex secretario de Hacienda de un gobierno priista, Don Pedro Aspe Armella y de otro ex priista, el gobernador Gabino Cué.

El próximo 21 de marzo se cumplen los 111 días que anunciaron al presentar el “Programa Preliminar de Gobierno”. No sabemos si, en unos días, el gobierno pueda dar un golpe de timón espectacular que lo saque de la medianía y la continuidad en que se desenvuelve actualmente. Lo dudo, pero ojalá lo puedan lograr.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 18 de marzo de 2011.

FOROS, PLANES Y PROGRAMAS

Han concluido los foros regionales temáticos para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo. En el último, dos hechos saltan a la vista. Primero, el ponente magistral fue don Pedro Aspe Armella, el secretario de Hacienda que aportó sus conocimientos para que México diera el giro brutal hacia la economía de mercado y la instauración del neoliberalismo militante en el país, bajo el mando de Carlos Salinas de Gortari. Segundo, como todos los demás, fue un foro de bajo impacto mediático, sin propuestas deslumbrantes, ni trazó rumbo definido. Si trascendió, fue por la presencia del gobernador del estado y el secretario de Finanzas. De ahí en fuera, el acto transcurrió en la medianía tradicional. Es más, en los boletines ni siquiera se desglosan los temas tratados. Por eso, destaco dos asuntos que trascienden en los comunicados de prensa.

El primer problema de los foros es que se consideraron regionales, pero, curiosamente, todos se efectuaron en la ciudad de Oaxaca de Juárez; no sé si porque los funcionarios consideran que la ciudad de Oaxaca se encuentra en la región de los Valles Centrales o porque tienen una verdadera confusión entre región y territorialidad. También se anunciaron como temáticos, lo cual es comprensible porque las responsables fueron las secretarías de gobierno, lo que induce a la planeación sectorial. Sin embargo, creo que la confusión del apelativo de los foros es porque sus organizadores no terminan de vislumbrar cuál es la diferencia y las características propias de la planeación regional, la nueva vertiente de la territorial y, por último, la sectorial. Cuando logren dilucidar los términos, espero puedan continuar en la definición del tipo de planeación requerida: la tradicional, denominada “estratégica” o, ahora sí, estudiarán algo sobre la planeación prospectiva, que, por cierto, es la vertiente de moda en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y hasta ¡en la Sagarpa!

El segundo problema, persistente, es la confusión entre “programa” y “plan”. Un plan es un instrumento rector que propone visiones, metas y objetivos; marca rumbos y define estrategias, para alcanzar un fin determinado, pero en sentido general. Un programa es una serie de acciones u obras específicas, con calendarios definidos, fuentes de financiamiento e indicadores precisos para su medición. El programa se hace para alcanzar los objetivos trazados en el plan. Nunca es al revés. Sin plan no hay programas; aunque casi siempre hay planes, pero sin programas.

Por eso se me hace difícil creer en la existencia de un “Programa Preliminar de Gobierno” (¿alguien lo conoce?), cuando lo que parecía anunciarse era una especie de “Prontuario de Acciones Inmediatas de Gobierno”. En realidad, en todo inicio de gobierno, independientemente de la filiación política de su titular, se retoman las acciones en proceso y las abandonadas del periodo anterior, para su conclusión. Esto tiene una razón financiera comprensible. El presupuesto gubernamental anual se aprueba durante el periodo gubernamental por finalizar y el gobernador saliente es quien propone las obras a continuar en el periodo entrante. El nuevo gobierno debe utilizar un presupuesto propuesto por el saliente; por eso ejecuta acciones, no programa obras, porque eso lo hizo el saliente.

Esta sencilla cuestión administrativa no la pudieron entender los actuales intelectuales orgánicos del régimen de la Paz y el Progreso. Pero no era necesario que lo comprendieran, porque no es su especialidad académica, lo que no me explico es por qué el gobierno no contrató especialistas en la materia, lo que les hubiera ayudado a evitar muchas contradicciones y hubieran encaminado, un poco más eficazmente, las acciones gubernamentales.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 14 de marzo de 2011.

TENENCIA VEHICULAR

El domingo pasado, un vehículo Audi chocó contra un Pointer en la Colonia Reforma. El conductor manejaba en contrasentido y en estado de ebriedad. En el impacto murió la señora Soledad del Carmen Ríos y su hija, la conductora, fue trasladada al hospital en estado grave; ambas venían de una visita a sus familiares, el vehículo venía a baja velocidad. Los borrachos dejaron su auto abandonado, subieron a otro vehículo y se dieron a la fuga. Lo grave del asunto es que fue imposible identificar al autor del asesinato, porque el Audi traía placas de Puebla.

Éste es uno de los primeros resultados de la irresponsabilidad de la secretaría de Finanzas del gobierno estatal, al mantener los altos costos del emplacamiento vehicular y haber hecho estatal el cobro de la tenencia federal. Como bien lo dice Gerardo Cajiga Estrada, secretario de Finanzas, Oaxaca está entre uno de los seis estados con el costo más caro para regularizar los automóviles. Por eso, desde hace dos años, cuando al anterior gobierno se le ocurrió la idea del reemplacamiento vehicular, muchos oaxaqueños descubrieron que era más barato emplacar sus vehículos en Puebla o el Distrito Federal; desde entonces, por las calles de Oaxaca circulan muchos vehículos con placas foráneas.

Este fenómeno se incrementará este año, porque, por fortuna, el Gobierno del Cambio y la Alternancia de Puebla comprendió el absurdo de mantener el ilegal cobro de la tenencia federal y decidió abrogar el impuesto. Si antes, en Puebla el emplazamiento era treinta por ciento más barato que en Oaxaca, hoy, el trámite cuesta casi setenta por ciento menos que aquí. Por eso, pronto veremos más coches con placas de Puebla, aunque, cuando ocurran accidentes como el de la Colonia Reforma, no sabremos la identidad de los asesinos, porque los datos se resguardan en el gobierno poblano. Mientras tanto, el secretario de Finanzas oaxaqueño se regodea con los 320 millones de pesos que cobrará por el impuesto en Oaxaca.

Como todos sabemos, el impuesto federal de la tenencia vehicular es reconocidamente ilegal. Así lo ha suscrito la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso, el presidente Felipe Calderón derogó su cobro, pero a partir de enero de 2012. Hasta hoy, cuatro estados lo han suprimido, pero en Oaxaca, el entonces asesor financiero de la Coalición de la Paz y el Progreso, Gerardo Cajiga, se empeñó en mantener el impuesto y lo logró, haciendo que un impuesto ilegal, en Oaxaca se volviera legal. Su problema es que nadie quiere pagar su aberración jurídica.

Como todo buen funcionario, don Gerardo Cajiga se fue por lo fácil. Los conductores de vehículos son un mercado cautivo, por eso, para cualquier perezoso mental, lo fácil era hincarles el diente, en lugar de pensar en nuevas alternativas de recaudación.

Aunque no soy su asesor, quiero sugerirle otra opción. El gobierno ha ponderado la bondad de las empresas eólicas generadoras de electricidad, ganan millones, pero, hasta donde sabemos, ninguna de estas empresas tiene domicilio fiscal en Oaxaca. Todas pagan sus impuestos en el Distrito Federal. Por eso, el D. F. se jacta de ser la mayor generadora de impuestos del país. ¿Por qué el responsable de las finanzas estatales no busca la manera de que éstas y otras empresas que succionan recursos económicos de Oaxaca, paguen sus impuestos aquí? Ésa sería una manera de incrementar la recaudación estatal, sin lastimar la economía de los oaxaqueños.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 11 de marzo de 2011.