SUBEJERCICIOS Y REFRENDOS.

Hace unos días, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), José Eduardo Correa Abreu, sostuvo que en el presente año se llegará a un 70 por ciento de obra pública y no más, porque se tiene un 27 por ciento de subejercicio, lo que se sumará a una reducción del 4 por ciento en infraestructura para el próximo presupuesto del país (Tiempo, 23/09/2011). De acuerdo con sus predicciones, estaríamos hablando de un refrendo de casi 16 mil millones de pesos. Una de las razones del subejercicio la dio el presidente estatal de los constructores, José Manuel Pérez Noyola, al afirmar que se dio un arranque tardío de las obras. Casi todos sabemos que fue por desconocimiento, ignorancia, incapacidad y los conflictos internos de y entre los funcionarios estatales.

Esperamos que, para estas alturas, alguien le haya podido explicar al gobernador que refrendo no implica quitarnos el dinero, el problema es que lo no ejercido se descuenta del presupuesto asignado para el próximo año. Cualquier acuerdo presidencial en otro sentido o es una mentira piadosa o supina ignorancia del que la anuncia.

El refrendo que viene, ahí está y nadie la puede negar. La discusión es en el tamaño del desastre. Ojalá fuera menor del anunciado; no por el gobierno y sus empleados, sino por los oaxaqueños y el daño a ocasionar. Sólo por ponerlo en números visibles: si el refrendo fuera de 16 mil millones, en dos años Oaxaca estaría perdiendo en realidad 32 mil millones y eso esperando que los funcionarios del “cambio y la alternancia”, después de 13 meses hubieran aprendido las reglas de la administración pública y no se dedicaran, como hasta ahora, a la búsqueda de beneficios personales, familiares o de tribu política, además de las luchas intestinas por los próximos cargos de elección popular.

El gobierno niega el refrendo y da justificaciones infantiles, tratando de hacernos creer que el dinero no se regresa o que sí se va a ejercer. Si no lo pudieron hacer durante los nueve meses pasados, dudamos que, en los tres que vienen, sí lo hagan. No es un mero asunto de voluntad, sino de enredos administrativos y trámites burocráticos.

Lo peor del caso es que los resultados están a la vista. A mediados de este mes, el presidente estatal de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de Oaxaca (Canacope),  Carlos Bravo Santiago, anunció que más de 60 negocios familiares se declararon en quiebra en los últimos 9 meses y se estima que la cifra llegue a 100 al concluir el año. Agregó que las empresas pequeñas son las que más han padecido la crisis de liquidez que existe en el estado. (Tiempo, 17/09/2011).

Incluso, los amigos y aliados del actual gobernador han prendido la alerta roja. Hace unos días, el dirigente en Oaxaca de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Oswaldo García Jarquín sostuvo que persiste la falta de circulante y agregó: “Falta el oxigeno que representa la inversión pública en materia de infraestructura y el principal eje de la economía que es la construcción.” Insistió que su organismo “no dejará de señalar lo referente al subejercicio en el gobierno estatal, ya que sería lamentable que en este sexenio no se utilicen los recursos destinados a la entidad y se regresen a la Federación”.  (Tiempo, 22/09/2011).

Todos saben del subejercio y los refrendos. Sólo el gobierno cierra los ojos y trata de negarlos.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 26 de septiembre de 2011.

¿HAY PLANEACIÓN EN OAXACA?

El miércoles pasado se reunió, por segunda ocasión, el Coplade. El hecho reviste importancia, primero, porque ahora sabemos que sigue existiendo y, aunque la nota no lo aclara, parece estar dirigido desde la Secretaría de Finanzas. Segundo, el gobernador parece muy claro: no se trata de combatir la pobreza y la marginación, sino sólo de abatir los índices; es la vieja política de disfrazar la pobreza, aunque siga persistiendo.

Llama la atención la afirmación del gobernador, en el sentido de que “después de 12 años de ausencia de un procedimiento en el ejercicio de los recursos públicos, ahora se está poniendo orden para que éstos se manejen con transparencia, honradez y eficiencia”. Los hechos parecen demostrar lo contrario. En casi 10 meses de gobierno, el Coplade se ha reunido en dos ocasiones. El primero fue el acto protocolario de instalación y de arranque de la última de las cuatro tandas de consultas para integrar el Plan Estatal de Desarrollo; este último fue más de carácter discursivo y de inicio de actividades y no un encuentro de evaluación que, por lo avanzado del año, se debió esperar. A estas alturas del ejercicio administrativo, el Coplade se reunía para analizar los subejercicios y el avance de la obra programada. Después de esta reunión, los anteriores gobiernos tenían una ida clara del monto probable para el refrendo anual.

Para quienes lo desconozcan, el Coplade es la instancia del gobierno estatal donde se planifican las políticas públicas y es la única autorizada para concertar la inversión con las dependencias federales y con los municipios oaxaqueños. De ahí su importancia y relevancia. También por eso, la sorda pugna que se estableció desde establecimiento del gobierno electo, primero entre Benjamín Robles y Alfredo de la Rosa, en ese entonces jefe de la Oficina del Gobernador, y después entre esa oficina y la Secretaría de Finanzas, para precisar quién tendría la titularidad de la planeación estatal.

Esperemos que ahora, definidas las funciones, las actividades de planeación, programación y presupuestación caminen como la ley lo ordena, aunque las funciones de evaluación todavía tengan un largo camino para su concreción, porque, según se anunció en el Plan Estatal de Desarrollo, tanto los indicadores de seguimiento, como la instancia evaluadora de las actividades públicas, siguen en el proceso de su integración ¡10 meses después de iniciado el gobierno del cambio y la alternancia!

Por eso también debe inquietarnos la afirmación del gobernador: “Este gobierno no será de kilómetros de montos, sino más bien de modificación de indicadores, y creemos que la planeación, el orden y la focalización de recursos regionales podrán abatir los rezagos.” Palabras más, palabras menos, la indicación es abatir los indicadores, es decir los datos estadísticos, aunque las consecuencias de la pobreza, la miseria y la marginación sigan en pie. Es casi como combatir los dolores de una enfermedad, pero sin remediar el origen real del mal.

Para quienes creíamos que las políticas asistencialistas: dar dádivas a los viejitos en las ciudades más pobladas, ayuda a algunas madres desempleadas o uniformes para escolares, eran políticas pasajeras en tanto conocían la realidad del estado, las palabras gubernamentales vienen a confirmar que el asistencialismo no es pasajero, sino la verdadera política estatal: encubrir las apariencias, aunque todo siga igual.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 23 de septiembre de 2011.

OAXACA: DE SANGRE Y MUERTE

Cuarenta y nueve muertos lleva en su cuenta el actual gobierno estatal, más los que se acumulen esta semana. La cuenta macabra sólo incluye a los muertos en conflictos electorales, agrarios y ahora también de dirigentes políticos del principal partido de la oposición.

Hasta la semana pasada, los muertos se daban por la desatención de los problemas agrarios. A pesar de contar con una coordinación general encargada de atender los asuntos agrarios, los casos nunca fueron controlados por la instancia burocrática estatal. En la añoranza de los mejores tiempos, los conflictos agrarios se abandonaron a la abulia gubernamental y a la buena voluntad de los pueblos en conflicto. Lo peor vino porque los nuevos salvadores del estado se olvidaron que la ola de violencia, por problemas agrarios, se recrudece precisamente en la época de siembras. Su razón de ser es el encono que se genera al observar a una de las partes en conflicto intentar cosechar las tierras que los contrarios consideran suyas. La ausencia del gobierno estatal en el entorno conflictivo, conduce necesariamente a las balaceras, la sangre y la muerte. El pago del aprendizaje, lo cubrieron humildes labriegos oaxaqueños.

Por otra parte, a nueve meses del autonombrado “gobierno del cambio”, aún persisten varios conflictos poselectorales. En muchos municipios, son los mismos diputados de la coalición gobernante quienes azuzan al conflicto y al enfrentamiento; en algunos otros, son los funcionarios gubernamentales o sus subalternos en las organizaciones sociales y políticas quienes inducen a la confrontación. En esta situación también está involucrada el ala de la iglesia católica que entendió al conflicto como un negocio más rentable, que las limosnas de las alcancías parroquiales.

Choápam, Quetzaltepec, los triquis, entre otros, fueron sumando uno a uno sus muertos, hasta alcanzar la cifra de 47. La semana pasada se sumaron dos más, pero ahora de dirigentes del PRI.

El jueves 15, en plena mañana de Tuxtepec, fue acribillado quien fue presidente municipal del lugar en el trienio pasado, Gustavo Pacheco Villaseñor. Junto con su hermano, fue agredido; él murió y el otro está herido de gravedad. Al día siguiente, también de mañana, dos sujetos penetraron en una casa particular en San Juan Mixtepec, en la mixteca baja y ahí acribillaron a balazos a Fernando Rojas Fernández. Él era presidente del Comité Municipal del PRI, pero también era dirigente de la CNC.

En ambos casos, los asesinos huyeron tranquilamente del lugar de los hechos y hasta ahora no se sabe nada, ni de ellos, mucho menos de su paradero, salvo el hecho de que los asesinatos fueron hechos con armas de alto poder, de esos que persigue tanto el gobierno federal y se supone que nadie debía portar a plena luz del día.

Según lo ha compartido Juan Diego en este periódico Tiempo, el secretario general del Despacho, Jesús Martínez Álvarez, declaró muy ufano que “no pasaba nada, que se trataba de un hecho aislado (que no podía) ser causa de desestabilización.” La irrealidad gubernamental también se observa en San Antonio Huitepec, municipio que lleva casi 50 días de bloqueo en su camino de acceso, por conflictos internos y ninguna autoridad se acerca a escucharlos, mucho menos a tratar de solucionar sus problemas.

Para el gobierno, en Oaxaca no pasa nada, todo es paz y progreso, mientras la sangre corre y bullen los conflictos desatendidos.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 19 de septiembre de 2011.

OAXACA: PRESUPUESTOS HISTÓRICOS

El gobierno del estado ha manifestado su intención de lograr un presupuesto federal de 60 mil millones de pesos para ejercer en 2012. Este año, los diputados federales priistas lograron etiquetar al estado poco más de 58 mil millones de pesos. El problema es que este gobierno ha sido incapaz de ejercer tanto dinero. Buena parte del tiempo la gastaron en un proceso de planeación que terminó en el Plan Estatal de Desarrollo más desorganizado y sin estrategias claras e hilvanadas para superar la pobreza y la marginación. La otra parte la perdieron tratando de reorganizar un gabinete caracterizado por el conflicto interno, la lucha por los espacios de poder, la ineficiencia y la ineficacia.

Tal parece que el gobierno actual sólo quisiera superar los montos históricos que alcanzaron los gobiernos priistas, aunque sean incapaces de ejercer lo obtenido. Pero también tienen el problema de su incomprensión de la mecánica de la administración pública.

Las declaraciones del gobernador, Gabino Cué, de tener un acuerdo con el presidente de la república para que el presupuesto subejercido no regrese a la federación, es muestra palpable de la incomprensión administrativa. El subejercicio, que se traduce en el refrendo, implica que el dinero no ejercido se aplicará en el 2012; el único problema es que se descuenta del presupuesto del próximo año. Así, el subejercicio de este año, más el refrendo al año siguiente, le van a representar a los oaxaqueños casi 40 mil millones de pesos, si no se ejercen 20 mil millones este año. Refrendo no es regresar el dinero, sino quitarle mucho de lo que se pudiera ejercer en el año siguiente.

Aunque el gobierno niega los subejercicios, el dinero público se ha mantenido escondido. En una cartera de proyectos que la Secretaria de Finanzas presentó como posibles obras concurrentes o para mezcla de recursos, se establecía una inversión de casi 15 mil millones de pesos a efectuar en los municipios oaxaqueños y en proyectos regionales. Casi 10 meses después de asumir el gobierno, ninguna de las obras ha llegado a las regiones. No hay proyectos concurrentes ni mezcla de recursos. No hay obra pública estatal.

Las carreteras se encuentran en estado deplorable. Transitar de Ocotlán a Miahuatlán es un verdadero martirio. Hay muchísimos kilómetros donde la vieja carretera es ya un camino de terracería y muchos más donde los baches se han convertido en hoyancos difíciles de sortear. Es la supercarretera que va a la Costa y que tuvo o tiene cientos de millones de pesos asignados en el presupuesto federal de este año, pero ni la delegación de la SCT ha logrado concretar su ejercicio, ni la Secretaría de las Infraestructuras estatal se ha preocupado de exigir su aplicación.

La supercarretera al Istmo ha quedado en el olvido. Los cientos de millones de pesos invertidos hasta ahora se han ido por los caños de las lluvias y sólo queda la ilusión de una carretera que pudo llevar a los oaxaqueños en poco más de dos horas al Istmo. Dinero público tiene asignada la carretera, pero la SCT no encuentra la cuadratura para ejercer el presupuesto federal y a la vez dar en concesión los tramos a empresas privadas. Es parte del subejercicio tan anunciado.

Ojalá no se refrende tanto dinero, pero al ver la falta de obras nos quedamos con la pregunta: ¿para qué pelear por otro presupuesto histórico, si son incapaces de ejercerlo?

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 16 de septiembre de 2011.

AGENDA MUNICIPALISTA OAXAQUEÑA

El 26 de agosto pasado, 147 autoridades municipales se reunieron en Bahías de Huatulco para la toma de protesta del Consejo Directivo de la asociación Autoridades Municipales de Oaxaca (AMO).

La conformación fue presenciada por el entonces presidente de la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones y la presidenta de la Federación Nacional de Municipios de México, Angélica Araujo, presidente municipal de Mérida, Yucatán. Como nunca en mucho tiempo, juntos estuvieron Eviel Pérez Magaña, presidente del CDE del PRI; Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, coordinador de la diputación federal priista oaxaqueña; Martín Vásquez Villanueva, presidente de la Junta de Coordinación Política de la legislatura local; Adolfo Toledo Infanzón, secretario general de la CNC; Margarita Liborio, secretaria general del Movimiento Territorial; por la CNOP, Jorge Toledo, además de los diputados federales y locales priistas. Incluso, la Corriente Renovadora del PRI, en un comunicado, manifestó su respeto a la política de integración de los presidentes priistas.

El acto demostró a los priistas que se pueden encabezar proyectos de envergadura mayor, sin recursos económicos estatales y con la oposición del aparato gubernamental. Un día antes de la ceremonia, el Coordinador de los Módulos de Desarrollo Social convocó a los presidentes del Istmo a encontrarse para analizar la mecánica de la mezcla de recursos, mezclas regateadas durante 9 meses de gestión gubernamental. El mismo día de la toma de posesión, el gobierno anunció la presencia de Gabino Cué en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, cuyo presidente municipal es la cabeza de la AMO. Por fortuna, el gobierno comprendió que una gira por Juchitán, el mismo día del acto de la asociación no sólo era contraproducente, sino también de mal gusto.

Los acuerdos de ese primer encuentro revisten de la mayor importancia para la gente que vive en los municipios. Ahí convinieron elaborar sus planes municipales de desarrollo de manera coordinada, a partir del desarrollo local y con un proceso incluyente que beneficie a todos por igual. El segundo acuerdo fue generar las condiciones políticas y administrativas necesarias para la concreción de la mezcla de recursos. El tercero reviste una importancia mayor, porque plantea generar las condiciones para efectuar una Mesa de Trabajo de AMO y la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados federal, tendiente a impulsar la creación de un Fondo Municipalista en el presupuesto federal 2012 para obras y acciones etiquetadas directamente a los municipios, sin tener que pasar por la aprobación del gobierno estatal.

El cuarto acuerdo fue la defensa de la autonomía de la hacienda municipal, porque consideran que la asignación de los fondos federales a sus asociados se calcula a la baja, por lo que autorizaron iniciar acciones legales para la recuperación de los probables bienes municipales, incluyendo la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El siguiente fue presentar a una iniciativa de reforma para regularizar el cobro del Derecho de Alumbrado Público y modificar la Ley General de Ingresos Municipales para que lo recaudado por ese derecho se ingrese a las tesorerías municipales y no solamente enterado por la CFE. Además de regularizar el cobro del Derecho de Vía Pública e incluirlo en la Ley General de Ingresos Municipales 2012.

Una verdadera agenda municipalista, para mejor servir desde los municipios oaxaqueños.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 12 de septiembre de 2011.

DIPUTADA HITA ORTIZ: EL CINISMO Y LA CORRUPCIÓN.

En realidad nada cambió con la llegada del “gobierno de la transición”. Por el contrario, parece que todo empeoró. Así lo demuestra el patético caso de la diputada del PT, Hita Beatriz Ortiz Silva. Hace dos semanas, uno de sus guardaespaldas se disparó un balazo en el paladar. Unos días después supimos que la doña cobra como princesa europea en el IEEPO, la Cámara de Diputados, pero también en la lista de los pobres del programa Oportunidades. Este es el ejemplo claro del cinismo, aunado a la corrupción, de los supuestos democráticos salvadores de Oaxaca.

Como recordamos, durante los primeros días de su administración, el gobernador Gabino Cué se ufanaba declarando que, en su sexenio, sólo tendrían “guaruras” los funcionarios dedicados a combatir a la delincuencia y quienes los pudieran pagar de su peculio. Hoy sabemos que fueron afirmaciones hechas para cubrir las apariencias. Al menos eso nos demuestra la diputada petista.

Al servicio de doña Hita estaba Antonio Arnulfo Árcega Luna, de 35 años de edad y con placa 1210. Tenía apenas ocho meses de haber ingresado a la Agencia Estatal de Investigaciones, por recomendación de la diputada. El día de su muerte, el policía  trataba de impresionar a su novia, por cierto, hija de la legisladora a la que cuidaba. Inexperto como era, sacó las balas del cargador, pero olvidó la que se aloja en la recámara del arma. Fanfarrón, se colocó el cañón de la pistola en la boca y jaló el gatillo.

Doña Hita es una profesora, como muchas: valientes para el grito… en las marchas y plantones de la Sección 22 y nada más. En la Cámara de Diputados sólo ha destacado por ser la Coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Hasta donde sabemos, no tiene tratos con cuestiones de seguridad pública, tampoco con las policías que combaten a la delincuencia organizada. Ninguna cuestión que justifique el pago gubernamental de escoltas para salvaguardar su seguridad personal.

Quizá lo peor del asunto es que, unos días después, nos enteramos que la doña tiene ingresos más que extraordinarios. Para empezar, sigue cobrando en el IEEPO, como si diera clases en educación básica, no menos de diez mil pesos mensuales. Obvio es decir que jamás acude a un aula escolar. Como diputada que es, cobra en la legislatura alrededor de cien mil pesos mensuales; 42 mil de su “dieta” y un apoyo adicional de 60 mil para gastos de asesoría y gestión. Eso sin contar el pago de su secretario particular, su secretaria y los asesores parlamentarios.

Por si fuera poco, también recibe la cantidad de 4 mil 800 pesos bimestrales del programa de Apoyo Alimentario “Oportunidades”, el programa federal asistencialista destinado a los pobres y miserables de Oaxaca y el país. Para que no haya dudas, este periódico Tiempo encontró su nombre en la página número 1 del municipio de Tlaxiaco, en el sitio de Internet: http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/wb/Web/padron_de_familias_pal. Cachada con las manos en la masa, la diputada sólo se defendió, primero argumentando que era una campaña de desprestigio político; después optó por argüir que era para mantener a su prolífica familia.

Lo cierto es que doña Hita, desde siempre, ha sido un dechado del cinismo y la corrupción, características que se están convirtiendo en la pátina de identificación de los funcionarios de esta administración gubernamental.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 9 de agosto de 2011.

JESÚS MARTÍNEZ ÁLVAREZ: EL RETORNO.

En la memoria política oaxaqueña, dos cosas marcan la vida política de don Jesús Martínez Álvarez: cuando el juchiteco Teodoro “el Rojo” Altamirano llegó a la Secretaría General del Despacho, subió al escritorio del titular y se meó allí, además de decir palabras altisonantes sobre la maternidad del jefe; en segundo lugar, fue el primer alto funcionario -era gobernador interino- del que supimos se tituló casi a escondidas y en forma express, generando la escuela que cuajó en el “gobierno del cambio y la transición”.

Poco más de 25 años después, el popularmente conocido como “Chuchín” regresa al cargo donde lo encumbró don Pedro Vásquez Colmenares. Casi en las mismas circunstancias, pero con muchos años más a cuestas y después de haber transitado por dos partidos, varios grupos políticos y una lealtad a toda prueba a sus amigos de siempre. Llega al cargo más conflictivo del momento, no por sus implicaciones constitucionales, sino por el enredijo de las cuotas partidistas.

La edad del nuevo secretario me recuerda una vieja anécdota. Diódoro Carrasco nombró a don Agustín Márquez Uribe secretario general de Gobierno, pensando utilizar su prestigio de viejo abogado y su envidiable historial político. Un día, el secretario atravesó el salón de gobernadores del palacio de gobierno, diez minutos antes de las tres de la tarde. Entró a la antesala del gobernador y pidió hablar con él. Le pidieron esperar, porque atendía a una comisión. A las tres de la tarde en punto, don Agustín vio su reloj y dijo: “Jorgito, ya es la hora de la comida; le dices al gobernador que vine a buscarlo, pero yo como a mis horas” y se fue. El secretario general de Gobierno no comprendió que los tiempos habían cambiado y los horarios no eran los mismos, los grupos tampoco y sus intereses ya no respondían a la usanza de los años sesenta y los setenta, y que los mariscos ya no eran iguales a los de antaño. Duró poco más de seis meses en el cargo, antes de regresar a la tranquilidad del hogar.

Don Jesús llega en la ola de la revancha, ésa que encalló en las arenas del salinismo, a mediados de los ochenta y fue anunciada como el inicio de la negra noche sobre Oaxaca en un periódico local. Su fuerza ya la vivió el primer damnificado del régimen: don Benjamín Robles Montoya dejó el cargo de secretario particular del gobernador, para asumir las funciones de coordinador de los Módulo de Desarrollo Social. Como secretario particular fue el dique y el ariete que contuvo y demolió a doña Irma Piñeiro Arias y sus afanes de construir una plataforma para aspirar a una senaduría de la república. El historial lo identificaba como el enemigo inmediato de los nostálgicos que ganaron la Secretaría General de Gobierno.

En su camino por regresar las agujas del reloj de la historia, queda otro grupo por destruir: el de Diódoro Carrasco Altamirano y deben poner sus barbas a remojar el nuevo secretario de Desarrollo Social, el procurador general de Justicia, el secretario de Seguridad Pública, el coordinador de Proyectos Estratégicos y el secretario de Finanzas, entre otros. La chiquillada –PRD y PT-puede durar hasta principios de 2013; el PAN es de casa.

Hace poco más de 25 años, los nostálgicos del poder aprendieron una dura lección: el camino a la titularidad del Ejecutivo no admite competencia política y no hay candidato opositor pequeño; también comprendieron que en el exilio no hay amigos, sino aliados de ocasión.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 15 de agosto de 2011.

OAXACA: SUBEJERCICIOS Y REFRENDOS

Que alguien le ayude, debía ser el clamor de los oaxaqueños para con el gobernador oaxaqueño. No hay política pública que impulse, que no se vea obstaculizado por la incapacidad y la impericia de quienes nombró en su gabinete. Por desgracia, ya no es sólo su actuación cotidiana lo que demuestra indolencia, sino sus palabras reflejan desconocimiento de la mecánica administrativa gubernamental.
 

No sólo los diputados federales denuncian el subejercicio de los fondos federales. Cotidianamente leemos la queja de las asociaciones de profesionales, constructores, empresarios, comerciantes y ahora el gremio de los mercados, por la falta de liquidez en la economía. Todos coinciden en la ausencia de obras públicas. También los presidentes municipales, de todos los partidos, se quejan por la no autorización para la mezcla de recursos y en las obras concurrentes. Van y vienen por las oficinas gubernamentales estatales y nadie les hace caso; cuando los escuchan, siempre terminan diciendo que no hay dinero, porque la federación no ha enviado los recursos para obras.

Hasta donde sabemos, la Cámara de Diputados federal asignó a Oaxaca poco más de 58 mil millones de pesos. Un presupuesto que rebasó con creces lo asignado hasta entonces. El problema radica en la mayor parte de ese dinero debe ser licitado en concursos nacionales y concertado con las delegaciones federales. Ahí empezaron los problemas, porque las delegaciones federales están en manos de militantes del PAN y las principales dependencias gubernamentales en manos de perredistas, ex priistas y sedicentes priistas. Con el distanciamiento de los delegados federales y el desconocimiento administrativo de los nuevos funcionarios, era de esperarse el subjercicio. Para mediados de año, el cálculo de algunos dirigentes empresariales era de 20 mil millones de pesos. En los peores momentos de los gobiernos priistas, cuando los gobernadores sabían de “polaca”, pero nada de administración, los subejercicios llegaron como límite a un mil quinientos millones pesos.

Lo grave del asunto es que el gobernador Cué se escapa por la tangente, acusando al adelanto del año electoral por la reciente denuncia priista del subejercicio. En lugar de citar a la instancia de planeación para revisar los enredos administrativos de sus empleados, convoca al castigo del mensajero opositor. Pero también demuestra su incompetencia, porque desconoce qué es el refrendo administrativo.

Ojala alguien le pueda explica que nadie le va a quitar el dinero asignado al estado, sólo que lo no ejercido, hasta mediados de diciembre, se queda en los fideicomisos bipartitos y las líneas financieras federales y se aplicará como base en el presupuesto del año próximo. Con palos y bolitas, para ver si le entienden. Si este año les dieron 58 mil millones de pesos y sólo ejercen 38 mil millones, van a refrendar 20 mil millones; si el próximo año les autorizan 60 mil millones, en realidad el gobierno federal sólo desembolsará 40 mil millones, porque los otros 20 mil millones saldrán del refrendo de 2011. Eso querrá decir que, entre 2011 y 2012, los oaxaqueños habrán perdido 40 mil millones de pesos, tan necesarios para sacar a nuestros pueblos y a nuestra gente del atraso y la marginación. Ése es el tamaño del drama del subejercicio y de la incompetencia e inconciencia de nuestro gobernador y su gabinete de improvisados.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 5 de agosto de 2011.

LA VELARIA DEL AUDITORIO GUELAGUETZA

La velaria del Auditorio Guelaguetza es la magna obra póstuma de Ulises Ruiz. Es, también, es un verdadero monumento a la corrupción de ayer y a la simulación de hoy. Nadie, en su sano juicio, puede negar la necesidad de la techumbre. Sólo la necedad del radicalismo ideológico y el costumbrismo de los conservadores puede insistir en mantener el tendido al sol. Por lo demás, el dinero estaba puesto, pero etiquetado. Si no se concretaba la obra, el recurso retornaría a la federación.

 

Hoy, ya concluida la obra en su totalidad, propios y extraños se darán cuenta de sus beneficios. A partir de mañana veremos a los funcionarios del gobierno ponderar sobre las virtudes del enlonado y no dudo que el secretario de las Infraestructuras incluso pensará en un PPS para poner un techado permanente y un poco más grande, en superficie y en costo, porque si los que se fueron saquearon, los que entraron piensan en negocios y no precisamente en pequeñeces. Las virtudes de la velaria también echarán abajo la simulación de la consulta anunciada. Supuestamente sería la apertura de las consultas ciudadanas, tan vanagloriadas en la pasada reforma constitucional. El problema es que no hay ley secundaria para operar los ordenamientos y, pronto, tampoco habrá voluntad política. La techumbre será otra prueba más de la simulación hecha gobierno en la entidad oaxaqueña.

Nadie pone en duda la necesidad de la cubierta del auditorio. La crítica siempre provino de la administración poco clara del presupuesto. Como se manejó la obra, fue sentando los cimientos para convertirse en otro monumento a la corrupción del sexenio anterior.

Como recordaremos, se asignó, para no variar en la nacionalidad de los amigos de los gobiernos, a la empresa española Isolux Corsan Construcción. El proyecto original estimaba un costo de 40 millones de pesos, pero, con los estiras y aflojes, el contrato se fijó en 65 millones 932 mil 950 pesos, para cubrir un total de 12 mil 500 metros cuadrados. Todo caminó bien hasta que el perverso interés económico trastocó la arquitectura. Entonces se percataron que habían materiales susceptibles de ser sustituidos por otros de menor calidad, pero cobrados como los mejores; encontraron, también, conceptos no planeados y, como en todo el sexenio anterior, se revisó el contrató hasta en tres ocasiones; en la última, el gobierno se comprometió a pagar otros 40 millones de pesos más. La techumbre tendría una cubierta a base de membrana sintética de alta resistencia, capaz de tolerar cualquier inclemencia del tiempo.

A un costo de 106 millones de pesos, construyeron una obra con el peor material posible. El anterior constructor, Octavio Pastrana, culpó a la empresa Toldomatic de la mala calidad del material de las lonas. La “membrana sintética de alta resistencia” terminó siendo una lona común, que se rasgó con los primeros aires de fines del otoño pasado. Ahí comenzó la mala suerte de la empresa constructora.

Llegó el nuevo gobierno y las caras largas, pero el nuevo secretario de las Infraestructuras, en lugar de revisar las tropelías contractuales, comenzó haciendo política. Siete meses después tenemos velaria. La corrupción quedará enterrada bajo los escombros y las nuevas alabanzas a la capota. Aquí no ha pasado nada, salvo la visualización de una nueva obra que habrá de renovarse constantemente y cada sexenio requerirá remoción total. El negocio perfecto, como la Ciudad Administrativa y Judicial.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 25 de julio de 2011.

LA PUGNA PRIISTA OAXAQUEÑA

Hasta donde se puede observar, el conflicto entre las camarillas priistas no se da en torno a la democracia partidista, la defensa de los militantes o un proyecto alternativo de gobierno. Hasta hoy, lo que vemos es la pugna por la dirigencia, las prerrogativas económicas y, más recientemente, la disputa por las candidaturas a cargos de elección federal. En medio de todo, está también el interés del gobierno estatal para colonizar al partido opositor.

 

La disputa se da entre dos grandes camarillas, que se formaron al amparo de las dos anteriores administraciones priistas. En medio de ellos juegan y son usados dos ex dirigentes partidistas calificados, en su momento, como traidores a su partido: Jorge Franco, ex presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), acusado públicamente de haber operado a favor de la Coalición por la Paz y el Progreso gabinista en las pasadas contiendas electorales y Germán Espinosa, ex secretario general del CDE, quien trabajó abiertamente por la candidatura del actual gobernador y hoy despacha como director general de los Cobao.

Todos coinciden en que los próximos cargos federales de elección popular se decidirán a partir de la representación obtenida en el CDE. Ninguno se ha percatado que, sin gobernador priista, las barajas se repartirán en la sede del Comité Ejecutivo Nacional y ahí, quien decidirá será el próximo candidato a presidente de la república, el presidente del CEN y los dirigentes de los sectores partidistas, en ese orden.

En realidad, el encono se originó desde las propias filas del gobierno actual, porque les interesaba mostrar un partido dividido, lograr la confrontación interna y pugnar por el posible arribo de una dirigencia afín a ellos. El esquema lo han practicado los gobiernos de todo el mundo en el pasado, pero, al final, siempre la mecánica se descarrila. Así, el movimiento priista, auspiciado por el gobierno, está terminando en la confrontación de dos ex gobernadores por una o las dos senadurías de mayoría, pero también puede devenir en un amplio movimiento de democracia y participación popular.

Todos los implicados olvidan que la mayoría de los priistas ya no están de acuerdo con los viejos esquemas de imposición y sus personeros. Los priistas son una militancia que perdió su trabajo en el gobierno y sabe que no lo recuperará, a la que no le llegan ya las despensas, ni tiene con quién acudir para solucionar sus demandas de bienestar. Pensando en ellos, la dirigencia priista, los actuales y los aspirantes, debían sentarse a diseñar la mecánica para construir un nuevo partido, con estrategias claras en defensa de las demandas populares, definido como una verdadera oposición –sin apellidos, lo que implica el combate a las políticas equivocadas del gobierno actual- y la construcción  del perfil de la nueva dirigencia (ni traidores ni corruptos, por ejemplo), para generar el Oaxaca de prosperidad que los oaxaqueños anhelan. En el camino de esa construcción aparecerán los nuevos liderazgos –que no dirigentes- y desaparecerán los oportunistas del momento –los que sólo buscan chamba, prerrogativas y candidaturas.

El proceso es difícil, si sólo se piensa en términos de las elecciones federales del 2012, pero quienes estén interesados en la prosperidad de los oaxaqueños, debían pensar en el 2013 como plazo mediato y en el 2016 para concluir el nuevo proyecto de futuro para Oaxaca.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 22 de julio de 2011.

OAXACA: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO RECHAZADO

Tuvo toda la razón la bancada de los diputados priistas en rechazar el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 (PED), que hasta tres diputados panistas se les sumaron. La negativa es importante, porque muestra que no es un Plan de todos los oaxaqueños, sino sólo de los partidos coaligados que gobiernan el estado.

Los agravios contra los legisladores fueron muchos. Destaca el hecho que el proyecto fuera entregado por el secretario particular del gobernador. El documento que supuestamente va a ser rector para alcanzar el desarrollo estatal, fue entregado por un testaferro de segundo o tercer nivel, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. No dudo que don Benjamín Robles cobre lo que se le dé la gana, pero en la Ley Orgánica ni siquiera tiene funciones asignadas.

Contra todo lo dispuesto por la Ley de Planeación estatal, el documento fue entregado el último día de que disponía el Ejecutivo para que estuviera publicado. El artículo 23 de esa ley dispone que el Plan esté elaborado, aprobado y publicado en el Periódico Oficial, a más tardar seis meses después de la toma de posesión del gobernador entrante. Si Euclides no falla, ese día se cumplía el 31 de mayo pasado, pero a los diputados se les entregó un día antes, quizá esperando que en un día tuvieran la habilidad necesaria para leer un farragoso documento de trescientas ochenta seis páginas, aprobarlo y enviarlo al Periódico Oficial para que, en otro portento de velocidad, se imprimiera el extra necesario para cumplir las normas.

Desde el día que se entregó el documento a los legisladores, el gobierno inició una abusiva campaña publicitaria, anunciando que tienen un Plan. En otra palpable muestra de falta de respeto al Congreso y a las normas democráticas, dieron por hecho que el Plan ya estaba aprobado, sin que se diera la votación correspondiente.

Para cubrir las apariencias, los responsables del Plan solicitaron a los diputados sus comentarios y correcciones al documento. Después de un trabajo responsable y serio, la mayoría de las observaciones y las críticas de fondo fueron desechadas, anunciando que se contemplarán en los planes regionales, los programas sectoriales, especiales y operativos anuales. Las únicas aceptadas fueron aquellas que hacían referencia a errores gramaticales, de sintaxis o los absurdos como anunciar propuestas ya aprobadas en las reformas constitucionales pasadas.

Ése es otro de los errores metodológicos y legales del Plan. Quienes lo elaboraron no respetaron los lineamientos establecidos en la Ley de Planeación que, en su artículo 23, obliga a plantear objetivos generales, estrategias y prioridades, instrumentos y sus responsables, previsiones sobre los recursos y las políticas a seguir. El PED sólo establece objetivos, estrategias y líneas de acción. Esta violación a los ordenamientos legales se pretendió subsanarla argumentando que los otros puntos se contemplarán en los planes regionales, los programas especiales y operativos anuales. Pero la ley, en su artículo 25, establece que esos instrumentos de planeación tienen las mismas características del plan estatal, además de las metas para los programas operativos. Pretender que el Plan Estatal de Desarrollo debe ser muy genérico y los otros planes, que se derivan de él, más específicos, era un verdadero insulto a la inteligencia de los diputados y para los oaxaqueños en general. Esas fueron, entre otras, las causas del rechazo.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 18 de julio de 2011.

RESPUESTA GUBERNAMENTAL A LA MALA CALIDAD EDUCATIVA

Uno de los más graves problemas del estado, es el tema educativo. Estamos en los últimos lugares, comparados con los demás estados de la república; pero más grave aún es la actitud del gobierno actual. Todo parece indicar que se declararon vencidos, después de las jornadas de mayo y ahora son voceros de la Sección 22. Hace algunos días, los funcionarios gubernamentales entregaron a los diputados las respuestas a sus observaciones del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Entre ellas pude localizar una verdadera perla de lo que será la política gubernamental en materia educativa.

A la queja de los diputados sobre la mala calidad educativa, la respuesta fue tajante: “la prueba ENLACE ha sido calificada como discriminatoria para los pueblos indígenas, la cual es considerada en razón de la lengua materna (sic). Este grupo conforma una parte importante de la población del estado. Así mismo, esta prueba ha sido rechazada por la mayoría de los profesores de Oaxaca y otros estados, pues no se considera representativa, ya que no se toman en cuenta los contextos escolares, las condiciones de las escuelas, así como la cultura y las tradiciones de los niños y sus familias.”

Todo surgió porque en la página 239 del Plan Estatal de Desarrollo, el diagnóstico explica que, según la prueba ENLACE 2010, Oaxaca ocupa el lugar 31 en matemáticas y 30 en español, tanto en primarias como en secundarias. El 51.3% de los niños de primaria tienen una comprensión elemental de lectura del idioma español; el 8.8% calificó como bueno y sólo el 0.5% obtuvo calificaciones de excelencia. En secundaria, el 62.6%, apenas comprende lo que lee, el 33.3% califica como elemental y muy pocos obtuvieron excelente. En matemáticas, en primaria, el porcentaje de insuficiencia es de 46.9% y en secundaria alcanza un 70.2%; sólo el 1.1% y 0.1% logró calificaciones de excelencia en matemáticas, en primaria y secundaria, respectivamente.

En respuesta, los redactores del Plan plantean como solución pintar las escuelas, entregar uniformes escolares, promover las becas del programa federal Oportunidades, dar incentivos a los profesores que laboran en zonas alejadas, revisar el currículo de las normales y el reglamento interno del IEEPO. Ninguna palabra sobre los profesores que sólo trabajan de martes a jueves en los pueblos de las montañas oaxaqueñas y mucho menos sobre quienes vienen a los plantones, marchas y tomas de oficinas en lugar de cumplir los 200 días de actividades obligatorias establecidos por el calendario educativo oficial.

Así, para el gobierno la culpa de la baja calidad educativa son las condiciones de las aulas, los niños, ¡y la prueba Enlace! Como si el instrumento para medir el desbarajuste educativo fuera culpable de los resultados. Pero aún más, ahora parece que la incapacidad educativa es resultado de hablar lengua indígena. El sentido de la respuesta de los burócratas gubernamentales es que los hablantes de lengua indígena están negados para entender el español y aprender matemáticas. Así que Francisco Toledo, Andrés Henestrosa y una pléyade de brillantes oaxaqueños, siempre estuvieron destinados a la incomprensión del español ¡sólo porque hablan lengua indígena!

Por cierto, yo fui monolingüe de zapoteco hasta los seis años de edad y creo escribir con mejor sintaxis española que el redactor de la respuesta, quien, me imagino, debió ser alumno de alguno de los líderes de la Sección 22.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 11 de julio de 2011.

IEEPC: DE SENTENCIAS

El miércoles pasado, el Tribunal Electoral del poder Judicial federal (Trife) emitió su sentencia sobre la integración del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana del estado (IEEPC). Como sabemos, ratificó la actuación de la Cámara de Diputados, reconoció los nombramientos de los consejeros electorales y su presidente, salvo el caso de dos consejeras suplentes donde ordenó la reposición del procedimiento. El asunto es caso juzgado y debemos darle vuelta a la página, pero sus consecuencias nos obligan a hacer algunas reflexiones sobre el caso.

 

Primero. La sentencia del Trife sienta el precedente legal de que, para cualquier modificación constitucional, la fracción parlamentaria priista deberá permanecer en la sesión para hacer valer la mayoría calificada. El abandono de la sesión es, en automático, la aceptación tácita de lo que se pretende negar, porque la mayoría calificada se conforma con los miembros presentes en la sesión correspondiente. La permanencia de un solo diputado priista convalida la sesión, porque supuestamente tiene la obligación de informar y atraer a los demás miembros de su fracción.

Segundo. El IEEPC está hecho a la medida del gobierno actual. Es legal, pero es un árbitro parcial. Su presidente fue propuesto por el gobernador e impulsado por su secretario particular; los demás consejeros fueron propuestos, por simpatía y/o militancia, por todos  los partidos políticos integrantes de la coalición gobernante. Es obvio que responderán a los intereses de quienes los eligieron. Es, pues, un Instituto parcial, que representa a una sola fuerza política del estado. Es el representante del gobierno en el poder. Las próximas elecciones locales serán normadas, organizadas y validadas por un órgano del gobierno estatal y no por un órgano autónomo. Las reglas no van a ser imparciales e iguales para todos. Los partidos opositores al gobierno van a competir en desventaja.

Tercero. La sentencia del Trife está basada en una norma del derecho mexicano, donde se establece que sólo se juzga a partir de las pruebas presentadas y sobre los asuntos especificados. Aunque en los juicios de amparo se obliga a la suplencia de la queja, esta disposición queda sujeta al libre albedrío de los jueces. En realidad, como en este caso, sobre el demandante recae toda la responsabilidad de probar y comprobar. Ése fue nuestro error. Quien elaboró nuestra demanda no supo configurar la inconstitucionalidad de la actuación de la Cámara de Diputados, que sí la hubo y, por lo tanto, no supo demostrar que se violaron nuestros derechos electorales. La demanda estaba basada en las disposiciones del Cippeo, anteriores a la modificación constitucional del 22 de marzo. Nunca se argumentaron las nuevas disposiciones. No sé si fue omisión, desconocimiento o dolo. Lo cierto es que se le dio el marco legal al Tribunal para la sentencia emitida. Lo que sí aprendí de este hecho es que nunca se debe firmar una demanda sin antes revisarla a conciencia y, mucho menos, a unos minutos del vencimiento del plazo constitucional para presentar la inconformidad. Ojalá que los abogados comprendan que la táctica de que sólo el asesor jurídico debe saber lo que hace y cómo lo hace, sólo conduce a la pérdida de los juicios o, en el peor de los casos, a que el abogado sea quien decida el destino final de juicio legal, sin el conocimiento ni la intervención de su defendido. Con abogados así, todo juicio está perdido de antemano, para beneplácito del gobierno, como en este caso.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 8 de julio de 2011.

IEE: CAMPANAS DE DUELO

El golpe puede ser seco y la cabeza. De ser así, los facciosos, ilegítimos, incongruentes y desconocedores de la ley se van a ver en el banquillo de los irresponsables, acusados de desconocimiento u omisión. Los compradores de conciencias y quienes aceptaron bagatelas en el negocio del voto legislativo también están en el marasmo de la incertidumbre y en el reconocimiento de su incapacidad. Unos y otros, todos, están a la espera de lo inevitable.

En esta semana que comienza o a más tardar la siguiente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (Trife) habrá de emitir su sentencia sobre la ilegalidad en la integración del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE). Por como van las cosas, el Trife ordenará la reposición del procedimiento seguido en la Cámara de Diputados, aquellas oscuras madrugadas del 8 al 10 de abril pasado.

Como todos sabemos, la constitución oaxaqueña, acorde con la federal, establece que la totalidad de los consejeros electorales del IEE, incluyendo al presidente, deben ser nombrados por las dos terceras partes de los miembros del Congreso. Sin embargo, el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (Cippeo), una ley secundaria, establecía que, en ausencia de acuerdos, los consejeros podían ser electos por mayoría simple en una cuarta ronda de votación. Sin la fracción priista, con lo que era imposible alcanzar la mayoría calificada, los diputados de la coalición gobernante, acicateados por el asesor de la presidencia de la Mesa Directiva, votaron, de manera  ilegal, la integración del actual IEEPC.

Lo que el asesor nunca les aclaró o no les recordó, es que el Cippeo, cuyos artículos adujo, ya no existía, porque unos días antes, los mismos diputados, por unanimidad, lo habían reformado para hacerlo compatible con la Constitución. El 22 de marzo, el pleno del Congreso modificó el Cippeo para establecer que tanto los consejeros electorales, como el presidente del IEE, debían ser electos por la mayoría calificada de los diputados. Ese pequeño detalle le va a costar al gobierno del estado, a los diputados coaligados y a los espurios del IEE la derrota en el Trife. En este desastre no se va a salvar nadie. Ni el presidente del consejo, ni los consejeros electos de manera ilegal.

Tan grave es el asunto, que ya la fracción perredista de los diputados están tocando las campanas del duelo y buscan salvar lo que se pueda del naufragio. En una iniciativa, presentada recientemente, los diputados perredistas quieren reformar el tercer párrafo del artículo 144 de la constitución local y los artículos 84 y 85 del Cippeo, para que sea la sociedad civil quien proponga a los consejeros y al presidente del IEEPC. Lo verdaderamente interesante del caso es el momento de la propuesta: unos días antes del fallo del Trife. Huelen el resultado.

En mucho tienen razón los diputados perredistas; los actuales consejeros y su presidente no pueden continuar en el cargo. Al aceptar su integración a este Consejo General se volvieron facciosos y cómplices del vituperio constitucional. Al levantar la mano para tomar protesta, en una madrugada de domingo, demostraron desconocer la ley que juraron respetar y defender. ¿Alguien puede asegurar que, en este IEEPC, sus votos serán para hacer respetar la ley y no para cumplir las encomiendas de los hombres del poder o para satisfacer intereses partidistas?

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 4 de julio de 2011.

DEROGAN TENENCIA VEHICULAR

Nos da muchísimo gusto saber que el gobierno del Distrito Federal ha decidido derogar el pago de la tenencia vehicular. Si ahora, con todo que allá también se pagaba la tenencia, las calles de Oaxaca están inundadas de vehículos con placas del Distrito federal, a partir de este anuncio vamos a ser  otra colonia más de la capital de la república.

Como casi todos sabemos, el Impuesto a la Tenencia o Uso de Vehículos fue un gravamen federal para pagar el costo de los juegos olímpicos. Luego se volvió permanente, a raíz de las crisis económicas de los años setenta y ochenta. A partir de los noventa, el gobierno federal se percató que, entregándoles el importe a los estados, podía contar con recursos del presupuesto federal para sus gastos administrativos o de urgencia. Todo caminó bien, pero fueron constantes las quejas y malestar de la población por tantos impuestos mal planeados y peor gastados. En los últimos años, el asunto era tan recurrente en las campañas electorales que la Cámara de Diputados federal anunció su intención de revisar el tema; ante la amenaza, el gobierno federal decidió abrogar el cobro del impuesto, pero le dejó la responsabilidad de su continuación a los gobernadores estatales.

La mayoría de ellos no mordieron el anzuelo y han adelantado la derogación del impopular impuesto. Sólo en Oaxaca, los imberbes funcionarios del nuevo gobierno se aventaron la puntada de hacerlo estatal. Mareados por el monto en millones a recaudar, no se percataron que entraban en un verdadero tobogán de descrédito público. Era una política esperada de un secretario de Finanzas que toda su vida se ha dedicado a gastar, pero no a recaudar. Sin la experiencia de vivir en el estado, sin conocer de las pobrezas y la miseria de la mayoría de los oaxaqueños, creyó que recaudar era lo mismo que administrar y se fue por el camino fácil: el mercado cautivo de los contribuyentes, especialmente el de los propietarios de vehículos.

Flojos como son los actuales funcionarios, no buscaron alternativas y se quedaron con lo existente. Esa misma actitud se observa en todas las esferas del gobierno estatal. Donde no hay falsificadores de títulos profesionales, existen buscachambas que, por fin, pudieron llegar a ocupar los más altos cargos, con todas sus atribuciones: chofer, secretaria, viáticos y uno que otro estímulo extralegal; pero de aportar para los oaxaqueños y para dar mejor calidad administrativa, no hay señal alguna.

El caso del pago de la tenencia vehicular empezó a empantanarse, casi desde su anuncio. Siguiendo el ejemplo del actual secretario particular del gobernador,  Benjamín Robles, que cuando fue diputado local en la pasada legislatura se indignó por el reemplacameinto vehicular, la CNOP encabezó la demanda de la abrogación de la tenencia vehicular estatal. No era una ocurrencia más, sino la continuación de una clara demanda popular. La proliferación de vehículos con placas foráneas es la prueba más palpable de la inconformidad de los oaxaqueños.

Ojala ahora, que en el Distrito Federal se tomó la sabia decisión de quitar el impuesto de la tenencia vehicular, también el gobernador oaxaqueño siente a su secretario de Finanzas, le lea la cartilla y lo obligue a trabajar: hay muchos rubros de dónde recaudar y sin afectar la economía de los oaxaqueños, pero para eso hace falta creatividad y dedicación, dos características de las que adolecen los actuales funcionarios estatales.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 1 de julio de 2011.

ERRORES DE LA PLANEACIÓN OAXAQUEÑA

El borrador del Plan Estatal de Desarrollo (PED), entregado a la Cámara de Diputados, dice haberse utilizado el método de la planeación estratégica para su elaboración. Después de haber leído el texto, entendemos que se quiso aplicar la metodología, pero nunca se pudo aterrizar en los procesos planteados.

Esta situación se comprende, porque la metodología se utiliza fundamentalmente para planeación empresarial, de negocios, en donde los indicadores son claros y precisos: se habla de pérdidas y ganancias, en cantidades medibles de pesos y centavos. La metodología la tiene muy clara uno de los integrantes del “grupo redactor” del PED, los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus ciudad de México, pero nunca la pudieron entender, mucho menos aplicar, los integrantes de los grupos “gran visión”, “grupo operativo” y los otros del “grupo redactor”. Tienen razón, los oaxaqueños son burócratas y algunos profesores universitarios, pero no son planificadores de empresas, ni planificadores del desarrollo; a lo sumo, son empíricos y entusiastas del “bien común”.

Por eso, desde el inicio de la administración cometieron un error muy grave: desaparecieron la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (Coplade). Esta anomalía administrativa tiene como origen la pugna por la definición de quién controla las decisiones de asignación de los recursos federales. Los tecnócratas locales creen que debe ser la Secretaría de Finanzas, porque evalúan el desarrollo en términos de ingresos y egresos, mientras que los políticos y planificadores consideran que debe haber un área especializada, multidisciplinaria, para atender un proceso que tiene esas características precisamente.

En Oaxaca, al final triunfaron los tecnócratas y desaparecieron la Coordinación General del Coplade, pero su acción enredó el proceso de planeación. En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las funciones del Coplade quedaron dispersas entre dos instancias gubernamentales. A la Oficina del Gobernador se le asignó la planeación y a la Secretaría de Finanzas las funciones de programación y presupuestación. En medio de ese enredo burocrático, se les olvidó que la Ley de Planeación establece, como fecha límite, la publicación del Plan en el Periódico Oficial antes del 31 de mayo de este año.

También olvidaron que la ley establece procesos muy claros para la planificación del desarrollo estatal. En el artículo tercero, dice que el Plan debe fijar “objetivos, metas, estrategias y prioridades”. El documento entregado a los diputados, en el tema sectorial, sólo contiene objetivos, estrategias y líneas de acción; los redactores olvidaron las metas y el establecimiento de las prioridades. En la parte de las políticas transversales y la regionalización, sólo esbozaron diagnósticos y políticas generales. Ese olvido tiene un antecedente: el Plan Nacional de Desarrollo de Vicente Fox, donde, también con una visión empresarial, se elaboró un documento hoy perdido en el olvido, por su intrascendencia e inoperancia.

Por cierto, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo no se faculta a ninguna dependencia para evaluar las acciones operativas de las dependencias gubernamentales. Quizá por ese olvido legal, al final del borrador del PED, los redactores se vieron obligados a incluir un anexo donde se comprometen a “diseñar e implementar el Sistema de Seguimiento y Evaluación”, un organismo que, según la Ley de Planeación, le corresponde al hoy fantasmal Coplade.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 28 de junio de 2011.

EL PLAN

En el gobierno estatal aún no hay planificación, pero sí hay un pequeño plan. Me explico. La Ley de Planeación del Estado de Oaxaca establece seis meses, como límite, para que el Plan Estatal de Desarrollo sea elaborado, entregado y publicado. Se entiende que elaborado por el Ejecutivo estatal; entregado a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y aprobación; y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. El tiempo límite era el 31 de mayo pasado, porque el periodo se cuenta a partir de la toma de posesión del gobernador. Así que, a siete meses del inicio del nuevo gobierno no hay Planeación, aunque existe el borrador de un documento. Pero sí hay un plan, pero para su rápida aprobación y sin mucha discusión en la Cámara de Diputados.

Como el borrador o versión preliminar fue entregado de última hora, el 30 de mayo pasado, difícilmente los diputados podían leerlo, discutirlo y aprobarlo en veinticuatro horas. Al menos, las formalidades republicanas impedían tanto cinismo. Ya en manos del Presidente de la Junta de Coordinación Política, el Plan fue entregado a la Comisión de Presupuesto que preside Francisco Martínez Neri, diputado perredista y conspicuo miembro de la coalición partidista gobernante. Esta comisión les entregó a las otras un cuestionario, para que ahí vacíen sus observaciones. Las preguntan versan sobre si el planteamiento vinculado a su comisión está basado en las leyes actuales, si hay congruencia entre el diagnóstico, los objetivos, las estrategias y las líneas de acción planteados en el borrador.

El siguiente paso es que la Comisión de Presupuesto analice las observaciones y discuta internamente su procedencia. En un régimen democrático, los planteamientos que contradigan el documento debían ser puestos a discusión con la oficina elaboradora del borrador, para que justifique sus dichos o los enmiende y se presente una nueva versión del documento.

Sin embargo, hasta donde se puede observar, el plan es que la Comisión de Programación reciba las observaciones de los diputados de todas las fracciones, las sintetice y en una reunión apruebe el documento enviado por el gobernador. El asunto es muy sencillo, porque, en esa comisión, los diputados de la coalición gobernante tienen mayoría. Así, en una próxima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se presentará al pleno de los diputados el documento, junto con el dictamen aprobatorio de la Comisión de Presupuesto –firmado por todos sus integrantes, puesto que la mayoría manda-, se escuchará la voz de alguno o algunos diputados y se procederá a la votación. La aprobación del Plan está por demás garantizada, porque los diputados de la coalición gobernante son mayoría en el Congreso y sólo requieren la mayoría simple. Después de ese trámite tendremos Plan Estatal de Desarrollo para cinco años y meses, aunque sus primeros resultados los veremos dentro de treinta años, como lo adelantó el gobernador el día de su presentación.

Como no habrá mayor discusión en la Cámara de Diputados, según lo programado y porque el documento es muy denso, pesado y alrevesado, es necesario que nos tomemos un poco de tiempo para analizarlo, desglosarlo y explicar sus bondades y defectos. A fin de cuentas, cuando los diputados lo aprueben, ya no sólo será el Plan del grupo gobernante, sino afectará, para bien o para mal, a todos los oaxaqueños.

Publicado en el periódico Tiempo, de Oaxaca, Oax., el 25 de junio de 2011.